¿Cómo se enfrenta el reformismo?
Un análisis de Montoneros y el PRT-ERP frente al Pacto Social de 1973.
Guido Lissandrello
Grupo de Estudio de la Lucha de Clases en los ‘70
¿Usted cree que Montoneros salió a cuestionar a Perón por izquierda? En el siguiente artículo, le mostramos cómo reaccionó esta organización frente al Pacto Social, pieza clave del gobierno peronista, y lo comparamos con las acciones del PRT-ERP. Las diferencias están a la vista…
El 11 de marzo de 1973 Héctor J. Cámpora fue elegido Presidente de la Argentina por el Frejuli. Su triunfo expresaba algo más profundo que un simple cambio de personal político: la reedición del reformismo peronista como estrategia para obstaculizar el crecimiento de una fuerza social revolucionaria que desafiaba seriamente el capitalismo argentino. En efecto, uno de los puntales del proyecto reformista del tercer peronismo fue la elaboración del Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, la Liberación Nacional y la Justicia Social, más popularmente conocida como Pacto Social. Este acuerdo fue firmado el 6 de junio, ante el Ministro de Economía José Ber Gelbard, por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación General Económica (CGE). El objetivo de la medida era compatibilizar los intereses de los trabajadores con los de los empresarios, para apuntalar la economía, amortiguar la inflación y alcanzar una participación de los asalariados en el ingreso nacional que llegara a un 40 o 50%, en vistas a recuperar la experiencia de los dos primeros gobiernos peronistas. Para ello, la burguesía nucleada en la CGE se comprometía al congelamiento de precios y aceptaba un alza general de salarios. Los trabajadores, representados por el entonces secretario general de la CGT José Ignacio Rucci, aceptaban la suspensión de la negociación colectiva sobre el salario durante el plazo de dos años. El sector empresarial por su parte, se comprometía a aceptar estos aumentos y la congelación de precios de ciertos artículos que conformaban la canasta familiar. Como contrapartida, el Estado les garantizaría créditos en condiciones especiales (reducción de tasas en un 4%, entre otras) a fin de que pudieran absorber el incremento salarial de sus obreros.
El tan mentado Pacto Social imaginaba un compromiso entre la burguesía nacional y los trabajadores. Se suponía que, en este ceder y recibir, ambas clases se verían mutuamente beneficiadas. La realidad, sin embargo, fue distinta. La burguesía logró garantizar sus ganancias y la clase obrera sufrió la degradación de sus condiciones de vida. Más aún, con el rearmado del bonapartismo, el proceso revolucionario entró en un impasse.
En esa coyuntura, la izquierda tenía como tarea enfrentar la salida reformista de la burguesía. Ello implicaba el despliegue de una lucha que permitiera la delimitación política y el esclarecimiento de cara a la clase obrera. Veamos entonces como respondieron los dos destacamentos políticos más importantes de la etapa: Montoneros y el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP).
Montoneros: con los pies en el plato
Desde sus comienzos, Montoneros se definió como parte integrante del Movimiento Peronista. De acuerdo a sus concepciones políticas, era este el motor del proceso revolucionario. Dado que caracterizaba a la Argentina como un capitalismo dependiente, cuyo pleno desarrollo había sido obstaculizado por la acción del imperialismo, defendía la necesidad de impulsar un proceso de Liberación Nacional. Ello conllevaba necesariamente la alianza de la clase obrera con las fracciones de la burguesía más perjudicadas, es decir, aquellas nacionales de tamaño chico y mediano. El peronismo era visualizado como el ámbito en que estas dos fracciones podían encontrarse, siempre bajo el liderazgo de Perón, al que Montoneros no cuestionó. Justamente, la organización desarrolló su propio frente sindical en 1973, la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), con una estrategia orientada a conquistar la representación de los trabajadores dentro del movimiento y desalojar a la burocracia sindical de las 62 Organizaciones. Esto no implicó cuestionar el liderazgo de Perón ni impugnar la presencia de fracciones burguesas en el peronismo, sino, lisa y llanamente, que los trabajadores fueran parte “hegemónica” del mismo. Ahora bien, debe recordarse que Montoneros no se definía como marxista. En tal sentido, la “hegemonía” de la clase obrera no se refería a la imposición de sus intereses sobre el conjunto de la alianza, sino a la mera presencia de un personal político de esa clase. En tal sentido, su objetivo no era que los trabajadores impusieran su programa histórico al Movimiento Peronista (la eliminación de la explotación), sino que estuvieran representados por dirigentes honestos.
