Lucas Silva
Conti-Santoro
Para los docentes y trabajadores estatales, la vida depende de IOMA. Quien haya tenido algún problema de salud, sabrá que es moneda corriente la mala cobertura, la negación de los tratamientos urgentes, el aumento de las cuotas y la falta de autorizaciones. La obra social cubre cada vez menos medicaciones. Incluso, algunas clínicas y profesionales dejaron de atender a los afiliados. Para colmo, IOMA es responsable de varias muertes evitables. En febrero de 2018, falleció Gabriela Ciuffarella tras serle negada la medicación necesaria para llevar adelante su tratamiento oncológico. Al caso de Gabriela, que se convirtió en bandera producto de la lucha de familiares y organizaciones, se suman al menos 16 muertes más.
Quién esté libre de pecados…
Para desandar los problemas necesitamos saber cómo funciona IOMA. El directorio está compuesto por 7 integrantes. Cuatro vocales son elegidos a dedo por el ejecutivo provincial. Los 3 restantes son designados por los organismos de representación gremial de sus afiliados: el personal docente provincial, la administración provincial y el personal dependiente de las fuerzas de seguridad.
El funcionamiento de IOMA es, entonces, responsabilidad tanto de la gobernación de Buenos Aires como de los sindicatos. Cuando se buscan responsables del “mal funcionamiento” lo más fácil y útil para algunos es apuntar al blanco fácil: Vidal. Lo cierto es que tiene su grado de responsabilidad en los 16 crímenes. Sin embargo, si miramos un poco más de cerca, vemos que la responsabilidad es compartida.
Con el macrismo al mando de la provincia, el IOMA realizó una denuncia judicial por irregularidades detectadas durante la gestión de Scioli. La demanda incluía sobreprecios, defraudación, ventas irregulares e incluso aparentes tratamientos a pacientes ya fallecidos. En total, la malversación de fondos sumaba 380 millones de pesos anuales. La presentación de la denuncia la realizó el mismo presidente del organismo de ese entonces, Sergio Cassinotti.
¿Qué hizo la conducción de SUTEBA? Respondió con contradenuncias. El típico “nosotros sí, pero ustedes también”. A principios de junio de 2019, la vocal representante en el directorio del IOMA, Paula Espiño, denunció el traspaso en calidad de préstamo de fondos destinados al funcionamiento de la obra social al ejecutivo provincial. Otro ejemplo de denuncias cruzadas se dio con el caso de Osteolife SRL. La empresa tenía como gerente a Carlos Pampuro, uno de los implicados en las causas por las que se encarceló a De Vido e integrante de la familia de uno de los mayores aportantes a las campañas de Scioli. Ya con Vidal al frente del ejecutivo provincial, Pampuro fue el beneficiado con una contratación directa por 900 mil pesos sin motivo alguno, solo como agradecimiento por el vuelco de sus simpatías políticas. ¿Ve por qué decimos que se tienen que ir todos?
Uno podría creer, ingenuamente, que la única similitud entre un gobierno y otro se debe a estos apellidos que cambian de camiseta de acuerdo a donde vire el viento. Pero las mismas denuncias realizadas por una gestión terminan golpeando en el rostro mismo del denunciante. Por ejemplo, la Fiscalía del Estado bonaerense que a partir de diciembre de 2015 interviene en 19 causas sobre irregularidades en IOMA, dio cuenta que en una de ellas se encuentra involucrado el titular del gremio UPCN, Carlos Quintana, quien hoy es aliado de Vidal.
Ni desidia, ni tragedia: crímenes sociales.
Aunque la Celeste se empeña en decir que estamos frente a malas gestiones o malos funcionamientos, la realidad señala otra cosa. La obra social niega, no autoriza o suspende los tratamientos clínicos y la provisión de medicamentos a sus afiliados de forma regular. Bajo el capitalismo la ganancia, y no las necesidades sociales, rigen los intereses de la burguesía. Por eso, los fondos de las obras sociales suelen actuar como caja para financiar campañas políticas, partidos patronales e incluso a la misma burguesía. Mientras los trabajadores mueren intentando conseguir atención médica, IOMA paga sobreprecios de hasta un 400%, producto de las coimas entre prestadores corruptos, la obra social y las empresas proveedoras. Es decir, todos los meses nos descuentan un porcentaje del sueldo para financiar y sostener a la burguesía parasitaria argentina.
Entre la plancha y las elecciones
Unos y otros se acusan entre sí. SUTEBA “denuncia” de forma oportunista el funcionamiento de la obra social, señalando al gobierno provincial de utilizar los fondos para el financiamiento político. Sin embargo, limitan la denuncia a Vidal, dejando de lado al inefable de Scioli. Lo único que pretenden es instalar la formula Fernández-Fernández. Vidal, por otro lado, se aprovecha de la situación para denunciar a la gestión del peronismo. Como vimos, la gobernadora no cambió en nada el manejo de la obra social. Todo lo contrario, se benefició de la misma.
Lo curioso es que IOMA no está quebrada. El funcionamiento de la obra social es pésimo para sus afiliados, pero cierra sus cuentas anuales con superávit. Sólo en el 2017 tuvo un balance positivo de 1.500 millones de pesos. Por lo tanto, IOMA solo funciona de manera aceitada para beneficiar a la burguesía. Por eso, las muertes son crímenes sociales. La casi veintena de compañeros fallecidos no son producto de la desgracia. La salud de los afiliados es puesta en el último escalón de las prioridades de una clase que busca subsumirnos en el hambre, la miseria y la enfermedad.
Los trabajadores debemos poner a IOMA al servicio de nuestros intereses. La única manera de hacerlo es ejerciendo un control directo. Solo así podemos frenar los crímenes sociales y las muertes evitables. La obra social tiene superávit. Podemos utilizar esos recursos para mejorar considerablemente las condiciones de salud de los miles de afiliados. Mientras la salud siga al servicio de la burguesía, la ganancia de unos cuantos parásitos seguirá imponiéndose sobre la vida de la mayoría.
