La tendencia general que se manifiesta en las últimas décadas es el pasaje de esta fracción de la clase obrera de su condición de sobrepoblación relativa latente a estancada, en el caso de los que logran migrar a las ciudades, o el hundimiento en el pauperismo consolidado de aquellos que todavía continúan en los espacios rurales.
Por Roberto Muñoz TES-CEICS
El 19 de abril de 1940 se realizó el Primer Congreso Indigenista Interamericano en México, convocado por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, para tratar la problemática indígena del continente. Allí se fijó esa fecha como el Día del Aborigen Americano. Argentina adhirió a dicha celebración desde 1945, mediante decreto del poder ejecutivo nacional. A partir de 1984, la Iglesia Católica, a través del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y una serie de Ongs satélites, transformaron el día en lo que llamaron inicialmente la “Semana del Aborigen”, y que luego fuera corregida, con la adopción del lenguaje políticamente correcto de la antropología burguesa, como “Semana de los Pueblos Originarios”. Celebrada anualmente del 19 al 25 de abril, se trata “de un encuentro para reconocer la existencia plena, íntegra y vital de los Pueblos Indígenas (…) reconocer sus derechos comunitarios como sujetos colectivos con una identidad particular diferenciada” y que “el Estado Argentino se reconozca como un país multiétnico y pluricultural”.[1] La efeméride serviría, según los organizadores, para hacer visible al resto de la sociedad, fundamentalmente, que el acceso al “territorio” y el control de los recursos naturales son medios indispensables para la realización de los “Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas”.
Ya hemos mostrado, cuando nos detuvimos en las dificultades que presentan las estadísticas oficiales a la hora de medir a esta población bajo la categoría difusa de indígena, que incluso aceptando la existencia de una “cuestión indígena” en el país, la misma sería una cuestión eminentemente urbana, desde el momento que según esas mismas fuentes 7 de cada 10 de estas personas viven en ciudades.[2] De todas formas, desde el sentido común sobre el que se monta la Iglesia y las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales que intervienen en la estructuración de lo “indígena” como identidad específica y diferenciada, se insiste en la ruralidad de esta población y su centralidad para la reproducción en cuanto indígenas. Tal es así que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo estatal encargado de la política pública nacional destinada a esta población, a pesar de lo que indican los censos, cuenta como principal herramienta cuantitativa para ordenar su trabajo la Encuesta Condiciones de vida de Familias, Grupos Convivientes y Comunidades Indígenas en la Argentina, que solo abarca a aquellas familias que tienen residencia rural. Veamos que nos dice esta encuesta acerca de la composición social de dichas comunidades.
El relevamiento
La encuesta realizada por el INAI entre 2014 y 2015, tuvo como objetivo general producir conocimiento acerca de las condiciones de vida de la población y las comunidades indígenas, “así como de la incidencia de las políticas públicas integrales de ampliación de derechos e inclusión social, impulsadas por el Estado Nacional desde 2003”.[3] Para ello, se construyó una muestra que sería representativa de los 32 “pueblos indígenas” reconocidos en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas del INAI, y que engloban un total de 1.359 Comunidades registradas. En base a ello, el universo en estudio quedó conformado por las comunidades rurales de los pueblos originarios para las cuales había información suficiente para el diseño de la muestra. Se incluyó solo a las comunidades rurales, porque se consideró que las condiciones de vida en una comunidad urbana son diferentes a las que se presentan en un ámbito rural y tienen un peso menor sobre el total de las comunidades. Según el INAI, de la población denominada indígena que se encuentra organizada en comunidades, solo el 15% tiene asiento en espacios urbanos.
