Lejos de los pronósticos ingenuos que se repitieron durante la última campaña, los cien primeros días del nuevo gobierno nada tienen que ver con una “experiencia fascista”. Los aspectos elementales de la democracia burguesa no han sido anulados, los sindicatos continúan abiertos y los partidos políticos no han sido proscriptos.
Por Martín Pezzarini Grupo de Análisis Internacional – CEICS
Diciembre de 2003. Con 51 votos a favor y 24 en contra, la Cámara de senadores de Brasil aprobaba la reforma del régimen jubilatorio de los trabajadores estatales. Luiz Inácio Lula da Silva, quien se había consagrado presidente pocos meses antes,asestaba unade sus primeras victorias contra a la clase obrera brasileña.Entre otros puntos, el proyecto aprobado contemplaba el aumento de la edad jubilatoria, la imposición de una contribución forzada del 11% a los haberes de los retirados y la eliminación de la paridad entre el salario de los estatales y el ingreso de los jubilados ¿Cuál fue la justificación para implantar semejante ajuste? Según decían, era preciso terminar con las “desigualdades” del sistema vigente, garantizar el equilibrio de las cuentas públicas e impulsar el crecimiento de la economía.
Este mismo resultado es el que hoy espera alcanzar Jair Bolsonaro. Quince años después de aquel episodio, la burguesía brasileña vuelve clavar el grito en cielo, reclamando la misma medida y apelando a argumentos similares. Ahora bien, en el marco de una crisis política que continua abierta, el nuevo gobierno se ha visto envuelto en una serie de turbulencias que están postergando la implementación de la reforma y hacen sospechar a más de uno sobre la capacidad del exmilitar para imponer el ajuste que le reclaman las cámaras empresariales.
La cancha marcada
El 10 de abril, Bolsonaro y su gabinete encabezaron un acto en el que se celebraron los cien primeros días de gestión. El presidente se jactó de haber cumplido las “metas prioritarias” que se había propuesto alcanzar en estos tres meses. Dentro del conjunto de medidas anunciadas, se destacan algunos de los puntos proclamados en la campaña electoral. Por un lado, Bolsonaro hizo referencia al paquete de medidas que se enviaron al Congreso para combatir el crimen y la corrupción. De acuerdo con el Ministro de Seguridad, el exjuez Sergio Moro, quien tuvo a su cargo la mayor parte de las causas de la Operación Lava Jato, la propuesta busca acelerar los procedimientos para encarcelar a funcionarios corruptos, imponer castigos más duros sobre el financiamiento ilegal de campañas electorales y flexibilizar el concepto de legítima defensa para agentes de seguridad.Como veremos más adelante, si bien el proyecto aún no fue aprobado en el Congreso, ya ha generado rispideces en la coalición de gobierno, especialmente entre aquellos que temen ser implicados en nuevos casos de corrupción.
Otro de los puntos a los que se refirió el presidente fue la ampliación de los recursos destinados al Bolsa Familia, un programa de transferencia de ingresos que utiliza el personal político para garantizar la “gobernabilidad” y contener a una fracción creciente de la clase obrera, la sobrepoblación relativa. Con esta medida, además, el gobierno busca erosionar la base electoral del Partido de los Trabajadores (PT), sobre todo la población que vive en el Nordeste de Brasil. En las últimas elecciones, esta región se ha constituido en el bastión del PT, y ello está estrechamente ligado a que es la principal beneficiariadel programa.
