Por Mariano Schlez – Este verano, las manos del chavismo se volvieron a manchar. El 12 de enero de este año, en el Estado de Anzoátegui (Venezuela), los trabajadores de Mitsubishi tomaron la fábrica exigiendo la reincorporación de 135 obreros tercerizados de Induservis, el cumplimiento del pago del día de descanso y el respeto de los feriados. Diecisiete días después, un grupo de empleados administrativos de la empresa se presentó en la fábrica junto con la Policía, gritando consignas contra los obreros y exigiendo el levantamiento de la toma. Pocos minutos después, llegó una jueza con una medida cautelar forzosa a favor de la transnacional japonesa, exigiendo el desalojo de la empresa. Se inició, entonces, el diálogo entre representantes del sindicato y el tribunal. Los trabajadores manifestaron que no abandonarían la planta, aunque sí estaban dispuestos a negociar en el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, al finalizar este encuentro, una brutal arremetida policial se desató contra los más de 100 obreros. La represión terminó con la vida de los trabajadores Javier Marcano, Pedro Suárez y Alexander García, además de herir de bala y golpear a varios de sus compañeros.
Como planteó José Bodas, secretario general de Fedepetrol- Anzoátegui y miembro de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (CCURA), el Presidente Chávez sentó las condiciones para la represión con su discurso, que incitaba a “que le echaran gases del bueno a los que trancaran vías y luego los pusieran presos”. Los ataques del gobierno llegaron al punto de culpabilizar a los trabajadores en lucha: el mismo Chávez llamó a los obreros “al buen juicio”, acusándolos de poseer “armas de fuego” en sus protestas, convirtiéndolos en “delincuentes” que pueden “originar una tragedia”. Incluso afirmó que los disparos “no se sabe todavía donde comenzaron y aparecieron dos trabajadores muertos”. Luego de los asesinatos, la empresa continuó tomada por unos 400 trabajadores de diversas empresas que se solidarizaron con esta lucha. El 3 de febrero, una multitud marchó por las calles, exigiendo la destitución de las jueces Lourdes Villarroel y Diana Vásquez, quienes ordenaron el desalojo de la Mitsubishi, así como la salida del comandante de la Policía de Anzoátegui y el secretario de gobierno del Estado, Rafael Vega (chavista, claro). No es un dato menor que ningún representante haya sido atendido ni en la gobernación ni en los tribunales.
Luego de más de una década “revolucionaria”, ya parece claro que no estamos ni ante un hecho aislado ni adjudicable a la “corrupción” o a la “oposición”. El chavismo es un escollo para cualquier desarrollo revolucionario que se dedica a atacar a todo germen de organización obrera independiente. No se trata de hechos aislados. Es la represión en Fundimeca (Valencia), en Alpina (Villa de Cura), en la Asamblea Nacional (Caracas), en Sidor (Puerto Ordaz), en las minas (Guayana) y en las oficinas de la Corporación Venezolana de Petróleos en Lecherías (Anzoátegui). Se trata, entonces, de una política. Al igual que ante el asesinato de Gallardo, Hernández y Requena, ocurrido hace tan sólo dos meses, Razón y Revolución se solidariza con las familias y compañeros de las víctimas. Los compañeros venezolanos deben romper con el nacionalismo chavista que tira a matar. Es la única salida para acabar con los sucesivos ataques a los trabajadores y mantener vivo el horizonte de un mañana socialista.