El instrumento de recolección de información consistió en dos fichas de relevamiento. Una de ellas estaba destinada a los grupos convivientes. Se utilizó esta categoría en vez de “núcleo familiar”, entendiendo por tal a la persona o grupo de personas que habitan la totalidad o parte de una vivienda y comparten la alimentación o el presupuesto de alimentación, haya o no relación de parentesco entre ellos. Ese relevamiento se estructuró en ocho dimensiones, a saber: datos sociodemográficos, educación, salud, discapacidad, trabajo e ingresos, programas sociales, uso de la tierra y vivienda. La otra planilla iba dirigida a la autoridad de cada comunidad encuestada, con la pretensión de recabar datos estructurales de las mismas. La muestra final quedó constituida por 51 comunidades (representativas de los 32 pueblos indígenas oficialmente reconocidos) y 1.050 grupos convivientes que, según se indica, permitían obtener estimaciones a nivelpaís con un nivel de confianza del 95%.
El relevamiento muestra una estructura etaria de las comunidades con un perfil joven, con una relativamente baja presencia de personas en edades activas y de adultos mayores de 65 años. En ese sentido, el índice de dependencia potencial, que indica la proporción entre la población en edades económicamente no activas (hasta 14 años y mayores de 65) con las personas de 15 a 64 años, arroja un valor de 109 pasivos por cada 100 personas en edades activas. Proporción muy superior a la que se observa en el conjunto de la población argentina, que es de 55 pasivos por cada 100 activos. Esto se debe en parte a la alta fecundidad, pero también, como presupone el informe, a las migraciones de índole laboral de las personas en edad activa.
Continuando con las características sociodemográficas de las comunidades, la mitad de sus miembros no había nacido en la misma localidad donde habitan actualmente. Contra lo que se podría suponer a priori, en base a las reivindicaciones indigenistas acerca de “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”, alrededor del 40% provenía de otra localidad de la misma provincia y cerca del 10% había nacido fuera de ella. Aunque insignificante, también se detectaron casos de nacidos en otros países.
Por otra parte, respecto del dominio de “la lengua originaria”, casi el 60% de la población relevada se comunica en castellano y el 70% de la población de 4 o más años no entiende ni habla “la lengua original”. Además, entre la población de 7 y más años, el 65% sabe leer y escribir solo en castellano, un 22% puede hacerlo en ambas lenguas, pero un 10% no sabe hacerlo en ninguna de las dos, lo que refleja un nivel de analfabetismo muy por encima del promedio nacional (1,9%). Ello ocurre, a pesar de las altas tasas de asistencia escolar en las edades obligatorias, con guarismos muy similares al total nacional.
Si bien se observan actualmente tasas de asistencia escolar casi universales para el nivel primario y del orden del 70% para el nivel medio, al medir las credenciales educativas de la población adulta, vemos que el 18% de los que tienen entre 18 y 24 años no cuentan con instrucción formal o bien tienen primario incompleto. Ese porcentaje se eleva al 54,4% para aquellos que tienen 25 o más años. En cambio, los que alcanzaron a terminar sus estudios secundarios, se reducen al 20% en el primer estrato y apenas el 9% en el segundo. Es probable que estén ocurriendo cambios de tasas de escolarización asociadas a distintos planes sociales que exigen como requisito para el cobro el cumplimiento de la escolaridad. En ese contexto, se observa que la población comprendida en la franja etaria de 5 a 12 años, presenta guarismos similares al promedio nacional.
En cuanto a la cobertura de salud, tres cuartas partes de los casos relevados no tenían ninguna y solo un 11% contaba con obra social. Además, el acceso a los programas de salud lanzados por el gobierno nacional desde mediados de la década pasada incluía a un porcentaje muy reducido de esta población. Solo el 2,9% estaba alcanzado por el Programa Federal de Salud (PROFE-Salud), que brinda cobertura médica integral a los beneficiarios de pensiones no contributivas, y un 1,9 % recibía los beneficios del Plan Nacer, que brindaba cobertura de salud a embarazadas, puérperas hasta 45 días y niños/as menores de 6 años que no tienen obra social.