A pesar de la importancia de estas medidas, es preciso advertir que el interés de la burguesía brasileña está puesto en otros puntos. Las principales entidades empresariales del país -la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo (FIESP), la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y la Confederación de la Agricultura y Pecuaria de Brasil (CNA)- vienen exigiéndole a todo el personal político la imposición de medidas que descarguen la crisis sobre la clase obrera y que permitan retomar el crecimiento de la economía. En este sentido, el ajuste más acelerado comenzó durante el gobierno de Dilma, se fue profundizado en la gestión de Temer y debe continuar con la administración de Bolsonaro. Este es el escenario que explica algunas de las políticas más importantes impulsadas por el nuevo presidente, como la propuesta de una nueva fórmula para actualizar el salario mínimo, anulando la posibilidad de que aumente su poder adquisitivo. Además, otro de los puntos que interesa particularmente a la burguesía es el plan de privatizaciones que impulsa el gobierno. Bolsonaro anunció que en los primeros meses de su gestión se realizaron veintitrés concesiones a la iniciativa privada, las cuales incluye doce aeropuertos, diez puertos y un trecho de la Vía Férrea Norte-Sur. A fin de este año se espera alcanzar un total de 49 concesiones, con inversiones que lleguen a los 67.000 millones de reales. Asimismo, tampoco se descarta la posibilidad de que más adelante se avance en la privatización de las grandes empresas estatales brasileñas. Tal como se observa en el informe que entregó la FIESP a los candidatos presidenciales de la última elección[i], estas medidas vienen siendo exigidas por la burguesía brasileña con el objetivo de recomponer las cuentas públicas y, paralelamente, habilitar nuevos espacios de acumulación para el capital privado.
Ahora bien, la política más importante para la burguesía en este momento es la reforma del sistema previsional. No obstante, dada profunda crisis política que atraviesa país, aún no se ha alcanzado la articulación necesaria para poder aprobarla en el Congreso. El gobierno de Temer, que logró aprobar medidas como el congelamiento del gasto público y la reforma laboral, no tuvo la fuerza suficiente para alterar el sistema de pensiones. Este es el paso que hoy le exige la burguesía a los políticos brasileños. El Gobierno Central viene arrastrando déficit desde hace cinco años y uno de los factores que lo explica es el enorme agujero en el sistema previsional, que en el 2018 registró pérdidas equivalentes a R$ 195.000 millones.
Frente a este escenario, la respuesta de Bolsonaro no se hizo esperar. El 20 de febrero presentó su proyecto de reforma a los líderes de ambas cámaras del Congreso, la cual prevé el establecimiento de una edad mínima de jubilación de 65 años para hombres y 62 para mujeres. Además, la medida propone la creación de un régimen de capitalización que exigirá realizar aportes durante 40 años a quienes pretendan percibir una jubilación integral. En Estados donde la esperanza de vida ronda los 70 años[ii], el nuevo régimen de jubilaciones obligará a los obreros a trabajar hasta la muerte o a vivir con una jubilación de miseria (cuando no ambas).
Los representantes de las entidades empresariales presionan al presidente yse reúnen con los principales referentes del Congreso para acelerar la aprobación de esta reforma. Sin embargo, como se ha mencionado, en los últimos meses han tenido lugar una serie de episodios que amenazan con profundizar la crisis política, dificultan el tratamiento de la medida y pueden quebrar el frágil consenso que existe en el conjunto del personal político burgués.
Un fascista con pies de barro
El último 12 de marzo, un par de días antes de que se cumpliera un año del asesinato de Marielle Franco, la Policía Civil detuvo a dos ex Policías Militares, ambos acusados por los homicidios que terminaron con la vida de la concejala y su chofer. Los asesinos integraban la Oficina del Crimen, un grupo de sicarios comandado por Adriano Magalhães de Nóbrega, quien se encuentra prófugo desde enero de este año. Pues bien, cada vez son mayores las pruebas (contratos, cuentas bancarias, lavado de dinero y relaciones políticas) que evidencian el vínculo entre esta banda de criminales y la familia del nuevo presidente, especialmente con su hijo mayor, Flavio Bolsonaro, quien actualmente es senador por el Estado de Río de Janeiro.Todavía queda pendiente esclarecer el caso y, sin lugar a dudas, ello puede asestar un duro golpe al gobierno
Otro de los hechos importantes que generó disputas dentro de la coalición gobernante fue el reciente encarcelamiento del expresidente Michel Temer, quien fue acusado de liderar una organización criminal que opera hace 40 años desviando fondos públicos. La decisión fue tomada por uno de los jueces aliados al actual Ministro de Justicia, Sergio Moro, que también determinó la prisión de otras nueve personas ligadas a la organización, dentro de la cual se encontraba Wellington Moreira Franco, exministro de Minas y Energía y suegro del actual presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, una figura clave para la tramitación de la reforma previsional que debe tratar el Congreso. Poco tiempo atrás, Maia había desestimado públicamente la importancia del paquete de medidas anticorrupción presentado por Moro al Congreso. No es casual, pues, que las nuevas detenciones lo hayan afectado tan de cerca.Las discordias inmediatamente estallarony se tensionaron las contradicciones en la base parlamentaria del gobierno de Bolsonaro. De un lado, se situaron quienes llegaron recientemente al Congreso aprovechando el descontento de la población frente a los escándalos de corrupción que se revelaron a partir de la operación Lava Jato. Del otro, se posicionaron los representantes de la “vieja política”, esto es, los miembros de los partidos tradicionales, como Maia, que temen ser implicados en una de las tantas causas de esta operación. El principal problema para Bolsonaro es cómo neutralizar estas disputas, puesto que para aprobar la reforma del sistema jubilatorio necesita el apoyo de los dos bandos.
