El 9 de julio de 2020, el gobierno uruguayo promulgó la Ley de Urgente Consideración (LUC). El proyecto había sido agitado durante la campaña presidencial de Luis Lacalle Pou, quien terminó imponiéndose en las urnas y al poco tiempo envió la propuesta al Congreso. La nueva gestión intentó aprovechar sus primeros días en el poder para marcar la cancha e imponer una serie de medidas que más adelante resultaría difícil aprobar. Como veremos, gracias al apoyo del parlamento y la parálisis de la burocracia sindical, el presidente no encontró mayores dificultades para hacer pasar la ley.
Nicolás Cáceres y Martín Pezzarini – Grupo de Análisis Internacional
La LUC
La medida tiene un carácter especial por distintos motivos. En primer lugar, vale advertir que la LUC no es un recurso común en relación con otro tipo de leyes, puesto que los senadores y diputados deben respetar un plazo constitucional relativamente acotado para tratar el proyecto. Si en 90 días la medida no se tramita en ambas cámaras, es automáticamente aprobada. Así lo establece la Constitución uruguaya, y en los últimos años, distintos gobiernos han apelado a este recurso para imponer medidas de su interés, especialmente al inicio de cada mandato. En segundo término, cabe advertir la envergadura del proyecto, que incluye 476 artículos y alrededor de 30 ejes temáticos diferentes, un paquete que afecta áreas tan disímiles como educación, seguridad, orden público, sistema previsional, producción agropecuaria, entre otras.
Con todo, el aspecto más importante del proyecto es que buena parte de sus artículos tienen un contenido claramente regresivo y antiobrero. Por un lado, en lo que respecta al denominado «orden público», la LUC declara la ilegalidad de los piquetes e intenta limitar otras acciones de este tipo, como las tomas y los cortes que impiden el ingreso a los lugares de trabajo. Además, se consagra el uso de la fuerza para la disolución de manifestaciones, se flexibiliza el empleo de la violencia por parte de la policía y se la autoriza a que realice controles de identidad en los espacios públicos, lo cual facilita el reconocimiento de las personas que participan en movilizaciones y protestas. Por otro lado, en relación con los negocios, la ley establece una reducción del pago del IVA y la exoneración de aportes jubilatorios patronales para pequeñas y medianas empresas. Asimismo, la medida estimula el uso de dinero en efectivo para la liquidación de salarios, el cobro de honorarios profesionales y el pago a proveedores del Estado, favoreciendo las transacciones en negro, el lavado de dinero y la informalidad. La LUC también facilita los desalojos “express” e introduce cambios en el sistema de educación que permiten la intervención discrecional del Poder Ejecutivo. Por último, vale destacar uno de los puntos más importantes de la ley, que no casualmente ha sido omitido por buena parte de la «crítica». Entre los Artículos 393 y 398 se prevé la conformación de una «Comisión de Expertos» que tiene como objetivo preparar una reforma del sistema previsional uruguayo. Ya sabemos qué significa esto, lo hemos visto en Argentina, Brasil y en muchos otros países. En nombre de la «solidaridad», la «sustentabilidad» y el equilibrio fiscal se termina aumentando la edad de retiro y se recortan los haberes jubilatorios, condenando a una vejez de miseria a quienes trabajaron toda su vida. Un auténtico ajuste.
Ahora bien, la aprobación de LUC hubiera sido imposible sin la anuencia del Frente Amplio y la parálisis de la clase obrera que impone la central sindical uruguaya, el Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT). Desde un primer momento, el espacio de Pepe Mujica se sentó a negociar el tratamiento de la ley con la coalición de gobierno (Coalición Multicolor), integrada por el tradicional Partido Colorado de Julio María Sanguinetti y el Partido Nacional de Lacalle Pou, a los cuales se suman el Partido de la Gente, el Partido Independiente y Cabildo Abierto. El Frente Amplio negoció con el gobierno y aprobó la mayor parte de los artículos que conforman el proyecto, entre los que se encuentran los referidos al sistema previsional y la exención de cargas para las PYMES. Lejos de representar un obstáculo, su intervención en el parlamento fue fundamental para que la LUC terminara siendo promulgada.
Por su parte, el PIT-CNT no ha hecho prácticamente nada para enfrentar la medida. El 4 de junio, dos meses después de que se conociera el proyecto, la central solo convocó a un paro parcial (de apenas 4 horas) «en defensa de la salud del pueblo», exigiendo más trabajo, un ingreso básico de emergencia y mejoras en las condiciones de vida. Esos fueron sus reclamos para enfrentar la crisis económica y sanitaria, a lo que se agregó una demanda de protección para pequeñas y medianas empresas. Pese a que la LUC estaba siendo tramitada en ese momento, la denuncia del proyecto quedó en un segundo plano. La dirección del PIT-CNT no tenía ningún interés en frenar el tratamiento de la medida, como quedó en evidencia en los meses siguientes. El 17 de septiembre, la central volvió a convocar una huelga con las mismas consignas, y aunque esta vez fue un paro de 24 horas, la jornada no fue acompañada por ningún tipo de movilización.
