Macri ya despidió a casi 26 mil empleados estatales y planea en los próximos días rever la situación de otros 25 mil. Sin embargo, las administraciones municipales y provinciales gobernadas por el kirchnerismo también están echando trabajadores. No es un problema de gestión política, sino de decisión económica acorde a intereses de clase.
El decreto presidencial 254/15 puso en evidencia algunas de las características que señalábamos en El Aromo nº 87 sobre el empleo público argentino, a saber: la precariedad de contratación de un inmenso número de trabajadores y la posibilidad por parte del Estado de deshacerse de ellos cuando las finanzas no cierran. En efecto, desde el momento en que asumió Macri a la actualidad son casi diarias las noticias sobre expulsiones en el Estado que son presentados por el gobierno no como “despidos” sino como el cese en las renovaciones de contratos. Al parecer, Cambiemos va a continuar con el cese de contratos. El ministro de Modernización ya anticipó la revisión otros 25 mil contratados.
En este sentido, Macri se propone “ordenar las cuentas” al estilo Cavallo. En efecto, el crecimiento del empleo estatal en Argentina es una expresión del agotamiento del capitalismo local y de sus tendencias a la disolución, a la vez que es utilizado como una manera de contener el desempleo y las ebulliciones políticas. Pero, como todo, su evolución está atravesada por la economía y la lucha de clases. El primero que le puso un freno a esta tendencia fue el menemismo. Con el precio de la soja por el piso, la burguesía intentó reordenar las variables económicas. Primero se privatizaron empresas, luego éstas echaron trabajadores. Las jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios en la administración pública pusieron un moño a la oleada de despidos. En ese entonces no había tantos contratados como ahora. De esa masa de desocupados se nutrió el Movimiento Piquetero. Por su parte, el kirchnerismo vino a contener a esa población desocupada por la vía del aumento del empleo en el Estado (aunque precario) y los planes sociales, claro que con la soja a 600 dólares y con una fuerte radicalización de la protesta. Ahora, frente al agotamiento de los ingresos fiscales y la baja del precio de las commodities en los últimos años, el macrismo es el portavoz del ajuste. Tanto el Frente Para la Victoria como Cambiemos son solidarios en esa tarea y han entendido su mensaje: los despidos no tienen color político, se efectúan tanto en municipios y provincias gobernadas por el macrismo como por los kirchneristas.
Con la misma remera
Tanto en el FPV como en el PRO los despidos son presentados ideológicamente como parte de la gestión del Estado: Cambiemos habla de la necesidad de reformar el Estado, de hacerlo inteligente, profesional y de dejar de ponerlo al servicio de la militancia. El kirchnerismo lo explica como una persecución ideológica y un achicamiento del Estado, un recorte de sus funciones sociales.
Del relevamiento que realizamos de estimaciones gremiales y coberturas periodísticas nacionales y locales surge que en al menos 106 dependencias estatales se despidieron inicialmente a 30.383 trabajadores, incluyendo ministerios nacionales, provinciales, organismos descentralizados y municipios, hasta el día viernes 26 de febrero. Entre los despidos que corresponden a la órbita del gobierno nacional (9.120) se destacan: Senado (2.315), cooperativistas del Plan Argentina Trabaja en la ex ESMA (2.000), CCK (770), Ministerio de Cultura (616), Ministerio de Justicia (489), Ministerio de Seguridad (420). Por su parte, en el CONICET ya anticiparon que tal como están las cosas resulta la actual estructura es “inviable”. Estos despidos fueron llevados a cabo por Cambiemos.
Sin embargo, algunos municipios y provincias gobernadas por el kirchnerismo no se quedaron atrás. El caso paradigmático es el de Alicia Kirchner (funcionaria nacional del anterior gobierno ahora gobernadora de Santa Cruz y quien sucede a Daniel Peralta -también del FPV), quien declaró la “emergencia administrativa y económica” y “el agotamiento del modelo del empleo público” a pocos días de asumir1, despidiendo a más de 600 trabajadores. Por su parte, el nuevo gobernador de Chaco, Domingo Peppo (FPV) ordenó revisar las designaciones de los últimos 3 meses de su antecesor, Jorge Capitanich y ya echó a 48 trabajadores, acusando que “implican un aumento de erogaciones del sector público que pueden tornarse de cumplimiento imposible con los parámetros que la provincia debe satisfacer”.2 En la provincia de Tierra del Fuego la kirchnerista Rosana Bertone recibió la gobernación de manos de Fabiana Ríos (cercana a los K) y las cesantías ya son más de mil. El municipio de San Fernando del Valle de Catamarca bajo el mando de Raúl Jalil (también del FPV) ya despidió a 300.
