El progresismo en tiempos de Revolución. La universidad argentina de Taiana a Ivanissevich

“No debemos dejar a la antiescuela que
nos derrote y derrote a la patria”1

Por Romina de Luca – El reciente fallecimiento de Raúl Laguzzi -interventor de la UBA entre julio y septiembre de 1974- el pasado 29 de noviembre reflotó muchos de los estereotipos que se le achacan a la universidad de esos años. Por un lado, la imagen de la “universidad progresista”, vinculada al pueblo, proyectada por Taiana y convertida en realidad, en la Universidad de Buenos Aires, por Rodolfo Puiggrós, Solano Lima y Laguzzi. Por el otro, la represión perpetrada a partir de la intervención de la Triple A y el inicio de la “Misión Ivanissevich”. En este artículo, analizaremos las formas de intervención en la universidad tanto por unos como por los otros.

Un ministro para el Tío y el General

Jorge Taiana asumió funciones como ministro de educación en mayo de 1973 designado por Cámpora. Su figura suele asociarse con el ascenso del progresismo, con las cátedras populares y el ingreso irrestricto. Sin embargo, el análisis concreto de su legado nos permite recordar que formó parte de un gobierno cuya función era cerrar el proceso revolucionario más que alentarlo, estimulando el reformismo en el seno de las masas. Veamos cuál fue su acción concreta en la universidad.

Durante los quince meses en que Taiana se mantuvo en el poder las decisiones últimas de la vida universitaria no las tomaba la universidad. Debido al proceso de “normalización” (Decreto nº 35) los interventores ejercían las funciones de los rectores. Las atribuciones de la Asamblea universitaria y del Consejo de Rectores quedaban reservadas para el presidente de la Nación y el Ministro de Educación, respectivamente.

Mayor interés reviste el análisis de la Ley Universitaria promulgada por Taiana-Perón el 26 de marzo de 1974.2 En la nueva ley se prohibía de cuajo la actividad política. El texto rezaba: “Queda prohibido en el ámbito de la Universidad el proselitismo político partidario o de ideas contrarias al sistema democrático que es propio de nuestra organización nacional” (artículo 5º). La inhibición se extrapolaba a la actividad docente en tanto ninguno podía defender intereses que estuvieran en pugna, competencia o colisión con los de la Nación (artículo 11º). Dicha falta ameritaría la separación de funciones. Asimismo, el incumplimiento de la nueva ley, la alteración del orden público o la subversión contra los poderes de la Nación habilitaba al Ejecutivo a intervenir las universidades (artículo 51º). La Ley también creaba un sistema de coordinación inter-universitaria dependiente del Ministerio de Educación que realizaría estudios para redimensionar las universidades respetando criterios de eficiencia, didáctica, técnica y cientificidad (artículo 52º). Si bien se establecía la gratuidad de los estudios, se abría la posibilidad para que cada facultad decidiera si exigía cursos o estudios complementarios obligatorios para aceptar la incorporación de aspirantes (artículo 36º).

Uno de los aspectos más progresivos de la Ley era aquello que garantizaba la representación estudiantil y del personal no docente en los ámbitos políticos de la Universidad (artículos 27º y 33º). En el mismo sentido, la repatriación de docentes cesanteados por razones políticas entre septiembre de 1955 y mayo de 1973.

En suma, si bien la Ley contenía elementos progresivos como la inclusión de los estudiantes en los organismos de gobierno de la universidad, su participación se circunscribía a problemas secundarios de la vida gremial estudiantil. Cómo entender lo contrario si la Ley prohibía el accionar político más general, es decir, de todo aquello que “atentara” contra la vida de la Nación. En este sentido, el Diario La Opinión puede darnos indicios de los límites que tuvieron para imponerse en la realidad esos aspectos pseudo progresistas. En el número del 21 de junio de 1974, el diario hace saber que voceros extraoficiales informaron que no se integrarían los representantes estudiantiles al Consejo Asesor del Rector de la Universidad, “a la espera de un reacomodamiento de las tendencias del alumnado”.

