En el marco de una crisis política que parece no tener fin, la estrategia Bolsnaro está haciendo estragos en Brasil. El sistema de salud está operando al límite de sus capacidades, en tanto que el personal político solo intenta salvar su pellejo y los empresarios apenas se preocupan por sus bolsillos. Como sus antecesores del PT, Bolsonaro está aislado, es acusado de corrupción y acusa a los medios y a la Justicia. En el medio, los trabajadores se empobrecen y mueren.
Martín Pezzarini
Grupo de Análisis Internacional
La situación social y sanitaria
La expansión del coronavirus ha puesto de manifiesto las condiciones en las que se encuentra Brasil para responder una situación de emergencia. Lejos de constituir una novedad, el conjunto de problemas que salieron a la luz tiene una larga historia y demuestra el desinterés de los diferentes gobiernos por la salud de los trabajadores y por sus condiciones generales de vida.
En primer lugar, cabe destacar algunos aspectos ligados al mercado de trabajo.En la última década, Brasil sostuvo un 40% de la población ocupada en condiciones de informalidad. Ello significa, entre otras cosas, menos ingresos, más trabajo y ausencia de derechos elementales, como la jubilación o las licencias remuneradas. Además, una porción enorme de los trabajadores percibe ingresos extremadamente bajos. De acuerdo con el Departamento Intersindical de Estadísticas y Estudios Socioeconómicos (DIEESE), en los últimos diez años, el salario mínimo legal fue cuatro veces inferior a lo que se necesita para cubrir la canasta básica de alimento. En enero del 2009, por ejemplo, durante la segunda presidencia de Lula da Silva, el precio de la canasta básica era de R$ 2.077, mientras que el salario mínimo llegaba a R$ 415, apenas el 20% de lo necesario.Y el panorama es peor aún para quienes se encuentran en la informalidad, puesto que pueden percibir ingresos inferiores a ese salario mínimo.
En segundo término, vale advertir que esta situación encuentra su correlato en las condiciones de vida de la clase obrera, tal como lo registra el propio Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Pese a todos los artilugios que se emplean para tapar la realidad, este organismo termina reconociendo que Brasil tiene más de 50 millones de personas bajo la línea pobreza (25% de la población total). A ello se añade la falta de acceso a servicios esenciales. En 2018, alrededor de 30 millones de personas (15% de la población) no tenían acceso al servicio de agua corriente y 70 millones (36%) al de cloacas. Y como si ello fuera poco, las condiciones se agravan en ciertos Estados, especialmente los que se ubican en las regiones Norte y Nordeste. En Bahía, por ejemplo, Estado gobernado por el PT desde hace 13 años, en 2018 se registró un 57% de informalidad, 43% de pobreza y 45% de la población sin cloacas.
En síntesis, todos estos indicadores demuestran que una capa importante de la clase obrera brasileña trabaja mucho, cobra poco y vive mal, muy mal. Estas condiciones dificultan (o directamente impiden) la implementación de las medidas de higiene que son elementales para evitar la propagación del virus. Y como se ha mencionado más arriba, el problema no se originó con la llegada del supuesto “neoliberalismo” ni con la de Jair Bolsonaro. Tiene muchos años más y ningún gobierno se ha interesado en resolverlo.
Por su parte, la expansión del coronavirus también ha puesto en evidencia las capacidades limitadas del sistema de salud. Un estudio publicado en las últimas semanas revela que Brasil no cuenta con la cantidad y la distribución adecuada de camas de terapia intensiva, indispensable para brindar atención a los pacientes más delicados. En todo el país se registraron 41.311 unidades de este tipo, 51% pertenecientes al sistema privado y 49% al público. Dado el tamaño de la población brasileña, esta cantidad parecería ajustarse a las recomendaciones de las Organización Mundial de la Salud (OMS). No obstante, solo el 30% de la población accede al servicio privado de salud, en tanto que 70% restante se atiende en el público. En una situación de emergencia como la de hoy, estas condicionesconducen a que la capacidad del sistema estatal de salud se vea saturada, y a que, en consecuencia, muchas personas pierdan su vida.