En la provincia de Buenos Aires tampoco hay diferencias políticas en el despido de trabajadores. En 30 municipios se registraron 9.607 despidos; el 33% de esas intendencias quedó bajo el mando del mismo partido luego de las elecciones. Aunque Cambiemos encabeza el ranking de cesantías por distrito con 4.500 en La Plata y 1.000 en Quilmes, el Frente para la Victoria no se queda atrás. Sólo en el municipio de Malvinas Argentinas despidieron a 1.000 trabajadores. Merlo, Escobar y Hurlingham registran 300 cada uno. La Matanza a 250 trabajadores, Azul a 160 y Esteban Echeverría a 30.
Cabe destacar que de los 30.383 despidos iniciales registrados hubo reincorporaciones que sólo son prórrogas de los contratos basura. A la primera quincena de febrero, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) había estimado un total de 5.000 reincorporaciones en todo el país. De nuestro relevamiento, y al cierre de esta edición, estimamos 4.601. En la administración nacional relevamos 319 reincorporaciones y en el resto de las provincias exceptuando a Buenos Aires, 1.410, destacándose entre ellas La Rioja (con 747 reincorporaciones) y Catamarca (463). El total de reincorporados en la provincia de Buenos Aires llegaría a 2.872. La Plata, el municipio con más cesanteados ya anunció la renovación de 2.600 contratos. Esto ocurre luego de aprobado el presupuesto 2016 de la Provincia, que tiene al intendente platense Julio Garro (PRO) como uno de los 4 jefes comunales más beneficiados en la asignación de partidas.
El total de despidos (restándole los reincorporados) se estima en 25.782 trabajadores, de los cuales el 22% se empleaba en administraciones municipales o provinciales gobernadas por el FPV. El kirchnerismo entonces, no puede denunciar los despidos ni el ajuste porque también los lleva a cabo. Para alimentar su relato elige hablar de los despidos del ámbito nacional y hacer foco en dependencias icónicas como AFSCA, Ministerio de Cultura o CCK para argumentar su explicación ideológica. Pero en Santa Cruz no se vale de rodeos: pide gendarmes al gobierno de Macri para “garantizar la circulación” y reprime a estatales con su policía provincial. Queda claro que aquí una versión de la especulación contrafáctica “si hubiese ganado Scioli…” no puede siquiera ser esgrimida. Entonces no se trata de un problema de administración política del Estado.
El club del ahorro
Los despidos se enmarcan en un ajuste por parte del Estado. Hasta el momento, la estrategia del macrismo se propone maximizar las ganancias de los empresarios y disminuir el gasto público. Hasta el momento el macrismo ha logrado con los actuales despidos ahorrarse durante el año 2016 aproximadamente 2.500 millones de pesos suponiendo un sueldo promedio mensual de 8.000 pesos del personal contratado (una cifra conservadora si tenemos en cuenta que muchos de ellos ya tenían varios años de antigüedad). Si a esto se suma la quita de subsidios a los servicios, la disminución del gasto es aún mayor.
Sin embargo, el ahorro de presupuesto se hereda del gobierno anterior. En efecto, la precariedad de los contratos con los que el kirchnerismo incrementó el empleo estatal es utilizada por el macrismo para echar gente. La conducción sindical del conjunto de los trabajadores del Estado estima cerca de 600 mil obreros precarizados. En este sentido, el Estado, al igual que los privados, también se beneficia de esta gran estafa a los trabajadores. Además se vale de un sistema de contratación que le permite pagar salarios menores a los del personal de planta permanente.
Aproximarse al universo de estatales primero, y al de los precarizados después, resulta dificultoso. Principalmente porque no todos los registros de empleo público están sistematizados o son publicitados, y obviamente porque el empleo no registrado directamente no es reconocido. Queda entonces la sola posibilidad de realizar una aproximación. Para hacerlo nos valdremos aquí de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza trimestralmente el INDEC. Nos basaremos en datos de 2014. Mediante la EPH podemos distinguir tres grandes grupos de trabajadores que se desempeñan en establecimientos estatales. Por un lado tenemos los asalariados que perciben descuentos jubilatorios. Por otro, dos grandes grupos de precarizados: los que no perciben descuentos jubilatorios y los beneficiarios de planes de empleo. Como la EPH es representativa del 70% de la población urbana del país, lo primero que debemos hacer es proyectar sus resultados para el 100% de dicha población. Esto lo hacemos cotejando con los resultados que arrojó la proyección que hace el INDEC para el año 2014 a partir del último Censo Nacional (2010).
