Cristina dejó un legado: la estrategia del más por menos en materia de gasto social y el ajuste por inflación. Más beneficiarios por menos plata. Un legado que heredó y mantuvo el macrismo y que sostiene hoy el Frente de Todos. Por ello, creer que un acuerdo con el FMI supondría un posible ajuste a la población más empobrecida es ocultar el hecho de que ese proceso ya está en marcha desde hace muchos años.
Nicolás Villanova
OES-CEICS
Un sector del kirchnerismo y La Cámpora, al igual que la izquierda trotskista, señalan que un acuerdo con el FMI implicaría un ajuste. Abona en este sentido el hecho de que el ministro Guzmán habría acordado con el Fondo una quita de subsidios y el consecuente aumento de las tarifas a la energía. Por su parte, y para desmarcarse de esta idea, Alberto Fernández habría enfatizado durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso que no habría ni reforma laboral ni previsional. En cambio, sí adelantó el hecho de que los planes sociales se irían convirtiendo en “trabajo formal y genuino”. Pareciera, entonces, que el ajuste no llegó y que, en caso de acordar con el FMI, aquél sería, o no, una posibilidad. Tal como nos tienen acostumbrados, los políticos burgueses nos quieren hacer creer que el ajuste no existe aún, y que éste arrancaría (o no) en el supuesto caso de que la Argentina negocie un acuerdo con el FMI. Sin embargo, el ajuste ya está en marcha. Por lo tanto, si el gobierno acuerda con el Fondo no habrá una ruptura de un proceso. Al contrario. En todo caso habrá una continuidad, o bien, una profundización del ajuste que lleva varios años y que se manifiesta de diversas maneras. Parece que La Cámpora, Cristina y Alberto se olvidan del ajuste brutal que ellos mismos impulsaron contra los jubilados y que, sólo en 2020, significó un recorte presupuestario de unos 142 mil millones de pesos, por haber decretado los aumentos sin tener en cuenta la antigua ley de movilidad previsional. En este artículo analizamos la evolución del gasto social de más largo plazo. Veremos que, a pesar de lo que el kirchnerismo dice y se jacta, el ajuste arranca bajo el gobierno de Cristina, más allá de la política social de miseria a la que sometió (y somete) a enormes masas de la población desocupada.
La estatización de la población sobrante y el aumento del gasto social
Luego de la crisis de 2001 y la insurrección de diciembre, el gasto social aumentó respecto de los años previos. Este gasto supone la ejecución de un presupuesto que incluye a las denominadas “prestaciones sociales”, el presupuesto en salud, educación, vivienda, programas de empleo y capacitación, entre otros. En buena medida, toda la plata en materia de subsidios y planes a los desocupados que el Estado ejecuta se concentra en este tipo de gasto. En plena crisis económica y política del 2001, la burguesía, a través de sus representantes en el Estado, tuvo que dar una respuesta y comenzar a restañar el quiebre de las relaciones entre las clases. Concretamente, tuvo que contener a enormes batallones de desocupados que fueron expulsados de las fábricas y que se rebelaron contra el régimen político. Ese proceso puede ser interpretado como la “estatización de la población sobrante”, es decir, el Estado se hace cargo de contener a fracciones de la clase obrera expulsadas de las fábricas y del mercado, bajo diversos programas y estrategias. Ese mismo proceso, a su vez, tiene un límite porque expresa que el capitalismo argentino no puede absorber al conjunto de la población, cuyas condiciones de vida tienden a deteriorarse sostenidamente.
Recordemos que la sobrepoblación relativa sobra para el capital y para los intereses generales de la burguesía, pues se trata de una población que es improductiva (no produce plusvalía) y tampoco garantiza su circulación. Es una población que sobra en relación con los medios de empleo disponibles, los cuales suponen para los obreros que ocupa una elevada tasa de explotación, jornadas intensas y extensas horas de trabajo. Es decir, unos trabajan muchas horas y otros no consiguen emplearse. Sin embargo, esa población sobrante, sobre todo cuando se rebela, debe ser contenida para sostener ciertas relaciones de la superestructura: de otro modo no hubiera sido posible gobernar el país y recomponer las relaciones entre la burguesía y la clase obrera, en el período posterior al 2001. Las concesiones económicas, entre ellas, los planes sociales y los subsidios a los desocupados, pueden ser entendidas en este proceso.