Otro aspecto importante para considerar refiere a la cantidad de camas hospitalarias. Esta dimensión permite examinar la actual capacidad del sistema de salud, al tiempo que constata el progresivo deterioro al que está sometido. En efecto, en las últimas cuatro décadas, el total de camas hospitalarias disminuyó notablemente. Y dado que la población brasileña tuvo un crecimiento constante, la cantidad de unidades disponibles se redujo en relación con la masa de habitantes. Entre 1976 y 2002, el sistema de salud brasileño pasó de 4 a 2,7 camas hospitalarias cada 1.000 habitantes.
Vinieron luego los años de Lula y Dilma y en el año 2019, luego de profundizar su caída, el indicador se ubicó en 1,9. Este elemento puede estar augurando un futuro inmediato desastroso. En países como Italia y España, donde la expansión de la enfermedad hizo estragos y el sistema de salud colapsó, se registran 3 camas hospitalarias cada 1.000 habitantes, una cantidad notablemente superior a la que se observa en Brasil. Y como si ello fuera poco, el panorama es aún más oscuro para nuestros vecinos, puesto que allí solo el 36% de las camas pertenecen al sector públicos, donde vimos que se atiende la mayor parte de la población.
Todos los elementos que se han examinado configuran un terreno propicio para que la expansión del coronavirus sea rápida, al tiempo que sus efectos adversos se redoblen. Lamentablemente, este hecho ya se comprueba y su final está lejos de vislumbrase en el corto plazo. Al contrario,la cantidad de contagios y de muertes provocadas por coronavirus aumenta significativamente todos los días. En el momento en el que escribimos esta nota, Brasil se encuentra en el puesto 11 de los países con mayor cantidad de infectados, registrando 66.501 casos confirmados y 4.543 muertes. Además, no faltan quienes acusan una importante subestimación en estas cifras. Dada la cantidad de pruebas que se realizan por día, se estima que los números reales de infectados y muertos son superiores a los que se notifican de manera oficial. En Manaus, por ejemplo, capital del Estado de Amazonas, el cementerio público «Nossa Senhora Aparecida» pasó de 30 a 100 entierros por día, lo cual condujo a que las autoridades decidieron iniciar la excavación de fosas comunes. Con todo, pese a que la cantidad de entierros se multiplicara en esta ciudad, la Secretaría Estadual de Salud solo reconoce 256 muertes causadas por la enfermedad.
Hasta ahora, la región más afectada es el Sudeste, que registra 33.022 casos confirmados y 2.621 muertes. En ese territorio se encuentra el Estado más golpeado de Brasil, San Pablo, que alcanza 16.740 casos confirmados y 1.345 muertes. Río de Janeiro, Ceará, Pernambuco y Amazonas atraviesan una situación igualmente preocupante. En conjunto, los 5 distritos mencionados concentran el 69% de los casos y el 81% de las muertes a nivel nacional. En estos y otros Estados, la ocupación de camas de terapia intensiva va llegando a su límite. En Ceará, por ejemplo, dado el agotamiento de lugares en este tipo de unidades, se elaboró una lista de pacientes graves que esperan la liberación de plazas para recibir la atención adecuada. El colapso del sistema de salud ya se percibe.
La crisis política
Hace poco más de un mes, los 27 gobernadores brasileños decidían implantar la cuarentena en sus respectivos Estados. La decisión provocó una tensión importante con el Gobierno Federal, puesto que Bolsonaro niega el peligro que supone la enfermedad y solo manifiesta preocupación por el futuro desempeño de la economía. Mientras su ministro de salud (Luiz Henrique Mandetta) defendía el aislamiento impuesto por las autoridades estaduales, Bolsonaro se oponía obstinadamente a la medida. Poco tiempo después, pese a la aprobación general con la que contaba Mandetta, Bolsonaro lo desplazó de su cargo y nombró en su lugar a Nelson Teich, quien no tardó en anunciar que el gobierno prepara un plan para relajar las medidas de distanciamiento social.
