Tras la victoria electoral, el gobierno de Macri aceleró el trabajo sobre una serie de variables que buscan en lo inmediato reducir el déficit fiscal; y en el mediano redefinir las relaciones económicas argentinas con el objeto de mejorar las condiciones de acumulación. Es decir, reducir el costo de la mano de obra argentina. Con una política sostenida de “atraso cambiario”, la jugada se vuelve impostergable para el gobierno de Cambiemos, como vía para impulsar una mejora en la competitividad de los capitales que operan en el país.
En este sentido, se anunciaron durante las últimas semanas tres reformas fundamentales: la fiscal, la laboral y la previsional. Estos paquetes son inseparables, aunque cada una de ellas tiene sus especificidades. Nos ocuparemos aquí de la reforma previsional.
Una segunda estocada
La reforma previsional cuenta con varias aristas. En primer lugar, puede decirse que el proyecto enviado para el tratamiento parlamentario expresa la continuidad de la estrategia iniciada con la conocida Reparación Histórica. En el decreto que la sancionó, que contó con el apoyo de todas las bancas de los partidos patronales, el gobierno comprometía a las provincias no adheridas al régimen nacional a un “saneamiento” de sus cajas jubilatorias. ¿Qué habría que sanear? Sencillo: no es posible que una provincia otorgue una jubilación con menos requisitos o mejor haber que las que otorga ANSES a la misma clase de trabajador. ¿Qué pasa si una provincia desea mantenerse “insana”? Sencillo también: se le recorta la ayuda presupuestaria.
El problema del “saneamiento” es de vieja data. En el “compromiso federal” de 1999 ya se advertía a las provincias sobre la necesidad de trabajar sobre este asunto. Durante la pelea por los fondos coparticipables en la década kirchnerista, tanto Cristina Kirchner como Diego Bossio dejaban en claro que resultaba una injusticia que la nación tenga que financiar “privilegios” provinciales. Por supuesto, con la soja cotizando alto, el apremio por el ajuste resultaba menor. Hoy Macri, con la caja reducida, debe poner manos a la obra para achicar el déficit.
A su vez, el ajuste va a atacar al corazón de la legislación previsional: la adquisición del derecho y el cálculo del haber jubilatorio.
Corriendo la línea de llegada
Con el pretexto de que la vida es cada vez más larga y no hay nada mejor que derrocharla en un trabajo, la burguesía, sus defensores en el congreso y los medios de comunicación defienden la opción voluntaria a trabajar hasta los 70 años, con excepción de los empleados públicos. Ocurre que esa opción ya existe. No hay ningún impedimento legal para que un trabajador, de común acuerdo con el patrón, conserve su empleo (salvo en los trabajos considerados insalubres y en el empleo público). La novedad es que, según la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo mediante la propuesta del gobierno, cuando un trabajador adquiere derecho a la jubilación (30 años de servicios, 60/65 años de edad según el sexo) el empleador puede dejar de cotizar cargas patronales a la seguridad social. Solo paga obra social y ART. Se trata entonces de una exención tributaria para las patronales. Actualmente, si un trabajador se jubila, pero el patrón lo sigue necesitando por su pericia en la tarea, puede seguir empleándolo, pero le sale caro, dado que a las cargas sociales se le suma la antigüedad (el aporte que iba a jubilación se deriva al Fondo Nacional de Empleo que paga la prestación por desempleo). Entonces, el trabajador cesaba, se anotaba como monotributista y le facturaba a la empresa. El gobierno busca blanquear esta situación, eliminar la antigüedad luego de jubilado y, de paso, derivar la atención medica de estos trabajadores a las obras sociales sindicales, descongestionando la caja del ajustado PAMI.
Una mínima cada vez más mínima
En su artículo 5º, el proyecto del ejecutivo arremete contra la garantía del haber mínimo estipulada en el artículo 125 de la ley 24.241. La novedad consiste en que a quienes se jubilaron con 30 años de aportes efectivos, se les garantizará un haber equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil, lo que equivale hoy a $8.200.[1] O sea: una garantía de hambre. Por si fuera poco, no incluye a quienes se han retirado acogiéndose a alguna de las 3 grandes moratorias previsionales. Ellos pueden cobrar menos. El objetivo de este punto es eliminar lisa y llanamente el concepto de universalidad del haber mínimo. De esta forma, unos jubilados tienen garantía de haber mínimo (aunque miserable), mientras que otros pueden cobrar aún menos. Una fragmentación de los jubilados. Hay que tener en cuenta que los jubilados con moratoria representan a la mayoría del sector pasivo.
