Rodolfo Leyes
RyR Interior
¿La crisis le parece lejana? ¿Todavía goza de lo que queda de la fiesta kirchnerista? Si quiere saber lo que le espera, dése una vuelta por Entre Ríos. Allí comenzó el ajuste y, para no pagarlo, los trabajadores deben ganar la calle. Vaya tomando nota…
La crisis ya no es un horizonte lejano en Entre Ríos. Aquí, el ajuste comenzó a sentirse. En una provincia con mayoría de empleo estatal, los recortes comenzaron por los empleados públicos. En particular, sobre los municipales. La respuesta, obviamente, no se hizo esperar. Vamos a reconstruir los principales enfrentamientos y luego analizaremos sus avances y limites.
Los levantamientos
Casi como un preámbulo a los conflictos que se irían sucediendo desde marzo, en los primeros días de ese mes, se realizó una convocatoria en la localidad de Villa San José, de los sindicatos de trabajadores municipales de la provincia, a la que concurrieron representantes de Paraná, Colón, Federación, La Paz, Concordia, Villaguay, San José y otras localidades de la provincia. En esa ocasión, el tema principal fue la creación de la Federación Entrerriana de Trabajadores Municipales (FESTRAM). Lo primero que se declaró fue la necesidad de equiparar los salarios de los trabajadores municipales. Luego adhirieron al pedido de suba del mínimo no imponible, a la necesidad de crear una obra social y al rechazo a los aumentos del 150% del salario que se otorgaron varios intendentes y concejales. Sin embargo, esta federación sindical es en buena medida un reacomodamiento de varios sindicalistas que responden al Peronismo Federal (PF) –encabezado provincialmente, por el caudillo alicaído Busti- o bien, personajes vinculados al “neokirchnerismo”.
El primer lugar, donde aparecen los trabajadores municipales como actores, es en Paraná, a mediados de marzo, a pocos días de haberse fundado la FESTRAM. El conflicto estalló cuando más de 700 trabajadores del municipio quedaron desafectados de sus contratos, perdiendo el empleo.
La capital provincial es gobernada por la ultrakirchnerista Blanca Osuna. Osuna se vio prontamente agitada por la respuesta de los trabajadores, que ocuparon el centro de la ciudad, cortaron las calles en los alrededores del palacio municipal, se encadenaron al portón del estacionamiento del mismo y quemaron cubiertas y contenedores. Así lograron llamar la atención de los medios de comunicación.
En el punto más álgido de la protesta, el mismo gobernador Sergio Urribarri tuvo que defender a su intendente, salvándole la situación, después de que Osuna tuviera que salir escoltada por la policía. Una semana más tarde, comenzaron a recontratar algunos trabajadores, especificando solo se reincorporarían aquellos “que se hayan desempeñado bien en sus tareas” (o sea, los más disciplinados). El sindicato de trabajadores municipales de la capital continuó atravesado por el conflicto en la conducción, con la amenaza de romperse en dos: por un lado, una fracción encabezada por el burócrata Vázquez, que maneja el sindicato desde hace más de doce años; por el otro, Gustavo Tornacué, con pasado en las 62 Organizaciones y la Juventud Sindical.
Casi a la par de Paraná, del otro lado de la provincia, los trabajadores de Federación protestaban por el salario que percibían, exigiendo un aumento, porque sus sueldos no llegaban a los $2.300. La ciudad está manejada por la UCR y, el sindicato, por Adolfo Rigoni, Secretario General de la Asociación Empleados Municipales de Federación (Aefm) y Secretario Institucional de la FESTRAM. Rigoni, además, está vinculado al PF.
Las primeras manifestaciones consistieron en bloqueos a los corralones municipales y quema de cubiertas. Ante ello, se envió a la policía provincial. Sin que se produjeran incidentes, los trabajadores abandonaron el bloqueo, pero se mantuvieron en vigilia, amenazando cortar la ruta nacional 14 si no encontraban una respuesta. Finalmente, los municipales lograron un aumento del 20%, que elevó el salario mínimo a $2.490 y lo convirtió en el mínimo más alto para los municipales de toda la provincia.
Concepción del Uruguay tampoco escapó a las huelgas de trabajadores municipales. Los trabajadores de la municipalidad de aquella localidad, después de dar un plazo de 48 hs. al intendente kirchnerista Schepens, llamaron a un paro por 24 hs. Schepens respondió con la propuesta de elevar el piso salarial de $2.040 a $2.300. Finalmente, se arregló el aumento y se pidió el “blanqueo” de parte del salario. El dirigente que encabezó la protesta fue Mario Barberán, Secretario General del AOEM (Asociación de Obreros y Empleados Municipales) y, a su vez, candidato a intendente de la ciudad, pero acompañando a Jorge Busti y su Frente Entrerriano Federal, perteneciente al PF.