En relación a la inserción laboral de la población de las comunidades indígenas, así como las condiciones en que desempeñan su trabajo, la encuesta refleja en primer lugar que la proporción de ocupados en la población de 14 y más años asciende al 55%, mientras que los inactivos representan un 40%, reduciéndose la desocupación al 5% de la población económicamente activa. Teniendo en cuenta que la población de 65 o más años abarcaba a tan solo el 6% de la población de las comunidades indígenas, se deduce que entre los inactivos hay una cantidad importante de hombres y mujeres en edad de trabajar que ni tienen ni buscan empleo, solapando de esta forma una importante cantidad de desocupados. Puede estar incidiendo también el elevado porcentaje de población en edad de trabajar que accede a pensiones no contributivas por invalidez. Padecer la enfermedad de Mal de Chagas, muy extendida en los espacios rurales donde habita gran parte de estas comunidades, habilita el acceso a este tipo de pensiones
Desagregado por estratos etarios, entre los adolescentes de 14 a 17 años el 20% declaró estar ocupado y un 4,6% desocupado. En comparación con el total nacional -donde solo el 6% de los jóvenes dentro de ese rango etario trabaja y menos del 2% manifiesta haber procurado conseguir empleo sin poder lograrlo-, esta población manifiesta una inserción laboral más temprana. Ello podría relacionarse con la participación en actividades laborales que desarrollan las familias enteras, como ocurre en las tareas de cosecha de varias producciones agrarias, o bien con la autoproducción para el consumo llevada a cabo en los propios hogares. Ambas actividades son registradas como actividad laboral por la encuesta. Por su parte, el estrato etario de 18 a 24 años muestra un nivel de ocupación del 50% y casi 10% de desocupados, siendo inactivos el 40% restante. Finalmente, entre los que tienen entre 25 y 65 años, los ocupados equivalen a casi el 70% mientras los desocupados presentan el 4,3%. Por lo tanto, dentro de esta franja etaria nos encontramos con 25% de inactivos.
Al dirigir la mirada al lugar de realización del trabajo, resulta significativa la proporción de hogares que reportaban la realización de actividades productivas, principalmente para autoconsumo y, con menor frecuencia, destinadas al intercambio o para la venta. Del total de ocupados, un poco más del 65% declaraba emplearse “dentro de la comunidad” mientras que un 28% lo hacía fuera de ella. Por último, los que combinan actividades tanto dentro como fuera de la comunidad representan el 6,4%.La encuesta también brinda información acerca de la frecuencia anual en la que se encuentran ocupados. El 63% declaró trabajar durante todo el año, mientras que casi el 40% restante dijo estar ocupado algunos meses al año o bien “ocasionalmente”.
Con estas características, al clasificar a la población empleada según categoría ocupacional, la encuesta concentró a la gran mayoría de los trabajadores que en realidad solo realizan tareas de autosubsistencia dentro de la categoría de “trabajador por cuenta propia solo y/o asociado”, con el 61,3% de los ocupados, mientras que la suma de las categorías de obreros o empleados en el sector público y privado, más el servicio doméstico y los titulares de programas de empleo, solo alcanzó al 36%. Este artilugio metodológico explica un peso del cuentapropismo dentro de las comunidades indígenas muy por encima del promedio nacional.Al mismo tiempo que habilita a transformar la miseria en virtud. Para el INAI, las actividades de subsistencia que se realizan en los hogares “podría explicar el hecho de que se registre una menor oferta de la fuerza de trabajo adulta dirigida hacia el mercado”. Todavía más, postula que la necesidad de generar un ingreso monetario a través del trabajo remunerado resultaría comparativamente menor en comunidades que residen en ámbitos rurales. Que la misma fuente revele que las comunidades son espacios que expulsan constantemente población, con flujos migratorios negativos, teniendo como principal motivación la búsqueda laboral en otros lugares, parece no tener ninguna importancia para el INAI.
La situación se invierte al observar únicamente a los que se ocupan fuera de la comunidad, en donde los trabajadores por cuenta propia se reducen al 36%, mientras que las otras categorías de asalariados se incrementan hasta representar casi el 60% de los ocupados.