Con el regreso del peronismo al poder en 1973 y la reedición de sus políticas reformistas, Montoneros, defendiendo la alianza de clases entre burguesía y clase obrera, celebró el Pacto Social:
“El Pacto Social, podemos decir que es un acuerdo, o debería ser un acuerdo, que formaliza la alianza de clases, pero regido y gobernado por la clase trabajadora…debería ser. Pero en la actualidad el Pacto Social no refleja eso, y no refleja eso porque en la constitución de esa alianza los trabajadores no tienen representantes… Porque tienen allí, en la CGT, una burocracia con cuatro patas que no representa ni a su abuela… […] Es decir, no es que nosotros estemos en contra de la existencia de un Pacto Social sino que creemos que éste no refleja los intereses de los trabajadores y por lo tanto deberá ser modificado” [1]
En este punto resulta interesante advertir que no se trataba un rechazo del acuerdo por su naturaleza de conciliación, por el contrario, ese era el motivo para su defensa. Lo que se criticaba era la forma concreta que adoptó, puesto que no fue negociado por las conducciones legítimas de los trabajadores, sino por la burocracia. Firmenich reconocía que el Pacto era la cristalización de una necesaria alianza de clases que debía impulsar el Frente de Liberación Nacional.
Ahora bien, apenas el Pacto mostró los perjuicios que acarreaba para la clase obrera, el discurso de Montoneros adquirió un tono mayor de denuncia. En 1974 la consigna lanzada fue el llamado a la ruptura [2]. ¿Significa esto que Montoneros fue radicalizándose al punto de cuestionar uno de los pilares del tercer gobierno peronista? Un análisis superficial del asunto podría avalar esta hipótesis, pero el acercamiento al accionar concreto de Montoneros, no.
En primer lugar, Montoneros jamás adoptó como línea política para las fábricas el impulso de luchas obreras que buscaran mejoras salariales, lo que hubiese significado de hecho la ruptura del Pacto. Debe recordarse que la JTP tuvo una importante inserción dentro del movimiento obrero, lo que le permitió en 1975 tener un lugar preminente en la conducción de las Coordinadoras Interfabriles de junio y julio. Sin embargo, tendió a fomentar los conflictos vinculados con mejoras en las condiciones de trabajo, la reincorporación de despedidos o mejoras en los sistemas de premios, lo cual evidencia su voluntad deliberada de eludir un enfrentamiento con lo dispuesto por el Gobierno.
En segundo lugar, ya en 1974 cuando la Conducción Nacional había lanzado la consigna de ruptura, la estrategia de la JTP se mantuvo fiel en la defensa del Pacto. La Justa, su órgano oficial, proponía la creación de comisiones de control en los lugares de trabajo que fiscalizaran el comportamiento empresario ante eventuales medidas de acaparamiento de mercancía, lo que llevaría al aumento de precios teóricamente congelados. Es decir, lo que se busca es que los empresarios cumpliesen el Pacto. Peor aún, llegó a proponerse que:
“el Estado imponga a dichas empresas monopólicas un impuesto mensual que se reparta de la siguiente manera: un porcentual debería volver a manos de los trabajadores (no sólo de aquellos que dependen de tales empresas) y otra parte iría a formar un fondo destinado a otorgar créditos para las pequeñas y medianas empresas vinculadas al consumo popular.” [3]
Esta propuesta expresaba con claridad la miseria del reformismo montonero: la clase obrera no sólo debía que resignarse a sufrir el constante deterioro de sus condiciones de vida sino que además, las pocas migajas que pudiese recibir mediante ese impuesto propuesto por la JTP, las debería compartir con las fracciones más improductivas e ineficientes de la burguesía nacional.
En síntesis, Montoneros, fiel a su programa de Liberación Nacional, nunca se planteó el rechazo concreto de un acuerdo político que garantizaba los intereses burgueses por sobre los obreros, negándose a impulsar medidas en las fábricas que rompieran de hecho el Pacto. Se mantuvo dentro del programa burgués defendido por el Frente Justicialista de Liberación Nacional (FREJULI), arrastrando tras de sí a las fracciones de la clase obrera que lo reconocían como dirección.
