Por Gonzalo Sanz Cerbino
Grupo de Investigación sobre la Historia de la Burguesía
Como anticipamos apenas Macri asumió, su romance con la burguesía agropecuaria no duraría mucho. Por sus debilidades estructurales, ningún gobierno en la Argentina puede prescindir por mucho tiempo de la renta diferencial. Las transferencias de renta son las que compensan las debilidades de la industria, y si no afluyen por vía de retenciones y subsidios, lo harán vía atraso cambiario. O mediante una combinación de ambas.
Hace dos años y medio Macri asumía la presidencia prometiendo algo imposible: sacar a la Argentina de una crisis en la que viene recayendo, una y otra vez, desde hace más de 70 años. Su programa parecía simple: incrementar la competitividad industrial para relanzar la acumulación de capital. Suponía que eliminando las distorsiones introducidas por el “populismo” y ordenando las variables macroeconómicas, llegarían las inversiones que permitirían elevar la productividad del trabajo para ponernos a tono en la competencia mundial. Así, encaró un plan que progresivamente iría eliminando el déficit fiscal y la inflación, introduciendo reformas para abaratar la mano de obra y realizando obras de infraestructura que permitieran mejorar la competitividad sistémica. El ajuste que ello implicaba sería gradual para evitar el estallido social. Ese gradualismo se iría financiando mediante endeudamiento externo. Todo parecía encaminado pero, a medida que el tiempo corría, ni el déficit se reducía tanto como se esperaba, ni las inversiones que debían reemplazar a la deuda como combustible del proceso de acumulación llegaban. Ambos fenómenos estaban emparentados: el déficit no se reduce porque en buena medida es el resultado de la batería de subsidios del más variado pelaje que le permiten a la burguesía industrial local subsistir en el mercado interno, que es precisamente el sujeto de la “revolución productiva” que prometía Mauricio. Las inversiones no llegaban por la misma razón: en la Argentina no hay ni escala ni costos adecuados para una industria con tecnología de punta.
Así las cosas, el modelo subsistía a base de endeudamiento externo. Y eso fue lo que falló en la crisis de comienzos de mayo. El aumento de las tasas de la Reserva Federal desembocó en una corrida al dólar, que se mantenía atrasado para contener la inflación. El resultado fue una devaluación que dispara la pauta inflacionaria, al tiempo que dificulta las posibilidades de endeudamiento a futuro, con un tipo de cambio que aún se encuentra atrasado. De esta manera no solo el “gradualismo” se pone en cuestión, sino toda posibilidad de que el plan M arribe a su meta. El problema de fondo no es el dólar, ni la inflación, ni la deuda, sino que todo el plan partía de una premisa inexacta: que la burguesía industrial argentina podía ser algo distinto a lo que es. Los industriales, grandes o chicos, vienen sobreviviendo gracias a las compensaciones que reciben bajo la forma de protección y subsidios. Compensaciones que se financian con renta, cuando hay, o con endeudamiento externo. Y no se trata de un problema de mala voluntad como cree Carrió, que acusó a la burguesía de realizar un golpe cambiario, o Macri, que señaló que Moreno “le partió la cabeza” a los empresarios. El problema es estructural. La escala del mercado local y la brecha histórica de competitividad no permiten otra forma de supervivencia, a no ser que se produzca una ajuste brutal en el precio de la mano de obra (lo que supone una masacre de proporciones históricas). Ese límite estaba presente desde mucho antes de la corrida de mayo, y quedó reflejado, como veremos en este artículo, en los reclamos de la burguesía agropecuaria e industrial a Macri desde las elecciones de 2017.
Dejà vu
Como anticipamos apenas Macri asumió1, su romance con la burguesía agropecuaria no duraría mucho. Por sus debilidades estructurales, ningún gobierno en la Argentina puede prescindir por mucho tiempo de la renta diferencial. Las transferencias de renta son las que compensan las debilidades de la industria, y si no afluyen por vía de retenciones y subsidios, lo harán vía atraso cambiario. O mediante una combinación de ambas. Que Macri no podía prescindir de este recurso quedó en claro cuando, a poco de asumir, tuvo que posponer la reducción de retenciones a la soja, que en lugar de bajar de a 5% por año desde 2017, recién comenzarían a bajar en 2018, a un 0,5% mensual. De una u otra forma, el agro seguiría aportando los recursos para sostener la acumulación en la industria, y el malestar de la patronal rural no tardaría en aflorar.
