Elaborar un programa de lucha abolicionista presupone conocer con detalle el campo en el que pretende operar. Sin conocer ese campo, las propuestas, por bien intencionadas que sean, pueden terminar construyendo no solo alternativas falsas sino, sobre todo, mecanismos por los cuales se perfecciona el sistema prostituyente. Ese programa tiene, además que entender cuáles son las formas por las cuales atacar al sistema, tanto por la vía institucional (penalización de las figuras prostituyentes, eliminación de los edictos policiales que castigan a las compañeras en situación de prostitución), como y más importante, por la vía material (construir una salida real de la prostitución para las compañeras). Creemos que la mayoría de las opciones que el abolicionismo argentino ha desarrollado, carecen de una perspectiva de clase, confían la solución a la acción de ONGs sin capacidad para ofrecer soluciones reales y, finalmente, apelan al Estado desde el punto de vista de la política del privilegio. Además, no se animan a recorrer hasta el final el camino de la abolición, confiando en que una actividad de tipo propagandístico-cultural tendrá algún efecto en el largo plazo sobre la “cultura prostituyente”.
Por el contrario, para nosotras, la solución no puede esperarse de este tipo de planteos. Es necesario una política que tome a las mujeres que ejercen la prostitución desde el punto de vista de clase, es decir, como mujeres obreras desocupadas. Que penalice a todas las instancias de la explotación sexual, es decir, que sancione al putero. Y, por último, que ofrezca una salida real a la situación de desocupación de la mujer obrera, salida que se identifica con la lucha de los desocupados en general, por un subsidio a la desocupación equivalente a la canasta familiar y empleo genuino. Veamos primero las debilidades que marcamos en el abolicionismo argentino.
El abolicionismo “formal”
Argentina es, formalmente, un país abolicionista de la prostitución. Resumiendo, el Código Penal sanciona a los proxenetas y la ley de trata penaliza a los terceros involucrados en la explotación sexual. Hay fiscales especializados y una procuraduría específica para denunciar estos casos, la PROTEX. Sin embargo, todas sabemos que estas medidas e instituciones no son suficientes. Las mujeres prostituidas siguen en las calles, los papelitos que ofrecen servicios en privados abundan y, a medida que la crisis económica se profundiza, el fenómeno se expande rápidamente.
Eso sucede porque el sistema prostituyente no solo se compone de proxenetas, sino que ese negocio forma parte de la política burguesa, como cualquier otro negocio. Un negocio que en la Argentina vincula a políticos con barras bravas, patotas sindicales, narcotraficantes y otros usufructuadores de negocios clandestinos. Los casos que debieran ser los más conocidos son, sin embargo, silenciados sistemáticamente: el ex agente de la SIDE Raúl Martins (cuyo procesamiento por trata y proxenetismo fue confirmado recientemente) fue acusado de financiar la campaña para jefe de gobierno de Macri; Néstor Kirchner recaudó fondos en su provincia a partir de la cesión de terrenos en Río Gallegos para “diversión nocturna” donde funcionó durante años la zona roja conocida como Las Casitas. Se trata de dos casos que llegan hasta el más alto nivel, pero por debajo se extiende un verdadero Estado “negro” que vincula a punteros, jefes de policía, dirigentes sindicales, etc., que manejan la vida cotidiana de municipios enteros. No se trata de corrupción. Se trata de un negocio que, aunque no esté blanqueado, seguirá existiendo, a pesar de las leyes existentes, porque es un sistema, un modo de funcionamiento de la vida política argentina y solo desaparecerá cuando sea destruido por la clase social a la que oprime. Esta es la razón por la cual, en un país abolicionista, la prostitución goza de muy buena salud.
Un proyecto bien intencionado (pero equivocado)
Cuando AMMAR propone un proyecto de “derechos para las trabajadoras sexuales” lo que está haciendo es sugerirle a la burguesía que se blanquee el negocio. Así los proxenetas serán “cooperativistas” y tendrán derecho a organizar una cooperativa. Los negocios que la ley abolicionista “ensucia”, los limpiarán con otras leyes que, si no derogarán el abolicionismo formal, al comienzo lo harán entrar en contradicciones para cuya resolución primará el presupuesto de “libertad individual”. Así, “la que quiera”, podrá seguir en la prostitución y tendrá derechos (algunas a explotar a otras, la mayoría solo a ser explotadas), mientras que la que no quiera esta falsa libertad, tiene que exigirle al estado burgués otra cosa.
Un proyecto de ley pretende resolver esta oposición entre “la que quiere” y “la que no quiere”. Presentado el 4 de setiembre de este año y firmado por diputados del FPV (Mónica Macha y otros) se denomina “Programa integral de protección y asistencia a personas en prostitución”, fue promovido por Silvina Perugino y Florencia Guimaraes García. El proyecto se fundamenta en la salvaguarda de los DDHH de las personas en prostitución. En primer lugar, decimos que esta ley es el complemento de la “recomposición de derechos de las TS” porque es paliativa, no es abolicionista de la prostitución dado que no apunta a la raíz del problema, sino a resolver las dificultades de las personas que ya fueron prostituidas. Sucede también que esas personas deberán acreditar con su declaración y aportando testigos su condición, lo cual, en principio, no parece una tarea sencilla.
