Peor que en los 90 – Por Nicolás Villanova

La herencia “K” y las bases sociales para el rearme del movimiento piquetero

Hay quienes sostienen que con la victoria del macrismo el país retornará a los ´90. Sin embargo, un examen de los principales indicadores sociales y del mercado de trabajo muestra que, a pesar del “relato K”, en los hechos, en la última década estamos peor que con Menem y que Cristina nos deja un país en llamas.

Por Nicolás Villanova (OES-CEICS)

A fines de los años ’90, la economía Argentina puso al desnudo una vez más lo que verdaderamente es: un capitalismo que cada 8 ó 10 años ingresa en una etapa de crisis. A pesar de las inyecciones financieras del Fondo Monetario Internacional, la Argentina mostró su verdadera cara, es decir, la imposibilidad de competir con sus pares internacionales. A esto se sumó la caída de los precios de los productos agrarios, o sea, el sostén del capitalismo en este país. Las consecuencias fueron los cierres de fábricas, el incremento del desempleo y la precariedad laboral. Sobre estas bases se nutrió el movimiento piquetero.

Luego de la crisis de 2001, la recuperación económica vino de la mano de un incremento inusitado del precio de la soja, una creciente demanda China de productos agrarios y una mega-devaluación del peso, procesos que dieron lugar al sostenimiento del bonapartismo en estos últimos 12 años. Dicho en otros términos, el “yuyito” y la baja salarial fueron las bases económicas del armado kirchnerista. Uno de los efectos de esta recuperación fue la creación de puestos de trabajo, el incremento del salario, el aumento del gasto en asistencia social y una aparente bonanza del conjunto de los trabajadores. Tanto Néstor como Cristina se jactaron de ser los precursores del retorno del “modelo productivo”.

Sin embargo, un examen de los principales indicadores sociales y del mercado de trabajo muestra que, a pesar del “relato K”, en los hechos, en la última década se ha consolidado una capa cada vez mayor de obreros precarizados, desocupados y pobres. Todo esto a pesar de la batería de subsidios y transferencias estatales destinadas a la población más pauperizada. El gobierno actual deja entonces un país en llamas, no muy lejano de como lo dejó Menem, pero en un momento mucho más delicado que al inicio de la gestión de Néstor: los precios de la soja y los commodities en descenso.

Las bases del modelo K

El kirchnerismo se vanagloria de que bajo su mandato se habrían creado millones de puestos de trabajo y que el mercado laboral se habría recuperado de la debacle menemista. Algo de razón tiene puesto que efectivamente hubo creación de empleo. Sin embargo, la recomposición del mercado de trabajo se basó en el crecimiento del empleo precario. Entonces, todo el asunto remite a si se trata del tan mentado “empleo genuino” y productivo o bien de trabajo superfluo, precario y mal pago.

La idea de que bajo la era “K” se habría relanzado el modelo industrial es desmentida por la historia. La evolución de la composición del mercado de trabajo muestra que el empleo en la industria tiende a perder peso relativo en la estructura económica en relación a otras actividades. En efecto, entre las décadas de 1950 y 1960 la ocupación en la industria constituía en promedio un 20% del conjunto de los trabajadores, mientras que el empleo estatal aportaba un 11,4%. En los ’80 y ‘90, el trabajo en la industria ocupó en promedio un 14,7% del mercado laboral. Por su parte, el empleo público acaparaba el 14,22%. Por último, entre los años 2003 y 2009 los industriales aportaron sólo un 10,5% promedio, mientras que el empleo en el Estado trepó al 16% sobre el total de personas ocupadas.

Bajo el mandato de Néstor, el sector privado y registrado de la economía vio renacer el empleo. Hasta el año 2008, el crecimiento del empleo registrado fue abrupto, pero luego tendió a estancarse o por lo menos a crecer a un ritmo menor respecto del período previo. Ahora bien, las ramas con mayor participación de asalariados y creación de empleo son aquellas que peores salarios pagan, como la construcción, el comercio y el empleo en hoteles y restaurantes. Esta tendencia, ya existente en los ’90, no hizo más que profundizarse en la última década: en 1996, la composición de asalariados registrados en el sector privado con peores salarios constituía un 54%, mientras que, en el año 2014, ese porcentaje se incrementó a un 62%.

