En el día de ayer, Leandro Alcaraz, un joven conductor de la Línea de colectivos 620 fue brutalmente asesinado de dos tiros mientras realizaba su recorrido habitual a raíz de una discusión por la SUBE con un pasajero. Uno de los pasajeros tuvo que conducir el colectivo para llevar al conductor al hospital, ante la ausencia de ambulancias. El hecho sucedió en San Pedro, Km 37 de la ruta Nacional n° 3, en la localidad matancera de Virrey del Pino.
Como respuesta inmediata, sus compañeros de trabajo y conductores de otras líneas se dieron cita anoche en la comisaría del Km 35, llamando al paro y cortando la ruta 3 como primera medida. En el día de hoy, 36 líneas de colectivo adhirieron al paro, mientras los choferes cortaron la General Paz y la ruta 3 a la altura de San Justo y fueron a la Municipalidad a exigir que los reciban. Mientras los choferes reclaman paro general, la UTA se niega.
Este no es un hecho aislado. El 27 de febrero y el 6 de marzo, los vecinos y comerciantes ocuparon la comisaría de Virrey del Pino, exigiendo medidas inmediatas de seguridad frente una descomposición creciente, el aumento del narcotráfico, consumo de paco y asaltos cada vez más violentos. Los hechos de violencia que afectan a los trabajadores del transporte son una muestra más de la barbarie a la que nos conduce este sistema social. El capitalismo lleva a la descomposición de todas las relaciones sociales. No solo sumerge a masas crecientes de la población en la pobreza y la miseria, también embrutece a la clase obrera en términos morales e intelectuales. Al descartar a una fracción creciente para tareas productivas, se desentendiende de su educación e incluso de su forma de subsistencia. La vida misma se desvaloriza, la propia y la de los demás. El Estado, por supuesto, no es ajeno a esta realidad y aprovecha ese caldo de descomposición social para armar, con sectores policiales, bandas delictivas, grupos de choque, negocios con el narcotráfico, mafias, barras bravas, etc.
El problema de fondo no se resuelve con medidas paliativas o preventivas. Una mayor presencia de la policía no va a modificar la situación de descomposición social que es el caldo de cultivo sobre el que se producen estas muertes. Para poner fin a las condiciones que generan estos hechos, debemos organizar la sociedad de otra forma, una en la que nadie se vea empujado a vivir en la miseria y en donde la vida vuelva a recobrar valor.
No obstante, en lo inmediato hay que exigir medidas de seguridad para prevenir estos hechos que ponen en riesgo la vida de los trabajadores, tanto de los choferes como de los pasajeros. Todas las unidades deben contar con cabinas de seguridad para los choferes. Pero esto solo protege a los choferes y no a los pasajeros. Es necesario, por tanto, acompañarla con otras medias. Cada unidad debiera tener también una cámara que enfoque a los pasajeros para poder identificar a los delincuentes, que solo pueda tener un uso jurídico penal, de forma tal que no pueda ser utilizada por la patronal para control laboral. También deben contar con un botón antipático para avisar inmediatamente sobre cualquier situación riesgosa. Por otro lado, debe garantizarse mayor presencia policial en las paradas, en especial en aquellas de las zonas donde se producen mayores hechos de violencia, y un sistema de patrullaje permanente en las rutas de los colectivos de modo de poder actuar de forma inmediata en este tipo de casos. Pero ello debe ir necesariamente acompañado de un control sobre la policía, porque las comisarías están arregladas incluso en los delitos de poca monta. Por eso debe haber elección popular de los responsables de las comisarías y se debe permitir la sindicalización de los trabajadores de la institución. Para poner en marcha estas medidas, los vecinos y trabajadores deben reunirse en una asamblea que elaborare un programa de reivindicaciones y las lleve adelante, con las acciones necesarias para hacerlo cumplir.