La posición del presidente encuentra una explicación en dos elementos íntimamente relacionados. En primer término, por las elecciones que celebrarán el 4 octubre para escoger a los prefectos, vice prefectos y concejales de los 5.568 municipios de Brasil. Este evento marca la agenda política de Bolsonaro, incluso antes de la llegada del coronavirus al país. El presidente ya había manifestado su preocupación por las elecciones y, en ese sentido, presionaba al ministro de economía para que la actividad se mejorara antes de los comicios. Además, el ex militar tampoco pierde de vista las elecciones presidenciales del año 2022. Bolsonaro se separó recientemente del Partido Social Liberal (PSL), la organización que lo llevó al poder, y como si ello fuera poco, su enfrentamiento con el gobernador de San Pablo (João Doria) anuncia la emergencia un importante rival. Sin apoyo partidario y con un poderoso enemigo en frente, el presidente no tiene buenas perspectivas de reelección.
A esta ecuación hay que añadir un segundo elemento, la situación económica. El posicionamiento público de Bolsonaro busca descargar la responsabilidad de la recesión sobre el resto de la dirigencia política, especialmente los gobernadores. De ahí su enfrentamiento con las autoridades estaduales y la consecuente ruptura con su antiguo aliado Ronaldo Caiado, actual gobernador de Goiás, quien señaló “no puedo admitir que ahora venga un presidente de la República a lavarse las manos y responsabilizar a los demás por el colapso económico o por la falta de empleos que pueda acontecer en el futuro”.
Desde el inicio de su mandato, Bolsonaro se ha mostrado dispuesto a impulsar las principales medidas que reclama la burguesía brasileña, sobre todo la fracción representada por la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y la poderosa Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP). En la actualidad, estas entidades manifiestan su apoyo al presidente y reconocen su gestión de la crisis, aunque siguen reclamando la imposición de ciertas políticas. En efecto, el 23 de abril, la CNI publicó un documento detallando las medidas que considera pertinentes para que el sector privado pueda superar la crisis económica. Por un lado, reconoce los esfuerzos del Banco Central por aumentar la oferta de crédito público, pero señala que el dinero no llega a las empresas porque es retenido por los distintos agentes financieros. Frente a esta circunstancia, la industria le exige al gobierno que asuma mayores riesgos interviniendo a través del Tesoro Nacional y del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Además, otro punto importante del documento está vinculado a la recaudación tributaria. La CNI solicita que el gobierno facilite el pago de impuestos, postergando los vencimientos, ofreciendo planes flexibles o directamente cancelando las obligaciones.
Cabe recordar que, mediante la Medida Provisoria N° 936, el gobierno autorizó el recorte de salarios y jornadas laborales por un plazo de 90 días, comprometiéndose a compensar parcialmente la pérdida de ingreso de los trabajadores. En concreto, esta decisión busca ahorrar gastos al sector privado, facilitando despidos y suspensiones. La CNI reconoce la medida del gobierno, así como la reducción de la tasa de interés y el aumento de liquidez en el mercado financiero. Sin embargo, como hemos señalado, su apoyo no es incondicional, depende de la capacidad que muestre Bolsonaro para afrontar la crisis e implementar las medidas que les son dictadas. Y esta tarea no será nada fácil, puesto que el futuro inmediato está lejos de ser alentador. En 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica una contracción del 5,3% del PBI, lo cual afectará negativamente la recaudación fiscal, el nivel general de los salarios y la tasa de desempleo, que hoy ya afecta a 11,6 millones de personas. Garantizar estabilidad política en un escenario semejante es prácticamente imposible.
En las últimas semanas, el aislamiento de Bolsonaro no ha dejado de profundizarse. El presidente cuenta con el apoyo de la burguesía, pero se sostiene en un equilibrio político muy frágil. Primero se enfrentó con casi todos los gobernadores, incluso con aquellos que alguna vez le dieron su apoyo, como Wilson Witzel de Río de Janeiro o João Doria de San Pablo. Luego, la crisis política estalló dentro de su propio gabinete y terminó con el desplazamiento del ministro de salud, Luiz Henrique Mandetta. Las disputas encontraron eco en el Congreso y en el Supremo Tribunal Federal (STF), cuyas principales representantes se posicionaban a favor del ministro depuesto. En este marco, el presidente radicalizó sus polémicos posicionamientos públicos con el objetivo de consolidar el núcleo de su base electoral (alrededor del 30%). Sus esfuerzos por presentarse como alguien distinto y alejado de la corrupción le han permitido alcanzar la presidencia en el 2018. Este es el discurso que está intentando reforzar hoy. No obstante, dado que también necesita el apoyo de los partidos que supuestamente denosta, al mismo tiempo reparte cargosy establece negociaciones con el propósito de fortalecer su posición en el Congreso. Las recientes reuniones con los referentes delCentrão – un grupo de pequeños partidos tradicionales muy salpicados por casos de corrupción, pero con importante presencia en el parlamento- deben ser leídas en ese sentido.