Si bien el mercado de trabajo se recompuso y amplió la demanda de obreros, lo cierto es que el Estado asumió un rol sustantivo en la contención y ocupación de enormes masas de desocupados. El aumento del empleo público, la política de transferencia de ingresos, las moratorias de jubilados, los subsidios de todo tipo, los planes sociales y los programas de empleo son sólo algunos de los fenómenos más evidentes de ese proceso de estatización de la población sobrante, que se profundiza con el kirchnerismo en el gobierno y con la recuperación de la economía en un momento de aumento del precio de la tonelada de soja.
Claro que, la burguesía se las ingenia para financiar a toda la política social sin ceder sus ganancias, a saber, quitándole plata a la fracción de la clase obrera en blanco y mejor paga a través de los impuestos, por ejemplo, y redistribuir esa plusvalía en el seno de la otra fracción de obreros (la desocupada). O bien, metiendo mano en la caja de la ANSES, como supo hacer históricamente el peronismo y luego el kirchnerismo. O bien, con emisión monetaria, proceso que, en un capitalismo ineficiente e improductivo, tiene como consecuencia directa la inflación, cuyo efecto deteriora el poder adquisitivo de los obreros. Tarde o temprano, este proceso tiene un límite, cuya manifestación más evidente se expresa en el deterioro de las condiciones de vida, el aumento de la pobreza o incluso fracciones de la población que ni siquiera tienen algo para comer.
¿Cómo evolucionó el gasto social luego del 2001? En relación con los años ’90, y en términos reales, el gasto social se duplicó y hasta se triplicó. Respecto del PBI, el gasto social pasó de constituir en promedio un 20% durante la década menemista a consolidarse en los últimos años en un 30%.
Evolución del gasto social en millones de pesos de 2020, proyección del gasto en los años 2018 a 2020 (eje izquierdo); y, porcentaje del gasto social sobre el PBI (eje derecho).
Fuente: CEICS en base a Ministerio de Economía e IPC INDEC y San Luis.
La evolución del gasto social muestra un ascenso luego del año 2002 hasta el año 2017. La información llega hasta ese año. Ahora bien, sumamos al gasto social provincial y nacional la proyección del gasto municipal, el resultado es un aumento nominal, pero una reducción real del mismo, al menos en los años 2018 y 2019. Aumenta levemente en 2020 en términos reales, pero muy por debajo del 2017, aunque se incrementa en términos relativos como porcentaje del PBI. Esto se debe a la caída estrepitosa del PBI durante la pandemia del año 2020. Sin embargo, con semejante aumento del gasto social posterior al 2001, la pobreza sólo se redujo hasta un 26% en 2006, para luego continuar su curso ascendente hasta nuestros días.
Sin embargo, en los últimos años el gasto social se estaría contrayendo en términos reales. Esto quiere decir que la velocidad del aumento generalizado de los precios es mayor que los aumentos nominales de las partidas presupuestarias. Efectivamente, esa reducción real que comienza con el macrismo se acrecienta durante la cuarentena y continúa hasta la actualidad a través del gobierno de Cristina y Alberto.
Comparación del gasto social en algunos rubros seleccionados tales como Prestaciones Sociales y Salario de la Administración Pública Nacional: 2021 respecto de años anteriores.
Fuente: CEICS en base a Ministerio de Economía y Hacienda.
El gráfico evidencia que en el año 2021 se gastó sustantivamente menos que durante los años anteriores. Por ejemplo, en el año 2021 el gasto ejecutado en jubilaciones y pensiones fue un 6,5% menos que en 2020; un 10,1% menos que en 2019, un 16,8% menos que en 2018 y un 22,2% menos que en 2017. Un proceso parecido ocurre con las pensiones no contributivas y con la evolución presupuestaria de la AUH. Sólo la evolución presupuestaria del salario de la administración pública nacional muestra que en 2021 se pagó un 2% más que en 2020, aunque representó una reducción respecto de los años 2017 a 2019. Esto quiere decir que el gobierno de Cristina y Alberto fue mucho más ajustador que el de Macri.
Parece una paradoja que, con semejante incremento del gasto social, sobre todo hasta el año 2017, los niveles de pobreza apenas se hayan reducido hasta detenerse en un elevado 26% de la población (un cuarto del conjunto del país) durante el año 2007, y que, a partir de allí, y aún con un aumento del presupuesto ejecutado en materia de política social, los niveles se hayan incrementado. Sin embargo, esta paradoja no es tal. Es, en parte, un efecto de la estrategia en materia de gasto social del kirchnerismo, profundizada por el macrismo. Se trata de la política de la miseria y del más por menos.