PRT: rechazo y movilización
Si bien el PRT-ERP compartía con Montoneros la caracterización de la Argentina como país dependiente, esto no lo llevó a plantear la existencia de sectores burgueses con potencial revolucionario para enfrentar, junto con la clase obrera, al imperialismo. Por el contrario, la dependencia argentina era producto de la debilidad estructural de la burguesía. Así lo sintetizaba el propio partido:
“Podemos decir que la Argentina es un país que ha alcanzado un desarrollo capitalista relativo, dependiente, deformado y desigual, subordinado al imperialismo, particularmente al yanqui. La contradicción fundamental a resolver en nuestra sociedad es la que se da entre el bloque monopolista constituido por el imperialismo y la gran burguesía nativa, de un lado, y la clase obrera y demás sectores populares oprimidos por el otro. La contradicción antes apuntada sólo puede resolverse por la expropiación de los medios de producción y de vida, poniéndolas en manos del Estado obrero y popular, es decir por medio de la revolución socialista. Ya que el imperialismo constituye en la actual etapa de su desarrollo la expresión general de la sociedad capitalista y en particular en nuestro país, no constituye un factor de opresión puramente externo, ajeno a nuestro desarrollo, sino que nuestro desarrollo capitalista es desde el comienzo y cada vez más un desarrollo dependiente del imperialismo. Por la naturaleza misma de ese desarrollo, no existe un sector burgués independiente y poderoso, capaz de enfrentar al imperialismo e impulsar un desarrollo capitalista independiente.” [4]
En función de esta caracterización, el PRT-ERP manifestó desde un primer momento un claro repudio al Pacto Social. Su denuncia se orientaba fundamentalmente a poner en tensión un acuerdo que, por su propia naturaleza conciliadora, no sería un motor de la revolución, sino, por el contrario, un fuerte freno para ella. Básicamente, se trataba de una herramienta de la clase dominante para perpetuar su dominación y sus mecanismos de reproducción. A través de este dispositivo legal, la burguesía buscaría congelar la conflictividad social y asegurar sus ganancias, perpetuando la explotación obrera. Así lo sintetiza el primer artículo a propósito del Pacto que recoge la publicación periódica El Combatiente:
“el famoso ‘Pacto Social’ no es más que un intento de las clases dominantes de mantener el actual sistema de explotación en la Argentina en base al sacrificio de los trabajadores. Este pacto fue suscripto por el representante de la patronal, el ministro Gelbard, y el burócrata Rucci. Nosotros nos preguntamos ¿a quién beneficia este pacto? ¿A qué obreros se consulta para la firma del acuerdo? ¿Hubo reuniones en fábricas, sindicatos, barrios, etc.? ¿Por qué no se hizo esto? Ningún obrero hubiera aceptado que después de tantos años de explotación, represión y miseria por parte de la burguesía, ésta pretenda salvar sus privilegios, continuar engordando y mantener la explotación capitalista en la Argentina, gracias al sacrificio de la clase trabajadora. Y menos aún cuando sabemos que todos estos intentos están condenados al fracaso, pues la situación del país no aguanta ya más emparches, mientras que no eliminemos totalmente el actual régimen, donde existen unos pocos que vivan a costa del trabajo de la mayoría. […] Esta es la verdadera naturaleza del pacto social. Es un intento de los patrones para adormecer la lucha de clases. Si el gobierno quiere de verdad una política popular y anti-imperialista, debe proceder a la aplicación de medidas de fondo y dar plena participación democrática a la clase trabajadora, por encima de la burocracia sindical, pues mientras ésta ataca a los revolucionarios y patriotas por un lado, se abrazó a los patrones por el otro.” [5]
¿Cómo enfrentó concretamente el PRT-ERP al reformismo? En primer lugar, desarrolló una importante tarea de esclarecimiento de la conciencia de la clase obrera, emprendiendo una verdadera lucha ideológica a través de sus periódicos. Las páginas de Estrella Roja y El Combatiente denunciaron lo engañoso del congelamiento de precios que afectaba solo a un porcentaje de los productos básicos, mientras que otros se encarecían por el aumento tarifario (de servicios, combustibles, etc.). Asimismo, se intentaba demostrar que el aumento salarial, que rondaba en promedio el 25%, era insuficiente para cubrir el incremento del costo de vida que crecía sensiblemente desde 1972. Su balance era que los salarios alcanzaban al nivel de 1971, un año que no era particularmente positivo para la clase obrera, tal como lo demuestran las importantes acciones insurreccionales como el Viborazo. Por último, se denunció que el acuerdo fortalecía sólo a las grandes empresas que no necesitaban del consumo de las masas y que terminaría arruinando a la pequeña y media empresa. Este punto no significó una defensa del pequeño capital sino de la clase obrera por él empleada, puesto que se señalaba que las empresas chicas, imposibilitadas de incorporar mayor maquinaria y acumular a mayor escala, terminarían incrementando la tasa de explotación.