Uno de los pilares del “modelo” fue el sostenimiento del empleo “en negro”. Esta característica del mercado de trabajo no es un “error” o algo “pendiente” del gobierno como algunos intelectuales oficialistas pretenden justificar, sino que es condición de su existencia por el abaratamiento de la fuerza de trabajo que promueve. Si comparamos el empleo no registrado actual con el período 2001-2002, su evolución muestra una tendencia decreciente por lo menos hasta el 2010. A partir de ese año se estanca en el orden del 33%. Cabe destacar que este porcentaje representa a más de 4 millones de personas que no disponen de vacaciones pagas, aportes jubilatorios ni otros derechos que rigen por convenio para cualquier trabajador en relación de dependencia. Sin embargo, esta disminución del empleo “en negro” no alcanzó a revertir la situación de los años ’90. En efecto, el promedio porcentual de empleo no registrado entre 1991 y 1999 fue del 33,23%, mientras que, entre los años 2003 y 2014, fue del 39,10%. Sólo por dar algunos ejemplos, durante el año 2014 en la agricultura y ganadería, uno de los sectores más dinámicos de la última década, el 61% de sus empleados no estaban registrados. En la rama de la construcción, el porcentaje de empleo “en negro” trepó al 69%. Le siguen los sectores de hoteles y restaurantes y comercio (39 y 41%, respectivamente).

Otro aspecto que abona en el sentido del crecimiento del empleo precario en la última década es el incremento de puestos de trabajo con jornadas de 12 horas o menos por semana, es decir, una fuerza de trabajo subutilizada por el capital. En efecto, el INDEC registra como “ocupados” a esta capa de la población que alterna momentos de desempleo. Más allá de estos criterios inconsistentes se trata de un indicador que es utilizado como justificación de la supuesta recomposición del mercado de trabajo. Sólo en lo que va del año 2015, esta capa de la población constituye un 12,5% del total de ocupados, cifra que representa estimativamente a más de 2 millones de personas. Esta fracción de la clase obrera viene acrecentándose por lo menos desde los inicios del menemismo y su evolución no fue revertida bajo el gobierno kirchnerista en pos de empleo con jornadas completas (ver gráfico 1).

Por último, otro elemento que abona en un sentido contrario al supuesto “modelo industrial” es el aumento sustantivo del empleo estatal. Pero su evolución bajo el kirchnerismo no fue lineal: si se compara con la tendencia general del empleo privado se observa que éste aumenta su participación sobre el total del empleo hasta el año 2007 y luego se estanca. En cambio, la etapa posterior se caracteriza por el crecimiento del empleo público, el estancamiento de la actividad económica y la ausencia de creación de puestos de trabajo en el sector privado (ver gráfico 2). Tampoco es casual que el empleo estatal haya crecido mayormente en las provincias más pobres del país y con menor tradición industrial, como por ejemplo Tucumán, Salta, Misiones, Chaco, Santiago del Estero y las provincias del sur, entre otras, muchas de las cuales dependen de la asistencia del Estado.

Nunca estuvimos ni cerca del fifty fifty

Uno de los argumentos más utilizados por el gobierno kirchnerista sobre su gestión fue la idea según la cual el poder de compra de los asalariados se habría incrementado notablemente. Además, se habría equilibrado la redistribución del ingreso siendo ahora mucho más igualitaria respecto de las décadas anteriores. En efecto, hasta el año 2013 hubo una recomposición del salario real que luego fue cercenada por la devaluación del año 2014 y el aumento de precios de los productos de la canasta familiar.

Sin embargo, la tendencia histórica de los últimos 40 años pone en evidencia que si bien hubo una recomposición del salario respecto de la mega-devaluación del año 2002, su poder de compra no ha superado la situación de las décadas previas. En este sentido, luego de cada crisis (1975, 1982, 1989, 2001) el salario real tendió a incrementarse pero siempre a un ritmo menor respecto del momento previo al estallido de esa crisis. En efecto, el salario real promedio de los últimos 10 años constituye un 88,3% respecto del que rigió en toda la década menemista y se encuentra muy lejos del poder de compra del conjunto de los asalariados en los años previos a la instauración de la última dictadura militar (un 66,7% respecto del período 1970-1974).

Este descenso del salario real afecta mayormente al sector no registrado de la economía, o sea, a más de un tercio de los asalariados. En este sentido, la brecha del poder de compra de los trabajadores registrados y no registrados tendió a agravarse en la última década. Mientras que en el período 1991-1999 el porcentaje promedio del salario de bolsillo del empleo “en negro” constituyó un 59% respecto del salario “en blanco”, en la última década ese porcentaje sólo alcanzó al 44%. De modo que, de concretarse las promesas del macrismo a propósito de la eliminación del impuesto a las ganancias, la brecha salarial entre ambas fracciones de la clase obrera sería aún mayor.