Bajo estas condiciones, la proporción de trabajadores a los que les realizan descuentos por seguridad social es marcadamente baja (16,7%). Entre ellos, suelen prevalecer los empleados públicos –fundamentalmente, agentes de municipios, agentes sanitarios o auxiliares docentes. Son mínimos los casos que pagan monotributo o autónomos, o bien que poseen el monotributo social. La gran mayoría –casi 79%- ni le descuentan ni paga.
Como dijimos, según este relevamiento las actividades productivas en el interior de las comunidades tendrían un lugar destacado en la ocupación de estos pobladores. Dentro de ellos, la mitad realiza tareas de agricultura, un 60% se dedica a la cría de animales, cerca del 40% confecciona artesanías, siendo un porcentaje relativamente menor los que se dedican a la pesca, caza o recolección. Ahora bien, el destino de esa producción es para autoconsumo en casi el 80% de los casos.
Por otra parte, se indica que el 18% de la población percibe una transferencia monetaria proveniente de algún programa social. Proporción que aumenta a casi 3 de cada 10 en el caso de las mujeres. En la gran mayoría de los casos, se trata de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y pensiones no contributivas. En el caso de la AUH, como quien declara la percepción es la titular, la cobertura real de niños y adolescentes alcanzados por este plan no pudo ser determinada con exactitud. Ocasionalmente, el cobro puede suspenderse por la falta de cumplimiento de las condicionalidades exigidas o bien no hacerse efectivo por problemas de tipo administrativo. En ese sentido, una misma titular puede estar percibiendo la asignación por algunos de sus hijos, pero no por otros. Lo que sí se pudo constatar en la encuesta fue que el 60% de los niños y adolescentes que viven en estas comunidades, lo hacen en hogares que declararon no recibir la AUH. Además, el 17% de los hogares recibe asistencia directa a través de la entrega de alimentos y un 21% accede a tickets o vales alimentarios. En la mitad de los casos que reciben alimentos, la entrega es mensual y en un tercio, la percepción es con una frecuencia menor. En cambio, entre los que acceden a tickets alimentarios, un 86% lo hace mensualmente.
En relación a la situación de la vivienda y el acceso a servicios de esta población, se registró que casi el 42% de los hogares se ubicaban en barrios o caseríos rurales con viviendas deterioradas y un 20% se encontraban en similares situaciones, pero en barrios periurbanos y de vivienda social. A su vez, algo más de la mitad de los hogares se encuentra afectado por el hacinamiento. En cuanto a los materiales de las viviendas, el 72% tenía techo de chapa, un 11% techos de adobe y un 5% techos realizados con paja. Respecto a los pisos, los materiales predominantes eran de cemento o ladrillo fijo (50,7% de los casos) y ladrillo suelto o tierra (40,4%)
Además, solo el 22% de los hogares tienen instalaciones sanitarias dentro de la vivienda, mientras que el 67% cuenta con un baño fuera de la misma y un 11% directamente no tiene baño. Entre los hogares que disponen de instalaciones sanitarias, un 35% no posee inodoro y solo un 28% cuenta con inodoro con arrastre de agua. A su vez, menos de la mitad de los hogares dispone de cocina dentro de la vivienda y alrededor del 55% de los casos utiliza leña o carbón para cocinar. Por último, hay un 20% de hogares que no accede al suministro de energía eléctrica y en cuanto a la provisión de agua, apenas un tercio de estos hogares dispone de distribución por cañería dentro de la vivienda.
Por otra parte, del procesamiento de la segunda ficha de la que se componía la encuesta, dirigida a las autoridades de las comunidades, resulta que todas ellas contaban con personería jurídica. Se trata de comunidades que en un 60% están compuestas por entre 100 y 500 integrantes y respecto a la situación de la tierra que ocupan, en un 31% de los casos cuentan con título de propiedad comunitaria de los terrenos.
