Buenos Aires: la actualización del Plan Jurisdiccional para un retorno seguro a las clases presenciales: sin vacunas, hacia una apertura criminal de las escuelas.

Las “actualizaciones”

A pocos días de iniciar el ciclo escolar, nos enteramos de una nueva «actualización del protocolo» del gobierno de la Provincia de Buenos Aires para el regreso a clases presenciales. En el texto que se difundió el 23 de febrero se amplió el rango horario en que un grupo de chicos pueden permanecer en la escuela, extendiéndolo a 4 horas. También desaparecieron las etapas para el regreso presentes en los primeros planes. Es decir, a partir de ahora, si la escuela tiene la capacidad de albergar grupos con distanciamientos de un metro y medio en las aulas, esa escuela deberá tener presencialidad completa. Recordemos además que se habilita el uso de espacios no escolares, con lo cual cualquier espacio como “clubes barriales, edificios e instituciones de la sociedad civil”, etc, puede pasar a ser un aula. Es decir, una nueva avance en la paraestatización de la educación profundizando lo comenzado con el Plan Fines.   

Por otra parte, la semipresencialidad o presencialidad combinada se dará cuando no se cuentan con espacio para albergar a todos los alumnos con distanciamiento de un metro y medio.  Además, ya no es necesario que haya dos baños habilitados para el personal, como señalaba la antigua resolución: con uno solo funcionado las clases pueden desarrollarse. En esta actualización además se señala que el uso de tapabocas es obligatorio para los alumnos desde el nivel primario en adelante y para sala de 3 se debe promover su uso “todo el tiempo que sea posible”. Diga usted si esto no es el “sálvese quien pueda”. Esta entrega al matadero la festejan. Lo llaman “asistencia programada” y abre la posibilidad de desarrollar en simultáneo el modelo de presencialidad completa con el de presencialidad combinada. Así, se pueden armar grupos de estudiantes con más alumnos que lo que permite el aula según el distanciamiento. siempre y cuando haya estudiantes que no asistan de forma rotativa. El ejemplo que utilizan es el siguiente: si en el aula entran 18 estudiantes y el grupo está conformado por 20, la presencialidad se puede organizar para que rotativamente haya dos estudiantes que no concurran a clase cada día. A esos se les asignarán tareas domiciliarias. Este rompecabezas, que para cualquier persona con dos dedos de frente es una locura, es defendido por estos cráneos porque sostiene que con la asistencia programada cada estudiante asistirá a clases presenciales 14 días por mes y no 10 días como hubiera sido sin este reparo.  Ya dijimos, se trata de la descentralización más absoluta y de que cada escuela se maneje según sus posibilidades. Nada debe sorprendernos de quienes crearon el mayor plan descentralizador, el Plan Fines.

Hay más, al principio de la preparación de este plan criminal, si las aulas no tenían la posibilidad de ventilación, no se podía sostener la presencialidad. Es decir, se hablaba de una necesidad de ventilación permanente. Ahora, “si por razones climáticas o de otra índole, las puertas y ventanas no pueden permanecer constantemente abiertas, deben abrirse cada 20 minutos durante un lapso de 5 minutos”. Traducimos: si hace frío, si llueve, si no hay ventanas que abrir, van a la escuela de todas formas y abren la puerta un ratito. Dígannos que no tenemos razón cuando decimos que se trata de un protocolo placebo.

 Todo tiene un mismo sentido: flexibilizar lo más posible para efectivamente volver. Lo hace con un discurso democrático: «modificamos el protocolo en base a lo que aprendimos juntos».

Preparando la apertura

Esta actualización no es ninguna novedad. Se trata de un paso más en un proceso de larga data.  Kicillof y Vila, ya en septiembre del año pasado empezaron a liberar actividades enteras y a desarmar la cuarentena. En efecto, si bien el gobierno de la Provincia de Buenos Aires busca tomar distancia del discurso presencialista de Larreta y Soledad Acuña en la Ciudad de Buenos Aires, ya en octubre del año pasado se elaboró el Plan Jurisdiccional para un retorno seguro a las clases presenciales. Allí se establecía una primera etapa donde sólo concurrirían a las escuelas aquellos estudiantes que, por distintos motivos, habían perdido el vínculo pedagógico durante la cuarentena obligatoria. Al mismo tiempo, se indicaba que se les daría prioridad a los alumnos de los últimos años de ciclo y, su presencia en los establecimientos educativos, nunca debía ser superior a 90 minutos. En una segunda etapa y con distintos regímenes (presencialidad completa, semipresencialidad, continuidad pedagógica no presencial) se incorporaría paulatinamente al resto de los estudiantes. Tomada en un momento donde el pico de contagios no descendía (por ejemplo, el 15 de octubre se reportaban 17.096 nuevos casos y 421 muertes), esta respuesta no respondía a criterios estrictamente epidemiológicos y pedagógicos. Por el contrario, como ya hemos explicado, la apertura general de la economía volvía imprescindible recuperar a la escuela como lugar de contención para los hijos de los obreros y la pequeña burguesía. O sea, en los hechos Kicillof hacía en provincia lo mismo que Larreta en Ciudad, pero con menos propaganda.

Ese primer paso hacia la concurrencia efectiva se profundizó en los primeros días de febrero de este año (recordemos que en enero el índice de contagios nuevamente volvió a subir, acercándose a las cifras del pico), con una actualización claramente aperturista del Plan Jurisdiccional en cuestión. Allí se plantea explícitamente que el objetivo es la máxima presencialidad posible. En este sentido, desaparecen las etapas en el regreso, arriba mencionadas. Efectivamente, la situación epidemiológica pasa a un segundo plano, cobrando relevancia en el retorno la disposición de espacio por parte de la escuela para albergar a los estudiantes. Recordemos de paso que esto es posible, por la modificación del semáforo de Trotta, que dividía los distritos según el índice de contagios. Esa modificación, fue impulsada por el gobierno nacional para bajar la vara de los criterios epidemiológicos, y permitir la presencialidad masiva. Ese retorno fue celebrado ayer por Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.