Una vez hecho esto obtenemos que los empleados en establecimientos que dependen del Estado y que perciben descuentos jubilatorios serían estimativamente 2.486.474, los que no perciben 200.720 y los beneficiarios de planes de empleo 143.393. Se trata de una estimación conservadora si se la compara con aquellas que hablan de 3.332.069 (FIEL) o de 3.910.000 (CIPPEC) de estatales. Pero estas últimas se elaboran con la mixtura de varias fuentes, de modo que para este caso preferimos utilizar sólo una para reducir el margen de las proyecciones. También se trata de una cifra conservadora si se compara a quienes no perciben descuentos jubilatorios según la EPH respecto de los 600 mil trabajadores precarizados que estiman los sindicatos estatales.
En segundo lugar calculamos el promedio del ingreso principal de cada uno de los grupos de estatales que distinguimos. Luego estimamos el porcentaje destinado a cargas sociales (que fundamentalmente tiene mayor destino a aportes jubilatorios) para un asalariado administrativo de planta permanente de un Ministerio que depende de Nación sin antigüedad. El resultado fue que el 20,52% del sueldo neto es equivalente al pago de cargas sociales. Ese dato lo tomamos como descuento promedio por cargas sociales y calculamos cuánto representaba en el total de estatales que reciben descuentos jubilatorios. A ese resultado se lo multiplicó por la cantidad de trabajadores del Estado que no perciben descuentos jubilatorios, por el total de beneficiarios de planes de empleo y luego se lo multiplicó por 12 meses para anualizarlo.
De aquí se obtuvo cuánto se ahorró el Estado en cargas sociales durante el año 2014: 6.669 millones de pesos. Esta riqueza gigantesca que el Estado se apropia de sus trabajadores queda en segundo plano cuando se advierte lo que ocurre con las disparidades salariales. Si calculamos la diferencia salarial entre los estatales que perciben descuentos jubilatorios y los que no, obtenemos un monto que ronda los 7.750 millones de pesos. Por último, la desigualdad entre las remuneraciones de los asalariados con descuento jubilatorio y los beneficiarios de planes de empleo es aún mayor: 9.651 millones de pesos. Si sumamos estos tres cálculos el resultado es que el Estado se ahorró con este sistema de precarización un total estimado (y siendo conservadores) de 24.070 millones de pesos, una cifra que es equivalente a 2.964 millones de dólares (a cambio oficial).
En consecuencia, mientras que Néstor y Cristina se vanagloriaban del crecimiento del empleo bajo su gestión, dicho aumento se efectuó en base a la precariedad y un gigantesco ahorro que atentaba contra los derechos más elementales de los trabajadores. Ahora el macrismo (y también kirchneristas) utilizan esa precariedad para despedir obreros estatales bajo la excusa del “despilfarro” en el Estado. Queda claro que ninguno de ellos defiende los intereses de la clase obrera.
La cuestión de fondo
Los trabajadores intentan resistir la oleada de despidos. No obstante, la tónica de las manifestaciones previas a la marcha del 24 de febrero contra los despidos fue la protesta aislada, localizada en el lugar de trabajo y con paros parciales. Recién a comienzos de febrero, cuando los despidos habían superado los 20 mil, Hugo Godoy (ATE) anunció un paro nacional para el 24. Por su parte, UPCN hasta ahora brilla por su ausencia. Si bien ATE dio un paso más que UPCN responsabilizando al kirchnerismo por la precarización de los contratados, en ambos casos la consigna de máxima es la prórroga de esos contratos y no el pase a planta permanente. El caso paradigmático de qué se puede esperar de la burocracia sindical lo protagonizó Hugo Moyano (CGT Azopardo) quien manifestó que no le parece “simpática” la situación de los estatales y reclamó “Que salgan los dirigentes que tengan a sus trabajadores en peligro, después salimos todos. Si nos hubiera tocado a nosotros esta situación, estaríamos en la calle peleando”.3 Su concepción facciosa del movimiento obrero no obstante permite ver una gran verdad: la tibieza de los sindicatos estatales.
Por el lado de la izquierda, los diagnósticos y los pronunciamientos han sido más acertados. El PO y el PTS denunciaron el sistema de contratación precaria del kirchnerismo como condición necesaria de estas cesantías masivas y reclamaron la prohibición de los despidos y el pase a planta permanente de todos los precarizados. Donde tienen presencia gremial convocaron a asambleas y plenarios, pero como caracteriza al funcionamiento del FIT, ninguna de estas actividades fue compartida con el conjunto de los ministerios.