En segundo lugar, el PRT propuso la realización de asambleas democráticas en las fábricas, sindicatos, barrios y facultades para allí nuevamente poder denunciar y esclarecer el verdadero contenido del Pacto y de la política reformista en general. De hecho, en las fábricas impulsó conflictos salariales, como el de los trabajadores gráficos del diario La Capital de Rosario, que paralizaron la producción para exigir aumentos que rondaban el 80%.
Por último, llamó a la acción directa de la clase obrera que desbordara el marco fabril. Los levantamientos populares de tendencia insurreccional como los de San Francisco, el 30 de julio de 1973 (conocido como “Cordobasito”), sirvieron de modelo. En aquella ciudad cordobesa, un conflicto salarial dentro de la empresa fideera Tampieri derivó en una importante movilización de 10 mil personas que culminó en una pueblada. La consigna central del PRT-ERP para enfrentar el Pacto era entonces la acción directa e independiente de la clase obrera en las calles:
“En consecuencia el único camino que queda a la clase obrera y a todos los sectores populares para defender sus intereses y los de nuestra Patria, es la movilización independiente de las masas, sin dejarse engañar por los despliegues propagandísticos, los remedios baratos de nuestros grandes males y los llamados a la conciliación. […] desarrollar una movilización independiente de las masas en defensa de su nivel de vida, del patrimonio nacional y de la verdadera liberación de nuestra patria y nuestro pueblo. Llamamos a luchar y promover esta movilización al movimiento clasista, a todas las corrientes honestas y combativas del movimiento obrero, a todos los revolucionarios y patriotas.”
Entre la miseria y la revolución
Como el lector ya habrá advertido, las diferencias entre la caracterización y la acción de Montoneros y el PRT-ERP frente al reformismo peronista encarnado en el Pacto Social, son evidentes. La trayectoria de Montoneros expresa la claudicación ante el peronismo que llevó a la inmovilización y la inacción frente a la degradación progresiva de las condiciones de vida de la clase obrera y constituyó un freno al proceso revolucionario. No es, sin embargo, un problema de tal o cual destacamento político en particular, es la consecuencia lógica de un programa, el Liberación Nacional, que en la estructura social de la Argentina conduce necesariamente a que la clase obrera sea furgón de cola de la burguesía, perpetuando su miseria. La situación resulta particularmente grave para el caso de Montoneros, puesto que arrastró en ese programa a fracciones numerosas de la clase obrera sobre las que logró una importante inserción. De este modo, las encolumnó detrás de un Pacto que, por su propia naturaleza conciliadora, no hizo más que descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores.
El PRT-ERP por su parte, a partir de un programa socialista, logró ofrecerse, si bien con ciertos límites, a la clase obrera como una alternativa. Mediante el esclarecimiento de la conciencia, desnudando la verdadera naturaleza del Pacto, e impulsando la acción directa en las fábricas y en las calles, contribuyó al crecimiento de las fracciones más avanzadas de la clase obrera que rompían con el peronismo.
Las lecciones del pasado resultan evidentes. Frente al reformismo de ayer y hoy, que nos vende capitalismo “serio” y “armónico”, la tarea de los revolucionarios es el esclarecimiento de la conciencia de la clase obrera y el camino de la acción independiente en las calles.
NOTAS:
[1] Discurso de Firmenich del 22 de agosto de 1973, citado en: El Descamisado nº 15, 21 de agosto de 1973, p. 5.
[2] “Hay que romper este Pacto Social”, en El Descamisado Número Extra, 14 de Marzo de 1974. Similares declaraciones pueden verse en “Por qué hay que romper el Pacto Social”, en El Descamisado nº 40, 19 de marzo de 1974.
[3] “El Pacto Social y las jornadas del 20 de junio”, en Diario Noticias, 18 de junio de 1974.
[4] Partido Revolucionario de los Trabajadores: Hacia el VI Congreso, 1973, pp. 7-8. Esta misma caracterización de la revolución y las clases revolucionarias se encuentra en el IV y V Congreso del PRT.
[5] “¿Qué es el pacto social?”, en Estrella Roja nº 22, 12 de julio de 1973, pp. 5-7.
[6] “El ‘Pacto Social’ es el hambre para las masas”, en El Combatiente nº 81, 16 de julio de 1973, p. 16.
