¿Por qué todas las universidades mantienen un régimen de gobierno propio de un sistema feudal?
Es una pregunta que pocos se hacen. Luis Alberto Romero, historiador renombrado, lo justifica porque, según su parecer, la Universidad es de los profesores (los titulares y adjuntos, claro) y los alumnos no deben opinar. Pocas agrupaciones discuten realmente estos supuestos.
Esto nos lleva a la cuestión del régimen de gobierno de la mayoría de las universidades y terciarios estatales del país. Hablamos del gobierno tripartito entre los claustros de profesores, graduados y estudiantes, caracterizado por ser escasamente democrático y representativo. Hagamos un poco de historia. El modelo general es consecuencia de la Reforma Universitaria de 1918. En aquel entonces lo que estaba en pugna era el ingreso al gobierno de las universidades nacionales de una gran parte de la pequeña burguesía que se había formado al calor del crecimiento económico y la inmigración masiva. El cogobierno entre los tres claustros fue aceptado como vía para canalizar esa incorporación. Si bien la representación entre claustros distaba de ser democrática (dado que los representantes estudiantiles estaban en minoría en relación a los de profesores), no hubo mayores conflictos ya que en última instancia estábamos ante una distribución de poder dentro de una misma clase social.
El problema surge en las últimas décadas, con la entrada masiva de la clase obrera al circuito. A los problemas sindicales, que ya mencionamos, se agrega la cuestión de que el estudiantado que queda sub-representado está cada vez más proletarizado, mientras que el claustro de profesores (conformado por el selecto grupo de titulares) tiende a ser burgués. Estos profesores son los que tienen acuerdos internacionales, vínculos con editorial, conforman la capa superior de investigadores de CONICET y otros organismos de investigación. Incluso políticamente, por lo general, sino no están estructurados al menos tienen alguna relación con los principales partidos de la burguesía: el peronismo y el radicalismo. A este análisis podemos sumar al claustro de “graduados”. Muchos de estos en realidad son tan docentes universitarios como los titulares, pero cobran rentas precarias, trabajan “ad honorem”, a la que se suma la mayoría completamente olvidada: los docentes de escuela media. Por lo tanto, estamos en presencia de dos clases con intereses claramente contrapuestos. El peso desproporcionado de un pequeño grupo de profesores no deriva, por tanto, de alguna cualidad técnica sino de la defensa acérrima de sus privilegios de clase.
Estudiantes y docentes que ejercen fuera de la universidad son la capa verdaderamente obrera que queda afuera de toda la discusión. Están, cada vez son más numerosos, pero no se les puede dar la voz ni el voto que les corresponde. Se transformaron en un comensal indeseable.
Los radicales y peronistas (de todo tipo y color) no dejan de hablar de “inclusión”. Uno de los indicadores es el grado de matriculación, que parece dar la razón a esta ficción. Si bien el crecimiento de la población estudiantil fue constante (salvo por la caída durante la dictadura, con una caída del 22% entre 1976 y 1983), el mayor salto se dio entre 1995 y 2005, con un incremento del 71%.
Frente a estas cifras optimistas, hay otras que muestran una realidad muy distinta. Especialmente, el bajo porcentaje de graduación. Para el periodo 2008-2013 la tasa de graduación es en las universidades es de sólo el 24,6%.[i]Este bajo rendimiento no es casual. Está relacionado con los cambios en el origen social de los estudiantes que no tiene como correlato cambios en una estructura ya vetusta. Por caso, el censo de 2011 de la UBA informó que el 62,7% de sus estudiantes trabaja, y de éstos el 42,5% con una carga horaria laboral de entre 36 y 45 horas semanales. Por lo tanto, estamos ante un estudiantado que tiende a ser cada vez más obrero.
Ahora bien ¿Qué sucede con la estructura de la universidad argentina? Claramente no es una universidad que esté pensada para la clase obrera. Es una universidad pensada más bien para la burguesía y la pequeña burguesía. Eso se puede ver en distintos niveles. En términos sindicales, por ejemplo, no hay políticas que garanticen las condiciones para la formación intelectual de los alumnos. Becas escasas e insuficientes, ausencia de un boleto estudiantil universal, de comedores, viviendas universitarias en cantidad y en calidad. Es decir, todos aquellos ítems que los hijos de la pequeña burguesía tienen garantizados, pero no los de la clase obrera. Los primeros tienen allanado el camino para realizar un exitoso pasaje por la universidad mientras los segundos se adaptan como pueden. Lo mismo se puede ver en la formación intelectual y el acceso a los cargos en la universidad. El acceso a los mismos no tiene nada que ver con la capacidad de investigación o docencia (porque los planes de estudio no preparan para esas tareas), sino con la capacidad previa, recursos, contactos y relaciones de vasallaje.
El sistema universitario se debe una transformación de los mecanismos elementales de gobierno. Lo que supone no una “revolución burguesa”, porque el mecanismo “un hombre=un voto” le entregaría virtualmente el poder al elemento obrero, inmensamente mayoritario en el sistema. Para eso, hay que abolir los claustros. Nada más y nada menos.
La forma de llevar esto adelante es establecer la lección directa de las autoridades, a través de asambleas interclaustros. Eso nos habilitará a reformar los planes de estudio y las políticas educativas que contemplen nuestra formación intelectual de forma integral.
NOTAS
1 Guadagni, Alieto Aldo. «Nuestra graduación universitaria es escasa.» (2016).