Al mismo tiempo, el 63% de las autoridades declaró la existencia de conflictos territoriales en sus comunidades. El 72% de estos conflictos es con entes privados y en el 29% de los casos algún miembro de la comunidad había recibido una orden de desalojo, haciéndose efectiva en el 14% de los casos. De esta manera, se mantiene la tenencia precaria de la tierra. Ello a pesar de la puesta en funcionamiento de la Ley N° 26169 de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas. Esta Ley se sancionó en 2006 y ordenaba al Estado realizar un relevamiento territorial para determinar cuáles son las tierras que pertenecen a los llamados pueblos originarios y, mientras tanto, suspendía “por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas”. Hay que aclarar que la normativa no establecía nada respecto a la titularización de esas tierras, tan solo su delimitación catastral. A su vez, solo reconocía como comunidades pasibles de acceder a este relevamiento a aquellas que contaran con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI). La dilación y lentitud en la aplicación de esta normativa quedó reflejada, en parte, en los resultados de la encuesta, realizada casi una década después de la sanción de aquélla: solo en la mitad de ellas ya se había efectuado la delimitación de la tierra que ocupaban y entre ellas, solo el 65% había obtenido la Resolución Ministerial aprobatoria, que certifica la ocupación.
Finalmente, con todas estas características que hemos desarrollado, las comunidades indígenas, salvo unas pocas excepciones, experimentan, como dijimos, un continuo flujo migratorio, protagonizado, fundamentalmente, por hombres y mujeres jóvenes. Incluso 17 comunidades de la muestra informaron la migración de familias enteras. El principal destino lo constituyen las ciudades de la misma provincia en la que se encuentra la comunidad, seguido por la emigración hacia otras provincias y en tercer lugar la ciudad capital de la provincia de la comunidad.
Por la unificación de la clase obrera
Más allá de las pretensiones de la encuesta,
la misma permite acercarnos a una caracterización de la condición social de las
llamadas comunidades indígenas con residencia rural a nivel nacional. Vimos una
serie de indicadores sociales que describen la grave situación que atraviesan
en términos de desempleo y subocupación, falta de acceso a viviendas adecuadas
y servicios básicos, tales como agua potable e instalaciones sanitarias, altos
niveles de analfabetismo, pésima atención hospitalaria, entre otros.
Indicadores que presentan cifras relativamente peores a las observadas en
espacios urbanos, pero similares a las del conjunto de la población rural. Por
lo tanto, la referencia a la pertenencia étnica no tiene ninguna importancia.
Por el contrario, la encuesta
muestra la plena inserción social de estos sujetos en el sistema capitalista
como una de las capas más pauperizadas del proletariado argentino, que
sobrevive, como gran parte del resto de la clase, casi exclusivamente gracias
al empleo estatal precario y los planes sociales de asistencia. En ese sentido,
la consigna de la autodeterminación sólo puede hundirlos aún más en la miseria.
Consumado el proceso de proletarización hace más de 100 años, la tendencia
general que se manifiesta en las últimas décadas es el pasaje de esta fracción
de la clase obrera de su condición de sobrepoblación relativa latente a
estancada, en el caso de los que logran migrar a las ciudades, o el hundimiento
en el pauperismo consolidado de aquellos que todavía continúan en los espacios
rurales. Por eso, contra la pretensión estatal y eclesiástica de fracturar a la
clase por la vía del supuesto respeto a la diversidad étnica, se debe impulsar la
unidad bajo una política de clase independiente. Contra la reaccionaria Semana
de los Pueblos Originarios, un 1° de mayo obrero y socialista.
[1]https://www.nodalcultura.am/2018/04/argentina-celebra-la-semana-de-los-pueblos-originarios/
[2]Véase Muñoz, Roberto: “Cómo se mide una entelequia. Acerca de las fuentes estadísticas oficiales para delimitar a la población indígena en Argentina”, en El Aromo N° 87, noviembre/diciembre 2015.
[3]INAI (2015) “Condiciones de Vida de Familias, Grupos Convivientes y Comunidades Indígenas en la Argentina”, pp.12. Ministerio de Desarrollo Social, Argentina.
