El ajuste es presentado por el “progresismo” como la consecuencia de la victoria de Macri. Lo cierto es que en las provincias gobernadas por estos personajes Nac&Pop, la situación no es diferente. El ejemplo de Tierra del Fuego permite ver cómo la gobernadora Bertone, como buena kirchnerista, mete la mano en la lata de los aportes jubilatorios para ajustar el bolsillo del trabajador.
Por Juan Manuel Duarte (OME-CEICS)
En todo el país se suceden despidos tanto en el sector público como privado, y en muchas provincias se desarrollan situaciones de conflicto particulares. El ajuste es presentado por el llamado “progresismo”, cuya voz más escuchada es la del Frente para la Victoria, como la consecuencia de la victoria de Macri. Lo cierto es que en las provincias gobernadas por estos personajes Nac&Pop, la situación no es diferente. Tanto el FPV como el PRO son garantes del funcionamiento del capitalismo en nuestro país y, como tales, hacen lo que está a su alcance para cerrar las cuentas fiscales, golpeadas duramente por la situación de la economía nacional y mundial.
En este marco, todos los gobernadores tocaron la puerta de la Casa Rosada en pedido de ayuda económica. En el caso de Tierra del Fuego, se logró materializar un acuerdo de asistencia financiera del Estado Nacional a la provincia mediante el convenio 17.421 que fue ratificado por la ley provincial N° 1.067[1]. Por supuesto, hay problemas estructurales locales que deben atenderse para hacer frente a la emergencia económica provincial, a los que el ejecutivo provincial recién asumido respondió con la propuesta de leyes 1.068, 1.069 y 1.070, que modificaron las leyes que regulan el sistema previsión y la obra social provincial. Todo esto, aprobado por una cómoda mayoría otorgada por los legisladores del FPV y la UCR.
Como respuesta, en la provincia más austral del país se viene desarrollando un conflicto de gran envergadura que puede servir de ejemplo de las luchas que los trabajadores tenemos por delante.
El frio ajuste…
Muchos trabajadores recuerdan la extensión de la edad jubilatoria en el año 1993, de la mano de Carlos Menem y su reforma del Estado. Millones eran obligados a continuar trabajando cinco años más para acceder a la jubilación. Lo que se buscaba era una reducción del presupuesto destinado al pago de los haberes, y una fuente de recursos adicional no solo de la mano de aquellos que seguirían aportando para obtener el mismo “beneficio”, sino de quienes se morirían antes de llegar a la edad sin cobrar nada.
Algunas provincias continuaron haciéndose cargo de las jubilaciones de los trabajadores provinciales, y no traspasaron esos aportes a la caja de ANSES. Por este motivo Formosa, Chaco, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego tienen regímenes jubilatorios diferentes para sus empleados. Las jubilaciones que pagan las cajas de la provincia tienen generalmente menores requisitos que los que pide ANSES para un beneficio similar. Y los sueldos son calculados de una manera más favorable al jubilado en la mayoría de los casos. En el caso de las provincias patagónicas, los sueldos y jubilaciones tienen adicionales por las condiciones desfavorables de la zona, lo que además justifica el hecho de tener que acceder antes al retiro.
Esos “privilegios” ya fueron atacados por Cristina Kirchner y Diego Bossio, que dieron pelea por los fondos que reclamaba la provincia de Córdoba para sostener su caja de jubilaciones[2]. Bossio argumentaba que Córdoba paga jubilaciones caras, y que debía “armonizar” el sistema previsional[3]. Ahora son muchos los gobernadores que ven estas cajas como una variable para llevar adelante el ajuste. Si los institutos provinciales se declaran en emergencia o insolventes, se va a intentar “armonizarlos” cambiando los requisitos para acceder a las prestaciones –como pasa hoy en Tierra del Fuego- y, si no lo logran, es posible que el Estado Nacional busque colocarlos en la órbita de ANSES, lo que significaría una importante pérdida de conquistas para los trabajadores.
En las medidas propuestas desde el ejecutivo fueguino se reconoce la emergencia económica del IPAUSS (la caja de jubilaciones fueguina) y se lo disuelve. Se reglamenta además un escandaloso descuento adicional, compulsivo pero “solidario”, a los trabajadores en actividad y los jubilados. El descuento se hace automáticamente en función de una escala por nivel de ingresos y edad, reglamentada en la misma ley. Por ejemplo, según lo dispuesto, los trabajadores activos tendrán que pagar un 1% de aportes adicionales si son menores de 45 años. En caso de tener entre 45 y 50 años, deberán aportar un 3%, y aquellos cuya edad exceda los 50 años pagarán el 4,5%. En el mismo acto legal, se decide la incautación de las utilidades del Banco de la Provincia, como parte de la medida para aumentar la recaudación.
Así como aumentan las tarifas en aras de la federalización de la miseria, con el argumento de “la igualdad” van a nivelar hacia abajo al conjunto de los trabajadores. El ejemplo de Tierra del Fuego permite ver como la gobernadora Bertone, como buena kirchnerista, mete la mano en la lata de los aportes jubilatorios para ajustar el bolsillo del trabajador.
