En los últimos meses de 2023, después de dos años de idas y vueltas en torno a la conformación del fideicomiso para el salvataje de la cooperativa láctea, caducaron los plazos previstos para poner en marcha dicho mecanismo financiero. El proyecto fue impulsado por un grupo de empresarios afines al gobierno saliente (José Urtubey, Marcelo Figueiras, Jorge Estévez y Gustavo Scaglione del grupo La Capital, entre otros). La propuesta, según decían, tenía como objetivo aportar capital para aumentar la producción y de esa manera preservar los puestos de trabajo. Desde un comienzo, ATILRA defendió el proyecto a capa y espada, presionando para asegurarse un lugar como contralor del destino de los fondos provenientes del Estado, a través del Banco Nación.
La realidad es que más allá de las promesas y declaraciones públicas de los involucrados, siempre quedó claro que cada uno perseguía sus propios intereses, que no eran los de los trabajadores. Poco les importó a todos ellos, que durante todo este tiempo los trabajadores continuaron bajo el régimen de Jornadas Libres (suspensiones rotativas) o peor, suspensiones permanentes, cobrando en cuotas montos sin actualizaciones, sin aportes previsionales, que a esta altura no alcanzan ni para pagar la SUBE.
SanCor, quien nunca tuvo intenciones de ceder el manejo de la empresa al grupo inversor y solo hubiese aceptado recibir fondos del Estado (para desviarlos o usarlos a su antojo como es su costumbre), dilató las reuniones de sus consejeros impidiendo que se pudiera avanzar en las negociaciones. Por su parte, los llamados “empresarios amigos” prometían acercar un capital de 100 millones de dólares, pero sin correr ningún riesgo, ya que hasta el último centavo provenía de las arcas públicas.
Mientras tanto el gremio, que históricamente le cuidó las espaldas a la cooperativa, siguió permitiendo el incumpliento sistemático del pago de salarios, aguinaldos, aumentos y las mencionadas suspensiones. Además recorrió Ministerios y Secretarías e implementó una gigantesca campaña mediática para intentar cerrar el acuerdo lo antes posible. Incluso restando importancia a los trascendidos que indicaban que la nueva estructura de SanCor solo podía incluir a la mitad de sus empleados, lo que representaba el despido de casi un millar de trabajadores.
El año terminó con la aparente ruptura de esas “relaciones carnales” entre el Consejo Directivo y el sindicato dirigido por Héctor Ponce. Paros, asambleas, reuniones en el Ministerio de Trabajo y finalmente una conciliación obligatoria que según denuncian ambas partes en medios de comunicación y redes sociales, nadie respeta.
Como vemos el 2024 inicia lleno de incertidumbre para los empleados, con el sindicato afirmando que se lleva adelante un vaciamiento, que recién ahora parecen ver. Al parecer no vieron ningún vaciamiento cuando SanCor cerraba plantas, oficinas y centros de distribución, dejando a cientos de familias en la calle. Tampoco de los compañeros cobrando solamente $10.000 por mes o de los atrasos salariales, deudas con proveedores, Afip, aportes patronales, etc., que se fueron acumulando desde 2017 a la fecha.
Por otra parte, SanCor se victimiza afirmando que ahora sí, puede y estaría dispuesta a realizar una propuesta de pago en cuotas, para cancelar los sueldos adeudados. Pero que el estado de asamblea en que se encuentra el personal en todas las plantas, le impide producir y facturar. Un argumento tan insostenible como el anterior.
Mientras tanto la patronal decide discrecionalmente a quien se reincorpora y cuánto se le paga a cada trabajador, según su propio criterio. Algunos compañeros que, con todo derecho, se pliegan a los reclamos de ATILRA reciben pagos semanales casi insignificantes, incrementando aún más las deudas, al mismo tiempo otros que, temerosos de perder sus puestos de trabajo, se muestran más colaborativos con la empresa, perciben montos muy superiores.
Una salida que asegure las fuentes de trabajo y ponga a SanCor a producir:
Como vemos, son los trabajadores los que se vienen cargando el ajuste sobre sus hombros desde hace años. No hay solución posible mientras SanCor siga siendo manejada por sus actuales dueños y la solución no pasa por un simple cambio de manos. Las dificultades que presenta el sector lechero, agravado por el complejo panorama económico que se avecina para la mayoría de la sociedad, no atraerá inversión posible para la reactivación. En todo caso seguirá acercando a burgueses oportunistas en busca de hacer negocios con la plata del Estado.
Solo mediante la estatización de la empresa, en el marco de un verdadero plan nacional de desarrollo puesto en marcha por un gobierno obrero, donde la producción contemple la utilidad social, SanCor puede volver a ser viable para sus empleados. La inversión estatal aseguraría y ampliaría las fuentes de trabajo, mediante el incremento de la producción que permita obtener alimentos baratos, garantizar que todos los niños consuman al menos un vaso de leche diario y abriendo nuevamente la oportunidad de exportar productos lácteos de calidad. Solo así se podrá rescatar a Sancor y restituir los puestos de trabajo.
Corriente Sindical Goyo Flores
Vía Socialista