Desde fines de 2017, Dardo Chiesa, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), viene amenazando con volver a sacar los tractores a la calle. Uno de los detonantes fue el aumento del impuesto inmobiliario rural para 2018 en las provincias de Buenos Aires, San Luis y Córdoba, muy por encima de la pauta inflacionaria oficial. Frente a ello, el dirigente ruralista amenazó: “vamos camino a una colisión”.2 No era el único problema: según Chiesa, los costos no estaban cerrando, no solo en las zonas marginales sino también en la zona núcleo: “tenemos productores de Pergamino que me dicen que tienen problemas de rentabilidad. ¿Qué queda para el resto?”.3 La combinación de impuestos elevados y atraso cambiario estarían reduciendo la rentabilidad agropecuaria, con lo que la renta diferencial comenzaba a escapar una vez más de las manos del agro. Por eso Chiesa sostenía que “necesitamos tocar el dólar o bajar los impuestos, para que […] cierre la ecuación”.4 A los reclamos también se sumó Omar Príncipe, titular de la Federación Agraria (FAA). Desde enero de este año viene insistiendo en que los “pequeños productores” no están en condiciones de afrontar la pérdida de rentabilidad y el aumento de las tasas de interés, por lo que viene exigiendo medidas de aliento para esta capa de la burguesía agropecuaria: “los productores de pequeña escala no tienen espalda para seguir esperando políticas que los contemplen específicamente”.5
Como siempre sucede, son los productores de menor escala los primeros en sentir los efectos del avance sobre la renta, y los primeros en salir a protestar. Por esa razón, hasta ahora, la voz cantante la llevaron CRA y FAA, mientras que la Sociedad Rural mantuvo la diplomacia y aportó funcionarios al gobierno, como Luis Miguel Etchevehere, que luego de presidir SRA durante cinco años, asumió como Ministro de Agroindustria de la Nación. Pero esto no debe ser tomado como un síntoma de la continuidad de la luna de miel del agro con Macri. La historia muestra lo contrario: de Onganía a Menem, siempre sucedió lo mismo. CRA y FAA son los primeros en salir a reclamar, no solo por la escala de sus asociados, sino porque tienen una estructura territorial que les proporciona un contacto más directo con sus bases que a la Sociedad Rural. A las protestas por la caída de la rentabilidad suele seguir la movilización, a la que más tarde termina sumándose la Sociedad Rural. Es probable que, en ausencia de soluciones de largo plazo a los problemas históricos de la economía argentina, Macri esté cerca de enfrentar su 2008.
Consciente del descontento creciente del campo, Macri se apuró a conseguir algo positivo que anunciar de cara a su discurso en la ExpoAgro 2018, en marzo. Allí llevó dos medidas que anunció de forma confusa: la simplificación de trámites ante distintos organismos que serían reemplazados por una sola declaración jurada anual y facilidades crediticias para productores afectados por la sequía. Poco y nada. Distintas asociaciones rurales, en todo el país, salieron a cuestionar los anuncios. La voz cantante la llevó otra vez Dardo Chiesa. Señaló que los anuncios eran insuficientes y que la Ley de Emergencia Agropecuaria no servía para nada, porque no se actualizaban los montos de la ayuda a los productores afectados por los problemas climáticos. Además, insistió en que, más allá de la emergencia, había problemas de fondo que estaban reduciendo la rentabilidad del agro y que el gobierno no aportaba ningún tipo de solución. De mantenerse el atraso cambiario, era necesario reducir los costos laborales y bajar los impuestos. No solo las retenciones, sino todos los impuestos que directa o indirectamente afectaban al agro: los impuestos inmobiliarios, los impuestos a los seguros y a los combustibles. En esa misma línea, cuestionó la reforma impositiva acordada a fines de 2017, que no resolvía ninguno de los problemas del agro: “La reforma impositiva dejó un sabor amargo y la reforma laboral que se avizora, corre el mismo destino, el cual, no soluciona el problema de fondo”. En suma, reclamó acelerar el ajuste, para que el sector rural dejara de financiar las deficiencias de la economía argentina. Por la vía de una devaluación que reduzca bruscamente los costos laborales, o mediante una mayor reducción del déficit que permita aliviar la presión impositiva sobre el sector. Lo que se encuentra en cuestión para Chiesa no es solo el “gradualismo”, sino también el proteccionismo industrial, que Macri, como todos sus predecesores, mantiene:
