El legado del Gringo: ajuste y lucha sindical en Río Negro

Luego de la interna, la ofensivaLa muerte de Carlos Soria planteó una fuerte discusión en el seno del PJ local sobre quién debía ser su reemplazante. Un sector alentaba el llamado a elecciones, mientras otro presionaba para que se respete lo dispuesto en la constitución provincial. Los argumentos contra el vicegobernador se concentraron en su origen político: el ex intendente de Cipolletti, fue dirigente del Frente Grande, partido al que aún pertenece. Río Negro había sido arrebata a los radicales por un representante del peronismo, luego de una agitada campaña apoyada por el gobierno nacional. En ese sentido, los peronistas más ortodoxos planteaban sus dudas sobre dejar el poder al vicegobernador. Los dirigentes del PJ provincial le guardan resquemor por su inclinación política hacia el radicalismo, al cual se acercó en varias oportunidades. Ante esta situación, Cristina, apoyada por su aparato, pidió explícitamente que se respete lo anunciado por la constitución provincial.
La disputa tiene como trasfondo el control del poder al interior del PJ provincial. Hasta su muerte, el control partidario estaba en manos de Carlos Soria. Este panorama ha sido modificado a partir de la asunción de Weretilneck y, sobre todo, por el nombramiento de Pichetto en la conducción del partido. El grueso del PJ local, principalmente los sectores del Alto y Medio Valle, no tienen afinidad con Pichetto, y son quienes propusieron un llamado a elecciones en un plazo de 60 días. Ese sector, que se encolumnaba detrás de Soria, sólo se sostiene en la figura del ahora vicegobernador Carlos Peralta, amigo íntimo del fallecido, y del intendente de General Roca e hijo del gringo, Martín Soria.
La tensión política logró serenarse, al menos por ahora, cuando el nuevo gobernador, en su discurso de asunción, juró fidelidad al PJ provincial y al gobierno nacional. En este sentido afirmó que “este Gobierno es, fue y será el gobierno del PJ de la provincia de Río Negro”.
El apoyo recibido por Cristina quedó ratificado con la presencia del Jefe de Gabinete, Abal Medina y del ministro del Interior, Florencio Randazzo. La Jefa de Estado envió a Pichetto para acompañar a Weretilneck, luego de la muerte de Soria. Pero también buscaba colocar un personal político propio que ratificara las recientes medidas adoptadas por el gobernador fallecido. Al respecto, Juan Manuel Pichetto, hijo del senador, fue nombrado Ministro de Producción.
Como el gobernador mantiene buenos lazos con el radicalismo, el jefe del bloque de la UCR, Bautista Mendioroz dio muestras de apoyo hacia su figura y dijo que su partido acompañará en forma incondicional al gobierno provincial.
En su momento, Carlos Soria, a poco de haber asumido, se puso en sintonía con el ajuste nacional y comenzó el suyo propio. Con el argumento de que los contratados fueron designados por el gobierno radical, empezó a despedir personal, no sin antes aumentar su remuneración y la de sus funcionarios en un 300%. La política de achicamiento estatal contempla el pase a disponibilidad de la planta de 22 mil empleados del Estado, entre contratados y permanentes, en un plazo de 180 días.
El gobierno provincial también proyecta disponer de una masa de recursos al municipalizar funciones vitales que le competen. En este sentido, el gobernador comenzó a transferir gestiones en educación, salud y seguridad. En educación, se trata de los transportes escolares, el mantenimiento y los comedores. Los alimentos para los hospitales seguirán el mismo rumbo, al igual que el mantenimiento de flotas policiales, cárceles y calabozos.
La obra social estatal IPROSS sufre también la política de ajuste. Se reducirán los descuentos para la compra de los medicamentos que necesiten los trabajadores afiliados y se suspenderá el servicio de farmacia. El recorte también se extendió a los estudiantes universitarios, a través del cierre de la residencia en La Plata. Con la recesión de este contrato, quedan afectados los estudiantes que siguen carreras que no dictan las universidades provinciales y que, al no poseer un lugar donde vivir, ven truncados sus sueños de estudiar lo que han elegido.

Rupturas

La Ley de Disponibilidad, aprobada el 29 de diciembre, fue inmediatamente repudiada por representantes de los gremios UPCN, APEL, ATE-CTA, SITER (docentes) y SITRAJUR, quienes marcharon frente a la Legislatura, en la capital provincial. ATE intentó ser la punta de lanza de los reclamos sociales con la ratificación del estado de alerta en todo el ámbito de la administración pública provincial, alegando la necesidad de identificar a los “ñoquis” y echarlos, pero se opone a utilizar ese pretexto para disciplinar al conjunto de trabajadores provinciales. En la práctica, sin embargo, se negó a convocar a un paro provincial que diera fuerza inicial al conjunto de los trabajadores. Convocó a un solo plenario de delegados y solo llevó a cabo una jornada de protesta en toda la provincia, pero sin articulación en las distintas localidades. Al carecer de contundencia, el resultado fue lamentable. La CTA y UnTER mantuvieron una postura de acuerdo con el gobierno provincial, al declarar que era necesario revisar las formas irregulares de acceso a las estructuras laborales del Estado.
UPCN firmó un acta por la cual delega facultades al gobierno provincial para la recontratación de los trabajadores que sean necesarios para garantizar los servicios esenciales del Estado. El secretario general de APEL, Alejandro Gatica, insistió en la necesidad de tener una participación activa en la implementación de la adhesión a la Ley de Disponibilidad. Dijo que buscaba garantizar la estabilidad laboral a través del “diálogo y el consenso”. En realidad, está de acuerdo con la medida e insiste en colaborar en su aplicación.
La actitud de los principales sindicatos ha obligado a los trabajadores a organizarse por fuera de las conducciones gremiales. Fueron los despedidos quienes comenzaron a autoconvocarse en asambleas en sus lugares de trabajo. Los cortes de rutas (como el caso del puente que une Río Negro con Neuquén), las radios abiertas y las asambleas permanentes fueron métodos de acción directa que desbordaron a las conducciones gremiales. Estas acciones fueron arrastrando al resto de los trabajadores estatales que, unidos por fuera de sus gremios, se acercaron a la lucha a través de retenciones de tareas, marchas de protesta y piquetes que buscaban superar el mero “estado de alerta” impuesto por los gremios.
Los trabajadores de la salud fueron la punta de lanza de la rebelión contra el accionar conjunto del gobierno provincial y las direcciones sindicales. Poco a poco, las distintas localidades provinciales comienzan a actuar conjuntamente concentrándose en las rutas, como es el caso de las ciudades del Alto y Medio Valle, Cipolletti, Fernández Oro, Allen, General Roca, Ingeniero Huergo, Villa Regina, Chichinales, Choele-Choel, Río Colorado, la Zona Andina, Bariloche, El Bolsón y la mismísima capital provincial: Viedma.
Como observamos, la provincia está dando muestras de que es vulnerable a la crisis. Como en el proceso que llevó al 2001, las crisis provinciales anticipan las nacionales. En las crisis de fines de la década del ’90, la clase obrera, abandonada por sus gremios, levantó sus propias organizaciones. En Río Negro advertimos el comienzo de este proceso. La izquierda estuvo presente en los reclamos y en las acciones. En particular, los partidos que conforman la dirección del FIT (PO, PTS, IS). Un proceso de unificación partidaria podría dar un apoyo y una dirección mejor organizada al desarrollo de esta fracción de la clase obrera rionegrina.