Roberto MuñozTES-CEICS
En los últimos 20 años, el Chaco ha sido protagonista de un proceso de expulsión y pauperización de la población. La soja reemplazó al algodón. No obstante, los afectados no han dejado de luchar por sus condiciones. ¿Quiénes son realmente estos “pobres” del campo? ¿Son campesinos? ¿Indígenas? Si quiere entender el problema y a las principales organizaciones que lideran los combates, lea esta nota.
Durante la segunda mitad de la década del noventa, la provincia de Chaco experimentó una excepcional expansión de la producción algodonera, cultivo sobre el que se basó la economía provincial a lo largo del siglo XX. La misma implicó la profundización del proceso de concentración y centralización del capital a partir de la introducción de sistemas mecanizados de cosecha y de nuevas variedades de mayor rendimiento. La euforia algodonera, sin embargo, duró poco. Luego de haber alcanzado la mayor cosecha en la historia de la provincia, la caída de los precios internacionales, combinada con las inundaciones de 1997 y 1998, destruyó la producción y facilitó su reemplazo por la soja transgénica. Mientras que la superficie implantada con algodón pasó de 712 mil hectáreas en 1997/98 a sólo 89 mil en 2002/2003, la oleaginosa creció de 115 mil a 768 mil hectáreas en el mismo período. En términos de la estructura social agraria, esto significó una reducción del 21% en el número de explotaciones agropecuarias durante el período intercensal 1988-2002, siendo el estrato de 25,1 a 100 hectáreas el más perjudicado, con alrededor de 45% menos de explotaciones y 25% menos de superficie. Junto con el desplazamiento de productores, ocurre la expulsión de importantes contingentes de población sobrante que, debido a la reducida demanda de fuerza de trabajo que requiere la soja en comparación con el algodón, sale de su estado latente y se hace visible al instalarse en las periferias de las ciudades de la misma provincia así como también en Rosario y Buenos Aires, entre otras. De esta forma, se acelera la tendencia histórica al éxodo rural: en el período intercensal 1991-2001, la provincia pierde 60 mil habitantes rurales. Actualmente, Resistencia tiene una población de 360 mil personas, 100 mil de las cuales viven en alguno de los 184 asentamientos que abarcan 25 kilómetros de la periferia de la ciudad. De esos 100 mil, se estima que alrededor de la mitad son migrantes recientes del interior de la provincia1.
Programa y acciones de las organizaciones “campesinas”
Si bien la tendencia dominante es la expulsión de población, la provincia aún presenta uno de los porcentajes más altos de habitantes con residencia rural del país, alcanzando aproximadamente el 20% en 2001. En relación con esto, el avance de la llamada pampeanización sobre el espacio agrario chaqueño se dio no sólo sobre antiguas explotaciones algodoneras, sino que también forzó la expansión de la frontera agrícola hacia áreas no tradicionales, tanto en el sur como en el noroeste provincial, con procesos de desmontes, ventas fraudulentas de tierras fiscales y arrendamientos temporarios. Así, entre 1994 y 2007, el 80% de las tierras fiscales pasaron a manos privadas y, al mismo tiempo, algo menos de 300 mil hectáreas fueron deforestadas2. En este marco, se observa una creciente conflictividad en el campo chaqueño, protagonizada por aquellos que se resisten a ser expulsados. Encuadrados en una miríada de organizaciones que se reivindican campesinas o indígenas, la mayoría tiene su base social precisamente en la zona que señalamos más arriba, como la más afectada por la incorporación de tierras nuevas a la producción agrícola, en las localidades y parajes de Pampa del Indio, Villa Río Bermejito, El Sauzalito, Nueva Pompeya, etc. Algunas de estas organizaciones surgen hacia fines de los ´80 o principios de los ´90, como por ejemplo la Unión de Pequeños Productores de Chaco (Unpeproch). Otras, en cambio, nacen con el cambio de siglo. Entre estas últimas se destaca, por su nivel de movilización y su articulación con otras organizaciones, la Unión Campesina de Chaco (UCC) que agrupa alrededor de 600 familias (la mayoría perteneciente a la comunidad aborigen toba), y que tiene la particularidad de adjudicarse la representación conjunta de campesinos e indígenas. Sus dirigentes son, a la vez, militantes del Partido Comunista Revolucionario.
La UCC hace su aparición pública en el año 2003, a partir de una asamblea en un paraje de Pampa del Indio. En su documento fundacional, declara su intención de organizar a los “campesinos pobres” -en especial las comunidades aborígenes-, pero también “a los que fueron expulsados del campo por falta de tierra, de semillas, de precio y de trabajo”. En este sentido, en sus bases programáticas dicen luchar por la recuperación de las tierras de los aborígenes como reparación histórica, por una profunda e integral Reforma Agraria para que la tierra sea del que la trabaja y quiera trabajarla (ampliando los campos chicos y consiguiendo tierra para los jóvenes y los sin tierra), “para que florezcan miles de chacras y se termine con los latifundios de los terratenientes, para lograr los medios para producir, como las semillas, semilleros, herramientas, equipo y animales y la comercialización de los productos con precios compensatorios”. A la vez, convoca a “la unidad de la lucha campesina, obrera, estudiantil y popular para lograr una Argentina independiente de toda potencia extranjera, libre de todo vendepatria y de todo terrateniente que siempre se enriquecieron a costillas de nuestro pueblo”3.
