El viernes 19 de febrero, mediante la Resolución N°133/2021, el gobierno de Alberto Fernández, a través de la Secretaría de Trabajo, dispuso una nueva postergación de los procesos electorales en los sindicatos hasta el 31 de agosto de 2021.
La medida alcanza a «los miembros de los cuerpos directivos, deliberativos, de fiscalización y representativos de las asociaciones sindicales, federaciones y confederaciones registradas ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y los mandatos de los delegados de personal, comisiones internas y órganos similares”
Resulta curioso que prácticamente todas las actividades hayan vuelto a funcionar, incluso las clases presenciales, pero se posterguen las elecciones gremiales teniendo en cuenta que en mayoría de los gremios los trabajadores ya concurren a sus lugares de trabajo, donde van a votar.
También curiosamente, el anuncio se realizó horas antes de que el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reuniera para analizar la convocatoria al Consejo Económico y Social impulsado por el gobierno y del que forman parte, también, la Unión Industrial Argentina (UIA), La Federación Agraria, CAME, la Cámara de la Construcción, etc.
Si bien sabemos que las centrales y sindicatos pueden postergar sus comicios, (y de hecho así lo hacen toda vez que puedan), también es evidente que el gobierno intenta allanarle la tarea a una burocracia que está garantizando el ajuste, ahora con el promocionado «acuerdo de precios y salarios», que para la clase obrera no significará otra cosa que un techo paritario para consolidar la caída salarial. La burocracia sabe que entre las bases crece la bronca y no quiere arriesgarse a perder posiciones, en especial en los cuerpos de delegados y las comisiones internas, los puestos gremiales más sensibles al humor de los trabajadores.
Además del Consejo Directivo de la CGT, otros veinte gremios debían llamar a elecciones durante el periodo exceptuado por el decreto del gobierno: Héctor Daer (Sanidad), Luis Barrionuevo (gastronómicos), Antonio Caló (UOM), Rodolfo Daer (Alimentación), Amadeo Genta (municipales porteños), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), y Omar Maturano (La Fraternidad), entre otros. Algunos de ellos, como el caso de Caló, quien en seccionales como Campana, Villa Constitución o Avellaneda es cuestionado por las bases descontentas por despidos y bajos salarios, podrán usar el tiempo para aplacar el malestar de las bases que han promovido acciones por fuera del amparo del gremio. Otro caso similar es el de Armando Cavalieri (Comercio) una de las ramas dónde el empleo fue más golpeado durante el 2020 y lo que va del año y a quien además de la ofensiva interna alentada por la familia Moyano, le han surgido diversos espacios de trabajadores autoconvocados que reclaman desde abajo un cambio de mando en una dirección burocrática enquistada desde hace más de tres décadas. En algunos gremios Moyano ha montado una oposición que disputa el mando de los sindicatos, como UTA o ATILRA. Pero no se trata de una disputa entre dos políticas diferentes, porque en el fondo toda la burocracia está comprometida con la política del gobierno, sino una interna al interior de la burocracia por comandar la CGT.
Un escenario para que los trabajadores se organicen desde las bases.
Hay que recordar que esta dirigencia sindical, la misma que evitó luchar para detener el ajuste y apostó durante el gobierno anterior a que todo se resolvería en las elecciones presidenciales, es la misma que durante la pandemia, acordó despidos y suspensiones con las patronales, recortes de sueldo, paritarias y cláusulas de revisión de hambre. Pero, sobre todo, dejó en claro que lo menos importante para ellos es la vida de los trabajadores, a quienes expuso a los contagios masivos al dejar en manos de los patrones los protocolos sanitarios o declarando como esenciales, insólitas actividades.
Mientras todo esto sucedía, los dirigentes, festejaban medidas miserables del gobierno como la IFE u otras que beneficiaron a la burguesía como el ATP, los créditos a tasa cero, la prórroga de aportes e impuestos, etc.
Queda claro que no se puede esperar más, porque con postergación de mandatos o sin ella, esta dirigencia nos va a seguir llevando barranca abajo. Mientras el gobierno intenta contener la crisis social y económica con su Pacto Social, los aumentos no cesan, los salarios cada vez valen menos y los empresarios siguen dejando trabajadores en la calle.
La clase obrera debe organizarse y enfrentar el plan de la burguesía para que no seamos siempre los que pagamos las consecuencias de sus crisis. Para ello debemos enfrentar a la burocracia cuyo interés es justamente que nada cambie, para poder seguir justificando que a lo máximo que podemos aspirar es a empatarle a la inflación, en el mejor de los casos.
Impulsemos asambleas en los lugares de trabajo que pongan en evidencia que sus acuerdos solo nos llevan por el camino de la miseria.
La Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados es un espacio que convoca a dar estas discusiones para encontrar una verdadera salida para toda la clase obrera.
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