…al calor de la lucha
El ajuste se desarrolla en marco de una escalada conflictividad en varios gremios estatales y docentes provinciales (ver nota en esta misma edición). A esto se suma la grave situación de los trabajadores de las fabricas metalúrgicas y ensambladoras de artefactos eléctricos y electrónicos, que ven amenazada su continuidad laboral y el pago de los sueldos en el marco de la crisis de la rama, con reclamos y acciones laborales desde hace más de dos años. Todos estos sectores tienen un importante peso en el empleo dentro de la provincia.
Tras las sanción de las leyes, en una larga y custodiada sesión, que culminó en la madrugada del 9 de enero, asambleas y juntadas de firmas buscaron el apoyo de la mayoría de los fueguinos. Es que la solidaridad entre los distintos sectores se va imponiendo por la magnitud de la batalla en curso. En un conflicto que lleva más de 50 días, las movilizaciones en la calle se sucedieron semana a semana. Algunas son consideradas las más grandes de la historia de la provincia, como la del 9 de marzo que reunió a más de 16.000 trabajadores. Solo la UOM se desplazó por las calles de Rio Grande, junto a más de 6.000 metalúrgicos, el 29 de marzo. El pico en la conflictividad lo marcaron los cortes de rutas en toda la provincia –que fueron levantados el 27 de marzo-, y el acampe realizado en la sede de la Legislatura Provincial, que cuenta con guardia permanente de trabajadores de distintos sectores. El 12 de abril se realizaron varios piquetes en distintos puntos de toda la provincia, mientras que sectores como los bancarios, se sumaron a las medidas declarando estado de asamblea durante dos horas del horario de atención. Sin embargo, un pase a ofensiva por parte del gobierno parece vislumbrarse tras la visita de Rogelio Frigerio para los actos del 2 abril, y el envío de tropas de gendarmería dispuesto por Patricia Bullrich a pedido de la gobernación. Esto demuestra un trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y el provincial, y trae a la memoria aquellas jornadas de lucha contra los despidos y cierres de fábrica en la década de los 90. En esa oportunidad, el obrero Víctor Choque era asesinado en Ushuaia por el accionar conjunto de gendarmería y policía provincial.
A la cabeza… del ajuste
Hasta ahora, tienen un lugar protagónico las conducciones de ATE (que nuclea estatales, lo que incluye a jubilados) y la UOM (que reúne a los trabajadores de las fabricas ensambladoras). Marcelo Córdoba, Secretario general de ATE Río Grande, se muestra confundido por la política de la gobernadora, y declara que las medidas lo sorprenden porque están “lejos de la doctrina justicialista” [4]. Luis Raña, conducción del mismo gremio, entiende, en el mismo sentido, que la gobernadora no es una “verdadera” kirchnerista, sino más bien una menemista[5]. Este artilugio, que muchos kirchneristas “puros” esgrimen contra aquellos que quedan expuestos por las políticas de ajuste, se cae rápidamente con solo mirar unos kilómetros más al norte, donde Alicia Kirchner no se queda atrás en cuanto a represión y medidas reaccionarias.
Por su parte, UPCN –reconocido por ser eternamente oficialista- merece una mención por su coherencia: ha decidido dejar pasar los despidos en todos lados sin chistar. Oscar Martínez, de la UOM, es, para colmo, diputado nacional por el Movimiento Solidario Popular, un partido provincial que garantiza el quórum al FPV cada vez que lo necesita. Pues bien, este señor se levantó de la sesión que pretendió tratar la baja del impuesto a las ganancias. No conforme con esto, es cómplice de la situación precaria en la que son contratados temporariamente los trabajadores que dice representar. No solo dejó avanzar la precarización en la provincia. Avaló la caída y suspensión de más de 6.000 contratos temporarios entre 2014 y 2015, argumentando que no deberían considerarse despidos, sino simplemente “finalizaciones” de contratos.[6] El mismo argumento canallesco que el macrismo usa para dejar a miles de trabajadores estatales en la calle.
Mientras tanto, los trabajadores de la empresa Foxman, en donde se ensamblan electrodomésticos de la empresa Crown Mustang, decidieron hacerse cargo de la fábrica tras 4 meses sin cobrar sueldos, en el marco de una política de vaciamiento por parte de la patronal. La UOM responde tramitando un “bono solidario” [7]…
Por otra dirección
Para derrotar el ajuste, además de bonos y colectas para los compañeros que no cobran sueldos, es necesaria la nacionalización del conflicto. La mayoría de los gremios de peso, como ATE y la UOM no están haciendo nada para lograrlo. Tienen estructuras enormes y manejan toda la plata que se nos descuenta mes a mes, pero juegan para la patronal. El PRO y el FPV ya se han puesto de acuerdo en lo fundamental para intentar derrotar a los trabajadores fueguinos. Cuentan con Caló, como queda claro en lo que relatamos. Necesitamos un congreso nacional de trabajadores ocupados y desocupados, con delegados mandatados de cada lugar del país. Esta es la herramienta que nos permitirá derrotar las maniobras de las burocracias sindicales, los planes de los gobiernos provinciales y el nacional, y discutir las experiencias de lucha para sacar las conclusiones que permitan encarar el combate que se viene.
Notas