Entre la miseria y el más por menos
¿Cuál fue la estrategia desplegada por el kirchnerismo en cuanto a la contención de los desocupados? El punto de partida fue la reproducción de la miseria, es decir, los montos pagados en subsidios y programas fueron (y son) muy limitados. Por otra parte, la política de la miseria fue solidaria con otra estrategia implementada por el kirchnerismo y profundizada por el macrismo. Se trata del “más por menos”, a saber, una ampliación en la cantidad de beneficiarios por montos o haberes cada vez más bajos, cuyo poder adquisitivo tiende a degradarse, sobre todo (aunque no únicamente), luego del año 2013. En efecto, la devaluación propiciada por Kicillof a partir de enero de 2014 es el inicio del ajuste por inflación de varios programas y subsidios, aunque algunos de éstos, como veremos más adelante, fueron ajustados desde mucho antes. De este modo, la política de transferencia de ingresos no resolvió la pobreza, sino que la consolidó a un nivel que nunca bajó del 26% (en 2006) y luego comenzó a elevarse hasta llegar al actual 42%. En consecuencia, ni Néstor, ni Cristina, ni Macri lograron resolver el problema de la indigencia ni la pobreza, como tampoco ahora lo puede resolver el gobierno de Alberto y Cristina.
La política social incluye una enorme cantidad de programas y subsidios. Aquí sólo analizamos algunos, probablemente, los más importantes en cuanto a cantidad de beneficiarios y presupuesto ejecutado. Dentro de la política social dirigida a la sobrepoblación relativa podemos mencionar a las Pensiones No Contributivas que, si bien ya existían con anterioridad al 2001, el gobierno kirchnerista incrementó notablemente la población beneficiaria: de 89 mil beneficiarios en el año 2004 a más de un millón en 2015. Las dos pensiones más importantes en cuanto a cantidad de beneficiarios son la Pensión por Invalidez y la Pensión para Madres de 7 o más hijos, las cuales en 2021 representaron el 73% y el 20,5% del total de beneficiarios, respectivamente. Los montos de los haberes pagados resultaron siempre tan bajos que, en el caso de la pensión por Invalidez apenas llegó a cubrir un 41% de la canasta de pobreza en su “mejor momento”, el año 2015. Por su parte, la pensión para las Madres de 7 o más hijos apenas superó durante unos pocos años la mitad de la canasta de pobreza que estima el INDEC para una familia tipo. Dicho de otra manera: el haber pagado a una familia de unas 8 personas alcanza para consumir la mitad de una canasta valuada para 4 miembros. A su vez, la pérdida de la capacidad de compra de las pensiones comienza en 2014, con la devaluación de Kicillof durante su mandato como ministro de economía de la Nación, entre 2013 y 2015.
Evolución de los beneficiarios, del haber real y su cobertura respecto de la canasta de pobreza de la pensión por Invalidez y por Madres de 7 o más hijos.
Fuente: CEICS en base a Boletín Estadístico de la Seguridad Social, INDEC y UCA.
La evolución de las pensiones no contributivas, específicamente por Invalidez y a Madres de 7 o más hijos, muestran un incremento notable en la cantidad de beneficiarios, sobre todo a partir del año 2004 y 2005. Representan la mayor cantidad respecto del sistema no contributivo. El ajuste en términos de su capacidad de compra comienza a partir del año 2014 y a partir de allí nunca recuperan lo perdido por inflación. Pero, lo más notable es que esos ingresos nunca alcanzan a cubrir el valor de la canasta de pobreza de una familia tipo. Mientras que la pensión a Madres de 7 o más hijos apenas supera el 50% de la canasta (para 4 personas) hasta el año 2015, la pensión por Invalidez nunca llega a la mitad de aquélla. En estos programas y subsidios se manifiesta no sólo la miseria del monto, sino la disminución de su poder de compra a partir de 2014.
Esto quiere decir que el gobierno de Cristina comenzó con el ajuste que muchos le achacan al macrismo.
En cuanto a los obreros desocupados y envejecidos, el kirchnerismo lanzó a partir del año 2005 un programa de moratorias para que esta población pudiera acceder a una pensión o jubilación. Los haberes pagados apenas superan la mitad de los ya devaluados haberes previsionales de los jubilados sin moratoria. Además, esos ingresos apenas superaron el 60% del valor de la canasta de pobreza durante los años 2011 y 2015.