Por otra parte, la ley es una defensa sectorial porque en nuestro país hay millones de desocupadas cuyos derechos más elementales brillan por su ausencia, aunque no están en situación de prostitución. ¿Cuál es el grado de perversión que implica por parte de una política abolicionista, supuestamente progresiva, sugerir que para que una desocupada esté en condiciones de exigir un subsidio a la desocupación primero tiene que aceptar ser prostituida y luego, demostrarlo? ¿Cuál es el criterio por el cual se divide al sujeto de la lucha abolicionista, todas las mujeres (y diversidades) de la clase obrera? Así, la obrera que no se prostituye, tendría delante suyo, en relación al empleo en el Estado nacional, no solo a las personas trans y travestis a partir de la implementación del cupo, sino también a la compañera en situación de prostitución, en tanto el proyecto propone “arbitrar los medios para que se incorporen a trabajar, con cupos específicos y preferencias, a las personas en prostitución, en el ámbito de la administración pública nacional”. Esa situación se extendería, también, al ámbito privado, en tanto el proyecto propone “promover convenios con incentivos para sindicatos, organizaciones e instituciones públicas o privadas y empresas para la promoción del empleo de las personas en prostitución”. Esta política supone que las mujeres pobres que no se prostituyen están necesariamente en una situación “privilegiada” y se extiende a los servicios de salud también. Digamos de paso que los verbos que enuncian la acción que se propone (“arbitrar”, “promover”) no obligan realmente a nadie a realizar acción alguna, con lo cual el proyecto, además de divisionista, es también inocuo.
El proyecto, por otra parte, propone un subsidio por un año (que puede extenderse a dos en caso de que la persona no obtenga empleo formal en ese período). Va de suyo que terminado el año, no termina la situación que empuja a las compañeras a la prostitución. Luego, se trata de una propuesta de muy corto alcance, cuya consecuencia política es el reconocimiento de la “libertad de elección” de las compañeras en situación de prostitución. El proyecto es para “las que quieran” abandonar la actividad, lo que da a entender que se trata de una “opción” voluntaria. Paradójicamente, quienes defienden la idea de que la prostitución no es trabajo, reconocen por esta vía que no solo lo es, sino que, en última instancia, es un trabajo aceptable, una “opción”.
Por último, el proyecto señala que “el programa debe llevar adelante acciones tendientes al fortalecimiento de la participación de las redes de organizaciones sociales y no gubernamentales que trabajan en la materia.” Es decir, de las ONGs. En lugar de propender a una intervención general, de alcance universal, el proyecto prefiere que los recursos se dispersen en la basta red de organizaciones que median entre el Estado y las beneficiarias. Esa mediación, no solo es pasto para los punteros de los partidos burgueses, sino que constituyen una estructura oscura, de difícil o nula fiscalización, a la que hay que mantener a costa de los recursos que debieran ir a las compañeras. Así, es común ver a conspicuas representantes de estas organizaciones viajando por el mundo, sin que quede claro qué parte de los recursos que el Estado les entregó llega realmente a las que tiene que llegar.
Para peor, aunque está implícito en la intención de las redactoras que se trata de una opción voluntaria, para la que “quiera” abandonar la prostitución, en ningún lado se dice que las ventajas que ofrecería la ley suponen la no continuidad de la actividad. De tal modo, en el mejor de los casos, el proyecto simplemente ofrece un nuevo “plan”, al estilo de los que ya conocemos, que no cubre las necesidades de las compañeras desocupadas, lo que las obligará a continuar en lo que estaban.
A todas luces, este proyecto no solo no constituye un avance, sino más bien lo contrario en relación a la lucha abolicionista. Parte de la división del colectivo mujer y de la fragmentación de la clase obrera entre mujeres con privilegios (la obrera pobre que ejerce la prostitución) y las que no lo tienen (la obrera pobre que no ejerce la prostitución). No solo las divide, sino que las separa. Este tipo de fragmentación del campo popular es el que lleva, finalmente, a la derechización de sectores enteros de la clase obrera, aquella que se queda afuera de las políticas del “privilegio”. La emergencia de Bolsonaro en Brasil debiera ser una advertencia seria a tener en cuenta en relación a esto.
¿Por qué Suecia+Argentina?
Como se sabe, el “modelo sueco” consiste básicamente en la penalización del putero. Sin cliente no hay prostitución. Se trata de cerrar una canilla más, la más importante, la de la demanda, del negocio de la prostitución. El modelo sueco no penaliza a la prostituta ni es prohibicionista. Simplemente carga, además, contra una de las bases del sistema. No hay abolicionismo real sin la sanción al putero. Si aceptamos la prostitución como una alternativa laboral cuya satisfacción supone el reconocimiento del derecho del varón a dominar a la mujer, no hay abolicionismo. Sin embargo, lo que puede ser bueno para Suecia, puede no serlo para Argentina. En particular, porque la Argentina se caracteriza por una expansión de la desocupación y una caída brutal de los ingresos de toda la clase obrera. En esas condiciones, masas enteras de jóvenes mujeres caen en la prostitución simplemente porque son obreras, son pobres y están desocupadas. El modelo abolicionista argentino tiene que incluir una solución a la desocupación. Sin esa solución, ninguna ley ni proyecto va a eliminar la prostitución. Luego, la lucha por la abolición de la prostitución pasa por la superación del abolicionismo formal, la sanción del putero, pero también por la exigencia de un subsidio general a la desocupación igual a la canasta básica para todas las mujeres obreras desocupadas. Esta consigna, no solo liga a la prostituta con su clase, sino con el movimiento de obreros desocupados, con el movimiento piquetero y con las acciones y luchas que mayor éxito han tenido en este país a la hora de “distribuir” riqueza. Bastaron dos días de lucha, el 19 y 20 de diciembre de 2001, para obligar a toda la burguesía argentina a extender el universo de planes sociales a más de dos millones y medio de personas. A eso tenemos que convocar a las compañeras, a organizarse y reclamar al Estado un subsidio a la desocupación equivalente a la canasta básica.