En este escenario, marcado por la crisis económica y sanitaria, uno de los espacios que ha ganado visibilidad es Intersocial, un importante agrupamiento conformado por más de 100 organizaciones, entre las que se encuentra el propio PIT-CNT, la Organización de Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu), la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) y la Intersocial Feminista. El espacio tiene un programa reformista y moderado, que no trasciende demandas extremadamente limitadas e inmediatas. Eso se observa en las propuestas que defienden para enfrentar la crisis: creación de un ingreso básico de emergencia; medidas de protección a las PYMES; respeto a las negociaciones colectivas; control de precios de la canasta sanitaria y de alimentos básicos; control y persecución de la especulación; higiene en centros educativos; entre otras. Este agrupamiento tiene un potencial importante, como se ha demostrado en la movilización convocada el 30 de julio, pero sus limitaciones políticas no le permiten superar un lugar testimonial y secundario. Y en buena medida, esas limitaciones son impuestas por la burocracia del PIT-CNT, políticamente alineada al Frente Amplio.
Este problema se ha puesto en evidencia en los últimos meses, especialmente luego de que el gobierno promulgó la LUC. En efecto, además de impedir la lucha y la movilización contra el proyecto, el PIT-CNT ha saboteado otro tipo de acciones que podrían implementarse para combatir la ley, como la recolección de firmas para que la medida sea sometida a referéndum. Diversos sindicatos y organizaciones se han mostrado dispuestos a poner en marcha esta alternativa, pero la cúpula de la central y el Frente Amplio se opusieron sistemáticamente a ello. Como resultado, terminaron dividiendo al movimiento y consiguieron que la principal campaña solo esté orientada a la derogación parcial de la ley. Pese a que innumerables organizaciones apoyaban la derogación total de la LUC – como la Federación de Cooperativas de Vivienda y la Federación de Estudiantes Universitarios, junto a los sindicatos de trabajadores de empresas públicas, enseñanza privada, municipales, ferroviarios, gastronómicos, postales, entre otros-, el Frente Amplio y la burocracia del PIT-CNT desviaron la campaña hacia la anulación de unos pocos artículos. Y para ello, algunos dirigentes sindicales llegaron a violar el mandato de sus propias bases, como sucedió con el gremio de bancarios y el de docentes de educación secundaria.
La consecuencia de esta operación fue la puesta en marcha de dos campañas distintas. Por un lado, aquella que encabezan el Frente Amplio y el PIT-CNT, que lograron acaudillar a otras importantes organizaciones de la Intersocial, como FUCVAM y FEUU. Esta es la campaña que más visibilidad y firmas ha obtenido, pero su propósito -la derogación parcial de la LUC- está sujeto a los intereses mezquinos que representa el Frente Amplio y la burocracia sindical. Por otro lado, se ha puesto en pie una Coordinadora Contra Toda la LUC, cuyo objetivo es reunir el apoyo suficiente para que el conjunto de la ley sea sometido a referéndum. Ahora bien, a solo un mes de que venza el plazo para el empleo de este medio, no parece fácil que algunas de las campañas alcancen su cometido, especialmente para la segunda, puesto que cuenta con menos visibilidad y recursos. Las maniobras iniciales del Frente Amplio y el PIT-CNT dilataron el comienzo de las campañas y, como consecuencia, el tiempo que quedó parece insuficiente para conseguir las 675.000 firmas que se necesitan, equivalentes al 25% del electorado.
La campaña de la estafa
Con todo, independientemente de que se alcance este resultado, es importante observar con detenimiento la campaña que han impulsado el Frente Amplio y la burocracia sindical, en particular, cuáles son los artículos que están dispuestos a derogar y cuáles aceptan en silencio. Cuando se presta atención a este punto, se advierte que su única motivación es el oportunismo político, puesto que solo buscan presentarse como una supuesta oposición a la “derecha”, al tiempo que negocian y avalan su gobierno. De los 476 artículos que integran la Ley, muchos de los cuales fueron aprobados por el Frente Amplio en el parlamento, esta campaña solo se propone anular 135, poco menos de un tercio del total. Y, como veremos, la selección de esos artículos demuestra que este espacio no tiene la intención de combatir la ley, solo busca acomodarse e intenta capitalizar el descontento con la medida.