Evolución de los jubilados y pensionados por moratorias (eje izquierdo) y cobertura del haber respecto de la canasta de pobreza para una familia tipo (eje derecho).
Fuente: CEICS en base a Boletín Estadístico de la Seguridad Social, INDEC y UCA (no incluye a los beneficiarios del PUAM).
El lanzamiento de las moratorias previsionales arranca en 2005 y tiende a crecer con el tiempo. Incluso, supera a la cantidad de jubilados y pensionados que no accedieron por moratoria, sino por haber aportado sin interrupciones a lo largo de su vida laboral. La cantidad de beneficiarios por moratoria pasó de 1,3 millones en 2007 a 3,5 millones en 2021. Esto representa un aumento del 157%. Con la reforma previsional de 2017 y el lanzamiento de la Pensión Universal para el Adulto Mayor algunos trabajadores por moratorias fueron reabsorbidos por la nueva modalidad. En esta política puede observarse el gigantesco crecimiento de la cantidad de beneficiarios por montos que en su mejor momento apenas superaron el 50% y 60% del valor de la canasta de pobreza.
De allí que muchos obreros jubilados por moratorias continúen trabajando en negro o informalmente, para poder afrontar el elevado costo de los bienes indispensables para vivir.
Por su parte, dos programas de suma importancia por la cantidad de personas a las que llegan se lanzaron entre los años 2009 y 2010. Se trata del programa “Argentina Trabaja”, el cual se nutre de los ex Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados y el Plan Familias Por la Inclusión Social, hoy denominado “Potenciar Trabajo”, y de la Asignación Universal por Hijo. El programa Potenciar Trabajo expresa todo el despliegue de la estrategia del kirchnerismo del más por menos: en primer lugar, es un programa que tiende a crecer con el tiempo (de 100 mil beneficiarios en 2010 pasó a más de un millón en 2021); en segundo término, a pesar de su incremento real en términos de masa de haberes liquidados (debido al aumento de beneficiarios), el monto per cápita reduce su capacidad de compra notablemente desde el mismo año de su lanzamiento hasta la actualidad.
Evolución de la cantidad de beneficiarios (eje izquierdo) y montos promedios en $2021 (eje derecho) del programa Potenciar Trabajo (antes Argentina Trabaja, Ellas Hacen, Hacemos Futuro).
Fuente: CEICS en base a Datos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación e IPC Indec y San Luis.
La política de la miseria y del más por menos se manifiesta más agudamente con el programa Argentina Trabaja, hoy denominado Potenciar Trabajo. Una de las estrategias del kirchnerismo en materia de política social, profundizada por el macrismo y hoy por el Frente de Todos, fue incrementar la cantidad de beneficiarios de planes de empleo con montos per cápita cada vez menores. Cuando se indaga sobre la evolución de la masa total de haberes liquidada se observa un aumento, incluso en términos reales. Pero al analizar el monto por persona el poder de compra se reduce estrepitosamente desde el momento en que se origina el programa.
Mientras que, en el año 2010 el monto del Argentina Trabaja cubría un 66% de la canasta de pobreza para 4 personas, en 2015 esa cobertura se había reducido estrepitosamente a un 40%; y, en 2021, a un mísero 22%. Esto quiere decir que Cristina ajustó y ajustó a una de las fracciones más pauperizadas de la clase obrera.
Por último, la Asignación Universal por Hijo, un subsidio dirigido a los hijos e hijas de los obreros desocupados y trabajadores “en negro”, constituye una de las mayores partidas presupuestarias en materia de política social dirigida a la sobrepoblación relativa. Se trata de un beneficio que no bien se lanzó llegó a unos 3,4 millones de niños y que hoy llega a unos 4,4 millones. Ahora bien, el monto dirigido a cada niña y niño por intermedio de la AUH es tan bajo que no alcanza ni siquiera para abastecer el costo de una canasta de alimentos de primera necesidad (medida por el INDEC) para una sola persona.
Evolución de la cantidad de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y porcentaje de cobertura de su ingreso respecto de la canasta alimentaria de un individuo adulto.
Fuente: CEICS en base a Ministerio de Economía, INDEC y UCA.