“Hoy Argentina se debate entre la inflación, el déficit fiscal, el achicamiento estatal y el atraso cambiario. Es necesario retomar un debate postergado, en el cual, el gobierno parece haber perdido la iniciativa. El gradualismo defendido en razón de proteger los sectores más vulnerables, es justamente a quien termina perjudicando, si no es constante. Las políticas de shock generan efectos negativos en los sectores más relegados de la sociedad, pero si el gradualismo es lento, y no tiene convicción, termina bastardeando el proceso. No hay una muerte súbita, pero si hay una muerte lenta […] Argentina debe definir si sigue o no con el sistema de sustitución de importaciones, su política de subsidios, quién paga y quién recibe.”6
No muy diferente es la posición de Federación Agraria. Aunque enfatizando en la necesidad de políticas diferenciales en favor de los pequeños productores, insistieron con lo mismo. La rentabilidad se reduce y aumenta el endeudamiento de los productores, sin que el Estado de respuestas. Frente a ello, se deberían reducir los impuestos. En particular, las retenciones a la soja, en mayor medida para los productores de menor escala. La reforma tributaria también debería ser revisada, implementando una mayor progresividad en los impuestos. Según Omar Príncipe, en las asambleas zonales convocadas por FAA a principios de marzo, los asociados exigieron una movilización. A diez años de la 125, sostuvieron, el campo no tiene nada que festejar. Hasta la Sociedad Rural, en este contexto, endureció su discurso. Según su presidente, Daniel Pelegrina, en 2018 el campo está tributando más que antes de la reforma impositiva de 2017. Para aplacar la situación sería conveniente acelerar el cronograma de reducción de retenciones a la soja. Este hecho es todo un síntoma del acelerado desgaste de la relación de Macri con el campo. Otro síntoma es que, por primera vez en 28 años, se enfrentarán dos listas en los comicios internos de la Sociedad Rural en septiembre. Algo que solo sucede en coyunturas críticas, como 1955 o 1973. Aunque la campaña recién empieza y ninguno de los dos candidatos ha salido a cuestionar fuertemente la política oficial, el hecho pone de relieve importantes internas dentro de la corporación rural más alineada con el gobierno.7
La devaluación de mayo, aunque obviamente trajo alivio a la patronal agropecuaria, que desde hacía meses reclamaba por los perjuicios del atraso cambiario, no fue visualizada como una solución de fondo. La devaluación se trasladará tarde o temprano a precios y salarios, con lo que el problema persistirá. La única solución de fondo, en la que todas las corporaciones insisten una y otra vez, es la reducción de los impuestos al sector, que solo será posible si se acelera el recorte de gastos públicos y la eliminación de subsidios a la industria. Pero el gobierno no parece dispuesto a avanzar por ese camino, que lo enfrentaría a la fracción más poderosa de la clase dominante argentina, la gran burguesía industrial. Por el contrario, ya echó a rodar el rumor de que el FMI presiona por la reinstalación de las retenciones al trigo y al maíz, y que se evalúa en esferas oficiales suspender la reducción de retenciones a la soja. Aunque rápidamente se descartó avanzar con este tipo de medidas, el gobierno lanzó un globo de ensayo. Evidentemente, está preparando el terreno para tomar medidas de ese tipo en un futuro no tan lejano. La historia se repite, y el gobierno avanza hacia una ruptura definitiva de su alianza con la burguesía agropecuaria.
La chancha y los veinte
Las turbulencias económicas también afectaron la relación de Macri con los grandes industriales, pero sus demandas tienen un carácter diferente a las de la burguesía agropecuaria. Los industriales se entusiasmaron a fines de 2017 con las promesas oficiales de avanzar con el plan de reformas. En particular, saludaron la reforma previsional y laboral. Es decir, acompañaron la intención oficial de profundizar el ajuste sobre la clase obrera y reducir los costos laborales como método para ganar competitividad. Sin embargo, la combinación de atraso cambiario, altas tasas de interés e ingreso de importaciones ha sido motivo de fuertes críticas desde comienzos de 2018. Impulsan el ajuste (mientras no sean ellos quienes tengan que pagar sus costos) y, al tiempo que piden austeridad, baja salarial y reducción de los gastos estatales, pretenden beneficiarse de créditos a tasas subsidiadas y protección frente a las importaciones.
