Brasil fue noticia por el asesinato de Marielle Franco, militante del PSOL y concejal del Estado de Río de Janeiro. Marielle era también una reconocida activista por los derechos de las mujeres negras y las denuncias de atropellos de las fuerzas de seguridad en las favelas. Las circunstancias de su asesinato son sumamente sospechosas. Marielle volvía de participar en un acto reclamando por los derechos de las mujeres, cuando en pleno centro de Río de Janeiro un auto se puso junto al auto en el que se encontraba Franco y abrió fuego, pegándole 5 balazos en la cabeza, matando también a su chófer, Anderson, e hiriendo a una de sus asesoras.
El asesinato de Marielle no aparece en cualquier contexto. Se da cuando ella era relatora de la Comisión de la Cámara de Concejales de Rio de Janeiro, que había sido creada para vigilar la actuación de las topas a cargo de la intervención militar del área de seguridad de Rio, decretada por Michel Temer. Marielle había denunciado por redes sociales la aplicación de torturas por parte de las fuerzas militares en la favela de Acarí. Con esta política impulsada por el gobierno, desde mediados de febrero todos los cuerpos policiales, el servicio de inteligencia, los bomberos y las cárceles estaduales, están bajo el mando de un militar. De esta forma su accionar pasa a ser enjuiciable por la justicia militar, o sea por ellos mismos. El trasfondo es también la disputa con la connivencia de ciertos elementos del aparato policial y las bandas narcos. El decreto de la presidencia fue aprobado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, con la oposición del PT, el PSOL, y PCdoB. Es decir, se trata de un proyecto impulsado por buena parte del conjunto de los partidos políticos, muchos de ellos ex aliados del PT. Por esto, se sospecha que haya sido asesinada por las propias fuerzas militares o bien por las bandas criminales que operan en la ciudad como forma de “tirarle un muerto” al gobierno. Tampoco debe descartarse que se trate de un femicidio producto de su lucha por los derechos de las mujeres. Las acusaciones alcanzan también al alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB) y al gobernador, Luis Pezao (PMDB), ya que es en su territorio donde se produjeron estos asesinatos.
Esta política de Temer se desarrolla como “respuesta” a la reactivación del conflicto con los narcotraficantes, que se está dando a nivel nacional, que elevó el número de asesinatos durante estos últimos meses, incluyendo muchos muertos producto de balas perdidas en enfrentamientos entre la policía y las bandas narcos. Así, la tasa de homicidio hoy se ubica en 40 cada 100.000 mil habitantes, el punto más alto desde el 2010 que era de 36,4. En aquel año, el PT desarrolló la política de Unidades de Policía Pacificadora (UPP), que consistía en la “pacificación” de las favelas mediante la intervención de unidades de la policía militar, inspirándose en el modelo aplicado en Medellín. No solo combatían a las bandas narcos, sino que ocupaban el territorio por tiempo indeterminado. En ese sentido, la militarización del lugar de vivienda de la población sobrante de Brasil, las favelas, fue la respuesta dada tanto por Lula como por Temer al problema del narcotráfico.
Este último elemento es fundamental resaltarlo. El PT buscara desligarse y formar una campaña por el esclarecimiento del crimen como forma de relegitimarse de cara a un año electoral. Pero como vimos, el PT antecedió a Temer en aplicar la política de militarización de las favelas frente al crimen organizado. También, debe señalarse que el crecimiento del narcotráfico y bandas criminales en general, es la expresión más inmediata de la descomposición social, culpa que le cabe en parte al PT por sus más de 10 años de gobierno. Durante ese tiempo no se avanzó en, por ejemplo, un plan de urbanización de las favelas, e incluso el ex gobernador de Río, Sergio Cabral (del PMDB), está detenido por malversación de fondos públicos en la remodelación del estadio Maracaná cuando aún era socio del PT.
La clase obrera debe movilizarse masivamente y decretar urgentemente una huelga general, por el esclarecimiento de esta y de todas las intervenciones del Estado en las favelas durante todos los gobiernos, incluyendo al PT. No se puede confiar en la justicia burguesa. Por eso se debe conformar una Comisión Investigadora Independiente compuesta por todos los que no han tenido hasta ahora capacidad de decisión e intervención en el problema del narcotráfico. Esto incluye tanto a partidos de izquierda, habitantes de las favelas, sindicatos, movimientos sociales y de DD.HH., que exijan la apertura inmediata de todos los archivos de las fuerzas represivas y del Estado en su conjunto. Solo de esta forma se podrá impulsar el proceso hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga y sin regalarle la calle al PT.