La “Misión Ivanissevich”

A partir de la muerte de Perón, el 1º de julio del ’74, la prensa anunciaba que Taiana tenía sus días contados. Sin embargo, el nuevo ministro, Oscar Ivanissevich, asumió recién el 14 de agosto. Ante su inminente asunción, los estudiantes de la UBA tomaron el rectorado y las 11 facultades. Al respecto, el nuevo ministro anunció: “No creo que haya gente en el país que quiera vivir en el desorden. En la universidad, en este momento, hay desorden, ya que las facultades están tomadas antes de que me nombraran ministro”.3

Uno de sus objetivos sería revertir ese desbarajuste imponiendo el orden. Así, en forma aleccionadora, durante las tomas fue detenido, junto a otros estudiantes, el presidente de la Federación Universitaria para la Liberación Nacional. La misma suerte corrieron alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires. La policía no sólo ingresó al colegio y los detuvo sino que también, según La Opinión, realizó un simulacro de fusilamiento recordándoles a los jóvenes lo ocurrido en la Masacre de Trelew. 4 La avanzada del orden también se hizo sentir a partir de recurrentes dispositivos policiales que impedían o disuadían manifestaciones públicas. Pero la avanzada más fuerte fue sostenida con la Ley Taiana. La excusa fue el conocido atentado perpetrado contra el interventor Laguzzi. Como la alteración del orden público habilitaba al poder ejecutivo a intervenir las casas de estudio, el Decreto 865 formalizó el proceso5 designando como interventor a Ottalagano. Y de la intervención se pasó al cierre. A partir del 17 de septiembre de 1974 se decretó asueto en todas las facultades de la UBA, sus colegios dependientes y en la Universidad Nacional de La Plata entre otras.

Una de las tareas principales que desarrollaría la “Misión” sería le depuración ideológica. Para ello, el Ministro Ivanissevich se valió de otro mecanismo que le legaron sus antecesores: la Ley de Prescindibilidad de 1973 y 1974.6 Así, se dejaban sin efecto los nombramientos interinos de los docentes y no docentes que hubieran sido realizados en forma anterior al cierre. Unos meses más tarde, se anunciaba que los despidos alcanzarían también al personal concursado que no hubiera sido confirmado en su cargo hasta octubre de 1974.7 En relación al repudio que despertó la medida, Ottalagano amenazaba: “estamos dispuestos a abrir el diálogo pero sepan que al diálogo, diálogo y a la fuerza, superfuerza”.8 El interventor se enorgullecía de su simpatía por el fascismo9 y cuando sus declaraciones causaban rechazo aclaraba: “no soy fascista, simplemente me gusta el orden y la jerarquía”. En este sentido, entendía que la principal tarea que tenía por delante la “Misión Ivanissevich” era “rescatar del caos y la anarquía a la Universidad”. 10 Desde su perspectiva, en ese marco “comunistas y extranjeros lograron hacer prosélitos” en el ámbito educativo.

Durante el mes de octubre, la mayoría de las facultades retomaron su actividad. La última en hacerlo fue Filosofía y Letras. Allí, la tarea de depuración de las cátedras del marxismo, tal como formulaban los misioneros, era profunda y, directamente, se cerraron carreras como sociología, psicología y ciencias de la educación.

Una vez que las universidades fueron retomando su actividad se destacan dos medidas “sanadoras”. En primer lugar, se instauró un primer año común para todas las carreras. El nuevo sistema regiría para el ingreso de 1975. En segundo, la instauración de un sistema de cupos para el ingreso a la universidad11 donde se priorizarían aquellas facultades técnicas en detrimento de las humanísticas. La instauración de cuotas respondía a la idea del ministro Ivanissevich acerca del carácter de la inteligencia humana: los estudiantes debían ser calificados por su inteligencia,12 el cupo privilegiaría al inteligente por sobre el mediocre.

