El Centro Gallego viene de una larga crisis, que llevó a su intervención en 2012, y de la que no parece salir. Es por eso que el ataque a los trabajadores está a la orden del día. Los trabajadores Héctor Santiago y Sebastián Bustamante fueron despedidos por la intervención del Hospital a cargo del interventor judicial Martín Miguel Moyano Barro. A ellos se sumó el despido de María Elena Reta, del Sindicato de la Salud -enrolado en la CTA Autónoma-, el día 30 de agosto. Se trata de despidos que se engloban dentro de una estrategia patronal más general: avanzar sobre las condiciones de los trabajadores, comenzando por el descabezamiento de sus activistas. En efecto, recientemente, los mismos despedidos se habían puesto al frente de una lucha contra el pago en cuotas de salarios adeudados por la actual gestión.
Del mismo modo, la administración ha amenazado con concesionar el hospital. Y todo indica que planea “reestructurar” la planta. Al respecto, ya se están produciendo el cierre de sectores del hospital, lo que conllevará seguramente más despidos, aprietes de todo tipo sobre los trabajadores para aceptar nuevas condiciones de trabajo y sobreexplotación de una planta más pequeña vía tercerización y precarización. Ello se suma a la falta de insumos y servicios. La burocracia de ATSA, por otro lado, es cómplice de esta ofensiva patronal, exponiendo al conjunto de los trabajadores a sus efectos. Como si eso fuera poco, la misma patronal ya ha sido denunciada por defraudación, asociación ilícita, estafa y malversación de fondos públicos según consta en el Expte. Ccc 11212/2017.
Como se ve, para el capital siempre somos la primera variable de ajuste. Cuando los números no “cierran”, arremeten contra los trabajadores, haciéndonos pagar su propia crisis y argumentando que le “sobran” trabajadores. En realidad, no hay ningún trabajador y servicio que “sobra”. Los pacientes que hoy se atienden en el hospital Gallego necesitan de todos y cada uno de ellos. Los que verdaderamente sobran son esta misma clase capitalista que lucra a costa de los trabajadores. Una muestra más de cómo funciona el servicio de salud bajo el capitalismo: se priorizan los “números” (es decir, que sea rentable para unos pocos) y no el nivel de la atención médica.
Por ello, para hacer frente a este ataque al conjunto de la clase obrera, se vuelve más urgente que nunca construir herramientas de coordinación, que permitan articular las luchas que hoy se encuentran parcialmente aisladas. Debemos dar una respuesta de conjunto y con independencia de clase, para que finalmente la crisis la paguen los capitalistas.
Razón y Revolución se suma entonces a la convocatoria para la reunión de solidaridad realizada por los compañeros, el miércoles 20/9 a las 18 hs (puntual) en ATE Nacional (Belgrano 2527). Y también exigimos: Inmediata reincorporación de los compañeros despedidos. Basta de despidos y persecución. No al cierre de sectores. No al pago de salario en cuotas.
A continuación, una entrevista al compañero Héctor Santiago, despedido del Hospital del Centro Gallego:
-Comentame el origen del conflicto de las últimas semanas
-El conflicto viene de larga data. Esto ya comenzó en el 2012, con el atraso en el pago de los salarios, por lo que los trabajadores en ese momento comenzamos a manifestarnos en la calle, pidiendo la intervención del gobierno para solucionar esta situación. Pensemos que es la fuente de trabajo de 1400 trabajadores. A partir de ese momento, en agosto de 2012, viene una intervención a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, a partir de ahí vinieron distintas intervenciones que para lo único que sirvieron fue para alargar la agonía. Pasaron tres administraciones de intervención y lo único que se logró fueron más problemas, más deudas en la institución y malas administraciones. Cuando se fueron los integrantes de la Junta Directiva del Centro Gallego, había una deuda de 130 millones de pesos. Estoy hablando de 2012. Hoy en el 2017, hay una deuda de 1800 millones de pesos. Es una deuda muy grande, más del 50% con el ANSES. En ese marco, los trabajadores seguimos protestando porque hemos cobrado los sueldos en cuotas. Y desde el mes pasado, retomamos la visibilización del conflicto, cortando la Avenida Belgrano. Y a raíz de eso, lo único que logramos fueron despidos de los compañeros que estábamos liderando esa lucha. Acá hay una comisión interna que pertenece al gremio de Sanidad, totalmente vendida, es parte de la patronal, porque decide y digita a los compañeros que tienen que ser sancionados. Y en ese marco, uno de los primeros despedidos fui yo con 38 años de antigüedad. Luego siguió la compañera María Elena con 32 años de antigüedad. Sin tener ningún tipo de antecedentes. El legajo lo tenemos completamente limpio. No pueden argumentar nada. Realmente son despidos arbitrarios por encabezar la lucha por el cobro de salarios y por la manutención de los puestos de trabajo. Estamos ahora en negociaciones donde se está hablando con la intervención para que retrotraiga sus medidas. Y hacemos paralelamente medidas judiciales por la reinstalación a nuestros puestos de trabajo porque las causas con las que esgrimen nuestros despidos son persecutorias. Es lo que nosotros llamamos “persecución gremial”: no encuadrarnos dentro de lo que dicen los delegados vendidos y no encuadrarnos con las actitudes de la patronal.
-¿Se esperan más despidos?
-El rumor dice que sí. A todo esto, están cerrando servicios. Toda el ala de pediatría, terapia de pediatría, internación, neo y maternidad. Están achicando la internación en adultos. Este es un sanatorio con 320 camas de capacidad. Y el interventor quiere manejarlas con 90. Y eso va a significar menos entrada de dinero en cuanto a la facturación a PAMI y, lógicamente, tendrán demasiado personal para tener habilitada la situación, como para decir “reducimos gente”. Incluso hay situaciones de apriete. Te dicen “vos trabajás en el quinto, pero ahora vas al segundo”. Y ha pasado en estos últimos despidos, que como la gente se negó, los echaron. Hay mucho miedo en los compañeros porque están indefensos, porque nosotros que estábamos encabezando la lucha, hoy estamos afuera. No hay ningún tipo de resistencia.
-¿Qué apoyo encontraron?
-Hicimos reuniones. Intentamos ampliar. Queremos la solidaridad de las distintas organizaciones gremiales y políticas para hacer frente a estos atropellos. Porque realmente, esto no es una isla y la tenemos que enfrentar donde sea. En el caso nuestro, nos tocó acá. Pero hay que ver cómo se articula de alguna manera con todas las situaciones que están pasando en los distintos lugares de trabajo para hacer frente a esta política catastrófica del gobierno.
-¿Qué perspectiva tiene el conflicto de acá en más?
-La perspectiva del conflicto es esa: seguir peleándola. Nosotros consideramos que nuestro reclamo es justo, no hemos hecho absolutamente nada fuera de lo normal, porque lo único que hicimos fue un corte de calle absolutamente pacífico. Con banderas que solo decían era “queremos cobrar” y “no al cierre de la institución”. Era lo único que planteábamos. Y por hacerlo visualizar en la vía pública, tuvimos los despidos. Es una decisión bien política. En cuanto no tengamos ninguna respuesta, vamos a seguir con esto, vamos a seguir peleándola. Y una de las cosas que nosotros siempre decimos acá es que la única lucha es la que se abandona.