La ciudad de Colón muestra que el PF no está en contra del ajuste. Aquí el intendente pertenece a ese espacio. Después de varios días de intentar negociar un ajuste del salario correspondiente a la inflación, los trabajadores municipales -que de mínimo cobraban $1.822- pedían el pase a planta permanente de los cien trabajadores contratados. El conflicto se disparó y terminó en la jornada de lucha de 72 horas, con quemas de cubiertas en el frente del palacio municipal, bloqueo del corralón de la comuna y la acusación de las autoridades a los trabajadores de sabotear “el fin de semana turístico”, por desparramar bolsas de basura por las calles más transitadas de la ciudad.
Mientras en Colón comenzaba el reflujo del conflicto, en Chajarí se producía una manifestación de los municipales. El conflicto había comenzado cuando el intendente -un hombre del Frente para la Victoria- dio un paupérrimo aumento del 15%. Ante las protestas, cesanteó a los 43 trabajadores implicados. En respuesta a esto, el sindicato (SOEM) llamó al paro y al bloqueo de los corralones municipales. La movilización fue especialmente fogueada por el Secretario de la Federación de Empleados Municipales y se pedía alcanzar el salario de los trabajadores municipales de Federación. Los trabajadores sindicalizados interrumpieron las sesiones del Consejo Deliberante exigiendo el aumento. En los días subsiguientes, la tensión fue creciendo, hasta que el intendente tomó la decisión de suspender a más de 40 trabajadores. Entonces, el conflicto recrudeció. Al día de hoy, lo obreros están sin respuestas.
Finalmente, hasta la fecha, el conflicto más complejo es el que entablaron los trabajadores de Santa Elena, un pequeño poblado del departamento norteño de La Paz. Santa Elena giraba en torno al frigorífico homónimo, fundido y refinanciado, que actualmente está en manos de Sergio Taselli (un empresario al que los medios bautizaron “el Yabrán K”), quien intentó en los últimos tiempos llevar a la empresa a la quiebra, provocando la ocupación del establecimiento por sus trabajadores.
En este contexto, en ese municipio, a principios de enero no se le renovó el contrato a 250 trabajadores municipales. La reacción no se hizo esperar y el conflicto tomó un carácter ascendente. A principios de mayo, se realizó una audiencia con las autoridades, pero sus dichos caldearon aún más los ánimos. “Nos dijo que no iba a gastar ni 50 centavos en nosotros. Y que vayamos a molestar a Casa de Gobierno, porque de su parte no vamos a tener ninguna respuesta”, dijo Gabriel Berón, referente de los trabajadores. A los obreros no los dejaron subir a los camiones y les quitaron las planillas. Además de las condiciones de trabajo, Berón contó que hay quienes cobran 280 pesos por mes. Otros, como él, que cada 25 días cobran 310 pesos y, los que trabajan en la cloaca, 450 mensuales. “Creemos que tenemos derecho a tener un aumento salarial, por lo menos de 1.500 pesos y la indumentaria de trabajo también”, dijo. Los obreros, además de mantener el estado de movilización, se dirigieron a la casa de gobierno en la capital provincial y formaron una olla popular en la puerta del municipio.
El día 4 de junio, intentaron ingresar algunos trabajadores a la casa de gobierno comunal, a discutir con el intendente Rossi su situación y, al estallar bombas de estruendo en el hall del edificio, Rossi pidió la intervención de la policía. Se produjo una represión con balas de goma, bastonazos y la detención de seis trabajadores. Días después, los obreros fueron liberados, pero no han encontrado respuesta a su situación.
Lo que hay, lo que falta
Como vimos, la crisis económica ya comenzó a instalarse y vemos desarrollarse sus consecuencias sociales. La clase obrera en Entre Ríos, principalmente ligada al empleo estatal, inició su movilización, tomando el camino de la acción directa y la confrontación con el poder político (a la vez, el empleador). Las principales ciudades están en conflicto. Este despertar contiene aun ciertas limitaciones. En el plano sindical, no se tiene en cuenta la situación de los obreros contratados o precarizados, lo que refuerza la fractura que el propio Estado impone y divide a la clase. Las movilizaciones por precarizados, en consecuencia, tuvieron poca fuerza y no consiguieron sus objetivos (al menos no todavía). En el político, vemos que los enfrentamientos todavía aparecen bajo la forma de internas en el PJ. La razón es que, durante todos estos años, la burocracia sindical recuperó o reafirmó su lugar de dirección. Por lo tanto, la crisis se procesa los términos que imponen las contradicciones desarrolladas en el interior de la dirección burguesa (Moyano-PJ Federal-Kirchnerismo). La superación de estos obstáculos depende de la intervención de una organización independiente a estas direcciones, que unifique los reclamos del conjunto de la clase obrera.
NOTAS
1 Paraná: el Municipio recontrató municipales pero no dice cuántos, 10/04/2012: http://www.informedigital.com.ar/secciones/parana/nota.php?id=55384
2 El Once, 04/06/2012.
