La dictadura de los megaeventos en Brasil. Deporte y capital: una relación conflictiva – Adriana Penna

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¿Cuál es el origen de los megaeventos? ¿Sirven los mundiales y los Juegos Olímpicos para “acercar” a las culturas? Si quiere verdaderas respuestas a estas preguntas, lea este artículo. Va a enterarse que, lejos de prosperidad, la organización de los eventos trae peores condiciones a la clase obrera del país anfitrión.

Adriana Penna
Colaboradora – militante del Movimiento Marxista 5 de Mayo

El fenómeno deportivo contemporáneo se expresa de innumerables formas en la actual fase del capitalismo monopolista. Es dentro de esta lógica que identificamos este hecho, integrado al desarrollo de relaciones sociales cada vez más alienadas y hedonistas, sobre las cuales se forjan las contradicciones y la irracionalidad humana que tanto han contribuido con el proceso de producción y reproducción capitalistas.
Al encontrarse determinado por las necesidades de expansión capitalista, el mercado deportivo contemporáneo contribuye a la supervivencia de las megacorporaciones frente a la incontrolable “ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia”, legitimando las demandas de la burguesía mundial. Las elevadas inversiones dirigidas al mercado deportivo cumplen un papel frente a las necesidades de absorción de excedentes de capital y de circulación de grandes masas de capital que transitan por el mundo. Véase, por ejemplo, la ampliación del sector servicios que explica, inclusive, los mecanismos de producción y subsecuente destrucción de grandes estadios y estructuras deportivas, prácticamente intactas en varias partes del mundo, respondiendo a la permanente creación de nuevas necesidades de producción y consumo ligadas a la circulación capitalista.
El proceso de consumo destructivo desenmascara el discurso que defiende los megaeventos, remarcando las mejoras que supuestamente quedan en los países sede luego de ellos. Muchos son los ejemplos de las contradicciones impuestas por megaeventos producidos en diversos países. En el caso brasileño, identificamos desde el primer gobierno de Lula da Silva al gobierno Dilma, una producción de condiciones legales para dar curso a los compromisos firmados con entidades internacionales del tipo de la FIFA y del COI. Se impone, así, el aparato ideológico dominante que sustenta los megaeventos deportivos, ampliando las condiciones de extracción de plusvalía mediante la reestructuración de la división internacional del trabajo.

