Mariano Schlez
Laboratorio de Análisis Político – CEICS
La lucha de clases se ha agudizado en Colombia y se ha extendido al continente. El asesinato de Reyes y las negociaciones por Ingrid Betancourt son sólo fenómenos de un proceso que se ha venido agudizando. Pero que tiene una larga historia.
El problema militar
En primer lugar, cualquier análisis de la situación política en Colombia tiene que tomar en cuenta un hecho central: el país se encuentra inmerso, desde hace cincuenta años, en una guerra civil. No se trata únicamente del problema de la guerrilla en las zonas rurales: entre 1990 y 2006 el estado colombiano asesinó a 33.690 personas.1 En diciembre de 2006, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado denunció 20.000 desapariciones forzadas.2 La represión no es indiscriminada: a fines de 2007, las centrales obreras presentaron un informe donde demuestran que, en los últimos diez años, 2.534 sindicalistas fueron asesinados. Señalan, también, que los trabajadores sufrieron más de 8.105 violaciones, como amenazas, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, hostigamientos, atentados, secuestros, desapariciones, torturas y allanamientos ilegales.3 La mayoría de los ataques se encuentran ligados a conflictos laborales. Según la Escuela Nacional Sindical, 91 ocurrieron durante la realización de una denuncia pública por parte del sindicato, 3 en creaciones de sindicatos, 32 en huelgas, 105 en movilizaciones, 62 durante negociaciones colectivas y 134 en medio de tomas de fábricas. En la actualidad, los trabajadores se encuentran luchando por descubrir los lazos entre el gobierno, las empresas y los paramilitares. Las primeras investigaciones y confesiones de paramilitares arrepentidos muestran la total descomposición y complicidad del gobierno: ya son 51 los congresistas implicados y 29 los presos por la “para-política”.4 También han salido a la luz los vínculos entre las empresas y los paramilitares: CocaCola es acusada por el Sindicato de la Industria de la Alimentación por el asesinato de 14 trabajadores; Chiquita Brands, heredera de la United Fruit, reconoció ante la justicia norteamericana que entregó 1,7 millones de dólares a los paramilitares para que protegieran los procesos relacionados con el negocio del banano; y Nestlé, empresa donde trabajaba en los ’70 Raúl Reyes, es acusada por el Tribunal Permanente de los Pueblos de asesinar a cuatro dirigentes sindicales.5 Por lo tanto, el Estado colombiano lleva a cabo una guerra contra las masas y contra las organizaciones obreras. Cualquier examen que acuse de “militarista” la opción de las FARC debe tener en cuenta, antes que nada, estos datos. Es imposible el desarrollo de cualquier organización política en Colombia sin atender al problema de la defensa física de cualquier emprendimiento político opositor.
Una breve cronología
El origen de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), data de un pequeño núcleo de 14 guerrilleros, que conforma un núcleo móvil en la selva colombiana y que opera como autodefensa campesina. En 1966, se constituyen las FARC y se emprende una tarea de formación de cuadros. A su vez en la década del ’70 se comienza un trabajo en las ciudades. En los años ’80 intentan una salida electoral al conflicto. El fracaso determina la contraofensiva militar de 1990. Hasta nuestros días, el núcleo de su programa es la reforma agraria y la formación de “un gobierno democrático de liberación nacional”.6 La guerrilla pasó de establecerse en zonas distantes de la ciudad, con baja o nula presencia del estado (1966-1975) a consolidarse en regiones económicas más dinámicas (década del ’80 en adelante).7 Asimismo, su financiamiento evolucionó: del aporte voluntario de los campesinos al cobro de impuestos al comercio y la circulación.8 Desde los ’80, las FARC sumaron a sus objetivos la “urbanización del conflicto”, en respuesta a una transformación objetiva de la estructura social colombiana: mientras en 1964 el 48% de la población vivía en el campo, para fines de siglo XX sólo lo hacía el 29%.9 El trabajo en sindicatos y universidades, las intervenciones en los municipios que rodean la capital y la formación de milicias urbanas fueron parte de la táctica utilizada. No parece aventurado afirmar que aún el fuerte sigue siendo la acción en las zonas rurales. En los años ’90, las FARC declaran una contraofensiva, que obliga, en 1999, al presidente Pastrana a dirigirse a la selva para buscar una solución pacífica al conflicto. La intervención de EE.UU. puso fin a las negociaciones de paz. Se le propuso a Pastrana aniquilar a la guerrilla con la ayuda financiera y militar del gobierno norteamericano. A principios de 2000, se puso entonces en marcha el Plan Colombia, cuyo objetivo era reconquistar la totalidad del territorio colombiano en seis años. El tamaño del presupuesto fue, en tan solo tres años, de 16,7 mil millones de dólares.