La situación hizo eclosión en febrero de este año, cuando la UIA lanzó una protesta oficial que puso el eje en el problema de las importaciones. En su primera reunión del año, a fines de febrero, la cúpula industrial se dedicó a recoger (y hacer trascender a la prensa), las quejas por el aumento de las importaciones. Además del atraso cambiario, se cuestionaron algunas medidas en particular, como la derogación en enero de más de 300 licencias no automáticas que limitaban el ingreso al mercado local de productos que por sus precios pueden desplazar a los industriales locales. Otro problema es la negociación en marcha de un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que a cambio facilidades para las exportaciones agropecuarias, concedería la reducción de tarifas de bienes industriales. A criterio de los industriales locales, el gobierno argentino no estaría resguardando adecuadamente sus intereses en esta negociación. Y no crea el lector que las quejas emanan de las pymes… aunque la cúpula de la UIA se dedicó en enero a recorrer el país para recoger las penurias de las industrias más débiles, que dieran sustento a su reclamo, el problema aparece porque los intereses afectados son lo de los grandes industriales. Si en 2016 y 2017 quien motorizaba los reclamos era Techint, preocupada por el ingreso de acero proveniente de China,8 hoy quien se encuentra detrás del reclamo de la UIA es Arcor, que ha salido a denunciar el ingreso de alimentos importados (en particular, latas de tomate), que afectan sus posiciones en el mercado local. La presión industrial para elevar las barreras proteccionistas se conjuga con el pedido de una devaluación: el presidente de Fiat, Cristiano Rattazzi, salió en medio de la corrida financiera de mayo, a pedir un dólar a $26.9
Las quejas de los grandes industriales no fueron bien recibidas en el gobierno. Frente a los reclamos de febrero, Francisco Cabrera, el Ministro de la Producción, salió con los tapones de punta: “que se dejen de llorar y que se pongan a invertir y a competir”. Y aunque luego intentó poner paños fríos, el propio Macri lo respaldó.10 Es que la actitud de la gran burguesía industrial es la principal debilidad del programa macrista. El plan solo puede ser viable en el mediano plazo si las inversiones y el aumento de la productividad van reemplazando al endeudamiento como motor económico, y el ordenamiento fiscal presupone la eliminación de buena parte de los mecanismos proteccionistas. El problema es que, en esas condiciones, no solo no habrá inversiones, sino que buena parte de los industriales que hoy se quejan van a desaparecer. La economía argentina tiene rumbo de colisión. Macri camina por un desfiladero: si no se avanza fuertemente sobre los costos laborales, no habrá un aumento significativo de la productividad del trabajo que haga viable a la industria argentina. Mientras eso no suceda, no queda otra que mantener el proteccionismo, cuyos costos se financian con deuda o renta. Dos recursos que, como muestra nuestra historia reciente (2001, 2008), no representan soluciones a largo plazo.
La devaluación de mayo, finalmente, trajo alivio a los grandes industriales, que no solo se mostraron tranquilos ante la suba del dólar, sino que salieron a respaldar al gobierno y su acuerdo con el FMI. Eso sí, exigieron ajustes periódicos en el valor del dólar para no llegar a los niveles de atraso cambiario de abril, que los perjudica con el ingreso de importaciones. Es decir, exigieron mantener la protección mientras se sigue avanzando con el ajuste: reducción de gastos estatales y reforma laboral para bajar los costos de la mano de obra, sostenida en el corto plazo con un mayor endeudamiento externo, de la mano del FMI.
La burguesía argentina frente a sus límites históricos
El cimbronazo de mayo no fue más que el primer indicio fuerte de que la Argentina se apresta a chocar, una vez más, contra sus límites históricos, que no son más que los límites de su burguesía. La promesa de Macri de reducir gradualmente el peso de las transferencias de renta hacia la industria local (aquello de eliminar las retenciones) se va mostrando como una quimera: la industria argentina no puede sobrevivir sin esas transferencias, que si no pueden salir del agro, deberán provenir del endeudamiento externo. Así, la carga sobre la burguesía rural no solo se mantiene sino que tiende a incrementarse, por la vía fiscal o por el atraso cambiario. Y en cuanto aparecen los primeros síntomas de turbulencias en el exterior que trastocan el plan inicial (el aumento de tasas de la Reserva Federal que amenaza dificultar el acceso al crédito), el fantasma de las retenciones entra en escena, de la mano del espectro del 2008. Lo único que el gobierno atina a proponer frente a este panorama es profundizar el ajuste sobre los trabajadores, ahora de la mano de Dujovne superministro. No solo por la promesa de mayores recortes en el presupuesto, sino porque los efectos de la devaluación, si se mantiene la pauta salarial del 15%, implicarán una fuerte caída en los salarios reales. Lo poco que queda del gradualismo vendrá de la mano del acuerdo con el FMI, que permitirá posponer un tiempo más lo inevitable. El problema, hoy como ayer, vuelve a ser el mismo: las deficiencias estructurales de la burguesía industrial argentina (grande o chica), que no pueden subsistir sin una gigantesca inyección de recursos que se materializa como protección del mercado interno, subsidios o compras estatales. No hay muchas vueltas para romper este círculo vicioso: sin una reducción de los costos laborales al nivel de los salarios chinos, no habrá un aumento suficiente en la productividad del trabajo que permita a los industriales ser competitivos. No es difícil, en este esquema, ver qué nos depara el futuro: más ajuste para la clase obrera, de aquí hasta el próximo estallido.
Notas
1Sanz Cerbino, Gonzalo: “Gracias y adiós. La relación de Macri con la burguesía agropecuaria”, El Aromo Nº 93, noviembre-diciembre de 2016.
8Peloche, Nahuel: “Protegeme que me gusta. La burguesía industrial frente a Macri”, El Aromo Nº 92, septiembre-octubre de 2016; Sanz Cerbino, Gonzalo: “Una nueva grieta. La interna en la UIA y el problema chino”, El Aromo Nº 97, julio-agosto de 2017.
9https://clar.in/2sciXUo, http://bit.ly/2kqMR3N y http://bit.ly/2s6MzD8.
