Los trabajadores de las franquicias Wendys y KFC vienen dando pelea frente a la patronal Degasa S.A. y la burocracia del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, en reclamo por el pago íntegro de sus sueldos y aguinaldo, y por las condiciones de trabajo que las mencionadas empresas les ha impuesto a su personal desde el comienzo de la cuarentena.
Por una parte, ambas cadenas se sumaron a las empresas que solicitaron al Estado que pague mediante el programa ATP –o sea, con la plata de los jubilados-, la mitad de los sueldos de sus empleados. Esto se hizo efectivo con los depósitos de Mayo y Junio, pero con posterioridad se le comunicó al personal que los montos transferidos por ANSES eran mayores a los correspondientes y que se procedería a realizar el descuento por la diferencia, en las próximas liquidaciones.
Efectivamente, este mes, los recibos de sueldo fueron entregados con saldos negativos y los aguinaldos no han sido abonados aun a la fecha. El argumento esgrimido por Degasa S.A. es que el dinero que transfirió Anses a las cuentas sueldo, es un préstamo a la empresa y que éste debe ser devuelto al Estado.
Los montos de los recibos de sueldo con saldos negativos van desde los $10.000 y llegan hasta los $30.000.
Por otro lado, los empleados de estas Fast Food, no solo se ven expuestos a recortes en sus salarios, sino que también están sufriendo la flexibilización de sus condiciones de trabajo, exponiéndolos a situaciones de posibles contagios del Covid-19. Los mismos fueron catalogados, desde el comienzo de la cuarentena, como «trabajadores esenciales», y desde entonces realizan tareas de delivery, están en contacto permanente con los trabajadores de las plataformas de pedidos (Rappi, Glovo, Pedidos Ya) que ingresan y salen permanentemente de los locales, sin ningún tipo de protocolo , o son enviados a repartir publicidad (volantes) a distancias de hasta 3 km. de cada sucursal, sin que la empresa los provea de ningún tipo de permiso y, por lo tanto, se encuentran expuestos a ser penalizados por las autoridades.
Por su parte, el Sindicato de Pasteleros sólo se limitó a emitir un escueto comunicado reclamando por el pago total de las remuneraciones a los trabajadores exceptuados. Pero nada habían dicho de lo anteriormente mencionado. Estamos ante un sindicato pro-patronal que pactó con las empresas del sector una rebaja del 30%. Incluso en el comienzo de la cuarentena, ese porcentaje llegaba al 50%. Además, garantizó cierres y despidos como en La Nirva o Balcarce.
Ante la gravedad de la situación, los empleados de KFC impulsaron una jornada de lucha el martes que fue continuada por un paro por tiempo indefinido desde el miércoles. Eso que generó que representantes del gremio se pusieran en contacto con ellos para convocarlos este jueves 9 de julio a una reunión con representantes de la entidad sindical y autoridades de la empresa. Como requisito se les pedía a los trabajadores que levantasen la medida de fuerza, a lo cual éstos se negaron. No les falta razón: de la citada reunión, a la cual solo se permitió el ingreso de una cantidad mínima de personas y en la que solo representantes de segunda línea de la patronal Degasa asistieron de manera virtual, no se extrajo ninguna solución inmediata. Los empresarios se mantuvieron en su postura. Por su lado, los trabajadores se mantienen el estado de asamblea a fin de determinar las futuras acciones a seguir.
Los trabajadores de Fast Food necesitan un plan de lucha independiente de un gremio que ya viene priorizando las ganancias capitalistas a sus ingresos y sus condiciones de salud.
Pago inmediato de salarios y aguinaldos
Restitución inmediata de los descuentos realizados al personal exceptuado
Por protocolos de seguridad fiscalizados por los trabajadores
Corriente Clasista Goyo Flores
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