En primer lugar, vale señalar que muchos de los artículos que se denuncian sólo introducen alteraciones superficiales en la legislación precedente, como cambios de denominación o ligeras modificaciones de redacción. Y de esos pequeños cambios se infieren conclusiones sin fundamento, que solo obedecen a la propaganda que intentan vender el Frente Amplio junto a la dirección del PIT-CNT. En realidad, lo que esta crítica oculta es que el contenido esencial de muchos artículos ya estaba vigente, y que, por lo tanto, las nuevas disposiciones sólo ratifican o refuerzan algunos de los aspectos de la normativa precedente. Un ejemplo de ello es el Artículo 14 de la LUC, que le da una nueva redacción al Artículo 368 del Código Penal de 1933. De acuerdo con este punto, las personas que ocupen espacios públicos acampando o pernoctando serán intimadas a retirarse por las autoridades correspondientes. Y si, pese a la advertencia, el sujeto persiste en su actitud, es castigado con una pena de 7 a 30 días de trabajo comunitario. Pues bien, tanto la vieja como la nueva legislación regulan situaciones similares, asignan una misma responsabilidad a la policía e imponen castigos idénticos sobre quienes infrinjan la norma. El cambio que se introdujo consiste en una simple modificación de palabras. Sin embargo, ante esta ligera alteración, la campaña del Frente Amplio denuncia que las libertades fundamentales de las personas están siendo afectadas, que el cambio criminaliza a las personas en situación de calle, que no corresponde al derecho penal resolver las situaciones de vulnerabilidad social, y que, en este sentido, la ley estaría reforzando la criminalización de la pobreza ¿Es cierto que la norma afecta a una fracción muy empobrecida de la clase obrera que, ante la falta de un hogar, vive en la calle? Sí, es cierto, pero lo que también es verdad -y esto es lo que la campaña oculta- es que el contenido de la norma ya existía hace décadas, y que, por lo tanto, el Frente Amplio también gobernó de acuerdo con esta misma disposición. Toda su denuncia a este punto es una muestra miserable de oportunismo e hipocresía. Y peor aún, su supuesta preocupación por resolver las «situaciones de vulnerabilidad social» es una mentira abierta, toda vez que durante sus gobiernos solo han repartido migajas y han consolidado la pobreza de los uruguayos. Cabe advertir que este mismo tipo de denuncia se han hecho sobre otros puntos de la ley, como a los Artículos 45 y 49, sobre la «Oportunidad para el uso de la fuerza» y la «Presunción de Legitimidad de la actuación policial», respectivamente. Una vez más, la crítica que se hace sobre estos puntos oculta más de lo que muestra.
En segundo lugar, vale señalar que la campaña impulsada por el Frente Amplio y la burocracia sindical contempla la derogación de importantes artículos, como aquellos que establecen la ilegalidad de los piquetes e intentan limitar las tomas y los cortes de acceso a los lugares de trabajo. No obstante, es preciso reconocer que esta posición también responde al oportunismo de ambos espacios. Si estuvieran preocupados por la represión de las huelgas y movilizaciones, como mínimo, hubieran promovido huelgas y movilizaciones para que la ley no se aprobara. Pero como sabemos, esto no sucedió. Además, no hay que olvidar que durante las gestiones del Frente Amplio también se apeló a este tipo de disposiciones. Los gobiernos de Tabaré Vázquez y Pepe Mujica promovieron decretos para regular y limitar las ocupaciones de los lugares de trabajo, tanto en el ámbito público (Nº 354/2010) como privado (N° 165/2006). Y en el año 2017, durante la segunda presidencia de Vázquez, se sancionó el Decreto N° 76/2017, conocido como «decreto antipiquete» porque habilitaba al Ministerio del Interior a disolver manifestaciones en la vía pública (calles o rutas) y a la utilización de la fuerza policial para garantizar «el derecho a la libre circulación, el orden público y la tranquilidad». Queda claro que, si existen, las diferencias entre estos decretos y la ley que ahora promulga Lacalle Pou son minúsculas. El contenido es el mismo.
