La batalla silenciosa. Paritarias y condiciones laborales en el empleo público nacional – Sebastián Cominiello

La batalla silenciosa. Paritarias y condiciones laborales en el empleo público nacional

El ajuste a los obreros estatales corre por dos vías. La inflación viene depreciando el salario desde hace varios años. Sobre esa base, los “premios” por productividad y presentismo son la forma de ajustar sin la necesidad momentánea de modificar el convenio de trabajo.

Sebastián Cominiello

OES-CEICS


En ediciones anteriores de este suplemento, planteábamos de qué forma el gobierno de Macri efectuaba el ajuste en el Estado. Allí avanzaba y retrocedía incrementando sus ataques contra los obreros estatales gradualmente. Con la misma línea, el gobierno firmó las paritarias con UPCN e implementó medidas que tienden a imponer el ajuste de manera sigilosa. Veamos cómo se aplica una mayor explotación a los estatales sin que implique una oposición fuerte de los sindicatos y las organizaciones de izquierda.

 

Menos salario y más premios

 

El 15 de mayo pasado la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Gobierno de Macri acordaron un aumento de un mísero 20% para los empleados estatales en tres tramos: un 5% a partir del 1 de junio; otro 5% en julio y finalmente un 10% en agosto. Esta paritaria abarca a más de 200 mil empleados de la Administración Nacional.

En primer lugar, debemos señalar que UPCN no firma un aumento del 20% para este año sino una baja del 3 al 5% del poder adquisitivo.[1] A ello, le debemos sumar el 17-18% de retraso acumulado por lo menos desde 2015. Con lo cual, a este aumento desde mitad de año hay que sumarle la pérdida acumulada que lleva el salario estatal en los últimos años.

Una reivindicación mínima en esta paritaria hubiese sido el aumento propuesto en 2017 más un 17-18% de retraso acumulado entre noviembre de 2015 y abril de este año. No obstante, con este reclamo sólo se llegaría al nivel previo del salario público nacional, el de hace un año y medio. Por otra parte, esta situación salarial va acompañada de un congelamiento del empleo público. En efecto, ya no habrá más ingresos a la administración pública nacional. Estos dos elementos nos llevan a la primera conclusión: el mismo personal ocupado va a cobrar cada vez menos.

Luego de la paritaria, UPCN festejó con bombos y platillos que a la suma salarial se imputaría una serie de “premios” a los empleados estatales, uno por presentismo y otro por productividad. En los hechos se trata de un ataque al goce de licencias, un disciplinamiento del trabajo sin afectar el convenio colectivo. La cuota por presentismo comenzará a cobrarse en junio de este año siempre y cuando se garantice la asistencia perfecta. Se trata de un aporte no remunerativo de 1.300 pesos mensuales que se abonarán cada 4 meses. Debe tenerse en cuenta que estos 1.300 pesos representan para los empleados de las categorías E y D, la gran mayoría, entre un 12 y un 14% de su sueldo neto. Por lo tanto, para muchos obreros este plus se transforma en una necesidad vital, que intentarán obtener cueste lo que cueste. En el caso del plus por productividad será percibido recién en el 2018 y será en función de las metas alcanzadas este año, aún no estipuladas.

El acuerdo establece que la cuota por presentismo será percibida con sólo una ausencia al mes, debidamente justificada. En este caso se recibirá sólo el 70% del incentivo, es decir unos 910 pesos mensuales. Lo único que queda por fuera de los descuentos del “adicional” es la licencia anual ordinaria (vacaciones). En el caso de la licencia por estudio, podrán tomar sólo 14 de los 28 días establecidos por convenio para los estudiantes universitarios, 12 de los 28 los terciarios y 8 de los 12 los secundarios, de lo contrario perderán el plus.

También habrá descuentos del “premio” por el uso de licencias por enfermedad, atención de familiar enfermo, maternidad, lactancia, adopción, paternidad, fallecimiento de familiar, matrimonio, donación de sangre, razones especiales y razones particulares. Dicho en otros términos, para cobrar un mísero premio el obrero estatal no debe enfermarse (o ir enfermo a trabajar), no puede cuidar a sus hijos o parientes en caso de enfermedad (o hacer malabares para dejarlo al cuidado de alguien). La mujer obrera, mejor que piense dos veces si quiere quedar embarazada o amamantar a su hijo en las condiciones que le permita la oficina (y no por fuera de ella porque perderá los 1.300 pesos).

De este modo, el Estado no precisa modificar el convenio de trabajo, como ocurre en el sector privado, para atacar los derechos de los trabajadores. Dado el escaso salario percibido en el empleo estatal, el “premio” aparece como una manera de regimentar las condiciones de trabajo, sobre todo para los escalafones más bajos, que son la gran mayoría. Una forma de flexibilizar el trabajo sin modificar el convenio.

 

Peores condiciones

 

A la par de la paritaria y la cuestión salarial, corre también un cambio en las condiciones de trabajo. En mayo de este año, el Ministerio de Modernización comenzó a implementar sistemas biométricos de control de presentismo en cinco ministerios, en Jefatura de Gabinete y en Presidencia. Este proceso está dando como resultado que algunos empleados están pidiendo su baja ante la imposibilidad de cumplir con su horario.[2] De esta manera aparece un hecho oculto: un porcentaje de los empleados estatales tienen otros trabajos debido al magro ingreso que se obtiene en el Estado. Cumplir a rajatabla 40 horas semanales por un salario de miseria no es muy alentador para ningún obrero.

