El gobierno de Macri, con la colaboración del peronismo (cualquiera sea su color), volvió a mostrar su declaración de guerra a los desposeídos. En particular, a los mapuches en el sur. Desde ayer, este gobierno ya cuenta desde ayer con su segundo muerto. Esta vez fue Rafael Nahuel, asesinado por las fuerzas de Prefectura. El hecho se produjo en las tierras del gobernador peronista y, hasta ayer nomás, miembro del kirchnerismo: Alberto Weretilneck, quien nunca (ni cuando era soldado de Cristina) dio respuesta a los reclamos de esta gente.
A esto se agrega la detención del Secretario General de ATE, Seccional Andina Sur, Javier Milani, y su esposa Florencia Placidi, lo que muestra que el ataque se extiende al conjunto de los trabajadores.
El asesinato de Nahuel se produjo en medio de un patrullaje sobre la zona del Parque Nacional Nahuel Huapi que había sido desalojada el jueves pasado por orden del juez federal Gustavo Villanueva (denunciado por la abogada de Jones Huala). Toda esta región, que tiene como ejes principales las ciudades de Bariloche, el Bolsón y Esquel, está prácticamente militarizada desde hace tiempo. Esto se ha intensificado ante la inminente reunión preparatoria del G20 que se realizará en Bariloche en los próximos días. La presencia de las fuerzas represivas federales en localidades relativamente pequeñas es especialmente notoria. En este caso, con un despliegue combinado de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal, 300 efectivos cerraron la ruta 40 que une a Bariloche con el Bolsón en la madrugada del jueves y procedieron al desalojo de 30 personas, entre hombres, mujeres y niños, que se habían instalado con carpas hace aproximadamente dos meses sobre la zona del muelle del lago Mascardi. Varias mujeres con sus hijos quedaron detenidas y un grupo de hombres escapó hacia los cerros. Las detenidas lograron la libertad al día siguiente. Los hombres que habían escapado, al intentar regresar para reencontrarse con sus familias, fueron sorprendidos a balazos. Así, Rafael cae muerto ayer por una ráfaga de ametralladoras.
Las familias que habían llevado adelante la toma, provenían del barrio Virgen Misionera, en las afueras de Bariloche, hacia el oeste de la ciudad, aunque con las mismas características de los barrios de “El alto”: gran concentración de clase obrera ocupada estacional o abiertamente desocupada. Las familias desalojadas estaban organizados en comunidad como mapuches –Lof Lafken Winkul Mapu-, y llevaron adelante la toma como una “recuperación territorial”. Es decir, el proceso es similar al que vimos cuando se desató la represión sobre Cushamen. Compañeros que habían sido desplazados del medio rural a las ciudades –ya sea por haber sufrido desalojos de tierras fiscales o, más marcadamente, por la falta de oportunidades laborales- y, principalmente, jóvenes obreros que directamente nacieron en espacios urbanos, hoy, ante la desocupación abierta, ensayan esta salida de vuelta al campo. La imposibilidad del acceso a la vivienda atraviesa a gran parte de la clase obrera argentina. En esta región patagónica, los números son por demás elocuentes: en Río Negro y Neuquén se estima que existen 75 mil personas viviendo en tomas. Solo en Bariloche existen 14 tomas, de distinta antigüedad, en las que viven 4.000 personas, aunque en otras localidades la situación es peor: 4.500 en El Bolsón, 6.600 en Neuquén, 18 mil en Cipolleti, y 33 mil en Neuquén capital.
El macrismo está demostrando que quiere barrer con toda esa población desposeída y desesperada que busca solucionar su problema de vida acudiendo a la organización y a la acción directa (más allá que la posesión de esas tierras no vaya a solucionar nada). Eso es algo que ningún gobierno burgués, desde De la Rúa para acá, puede tolerar. El primer paso será “limpiar” la Patagonia. Allí, la vida de los pobladores, en su forma más elemental, se interpone con tierras que se valorizan por la actividad turística.
Los culpables no solo están en el macrismo, sino también en el propio kirchnerismo. Primero, porque a esta situación se llega porque hubo una década en la cual avanzó la pauperización en toda la Patagonia, y en Bariloche en particular (la explosión del barrio El Alto). Segundo, porque durante años, esta gente llevó reclamos que no fueron escuchados, sino más bien reprimidos. Como muestra, recordemos el asesinato de Sergio Cárdenas y Facundo Carrasco en junio de 2010. Para datos más actuales, en diciembre del año pasado, las fuerzas provinciales reprimieron una manifestación por tierras en El Bolsón. Este año, la legislatura provincial, a petición del gobernador, aprobó una nueva ley de tierras que prioriza las actividades turísticas en detrimento de los reclamos de las comunidades. Este mismo mes, estas se movilizaron pero no fueron atendidas por el gobernador.
Cuando dijimos, ante el 2×1 y el caso Maldonado, que no podíamos marchar con los asesinos, no era una declaración “purista” y sectaria, sino que señalaba un hecho real y activo: esta gente vino matando a la misma gente hasta hace unos días y va a seguir matando si es necesario. Con los hechos sobre la mesa, todas las organizaciones en lucha deberían realizar una profunda reflexión.
Entre ellas, está la necesidad de una intervención urgente. Los legisladores de izquierda deben hacerse presente en el lugar de los hechos y constituir una comisión investigadora independiente. Otra vez, no puede dejar el esclarecimiento en manos de los mismos asesinos.
Pero más importante aún, la izquierda debe comprender que aquí hay un problema grave: una creciente población está siendo desposeída de las condiciones más elementales de vida. No se trata de bajos salarios o malas condiciones laborales. No se trata de planes que no alcanzan. Estamos ante compañeros que no tienen con qué vivir. Esa desesperación lleva a buscar las soluciones que tienen a mano y que pueden ser amparadas por alguna legislación: la reivindicación de derechos ancestrales bajo la forma de “comunidad indígena”. Esta desesperación existe no solo porque el gobierno no resuelve problemas elementales y porque los sindicatos no defienden a nadie, sino porque la izquierda no ha logrado hacerse presente y estructurar una lucha en torno a esas reivindicaciones. Por eso, es imperioso reunir a todos los luchadores de la región, bajo la forma que se reivindiquen, reunirlos junto a los obreros ocupados (estatales, rurales, docentes, entre otros) que sufren condiciones de miseria y están amenazados por la misma situación, discutir los problemas, elaborar un plan de lucha e implementarlo. Una Asamblea Regional de Trabajadores Ocupados y Desocupados.
Libertad inmediata a Javier Milani y Florencia Placidi
Por una comisión investigadora independiente, presidida por los legisladores de izquierda.
-Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la muerte de Rafael Nahuel.
-Retiro inmediato de las fuerzas federales de la provincia y desmilitarización.
-Por una Asamblea Regional de Trabajadores Ocupados y Desocupados.
Hoy, 17.30 hs. todos a Plaza de Mayo.
Razón y Revolución
26/11/2017