Con todo, esta contradictoria estrategia parece tener poco vuelo. El 24 de abril, el entonces Ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro, renunció a su cargo e hizo pública su disputa con el presidente. Bolsonaro intervino la Policía Federal con el objetivo de controlar las investigaciones que involucran a su hijo y evitar el impacto que ello tendría sobre su imagen política. Moro no estaba dispuesto a tolerar la maniobra porque imponía un límite a su poder, así que decidió abandonar el cargo. Este episodio supuso un duro golpe contra el gobierno. Al ser el exponente de la operación judicial Lava Jato, la cual arrojó luz sobre los esquemas de sobornos que atraviesan a todo el personal político brasileño, Moro constituía el principal sustento del discurso anticorrupción del presidente. Además, el exministro goza de un importante apoyo en el electorado. Sin duda alguna, su salida del gobierno debilita a Bolsonaro y profundiza su aislamiento.
En este este contexto, el principal soporte del presidente es su propio gabinete, especialmente el grupo de exmilitares y el ministro de economía, Paulo Guedes. Pero este apoyo también es frágil. En las últimas semanas se abrió una disputa entre el equipo de Guedes y los exmilitares que impulsan el proyecto Pro-Brasil, con el cual se busca dar impulso a la economía mediante el lanzamiento de obras públicas. El ministro declaró públicamente que el Estado no están en condiciones de afrontar los gastos y, de este modo, abrió una nueva fisura dentro del propio gobierno.
Por su parte, la oposición aprovecha la oportunidad para articularse e intentar desplazar a Bolsonaro. Las organizaciones que acompañan al PT en esta iniciativa, como el Partido Democrático Laborista (PDT), el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), buscan sumar el apoyo de otros agrupamientos con presencia en el Congreso, como el tradicional Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Demócratas (DEM), Ciudadanía y Partido Nuevo. En caso de que lograran alinearse, Bolsonaro tiene grandes posibilidades de terminar su mandato antes de tiempo. Y una pieza clave en esta jugada es la presidencia de la Cámara de Diputados, pues allí se autoriza la tramitación de un eventual impeachment. Hasta febrero del próximo año, este lugar será ocupado por Rodrigo Maia, quien no parece dispuesto a iniciar un juicio político contra Bolsonaro, aunque sus relaciones con el presidente son cada vez más tirantes.
La posibilidad de que Bolsonaro sea desplazado profundiza la crisis política en Brasil. El presidente ha mostrado no tener ningún interés en la salud de los trabajadores. En medio del agravamiento de la situación sanitaria, solo se ha preocupado por las demandas de las entidades patronales, haciendo lo posible para garantizar sus negocios. Lo mismo ya han demostrado algunos gobernadores, quienes evalúan levantar gradualmente la cuarentena. Aunque la propagación de la enfermedad no se ha detenido y la situación se encuentre fuera de control, al menos siete Estados ya habrían relajado las medias de aislamiento social: Rio Grande del Sur, Santa Catarina, Goiás, Espírito Santo, Paraíba, Sergipe y Tocatins. En el Estado de San Pablo, pese a la enorme cantidad de casos, el gobernador João Doria anunció la flexibilización de la cuarentena a partir del 11 mayo. Por su parte, la oposición encabezada por el PT busca aprovechar el momento para quitarse de encima a Bolsonaro ¿Le interesa la salud de los trabajadores? Claro que no. Si así fuera, lo hubieran demostrado durante sus años de gestión, cuando solo se dedicaron a robar y administrar la miseria. Su jugada es una simple muestra de oportunismo. Todos ellos solo protegen los intereses de un puñado de burgueses, al tiempo que intentan sortear los costos de una crisis que amenaza con derribar al conjunto del régimen. Han pasado militares, desarrollistas, liberales, socialdemócratas, progresistas, laboristas y nada ha cambiado. En el medio, la clase obrera se empobrece, enferma y muere. Es tiempo de que termine con todos esos parásitos y tome las riendas de sus propias vidas.
