Contratados, pero sin sueldos: el gobierno de la provincia no le paga a los enfermeros del Pablo Soria

en Goyo Flores/Novedades

Mediante una nota dirigida al director del hospital Pablo Soria, 10 trabajadores y trabajadoras de la salud reclamaron el pago de sus sueldos y obligaciones propias del Estado como empleador. Una de ellas, la cobertura de obra social y el tan anunciado bono por desempeñar sus tareas sin interrupción durante la epidemia mundial de COVID-19. Esta situación es insostenible y se agrava aún más con los reportes que día a día muestran que los trabajadores de los distintos hospitales están contagiándose. No podemos esperar a que literalmente dejen sus vidas en su lugar de trabajo.

La responsabilidad de todos los gobiernos

El deterioro del sistema de salud en el país es algo constante. La “década ganada” kirchnerista nunca planteó una salida para la problemática de los trabajadores de la sanidad. Los años del macrismo a nivel nacional y radicalismo a nivel provincial, solo continuaron una política de degradación y precarización laboral.

El inicio del segundo gobierno de Morales se vio acompañado de la pandemia mundial del coronavirus. La respuesta por parte de la gobernación fue intentar convencer a los jujeños de que la provincia podía mantenerse al margen de esta situación con un sistema de salud pública fuerte y férreos controles fronterizos. De ese modo, el personal de las fuerzas de seguridad y los trabajadores de los hospitales públicos y puestos de salud se encuentran en la primera línea de lucha contra esta pandemia, sin las garantías necesarias. Como se pudo ver en los últimos meses, los trabajadores fueron carne de cañón de un gobierno que solo busca mantenerse fuerte y dar una falsa imagen a los jujeños. Los reclamos de los empleados de la salud pública se hicieron sentir con distintas acciones en las calles, demostrando que Morales y su gobierno solo quieren vender más humo. En lugar de atender a estos planteos, Morales –en sintonía con la política del gobierno nacional- se ha dedicado a perseguir y penalizar a los mismos trabajadores por movilizarse. Ya trascendieron que hubo audiencias sin motivos a profesionales, al mismo tiempo que grabaciones ilegales y auditorías.

La precarización y los contratos como herramienta

Tanto los gobiernos provinciales como el nacional llevan años como principales protagonistas de la precarización laboral. Mienten deliberadamente con estadísticas y datos que pretenden mostrar al pueblo índices normales de empleo. La realidad es que en ellos el trabajo en blanco es suplantado por empleo bajo modalidades precarizantes, como planes sociales que cumplen tareas en municipios y estamentos provinciales, y como en caso de los trabajadores de salud, contratos que son incumplidos. Lo increíble es que el estado mismo, ese estado que pretenden vendernos como nuestro, como responsable, como “el estado somos todos”, es el que toma el papel de empleador negrero, incumplidor e ilegal.

Este accionar no seria posible sin la connivencia de los sindicatos y centrales que levantan distintas banderas según el gobierno de turno, son cómplices de la precarización y la degradación de la salud, la educación, etc.

Mientras los trabajadores que están en la primera línea de lucha contra el coronavirus se están contagiando, no tienen un sueldo seguro, cobertura de salud, elementos de protección, insumos imprescindibles ni la capacitación necesaria para hacerle frente a esta tarea, el gobierno sigue asistiendo a la burguesía planera con préstamos, facilidades de compra de maquinaria, exenciones impositivas y asistencia económica para el pago de los salarios.

Pago inmediato de los salarios adeudados y regularización de la cobertura médica a los enfermeros del Pablo Soria. Pago inmediato del bono.

Recomposición salarial y salario igual a dos canastas básicas.

Basta de precarización laboral, pase a planta permanente de los trabajadores de la sanidad.

Insumos y EPP de calidad YA

Por un sistema de salud centralizado y bajo control de los trabajadores, para hacer frente a la pandemia.

Por una regulación que contemple la sobrecarga laboral, los riesgos y los gastos extraordinarios que sufren los trabajadores que son afectados directamente por la pandemia de COVID-19

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