Para entender este asunto, es necesario comprender que un haber jubilatorio se compone de varios conceptos. Antes de que Menem derogara las leyes 18.037 y 18.038, el concepto que se pagaba por jubilación era, generalmente, uno solo: “Haber mensual” (calculado sobre un promedio de los 3 mejores años de los 10 anteriores al cese). Este sistema daba mejores resultados que el actual (que calcula sobre las últimas 120 remuneraciones). El actual sistema (vigente desde 1994), instituye un concepto único, invariable para todos: la Prestación Básica Universal (PBU). En su origen fue pensada como el Haber Mínimo, al que se adicionarían la Prestación Adicional por Permanencia (PAP) y la Prestación Compensatoria (PC) calculadas sobre la base de los aportes anteriores al año 1994 y los sueldos posteriores a dicho año, respectivamente. Todo el mundo cobra PBU, calculada arbitrariamente, pero no todo el mundo PC o PAP, calculada sobre los sueldos. El logro del menemismo fue desenganchar parcialmente a la jubilación del sueldo en actividad. El kirchnerismo, por supuesto, mantuvo el esquema sin ninguna variación. Su única novedad fue instituir, mediante la Ley de Movilidad 26.417, una actualización semestral y un nuevo haber mínimo de garantía. La arbitrariedad de la PBU no se tocó; solo se instituyó que el concepto “Complemento al Haber Mínimo” pagué la diferencia entre la verdadera jubilación y la mínima. De esta forma, el andamiaje legal seguía sirviendo a un eventual ajuste. Bastaba con tocar el haber mínimo, dejando intactas las leyes que ya tienen más de dos décadas de vigencia.
El gobierno recupera lo reparado
Otra de las novedades es la cuestión que hoy está discutiendo todo el mundo: la modificación de la fórmula para actualizar los haberes. Como hemos referido, en la actualidad se actualizan semestralmente con una fórmula aprobada durante el kirchnerismo. Esta pondera la variación de los recursos tributarios y el mayor de los índices salariales (el del INDEC o el RIPTE). El macrismo propone un nuevo cálculo que recompondrá trimestralmente las jubilaciones. Dicha recomposición nunca podrá ser inferior a la inflación, ya que tomará como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Lo que también significa es que sin inflación no hay aumento; por lo que no hay ninguna perspectiva de que la mayoría de las jubilaciones se levanten de ese piso tan bajo en el que están, alrededor de $7.246,64. No obstante ello, si cambia el índice de actualización como lo quiere el gobierno, la jubilación aumentará en marzo en torno al 5,2%. Si se mantiene el índice actual, el aumento que debería otorgarse en marzo del año entrante se ubicaría en torno al 12%. Con frases resonantes como “nunca por debajo de la inflación”, el gobierno busca hacer pasar un importante ajuste. Al cinismo marketinero, le han sumado un adicional que se pagará en función de la variación del PBI. Ese famoso adicional, si el PBI creciese 4%, haría que una jubilación de $10.000, se incremente en unos fabulosos… $20. Una vergüenza. El PJ secundó la medida, ya que su única objeción se redujo al intento de modificar la proporción (Pichetto pretende una fórmula que actualice en un 70% por la variación del IPC y 30% por aumento de sueldos) que constituiría una versión de ajuste levemente moderado.
De esta forma, el gobierno pretende recuperar con creces lo otorgado en la célebre Reparación Histórica: entre julio de 2016 y octubre de 2017, ANSES desembolsó 36.500 millones de pesos en los reajustes extorsivos. Con el nuevo índice, ANSES ahorraría alrededor de 70.000 millones de pesos. También, podría cubrir parte del desfinanciamiento del organismo de sancionarse la rebaja de cargas patronales propuesta en la reforma fiscal.