Relaciones de fuerza
Desde su creación hasta 1999, las FARC han tenido un lento pero constante crecimiento, tanto en militantes como en territorio bajo su control. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado la organización en los últimos diez años? Las diferencias entre las fuentes dificultan la medición de los resultados concretos. Según el Ministerio de Defensa colombiano, las FARC habrían pasado de 16.980 integrantes en 2001 a 12.515 en 2006. Estas cifras tienen una serie de problemas. El primero es que el Estado colombiano está siendo financiado por los EE.UU. y debe mostrar resultados al mundo. Así que estas cifras pueden estar adulteradas para mostrar una disminución de la guerrilla. La segunda es que no se especifica si esa disminución es por bajas militares. Esta variable es importante, porque una parte de esas bajas podría ser ficticia. El diario The Washington Post denuncia que los soldados, presionados por mostrar resultados, asesinaron campesinos y los hicieron pasar como guerrilleros.10 Teniendo en cuenta estas variables, uno podría afirmar que los resultados del Plan no parecen definitivos. A fines de los ’90, las FARC poseían 16.000 soldados, las milicias urbanas contaban con 3.000 militantes, el financiamiento y el control de las principales rutas nacionales habían sido consolidados y poseían presencia en unos 622 municipios.11 En cuanto al número de acciones militares, en el año 1985 las FARC emprendieron 95 acciones. En 1994, 389. En el inicio del Plan Colombia, las acciones eran de 888. Dos años después, 2002, ascendieron a 1.873, un crecimiento de más del 100%.12 Del otro lado, el Estado colombiano cuenta, para este año con 426.945 efectivos militares. Se trata del estado más poderoso, en materia militar, de América Latina. Sin datos más recientes resulta difícil evaluar los últimos años del Plan y los éxitos de los que se jacta Uribe. El hecho de que las FARC se enfrenten a una organización que es veinte veces más grande, amplifica sus logros, mientras que la continuidad del Plan Colombia y la creciente preocupación del gobierno de Uribe parecen desmentir que las FARC se encuentren militarmente destruidas. Por otro lado, que el congreso de los EE.UU. se niegue a ratificar la entrada de Colombia al ALCA, entre otras cosas, por las violaciones del Estado colombiano a los derechos humanos, es un síntoma de posibles crisis en la estrategia imperialista.