Copa y Olimpíada: avance de la explotación de la clase trabajadora

Elevado a condición de política internacional, el deporte adquiere gran relieve en Nueva York a partir de 2000, cuando los líderes de 191 países miembros definen estrategias para alcanzar las “metas del milenio” hacia 2015. En este contexto, el deporte es transformado en “herramienta” capaz de aproximar los pueblos de los más diversos lugares del mundo, reduciendo posibles conflictos existentes entre los mismos y, al mismo tiempo, desarrollar las economías locales.
Desde entonces, el deporte viene siendo utilizado como política para un supuesto “desarrollo humano” y la inclusión social. En Brasil pasó a dominar las políticas nacionales de deporte a partir del primer gobierno de Lula, en 2003, y continúa así hasta el día de hoy. Promoviendo, sin duda, la sumisión de la clase trabajadora a las nuevas condiciones de explotación traídas por los espectáculos deportivos, con la consecuente exposición de la clase obrera a las amenazas constantes de violencia de Estado. Violencia que se expresa de maneras diversas, entre ellas por las políticas de higienización urbana y por la asociación de la pobreza, la criminalización y la peligrosidad, instrumentos que objetivan la promoción de políticas de seguridad falaces y mediáticas. La ligazón entre pobreza y peligrosidad es realimentada en particular por la “política de tolerancia cero” y los preparativos para los espectáculos, que en el caso específico de los megaeventos en Brasil se materializan en las remociones de comunidades en todas las ciudades sede de la Copa de 2014 y por la reurbanización de la ciudad de Río de Janeiro en nombre de los Juegos Olímpicos de 2016.
Se identifican aquí como principales beneficiarios –sobre todo, por las exenciones fiscales- las empresas de servicios básicos, como las concesionarias de transporte y de limpieza urbana, cuyo primer impacto sobre los trabajadores es el aumento de sus tarifas.
Estos hechos no son exclusivos de Brasil, como lo demuestran las denuncias hechas por la propia ONU sobre remociones forzadas y violaciones de los derechos esenciales a la vida. En todos los países que ya sirvieron de sede a la Copa del Mundo y las Olimpíadas es posible encontrar registros de millares de remociones arbitrarias, regidas por la especulación inmobiliaria y por el proceso de reurbanización de las ciudades sedes.
Según una relatora especial de la ONU para el derecho a la vivienda adecuada, Raquel Rolnic, “expulsiones, encarecimiento de la habitación, falta de alternativas y presión sobre los más pobres, que acaban empujados a las periferias, han sido algunas de las marcas más características de Copas y Juegos Olímpicos”. Según Rolnik, las poblaciones que viven en los lugares más pobres y precarios no tienen ningún beneficio con tales proyectos de reurbanización, porque ellos no viven en áreas afectadas por tales proyectos y, cuando viven allí, son removidos a la fuerza.
La propia ONU reconoce que estas poblaciones reciben una cuantía insignificante frente a los valores de mercado, ya que no se tiene en consideración la valorización del área con las futuras mejorías. Las circunstancias que señalamos contradicen el objetivo supuesto, de las políticas de la ONU, en relación al deporte mencionadas al comienzo, enfocadas en el “alivio a la pobreza” y en “desarrollo de la paz en el mundo”. Según este organismo, toda la atención debe ser dada a la persistencia de las condiciones de extrema pobreza en el mundo globalizado. El control de la pobreza es considerada por la ONU uno de los pilares para el control de la seguridad global.
Sin embargo, los datos presentados por Rolnik en Ginebra, en una conferencia organizada por la ONU, son reveladores sobre la devastación ocurrida en diversos países que fueron sede de megaeventos desde los años ’80. En 1988, las olimpíadas de Seúl provocaron la expulsión violenta de casi el 15% de la población de sus casas. En este mismo año, 48 mil edificios fueron demolidos durante la preparación de los juegos. La especulación inmobiliaria aumentó en más de 20% los valores de las viviendas. Barcelona, en 1992, justificó la expulsión de 200 familias para la construcción de la nueva infraestructura vial y adaptaciones urbanísticas antes de los Juegos. La especulación inmobiliaria resultó en un aumento de 131% en el precio de los inmuebles. Ya en relación a la Copa de 1994, en EE.UU., cerca de 300 personas fueron expulsadas de sus residencias en Dallas, por causa de la preparación de la infraestructura.
En las Olimpíadas de Atlanta, en 1996, cerca de 15 mil residentes pobres fueron expulsados de la ciudad, además de que cerca de 1.200 unidades habitacionales fueron destruidas. En 2000, en los Juegos de Sídney, cerca de 6 mil personas fueron desalojadas en nombre de su preparación. La especulación inmobiliaria elevó en 50% el precio de los inmuebles. En Pekín, para los Juegos de 2008, la ONU constató denuncias sobre limpiezas en masa, en las cuales 1,5 millones de personas fueron desalojadas de sus casas. En la Copa de Sudáfrica, en 2010, se tuvo conocimiento de que cerca de 20 mil habitantes fueron removidos y transferidos a las áreas más empobrecidas de Ciudad del Cabo. Los moradores fueron expulsados con el pretexto de que sería una reubicación provisoria, pero hasta hoy se encuentran en las Blikkiesdorps, “campamentos” mundialmente conocidos como “ciudades de lata”.
Este cuadro no nos debe sorprender porque expresa el acuerdo de los estados nacionales con el gran capital, en este caso específico, representado por la dictadura de la FIFA y del COI. En este contexto, proponer un proyecto alternativo de Copa y Olimpíada humanizadas, bajo un orden capitalista, como desean algunos sectores de la propia izquierda es, en el mejor de las hipótesis, una ingenuidad.

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