La miseria de la política social se manifiesta agudamente en la Asignación Universal por Hijo (AUH). La estrategia del kirchnerismo luego de perder las elecciones legislativas en 2009 fue lanzar un programa de asistencia para los hijos e hijas de los desocupados y los trabajadores informales, a través de la AUH. Abarcó inicialmente a 3,4 millones de niños y hoy llega a unos 4,4 millones. Tan miserable es el monto pagado por niño que no alcanza ni para cubrir el valor de una canasta de alimentos (sí, sólo de alimentos de primera necesidad) para una sola persona, tal cual la estima el INDEC. Es un monto que ni siquiera alcanza para resolver la indigencia medida oficialmente.
Como vemos, el ajuste en materia de gasto social y transferencia de ingresos dirigidos a la sobrepoblación relativa arranca con Cristina, se profundiza con el macrismo y continúa hasta nuestros días. Que hoy La Cámpora y Cristina se quieran “distanciar” desde lo discursivo de Alberto y su ministro Guzmán por el ajuste en marcha es puro relato. En los hechos, el ajuste comienza incluso antes que el propio Macri, proceso que se manifiesta en el deterioro de las condiciones de vida de la población y en el aumento de los niveles de pobreza.
Otro horizonte es posible
La política social posterior al 2001 logró contener a millones de obreros desocupados al borde de su reproducción, por la vía de la asistencia estatal y la caridad pública. Un proceso por el que la burguesía de alguna manera se ve en la necesidad de hacerlo, sobre todo en un contexto de profundización de la lucha de clases y de crisis política, es decir, de crisis de gobernabilidad. Pasado ese momento, el gobierno tuvo que sostener ese proceso de contención, aún con las limitaciones del caso, sobre todo por el deterioro de las condiciones de vida de la población. Ahora, con millones de personas que dependen de la asistencia directa del Estado, con casi la mitad de la población argentina sumergida en la pobreza y una parte para nada despreciable de personas indigentes, la burguesía no tiene nada para ofrecerles. Esto significa que al capitalismo argentino le sobran millones de personas a quienes no puede garantizarle la reproducción normal de sus vidas. No hay horizonte posible bajo estas relaciones sociales en la Argentina actual.
Seguramente, para enormes masas de la población desocupada y más pauperizada la distribución de los miserables planes y subsidios del kirchnerismo les haya aliviado situaciones que en los ’90 fueron muy acuciantes. Incluso, eso puede haber creado falsas ilusiones, a saber, que con eso alcanzaría o que ese sería el camino para superar la pauperización. Pero, el aumento de la pobreza y el deterioro de las condiciones de vida evidencia un panorama distinto, a pesar de la gigantesca batería de subsidios y transferencia de ingresos. En efecto, el mero incremento de la asistencia estatal no alcanza si no se modifica la estructura de la sociedad que origina el desempleo y la pobreza.
Las expresiones políticas de la burguesía proponen dos caminos: el kirchnerismo supone la continuidad de este proceso, es decir, ofrecer migajas para mantener a la población pobre; el macrismo propone cambios graduales cuya consecuencia es un ajuste con mayor profundización que antes, pero sin ofrecer demasiado a cambio; los liberales, los más “osados”, proponen echar a los empleados públicos y reducir el gasto social. La izquierda trotskista, por su parte, no ofrece nada más que esperar a que se caiga todo y que se desarrolle la revolución mundial, con consignas que lo acercan al kirchnerismo, como, por ejemplo, la lucha por la soberanía argentina contra el pulpo yanqui, o bien, no acordar con el FMI. Como si ese fuera el problema real del capitalismo argentino y no fuera la propia burguesía la responsable de la debacle.
Pero, otro horizonte es posible. Se trata de una tarea crucial que debemos encarar: la de explicar y proponer a las masas obreras que otra sociedad concreta es posible. Tenemos que trazar un horizonte. Y eso puede arrancar con medidas concretas, como, por ejemplo, que toda la población desocupada (que excede con creces a las cifras que indican las estadísticas oficiales) sea ocupada en un Estado productivo que organice y planifique la economía. Un Estado productivo al servicio de las necesidades sociales que planifique una economía donde la Argentina produzca en ramas con elevada composición tecnológica para competir en el mundo. Que suponga una clase obrera calificada y mejor paga. Se trata de construir una sociedad con la productividad de Corea que ofrezca a la población las condiciones de vida de Suecia. De eso se trata, de trazar un rumbo posible y necesario.