La crisis y las soluciones: táctica, estrategia y programa
Como hemos visto, la organización ha logrado sostenerse a lo largo de 60 años y ha incrementado su número y su capacidad de acción. Sin embargo, no ha alcanzado la conquista del poder ni ha evitado la sistemática destrucción de las organizaciones obreras en las ciudades. En 1984, en medio de una tregua con el gobierno de Belisario Betancourt, las FARC lanzaron la Unión Patriótica. La UP logró elegir 14 congresistas, 18 diputados, 335 concejales y un gran número de alcaldes. Pero la experiencia reformista fue borrada a balazos: más de 4.000 dirigentes, activistas y militantes fueron asesinados por el gobierno, los paramilitares y el Ejército. En los últimos años, las FARC no abandonaron su vocación reformista y conciliadora. En 2003 llamaron a “la conformación de un nuevo Gobierno” que libere al país “del neoliberalismo y la dependencia”, llamando a consensuar un candidato a Presidente, incluso, a la Iglesia y al Ejército colombiano.13 La misma línea conciliadora defendió, en 2007, el comandante asesinado, Raúl Reyes, para quien Uribe “debe ser reemplazado por una coalición para conformar un gobierno pluralista, patriótico y democrático, que se comprometa con la verdadera paz”.14 Las negociaciones con la senadora Piedad Córdoba y Hugo Chávez, sumadas a las liberaciones unilaterales de rehenes mostraban que la gestación de un nuevo proyecto político opositor a Uribe estaba en marcha. La reacción de Uribe detuvo el proceso: rechazó el canje humanitario, intentó aislar a Chávez, desestabilizó las entregas de prisioneros y, finalmente, cuando estaba por concretarse la liberación unilateral de Ingrid Betancourt, asesinó al encargado de las relaciones diplomáticas de las FARC. El programa reformista burgués de las FARC podría integrarse perfectamente a la Colombia capitalista. ¿Por qué, entonces, semejante guerra? Sencillamente, porque su existencia impide la consolidación del Estado nacional colombiano. Paradójicamente, el único nacionalismo posible es el de Uribe. Un eventual triunfo de las FARC podría desembocar en un alzamiento de masas, la contradicción que la guerrilla colombiana porta en su interior, más allá de su programa. Que la dirección de las FARC es consciente de los peligros, para su propio programa, de un triunfo a caballo de la insurrección popular, lo muestra el que, en lugar de alentarla, ha preferido apoyarse en los gobiernos “populistas” latinoamericanos. La actitud claudicante de Correa, el abrazo de Chávez con Uribe y la presencia de Cristina en la marcha contra las FARC demuestran que la vía elegida es un callejón sin salida. Y, también, que quien avisa no traiciona…
Notas
1 Córdoba, Piedad: “El Plan Colombia: el escalamiento del conflicto social y armado”, en www.derechos. org; ANNCOL: “Ejecuciones extrajudiciales: la mano negra del Estado y el imperio”, en http://anncol. eu.nyud.net.
2 Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, en www.movimientodevictimas.org.
3 CUT, CGT, CTC, CPC: Los Derechos Laborales y Sindicales en Colombia, Bogotá, Editorial Gente Nueva, 2007, p. 22.
4 Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), en www.cut.org.co.
5 Paternita Espinosa, Hugo: “Multinacionales, paramilitarismo y Estado”, en www.rebelion.org; “El crimen que angustia a los directivos de Nestlé”, en www.sinaltrainal.org.
6 “Programa Agrario de las Guerrillas”, en www.farcep.org.
7 Vélez, María Alejandra: “FARCELN. Evolución y expansión territorial”, Tesis de Pregrado en Economía, Universidad de Los Andes.
8 Por ejemplo, el Frente XXXII que opera en Putumayo, exige una cuota mensual permanente a las compa- ñías petroleras, a cambio de no dinamitar el oleoducto y el poliducto. El frente XXIX de Nariño ofrece protección a las minas de oro por un pago mensual y el Frente VIII del Cauca exige a los campesinos que extraen oro un porcentaje de sus ventas. Son de conocimiento popular los impuestos al tráfico y producción de coca que la guerrilla cobra. Vélez, María Alejandra: op. cit.
9 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), www.ideam.gov.co.
10“Colombian Troops Kill Farmers, Pass Off Bodies as Rebels”, The Washington Post, 30/03/2008, en www. washingtonpost.com.
11Hay quienes afirman que las FARC obtienen unos mil millones de pesos colombianos diarios. Rangel Alfredo: Colombia: Guerra de fin de siglo, Bogotá, Universidad de los Andes, Tercer Mundo Editores, 1999.
12Datos extraídos de El conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo Humano, Colombia – 2003, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, en www.acnur.org.
13Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Montañas de Colombia, 27 de mayo de 2003, en www.farcep.org.
14Clarín, 27/7/2007.
