Por Romina De Luca y Nicolás Grimaldi
Nuestro país acaba de superar los cinco millones de contagios por COVID desde el inicio de la pandemia y los más de 107.000 muertos. Los esquemas de vacunación completos solo alcanzan al 18% de la población, lejos, muy lejos, de la inmunidad de rebaño. Uruguay y Chile se encaminan a alcanzarla, al igual que Gran Bretaña, Israel, Canadá, Italia y Alemania, por mencionar algunos de los países que tienen esquemas de vacunación completos (monodosis o dos dosis) arriba del 50%. Con el manejo de una pandemia que se inició con el sueño de un Estado “que te cuida” y terminó en la pesadilla liberal de la responsabilidad ciudadana nos hablan ahora de una situación epidemiológica inmejorable. Sin embargo, nuestro país se ubica en el podio de los países más grandes del mundo con más muertes por millón (detrás de Perú, Brasil y Colombia) y el primero con más contagios también por millón. Con un nivel de casos hoy que equipara los niveles más altos de la primera ola transitada en octubre de 2020, con la mitad del invierno por delante y con la variante Delta en inminente circulación comunitaria.
Mientras el resto del mundo retoma los confinamientos al calor de la variante Delta, con el aliciente de ciclos escolares interrumpidos por el receso estival, el personal político de Argentina nos propone avanzar hacia una presencialidad escolar plena y elimina la distancia física al interior de las escuelas, decretando una “inmunidad” de facto. Mientras en todos los ámbitos de la vida social, en las publicidades oficiales, nos piden “mantené la distancia” y crean aforos de ocupación tanto interior como exterior, en las escuelas todas esas precisiones se desvanecen. Decretan una normalidad prepandemia. Se trata del reconocimiento de que nada importan los futuros contagios. Porque basta ver las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, o de los Comités Epidemiológicos de Prevención de Enfermedades, a lo largo del mundo, para proteger a niñas y niños no vacunados: mantener la distancia social junto a los elementos de protección personal y de limpieza general.
En efecto, no importa cuántos nuevos contagios se produzcan sino si ello impactará en futuras hospitalizaciones. Esa será la única variable de “monitoreo” para establecer algún tipo de restricciones, tal como fijó el viernes 6 de agosto el presidente Alberto Fernández. Al final de cuentas y con este accionar, Ginés González García, el ex ministro del vacunatorio VIP, parece ahora un visionario: el COVID es una gripecita más. Que retorne la “vida normal” y los contagios masivos porque, tal como distintos estudios establecieron, la variable Delta es 40-60% más transmisible que la Alfa, con un período de incubación más corto y con una carga viral muy superior, el virus sigue transmitiéndose a través de aerosol inhalado y por contacto directo. Un cultivo muy propicio para desarrollarse en las aulas, pequeñas y hacinadas, de todo el país sobre las que decretaron el fin de la pandemia. Sobre todo, porque la evidencia en el Reino Unido muestra que niñas y niños están actuando como vectores de la infección. Parece no importar porque, en estas latitudes, presuponen que la población escolar no sufrirá formas graves ni hospitalizaciones tal como hoy ocurre en Reino Unido. Conviene preguntarse de qué lado de la taba caerá nuestro país: del de Gran Bretaña y sus condiciones de vida, o de lo que evidencian países como Indonesia y Brasil, con altos índices de muerte infantil por comorbilidades asociadas a la vulnerabilidad socioeconómica gracias a la Delta. ¿Hay que recordar que hoy en Argentina 7 de cada diez infantes son pobres? ¿Que solo un cuarto de nuestra infancia almuerza y cena todos los días? A quienes bregan por la escuela presencial y esta nueva normalidad para cuidar la psiquis de la infancia hay que recordarles, también, que según un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, derivado de la situación social, el 24% de la población “alcanza sintomatología ansiosa y depresiva. En aquellos hogares que sufrieron inseguridad alimentaria, los niveles de malestar psicológico aumentaron”. En otras palabras: el hambre lastima el cuerpo y la psiquis.
La muerte evitable es resultado de una elección. Es consecuencia de una decisión política. Por eso hablamos de crímenes sociales. Y ahora no nos referimos únicamente a las muertes. El crimen educativo esquilma a la clase obrera lentamente pero con igual letalidad. A la mitad de los estudiantes que dejaban la escuela secundaria en “tiempos normales”, la pandemia agregará otro 13-16% adicional, según cifras oficiales. Si en tiempos de “normalidad” las trayectorias escolares de un tercio de la adolescencia de entre 16 y 17 años se veían tensionadas por la obligación de realizar al menos una actividad productiva para autoconsumo y/o actividades domésticas de “alta intensidad”, hoy la pandemia junto al desempleo creciente agravó esa tensión. En “tiempos normales”, el 46% de los hogares con estudiantes de nivel secundario no poseía computadora (en las escuelas públicas, el valor trepaba a 58%) y el gobierno, en lugar de resolver ese problema, decidió implantar “evaluaciones formativas” para que no se note ese déficit. Esta carencia acentúa la ventaja de dos años educativos que los adolescentes con recursos le “llevan”, según las PISA, a sus pares sin recursos. Porque un tercio de los que faltan a la escuela lo hacen por causas evitables, como problemas en el transporte o razones climáticas. Porque casi el 43% de las y los estudiantes tuvieron antes de la pandemia rendimientos por debajo del básico en matemáticas durante el secundario, mientras el 38% tiene rendimientos básicos o por debajo del básico en lengua. Porque pretenden que los elijamos en las urnas en medio de esta farsa, cuando la única opción real para el beneficio de toda la población es quitarnos este lastre de encima recuperando la educación de todos nosotros para nosotros mismos.