Las cosas por su nombre
Los celebrados “aumentos” otorgados durante el kirchnerismo no hicieron más que actualizar los haberes, corriendo siempre detrás de la inflación. Mientras ellos celebraban más del 90% de cobertura previsional, ocultaban prolijamente que el grueso de esa gente cobraba un haber mínimo (esto es PBU, más un complemento al mínimo del momento). El kirchnerismo consolidó la jubilación como un subsidio de asistencia. Como con la asignación universal por hijo, no buscaba modificar estructuralmente una realidad (altísimos porcentajes de empleo en negro) sino consolidarla. La AUH le sacó la responsabilidad al empleador negrero de parte de la carga social, mal que le pese a la CTA, que la sigue defendiendo. La jubilación con moratoria le quitó a muchos empleadores la responsabilidad de los aportes adeudados (descontados en parte al nuevo jubilado), a la vez que constituía una fuente de ingreso que permitía abaratar el costo laboral de los adultos mayores. Hoy en día, con estos haberes mínimos, la vida de un adulto mayor se hace insostenible, por lo que tiene que seguir trabajando. La jubilación constituye entonces un ahorro de patrones negreros, que contratan jubilados por menor salario con la excusa de hacerles una gauchada para “completarles” lo que falta para vivir. Por supuesto, como ya tienen PAMI, no hacen un solo aporte y sus trabajos están todos fuera de convenio. Este es el caso de muchas empleadas domésticas, acompañantes terapéuticos, jardineros, cocineras y mozos de pequeños emprendimientos, maestros panaderos y pizzeros, entre otros oficios.
El macrismo dio un paso de sinceramiento respecto de esta situación. No renovó las moratorias e instituyó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que viene a jugar el mismo rol asistencial, con la diferencia de igualar la edad de adquisición de derecho: 65 años para varones y mujeres. La PUAM es un subsidio a la vejez, que se puede cobrar siempre que no se cobre otra prestación. Lo que sí está permitido es, por supuesto, trabajar. Con la excusa de habilitar a que se puedan ir juntando aportes para luego pedir una jubilación. Haga sus cuentas, un hombre que ya llegó sin aportes a los 65 años; ¿qué posibilidad tiene de sumar los 30 que faltan para una jubilación?
Lo que se viene; la guerra contra los “privilegiados”
Macri, en su discurso del 30 de octubre al anunciar parte de lo planeado en materia previsional, dejó una serie de debates abiertos. Por ejemplo, sugirió que deben eliminarse las jubilaciones “de privilegio”. En la jerga previsional, estas son las de los Presidentes y Vicepresidentes, los parlamentarios y jueces, entre otros. Con ese título, parece una medida muy popular. Pero Mauricio agregó otra cosa, que pasó desapercibida para varios: “no puede ser que unos pocos se jubilen a los 40 o 45 años, mientras la mayoría lo haga a los 65”. Macri planteó la pelea no contra las jubilaciones de privilegio, sino contra los regímenes previsionales diferenciales. Como mencionamos, en el decreto que aprobó la Reparación Histórica se coló lo del “saneamiento” de las cajas provinciales. Según el caso, empleados públicos de distintas provincias obtienen su jubilación en mejores condiciones que los que aportan a ANSES. Pero el problema va más allá: un sin número de actividades, por sus condiciones de insalubres o causantes de agotamiento prematuro habilitan a la jubilación antes de tiempo: docentes, metalúrgicos, choferes de carga y de pasajeros, portuarios, telefónicos, obreros de la construcción, mineros, petroleros, enfermeros y radiólogos, entre otras tantas. El gobierno va a replicar la estrategia de Cristina cuando arremetía contra los que sufrían descuento por impuesto a las ganancias: “son privilegiados que no quieren ceder para que todos estemos mejor”. Por eso, es necesario que en todos los gremios se discuta la condición del trabajador pasivo. Y se pelee para defender las conquistas. No podemos dejar que se nivele para abajo.
La burocracia sindical ya está preparada para una fenomenal agachada. La izquierda se encuentra confundida, peleando por el 82% del sueldo, en una Argentina en donde la mayoría de los salarios son de hambre. Nosotros debemos imponer la pelea unificada entre los laburantes en actividad y quienes se jubilaron. Los sindicatos deben abrir sus
puertas a los jubilados de su rama, para que los sueldos y haberes jubilatorios puedan discutirse en paritarias nacionales. Tenemos que recuperar el derecho al retiro, a vivir con lo aportado. Para ello, es necesaria una discusión integral del sistema previsional nacional. Una asamblea nacional de trabajadores ocupados y desocupados puede ser la cita para esta y las demás luchas que los trabajadores tenemos por delante.
NOTAS
1Según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, la canasta básica total (que marca el límite de la línea de pobreza) para un hogar de dos adultos inactivos y PROPIETARIOS de la vivienda es de $8.018,04. Imagine el lector lo que queda a los viejos que deben alquilar la morada.