En tercer lugar, como hemos señalado, el PIT-CNT y el Frente Amplio promueven una campaña que denuncia los aspectos represivos de la LUC, omitiendo que ellos han negociado y apoyado otros importantes artículos de la ley. En efecto, un punto destacado del proyecto es aquel que establece la creación de una «Comisión de Expertos» para delinear una posible reforma del sistema previsional. No casualmente, este aspecto de la ley no está incluido entre los artículos que la campaña se propone derogar, pues tanto el Frente Amplio como la burocracia sindical integran la Comisión ¿Cuál será el contenido de la reforma? Ya lo sabemos porque lo hemos visto en otros países: recorte de haberes y aumento de la edad jubilatoria. El propio Pepe Mujica se ocupó de expresarlo con claridad en 2019, cuando afirmó que el sistema político “le va a tener que decir a miles de personas que deberán trabajar cinco años más para jubilarse”, y reconoció que ningún candidato lo hacía durante la campaña para no perder apoyo. Ahora, como las elecciones ya terminaron, el personal político burgués encara la reforma. Todos acuerdan con este punto, desde Lacalle Pou hasta el Frente Amplio, incluyendo a la cúpula del PIT-CNT. Y lo más cínico de esta reforma es que se la impulsa en nombre de la sostenibilidad y el equilibrio fiscal, cuando la misma ley establece la reducción de impuestos y la exoneración de aportes jubilatorios patronales para pequeñas y medianas empresas. Se exime de impuestos a la pequeña, mediana y gran burguesía -como lo vienen haciendo desde hace años-, al tiempo que se carga con más trabajo a la clase obrera, que ya soporta el desempleo, el subempleo y la informalidad.
Por último, un importante aspecto de la campaña es el tratamiento extremadamente ligero que se le da a algunos problemas, lo cual esconde sus verdaderas causas. Los hechos son analizados al margen de los procesos y, como resultado de ello, se termina ocultado su origen social. Este tipo de «crítica» reciben los artículos relativos a la seguridad. La LUC endurece el castigo de ciertos delitos y flexibiliza el uso de la fuerza por parte de la policía. Sin duda, esta es una respuesta superficial y unilateral que no resuelve el problema, puesto que su verdadero origen es la propia sociedad capitalista, y obviamente este punto no es cuestionado por el gobierno. Pero la campaña que promueven el Frente Amplio y la burocracia sindical también lo ocultan. Toda su crítica consiste en señalar que la LUC se opone al «garantismo», y que, en consecuencia, su promulgación sólo vulnera los derechos de quienes cometen delitos, al tiempo que refuerza la discrecionalidad policial ¿Qué solución ofrecen a la inseguridad? Ninguna, el Frente Amplio ya lo ha demostrado durante su gobierno. La campaña oculta que este problema afecta principalmente a la clase obrera y que expresa un empeoramiento de sus condiciones de vida. La propiedad privada y las clases sociales no son cuestionadas y, en consecuencia, el contenido pétreo del código penal permanece incólume. Y en este punto, no existen diferencias con la posición de la Lacalle Pou. El actual presidente solo buscó responder a las expectativas de su electorado, dado que buena parte de su campaña giró en torno del problema de la inseguridad. Su proyecto no constituye una solución, como tampoco lo es la perspectiva del Frente Amplio. Los dos espacios sólo ofrecen salidas basadas en el cálculo político y electoral inmediato, que de ninguna manera resuelven el problema de fondo. El capitalismo genera cada vez más pobreza, violencia, malestar y miseria, pero ambos bandos nos mienten e intentan esconderlo.
La necesidad de la lucha y de una organización independiente
La promulgación de la LUC constituye un ataque de la burguesía y su personal político contra los trabajadores. La nueva ley empeora las condiciones de vida, entrega beneficios a los empresarios, fortalece los mecanismos de represión e impone salidas falsas a problemas reales y urgentes. La única forma de combatir esta medida es la organización independiente de la clase obrera, lo cual implica romper y delimitarse de todas las variantes que ofrece la burguesía, incluyendo, claro está, al Frente Amplio. Este espacio no ha hecho más que gobernar para la misma clase que hoy representa el gobierno, al tiempo que entorpece y condena las luchas de los trabajadores. Un papel similar al que cumplen las diferentes expresiones del progresismo en la región. Basta observar al Partido de los Trabajadores en Brasil y al peronismo en Argentina. Como hemos visto, su supuesta oposición a la LUC es una verdadera estafa. Junto a la burocracia sindical, el Frente Amplio negoció la aprobación de medida, contuvo las movilizaciones y, por último, impulsó una campaña extremadamente limitada y engañosa. En realidad, el partido no tiene ningún interés en derogar los aspectos regresivos de la LUC. De ahí que su «oposición» a la medida solo sea de forma: las principales críticas están orientadas a su carácter «antidemocrático», a la rapidez con que fue aprobada por el parlamento, a la necesidad de que sea discutida por la población, a la diversidad de temas que se incluyen en un mismo paquete, cuando no, a cambios de redacción totalmente intrascendentes. Toda esta operación solo intenta ocultar que ellos apoyan el contenido esencial de la medida. Por eso, es necesario delimitarse del Frente Amplio para luchar por la derogación de toda la LUC y construir una organización independiente que imponga una salida socialista a la crisis.