De este modo, al obrero estatal se le presenta una contradicción: quien tiene otro empleo se ve en la disyuntiva de tener que elegir entre uno y otro, reduciendo su salario; mientras que, quien no tiene esa posibilidad, debe aceptar dichas condiciones y no ausentarse para obtener el plus por presentismo. Normalmente, el ingreso en el empleo estatal suele darse a través de un contrato precario, el cual no garantiza estabilidad y que suele ser mal pago. Esa situación fuerza al obrero a buscar otro empleo para complementar el salario. Luego de años, si existe la posibilidad del pase a planta transitoria o incluso a permanente (algo poco frecuente en el Estado), el obrero tiene la obligación por convenio de trabajar 40 horas. Por lo tanto, el obrero individual se encuentra en una encrucijada: si bien puede obtener estabilidad, pierde capacidad adquisitiva, puesto que se torna difícil mantener los dos empleos. Por ello, la lucha por la estabilidad laboral debe ser acompañada por el reclamo de aumento salarial.

En segundo lugar, el Gobierno dictó el decreto 365 y ordenó la creación de la Base Integrada de Información de Empleo Público y Salarios en el Sector Público Nacional (BIEP). En esta base de datos constarán en detalle los datos de: identificación personal; sexo, fecha de nacimiento y nacionalidad; sistema previsional; obra social y número de afiliación; escalafón y situación de revista; datos presupuestarios del cargo; modalidad de vinculación al personal de gabinete y antigüedad en la Administración Pública Nacional. También se detallarán, entre otros ítems, la afiliación sindical del empleado; licencia anual ordinaria no usufructuada; licencias médicas; ausencias injustificadas; régimen disciplinario, evaluación de desempeño y convenio colectivo aplicable. Respecto al salario, se deberá informar retribución del cargo; retribuciones que no hacen al cargo; complementos; asistencia social o subsidios que recibe el personal; pensión de Guerra para ex combatientes de Malvinas; sueldo anual complementario; contribuciones patronales; aportes personales; deducciones impuesto a las Ganancias; asignaciones familiares y embargos. De esta forma, se realiza una radiografía macartista de los empleados públicos con el fin de “limpiar” el Estado y observar quiénes y cuántas licencias se toman y qué afiliación sindical tiene. Esta base de datos la administrará el Ministerio de Modernización. Esta norma contempla sumar a las provincias y a los municipios.

Otra novedad en relación al gobierno nacional surgió el 4 de junio. Macri quiere reducir el número de ministerios de su gabinete, y para eso planea una fusión de áreas para luego de las elecciones de octubre.[3] En el borrador que circuló por el Poder Ejecutivo se menciona degradar al rango de secretaría al ministerio de Turismo para que pase a ser un Ente como el que tenía Mauricio en la Ciudad. También piensan en bajar a secretaría de Modernización el ministerio que le crearon a Andrés Ibarra para reducir la planta de empleados y que terminó siendo la cartera que tuvo la mayor cantidad de nombramientos. Por otro lado, podrían fusionarse carteras como Educación con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El mismo caso podría suceder con los ministerios de Trabajo y Producción. El destino de estas propuestas claramente es disminuir la cantidad de recursos destinados a cada una de las áreas. Por lo tanto, vemos como en contraposición al año pasado, donde los despidos en el Estado eran titulares de los diarios hoy el problema del ajuste va por túneles silenciosos. Menos salario, más productividad, presentismo y control.

 

Pinzas sigilosas

 

Como pudimos ver, el ajuste en el sector público tiene como base la depreciación del salario por vía de la inflación. Sobre la base de ese salario, los premios por presentismo y productividad pasan a ser una forma de conseguir unos pesos más para llegar a fin de mes. Sin embargo, esos “premios” se constituyen como una manera de regimentar las condiciones de empleo, a través de un ataque directo a las licencias y los derechos de los estatales, sin modificar el convenio. De este modo, el gobierno fija pautas de flexibilización laboral. A su vez, intenta disminuir los ministerios reduciendo los recursos estatales. Por último, crea una base de datos con toda la información laboral, social y política de los empleados con el fin de, en el mediano plazo, poder limpiar el ámbito estatal de “malas influencias”.

Este paquete de medidas se forja sobre una base estructural y política que lo permite. El empleo público administrativo presupone un salario de miseria donde abundan los contratos precarios. De esta situación es tan responsable el kirchnerismo como el macrismo. De hecho, el gobierno anterior sienta las bases para la flexibilización laboral: el despido fácil como producto del empleo precario y por contrato y el salario de miseria por el cual los premios por presentismo hacen mella en los obreros peor pagos, no son una novedad de estos años.

Las consignas por el pase a planta de todos los trabajadores, por un salario que duplique el valor de la canasta de pobreza del INDEC, son condiciones de mínima para no perder este año frente al ajuste. Ni ATE ni UPCN, dirigidos por el peronismo y el kirchnerismo, han hecho nada para revertir estas tendencias. Queda para la izquierda tomar nota y actuar en consecuencia. De otra forma, veremos cómo este año los trabajadores estatales perderán, de nuevo, el poder adquisitivo del salario sumado a una regimentación de las condiciones laborales. Una batalla que, si no revertimos, se irá perdiendo en silencio.

Notas

[1]La inflación que hoy día utiliza Jefatura de Gabinete es del 20% para 2017. Ver https://goo.gl/J1zQkS.

[2]Ver https://goo.gl/jDa1tD.

[3]Ver https://goo.gl/T7UC22.

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