A lo largo de la década del 2000, esta organización ha llevado adelante numerosas acciones directas. En 2005, acamparon 34 días en la plaza principal de la ciudad de Resistencia y confluyeron en una Multisectorial con empleados estatales y docentes. Exigían un subsidio ante la mala cosecha de algodón y precio sostén compensatorio para “los campesinos pobres y medios”. Levantaron el acampe al recibir del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación $ 1000 y 600 kg de alimentos por familia en tres cuotas mensuales alternadas (un mes dinero y otro mes mercaderías)4. En 2006, vuelven a instalarse en la plaza para demandar mayor presupuesto para el IDACH (Instituto del Aborigen del Chaco), educación bilingüe e intercultural, vivienda, salud y la propiedad sobre sus tierras5. En 2008 realizaron un corte de ruta de 10 días en Pampa del Indio, donde se sumaron más de 1.000 personas con delegaciones solidarias de Castelli y San Martín. Levantaron el corte cuando Capitanich firmó un compromiso de alimentos para más de 600 familias hasta el mes de octubre de ese año, para luego poder depender de su producción de autoconsumo subsidiada por el gobierno. A su vez, se acordó hacer un relevamiento en la zona para determinar los beneficiarios de un subsidio algodonero de emergencia, ante el fracaso de las semillas entregadas por el gobierno anterior, que no germinaron, herramientas y maquinarias, gasoil y semilla para la próxima siembra, entre otras cosas6. En 2009, integrando una Mesa Coordinadora junto a las organizaciones Comisión Zonal de Tierras de Pampa del Indio, Asociación Cacique Taigoyic y Corriente Clasista y Combativa del Chaco (CCC) marcharon a pie desde distintas localidades hasta Resistencia reclamando que se cumpla el acuerdo firmado con el gobernador. Nuevamente, realizaron un acampe que duró algo más de un mes. Finalmente, firmaron un convenio con el gobierno provincial, que incluyó la promesa de entrega de semillas y gasoil para la siembra de 2500 hectáreas y un tractor. Además, se estipuló un plan de viviendas, la renovación de 600 puestos de trabajo en la construcción y la entrega de 350 planes adicionales del Programa de Empleo Comunitario (PEC). Acciones similares se repitieron en los años siguientes. En diciembre de 2011, se llevó adelante, por primera vez, una toma de tierras. Se ocupó un predio privado de mil hectáreas, en el Paraje Cancha Larga, a 40 kilómetros de Pampa del Indio.
Hasta aquí una primera aproximación a las acciones de una organización supuestamente campesina e indígena. Se dicen “campesinos”, pero muchos de ellos no tienen tierras y en caso de tenerla, no les permite garantizar su subsistencia. Se dicen “campesinos”, pero reclaman planes de empleo y alimentos. Se llaman “indígenas”, pero según el censo de 2010, el 86% de los “indígenas” mayores de 65 años que viven en Chaco percibe un ingreso obrero: la jubilación. Es decir, no son campesinos, sino que constituyen una de las fracciones más pauperizadas de la clase obrera chaqueña. Desde las ciencias sociales, se mistifica esta situación atribuyéndoles supuestos valores ancestrales, con una lógica de “habitar el territorio” diferente a la de la economía capitalista. Se descarta el análisis de sus formas concretas de reproducción y se presta atención a la cultura. Parece que no asistimos al enfrentamiento entre clases sociales, sino al de “racionalidades contrapuestas”7. Lejos de estos delirios religiosos, la breve síntesis de las acciones pone a la vista la predisposición a la lucha de los compañeros. Ya tienen los métodos, les falta un programa que exprese lo que son (obreros) y los junte con otros (obreros) como ellos.
NOTAS
1 Página/12, 20/07/2008.
2 Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal de la Dirección de Bosques, 2004.
3 Véase www.argentina.indymedia.org/news/2003/08/128169.php.
4 Véase www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2005/07/11/p283.
5 Véase www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/68682-22317-2006-06-19.html
6 Véase www.pcr.org.ar/nota/se-eligi%C3%B3-la-nueva-conducci%C3%B3n-de-la-uni%C3%B3n-campesina
7 Véase “Territorialidades en disputa. Un acercamiento a las transformaciones agrarias en la provincia del Chaco”, Grupo de Estudios sobre Ecología Política, Comunidades y Derechos. Instituto de Investigaciones Gino Germani.