Cabe destacar que la contratación de mano de obra “en negro” crea ganancias millonarias para el conjunto de los empresarios quienes se ahorran un porcentaje elevado de cargas sociales. Sólo entre los años 2012 y 2013, el conjunto de los capitales que emplean trabajo no registrado se ahorró, por año, más de 9 mil y 10 mil millones de dólares respectivamente (a precio oficial). Estas cifras, que no son visibles y tampoco figuran en las estadísticas, no son tenidas en cuenta a la hora de calcular la redistribución de los ingresos.

Por último, el Estado ha contribuido a crear una maquinaria de subsidios de todo tipo destinados a las fracciones más pauperizadas de la clase obrera. Si bien la evolución del gasto social tiende a crecer desde hace décadas, lo que caracteriza a la última etapa es su incremento inusitado, sobre todo de la asistencia social. Según las cifras que publica Daniel Arroyo, ex vice-ministro de Desarrollo Social bajo la gestión de Néstor, el año 2015 cerraría con cerca de 8 millones de subsidios entregados a la población, entre los que se encuentran las transferencias directas (Asignación Universal por Hijo, pensiones por invalidez) y programas de capacitación y empleo (Plan Progresar, Más y Mejor Trabajo, Argentina Trabaja y otros tantos).[i]

No obstante, con toda esta batería de subsidios el gobierno nacional no ha logrado disminuir la pobreza. Al momento en que dejó de publicarse, el año 2013, los indicadores oficiales registraban apenas un 4 ó 5% de pobres. Sin embargo, cifras no oficiales estimadas con canastas más realistas señalan una tendencia ascendente entre 2012 y 2014 que va del 26,7% al 31,5%.[ii] Es decir que, el kirchnerismo finaliza su mandato con un índice de pobreza cercano al peor momento previo al estallido de la crisis de 1989 y como en las vísperas del estallido del 2001.

Del 2008 a esta parte: crisis y desempleo

Al parecer, el período de bonanza “k” duró un suspiro. Todos los indicadores que hasta el año 2007 y 2008 de alguna manera mostraban una relativa “mejora”, luego comenzaron a empeorar. La actividad económica y la tasa de empleo frenaron su curso ascendente para estancarse y, posteriormente, decrecer. Como consecuencia, las cifras de desempleo se incrementaron. Sin embargo, este aumento de la desocupación no se manifiesta en las estadísticas oficiales, entre otras razones por las inconsistencias de las mediciones y los engaños del INDEC. En efecto, medida con criterios científicos, la tasa de desempleo en la década kirchnerista (al menos aquel que se manifiesta de manera más evidente) supera a la del menemismo (remitimos al lector al artículo La mayor desocupación… en este mismo número).

Más allá del crecimiento del desempleo abierto, a partir de 2009 comienza a manifestarse una tendencia al aumento de la desocupación latente o encubierta. En este sentido, la oleada de despidos y suspensiones en el sector privado registrado de la economía durante las crisis de 2009 y 2014 puso al desnudo los límites del supuesto “modelo industrial”. En un contexto en el cual las empresas comenzaron a despedir trabajadores, el gobierno nacional lanzó una serie de medidas y programas para contener un mayor nivel de desempleo abierto. Una de ellas fue la implementación de los planes RePro, destinados al sector privado y registrado de la economía, a través de los cuales el Estado paga un porcentaje del salario de los obreros que se ocupan en aquellas empresas que manifestaron su situación de quiebra.

Sin embargo, estos programas no revirtieron las suspensiones y retiros anticipados. Si bien se desconocen las cifras reales de suspensiones y jubilaciones anticipadas, una encuesta realizada por el Ministerio de Trabajo a 2.400 empresas privadas ubicadas en los 8 aglomerados urbanos ponen de manifiesto la evolución creciente de trabajadores suspendidos y el aumento de jubilaciones, sobre todo en los años más críticos.[iii] Aunque estas últimas no remiten exclusivamente a retiros anticipados, su evolución tiende a incrementarse en momentos de expulsión de obreros. De modo que su aumento podría estar abonando en el sentido de retiros previos a la edad jubilatoria (ver gráfico 3).