Finalmente, el 24 de febrero se efectivizó el paro con movilización a nivel nacional. Sólo en la ciudad de Buenos Aires se estima la presencia de más de 50 mil personas en la Plaza de Mayo. A pesar del elevado acatamiento, en varios ministerios se estipuló el “paro activo”, de modo que de la movilización se retornaba a los lugares de trabajo. En esos casos el temor a los despidos tuvo su impacto.
Justamente, a este clima de miedos debe oponérsele la fuerza de la lucha. Es imperioso aunar esfuerzos. La izquierda debiera organizar una comisión interministerial para organizar a todos los trabajadores estatales del conjunto de los ministerios y empresas, para que sus demandas no queden en acciones aisladas. Por su parte, las conducciones sindicales de todos los trabajadores que dependen del Estado debieran organizar una gran asamblea a los efectos de planificar un plan de lucha en bloque que permita anteponerse a la oleada de despidos. De lo contrario, el desempleo tendrá su impacto en la paritaria salarial, reduciendo sueldos y degradando aún más las condiciones de trabajo.
En este sentido, los despidos afectan tanto a quienes pierden su condición de asalariado como a los que aún mantienen su trabajo. Por ello urge retornar a aquellas experiencias que organizaron tanto a unos como a otros. Nos referimos a la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados. No sólo para actuar en bloque contra los despidos y la baja salarial. También para que se organicen comisiones por cada uno de los gremios e informar en qué lugares de trabajo hacen falta trabajadores. Por ejemplo, en las escuelas se debe relevar la cantidad de personal de limpieza, preceptores y administrativos que hacen falta para su correcto funcionamiento. Los hospitales carecen de enfermeros, personal de higienización para los pacientes, médicos, administrativos y otros tantos. Tanto escuelas como hospitales se caen a pedazos. Debiera impulsarse una planta estable de trabajadores de la construcción que dependa del Estado a los efectos de reparar y ampliar la infraestructura de todas las dependencias públicas. A su vez, de esa planta de obreros de la construcción se nutriría la mano de obra necesaria para llevar a cabo la obra pública, la construcción de viviendas, las obras para prevenir las crecidas de los ríos y relocalizar personas afectadas por las inundaciones, saneamiento, rutas y otros tantos.
Evidentemente, los despidos y el aumento del desempleo muestran que estos trabajadores no son importantes para el empresariado ni para sus políticos. Sin embargo, esta población “que sobra” es relativa al capitalismo. Es decir, sobra si se mantiene la lógica que impera en esta sociedad, o sea, la búsqueda de ganancias empresariales. Sobra si se pretende que la riqueza que se produce en el país sea apropiada por unas pocas manos. Sobra si el interés radica en incrementar la tasa de explotación y empeorar las condiciones de vida de los trabajadores.
Notas
1Infobae, 29/12/2015. Disponible en: http://goo.gl/UNtSjU.
2Clarín, 28/01/2016. Disponible en: http://goo.gl/f3XToh.
3Infonews, 01/02/2016. Disponible en: http://goo.gl/gGUhs7.
Pablo, gracias por compartir tu nota. Los que analizamos los despidos desde una perspectiva de clase hallamos un argumento novedoso para discutir un ajuste que es independiente del Gobierno que lo ejecuta. Ahora bien, me parece que habría que considerar que un defensor de la gestión k puede contestarte que la decisión política del nuevo gobierno de despedir trabajadores atraviesa toda la estructura del Estado en tanto las decisiones parten del centro y la cadena jerárquica traslada esa medida hacia abajo. Quiero decir, en concreto, que cuando se habla de la distribución de partidas presupuestarias o de relevamientos en los organismos públicos, ocupen quien los ocupen, la acción de achicar responde a la decisión tomada desde el estado y se expande por todo su organigrama. De hecho es la forma que tienen de garantizar la efectividad de sus gestiones ante una compleja estructura como la del aparato estatal. Es el caso también de Modernización, que revisa las plantas de cada Ministerio con el objetivo de reducirlas, como vos mencionas en tu investigación.
Mi observación desde luego es al fundamento, ya que considero que las medidas tomadas por éste gobierno responden a las limitaciones estructurales y exceden al «retorno neoliberal».
Estimada Florencia, un defensor de la gestión K debería explicar porqué sus intendentes y gobernadores no exigen más asignaciones presupuestarias de Nación si ese es el problema. Hay que recordar que los municipios y provincias no sólo se financian con fondos nacionales, también tienen fondos propios. Y también hay que decir que en lugar garantizar la continuidad laboral de sus empleados y eliminar la precariedad se dedicaron a darle quorum a Macri y a apoyar presupuestos ajustadores (caso Vidal por ejemplo)