Por su parte, como si ello fuera poco, la crisis interna ya ha provocado la destitución de dos ministros. Ricardo Vélez Rodríguez fue apartado de su puesto en Educación, mientras que Gustavo Bebianno, quien era ministro de la Secretaría General de la Presidencia, terminó siendo desplazado luego de que se los acusara de ser el responsable del financiamiento irregular de su partido.Asimismo, cada vez toman mayor relieve otras internas dentro del poder ejecutivo, como la que enfrenta a “olavistas” -seguidores del escritor Olavo de Carvalho, cuyos discípulos ocupan importantes cargos- y al grupo de generales que integra el gobierno, comenzando por Hamilton Mourão, el actual vicepresidente. Hasta ahora estas disputas no han superado las meras agresiones verbales, pero no hay que descartar la posibilidad de una ruptura mayor. Frente a la temprana tormenta que atraviesa el gobierno y, por lo tanto, a la posibilidad de que Bolsonaro no logre encaminar las reformas que exige la burguesía, la idea de que Mourão ocupe su lugar va cobrando fuerza ¿Saldrá la izquierda a defender las “libertades democráticas”cuando un eventual impeachment aparte de su cargo al actual presidente?
Salir de la parálisis
Lejos de los pronósticos ingenuos que se repitieron durante la última campaña, los cien primeros días del nuevo gobierno nada tienen que ver con una “experiencia fascista”. Los aspectos elementales de la democracia burguesa no han sido anulados, los sindicatos continúan abiertos y los partidos políticos no han sido proscriptos. Como si ello fuera poco, el Superior Tribunal de Justicia le redujo la condena a Lula, lo cual permitirá que pueda pasar a arresto domiciliario a partir de septiembre. Un régimen fascista jamás permitiría que su rival político se beneficie de los derechos previstos en el Código Penal. Ello demuestra que todala propaganda contra la supuesta “amenaza fascista” que acechaba al país solo fueron mentiras para beneficiar la posición electoral del PT.
La
burguesía brasileña viene dándole su apoyo a Bolsonaro. Sin embargo, este
respaldo depende de su capacidad para seguir avanzado con las medidas de ajuste,
especialmente con la reforma provisional. Ante este panorama, el PT lanzó una
campaña para rechazar la medida, pero ello no es más que oportunismo. Su único
interés es encabezarla oposición al gobierno y recomponerse de la crisis
política que lo apartó del poder. Al igual que Bolsonaro, ha demostrado que
gobierna para los intereses de la burguesía y que, llegado el caso, están
dispuestos a aplicar el mismo ajuste. Es preciso delimitarse de esta fuerza y
superar la parálisis que -junto con las centrales sindicales- le viene
imponiendo a la clase obrera. Solo así se podráaprovechar la crisis política,
organizando una alternativa obrera independiente que ponga freno al ajuste en
curso y proponga la construcción otra sociedad.
[i]https://www.fiesp.com.br/noticias/fiesp-entrega-a-presidenciaveis-propostas-para-o-desenvolvimento-do-brasil/
[ii]https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9126-tabuas-completas-de-mortalidade.html?=&t=downloads