Otros dos programas implementados en 2009 por el Estado nacional fueron destinados, por un lado, a “suavizar” la caída del poder adquisitivo, sobre todo de las fracciones más pauperizadas de la clase obrera. Se trata de la Asignación Universal por Hijo, para la cual se utilizan los fondos de la ANSES, que abastece a más de 3,6 millones de niños cuyos padres se encuentran desocupados o empleados en ocupaciones informales. Por otro lado, el Estado impulsó el Plan Argentina Trabaja destinado a contener el desempleo abierto que beneficia a más de 100 mil personas. Dicho programa cumple el rol de mantener “ocupada” a una fracción de desocupados aunque de manera superflua y en condiciones precarias. En este sentido, los beneficiarios percibían a principios de 2015 la módica suma de 2.600 pesos mensuales, es decir, un monto que no llega ni a la mitad del salario mínimo, vital y móvil.

De este modo, la última etapa del gobierno kirchnerista se caracteriza por un intento por contener a toda costa un abrupto aumento del desempleo abierto. Todos estos programas lanzados para evitar mayores convulsiones sociales tuvieron como consecuencia la manutención de una capa de la población bajo la forma de desocupación latente (los planes RePro) o encubierta (los programas de empleo). Sin embargo, no tuvo éxito. Las propias cifras del INDEC muestran una caída de la tasa de empleo y del nivel de actividad.

En llamas

Si las bases del armado kirchnerista se explican fundamentalmente por la soja, lo que se ha puesto en evidencia en la última década es que ese yuyo ya no alcanza, o bien, que la bonanza relativa que produce tiene una duración cada vez más acotada. En efecto, el gobierno saliente deja un país que se parece mucho a los últimos años de la década de 1990, es decir, a la antesala de la peor crisis de los últimos 40 años. Con un tercio de los asalariados “en negro”, con un desempleo abierto que supera el 25% de la población económicamente activa y con un nivel de pobreza por encima del 30%. Con un salario que a pesar de toda la aparente recomposición económica no alcanza al promedio salarial que rigió bajo el menemismo. O sea que, a pesar de la recuperación posterior a la crisis de 2001, los indicadores sociales y del mercado de trabajo evidencian que estamos peor que en los ’90. Dicho en otros términos, luego de cada crisis estamos un escalón más abajo que el momento previo al estallido de esa misma crisis.

La actualidad de la Argentina presenta dos panoramas. Por un lado, la consolidación de una masa gigantesca de población sobrante, tendencia que viene manifestándose desde hace décadas y que no se ha revertido bajo el kirchnerismo. Es decir, la expansión de personas sin trabajo (desempleo abierto), que no logran reproducir normalmente su vida material (pobres e indigentes), fracciones de la clase obrera ocupada cuyo tiempo de trabajo es innecesario para las necesidades de la reproducción del capital (desocupación encubierta, cartoneros), de la cual buena parte de ella ha sido estatizada a través de la creación de programas de empleo y subsidios o transferencias directas de ingresos. Por otro lado, y en lo inmediato, la economía manifiesta una tendencia a la destrucción de empleo sobre todo en el sector privado. La oleada de despidos, suspensiones y retiros anticipados de los últimos años evidencia los límites del supuesto modelo industrial. A diferencia de los años ’90, los despidos se efectúan de manera más paulatina y gradual, con programas estatales que intentan contener mayores niveles de desempleo abierto sumado a la represión policial frente a toda intentona de reclamo.[iv]

El estado de situación actual deja planteadas las bases sociales para el rearme del movimiento piquetero. Al igual que en la década de los ’90, las condiciones objetivas están allí latentes. A diferencia del menemismo, la clase obrera porta una experiencia previa de organización en la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Queda pendiente entonces la tarea más importante, la subjetiva, la concientización y la acción del Partido, para que cuando estalle la crisis en las calles no nos agarre desprevenidos.

[i]Fuente: Clarín, 22/03/2015 (http://goo.gl/Sj62DI).

[ii]Fuente: CIPPES en base al Índice Barrial de Precios y EPH-INDEC.

[iii]Los aglomerados son: Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, Gran Paraná, Gran Resistencia, Gran Santa Fe y Tucumán. La cobertura de la Encuesta de Indicadores Laborales en los 8 aglomerados relevados alcanza al 67% del total del empleo asalariado registrado en empresas de 10 o más trabajadores, excluyendo las que se encuentran en el sector primario.

[iv]Sobre los planes RePro y la represión a los luchadores que reclaman contra los despidos y suspensiones, ver: Harari, Ianina: “Escenas de suspenso, terror y esperanza”, en El Aromo, n°79, julio/agosto de 2014.