La importancia de la lucha por la vacunación masiva

A contramano de lo que nos quiere hacer creer el gobierno, la enseñanza que debe dejarnos está actualización del plan es que la lucha no es administrativa. Es una lucha política en defensa de la salud, de la educación y, fundamentalmente, de la vida de los trabajadores de la educación.

El protocolo busca dotarnos de una falsa imagen de seguridad que elude el punto anterior y básico: estamos en pandemia. En lugar de partir de ahí, refuerzan lo obvio: sin agua potable en las escuelas, sin ventilación en aulas y sin los elementos de higiene necesarios, la vuelta no es posible. Ese énfasis hasta le permite a Baradel presentarse por izquierda cuando sostiene que «la presencialidad se va a dar en aquellos lugares en los que existan condiciones para garantizar el cumplimiento de los protocolos para una vuelta segura y cuidada” y dónde «no se pueda cumplir, las clases se desarrollarán en el marco de la virtualidad». Una declaración de ocasión que hizo a menos de 24hs de inicio del ciclo escolar.

Sin embargo, aquí lo importante es llamar la atención sobre el error que significa ceder a la discusión del cumplimiento de los protocolos de higiene como eje de una campaña de lucha. En primer lugar, porque la principal forma de contagio es el viaje del virus a través del aire. De allí, la imperiosa necesidad de ventilación de los espacios cerrados. En segundo término, porque el desempeño de la actividad docente se caracteriza por el pluriempleo, ya que ningún trabajador de la educación tiene un solo grupo a cargo y, al mismo tiempo, por la masiva movilización de la población. Sólo en la provincia de Buenos Aires, esta actividad provoca un movimiento de 7 millones de personas, entre estudiantes, docentes, familiares y personal no docente. De allí que, en aquellos lugares donde sí se cumplen los protocolos y donde los edificios escolares están en condiciones, como en Italia, Estados Unidos o Alemania, las clases presenciales hayan sido nuevamente suspendidas frente a cada apertura por los contagios masivos. Ahora mismo, Italia atraviesa la tercera ola de coronavirus con epicentro en las escuelas. En resumen, se cae en el error político consistente en desviar la discusión de su verdadero eje, porque la única salida a la cuarentena ya existe, y es la vacunación masiva.  Como ya explicamos en una nota anterior, no es un elemento menor, ya que el gobierno atraviesa serias dificultades para conseguir las dosis necesarias para el conjunto de la población. Al día de hoy, entre las diferentes vacunas, nuestro país apenas consiguió algo más de 2 millones de dosis. Hay pocas vacunas para mucha gente, como lo pone de relieve el vacunotario VIP en Argentina y los escándalos del mismo tenor que se dan en otros países, como Perú y Brasil.

 Es en este contexto que el reclamo de parte de la izquierda, que se abocó a reclamar una defensa estricta del protocolo, se queda corto, porque es ineficaz. Discutir protocolos implica dividir la lucha docente, ya que dependerá de la situación particular de cada escuela y a su vez la situación particular de cada docente. Un protocolo que alcanza ese nivel de particularismo, muestra que no hay protocolo posible, solo es un placebo. Para peor, la normativa ni siquiera toma particularismos que debería resolver: se abandona a millones de compañeras a las que no se les autorizan dispensas por desfasajes en la escolarización de sus hijos o no se contemplan situaciones como docentes con mayores a cargo convivientes o no. El colmo del miserabilismo es que este nuevo protocolo haya incluido por error esas dispensas y luego, el gobierno provincial tuvo que salir a desmentir. Al mismo tiempo, y más importante aún, es funcional al gobierno al correr el debate de lo que importa, que es la vacunación masiva de la población, siendo esta la única posibilidad para una presencialidad cuidada. Por eso, la Corriente Nacional Docente Conti-Santoro sostiene que se debe rechazar enfáticamente la presencialidad y que SIN VACUNACIÓN MASIVA, LA PRESENCIALIDAD ES CRIMINAL. Mientras no se concrete el plan vacunatorio, el Estado debe brindar todos los recursos para una virtualidad de calidad. Por todo, exigimos:

-Vacunación masiva de toda la población YA!

Sostenimiento de la virtualidad y para eso necesitamos:

-Expansión urgente del Plan Conectar Igualdad: dotación de una notebook para que cada uno de los alumnos y docentes del país pueda contar con las herramientas técnicas necesarias para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. El gobierno apenas apunta a distribuir poco más del 10% de lo necesario.

-Wifi y conectividad a internet gratuita y de calidad para toda la población.

-Contratación de personal docente para realizar seguimiento del proceso educativo a distancia y cuando se retome la cursada en condiciones seguras.

-Contratación del personal técnico necesario para cada escuela a los fines de asistir y colaborar en la diagramación de las clases a distancia y en el diseño de las plataformas escolares.

-Contratación y dotación de personal para gabinetes escolares, EOES, DOES para acompañar y apuntalar el proceso pedagógico de cada uno de los alumnos de nuestro país y sus familias.

-Por un bono extra mensual y retroactivo para cubrir los gastos en insumos tecnológicos, internet de calidad y mayores costos de los servicios utilizados durante la pandemia. -Recomposición histórica del salario. Cargo testigo inicial equivalente a dos canastas básicas totales reales.