Ottalagano fue reemplazado por Lyonnet pero antes de dejar su cargo sostuvo: “Nosotros recibimos la Universidad del caos y entregamos la universidad del orden (…) la universidad era antes el centro del reclutamiento de la guerrilla y nosotros trajimos ahora la paz”.13 El recambio del rector no implicó una alteración de la política de intervención en las universidades. En diciembre de 1974, la intervención fue prorrogada hasta el 31 de marzo. Llegados a ese momento, se la extendió hasta junio de 1975.

Todo el proceso de intervención se apoyó sobre la Ley Universitaria sancionada por Taiana. Al respecto, recordemos que en un discurso pronunciado el 17 de diciembre de 1974 Ivanissevich reivindica algunos aspectos de la estructura de poder dispuestos en la Ley 20.654.14 Según sus dichos, dio marco legal a la verticalidad con la que los rectores de la universidad debían regir sus funciones. De la misma forma, las cesantías realizadas se apoyaron sobre la Ley de Prescindibilidad. Sólo en la UBA, según las denuncias gremiales, su impacto fue inmenso: 2.500 docentes menos (La Opinión, 12/10/1974, p. 14). La situación se repite si incluimos al resto de las universidades nacionales. Las despidos se multiplican de a decenas en los diarios.

Con las principales medidas en marcha, la Misión se va a extender hasta septiembre de 1975. Luego de la caída de Ivanissevich, Rodrigazo mediante, se iniciará el proceso de normalización de las universidades nacionales15 de corta vida puesto que el golpe de marzo del ’76 recuperaría, una vez más, los principales puntos de la tarea iniciada por el anterior ministro.

Continuidades

Tal como pudimos ver en el presente artículo, la política educativa de Ivanissevich suele ser identificada como un quiebre respecto a su antecesor, Taiana. Sin embargo, muchos de los elementos sobre los que Ivanissevich se valió habían sido acuñados en tiempos de Taiana. Asimismo, encontramos en la Ley Universitaria de este último serias limitaciones al desarrollo de la vida política en el interior de la Universidad. Si se trataba de forjar una Universidad abierta al pueblo y para todos, qué mejor que aprovechar la sanción de la ley para desplegar todas sus intenciones progresistas. Pero, como vimos, la Ley se dirige hacia otros cauces. Contiene algunos puntos progresivos pero no avanza a fondo como la imagen mítica nos haría suponer. La razón de esta extraña continuidad es sencilla: es probable que la imagen mítica tenga razón y que fuera un ministro “progresista”; lo que debiera examinarse con más cuidado es el rol que los “progresistas” cumplen en los procesos revolucionarios.


Notas

1Oscar Ivanissevich: “Discurso pronunciado por el Ministro de Cultura y Educación Dr. Oscar Ivanissevich en el acto realizado en celebración del 158º Aniversario de la Batalla de Chacabuco”, 12/02/1975 y “Disertación presentada refiriéndose al enfoque general del sistema educativo nacional”, 25/02/1975.
2Ley Universitaria nº 20.654. Serie Legislación educativa, nº 5, Ministerio de Cultura y Educación.
3La Opinión, 23/08/1974, p. 7
4Ídem.
5ADLA, Tomo XXXIV-D, p. 3.480.
6La ley habilitaba a dar de baja y designar por razones de servicio al personal de la administración pública de cualquier dependencia. ADLA, Tomo XXXIV-B y La Opinión del día 09/08/1974, p. 13.
7La Opinión, 1 y 19/10/1974.
La Opinión, 04/10/1974, p. 1.
9La Opinión, 02/11/1974
10La Opinión, 02/11/1974, p. 9.
11La Opinión, 28/12/1974, p. 10
12Oscar Ivanissevich: “Disertación presentada refiriéndose al enfoque general del sistema educativo nacional”, 25/02/1975.
13La Opinión, 19/12/1974
14Oscar Ivanissevich: “Discurso pronunciado en Córdoba con motivo de haber asumido sus funciones el interventor en la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Mario Víctor Menso”, 17/12/1974.
15ADLA: Tomo XXXV-D, p. 3.631.

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