De la negación a la acción. El conflicto salarial de las fuerzas represivas del Estado y las tareas de la izquierda

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De la negación a la acción
El conflicto salarial de las fuerzas represivas del Estado y las tareas de la izquierda
 
En octubre asistimos a un estado de rebelión de algunas fuerzas de seguridad. Desde la izquierda se asumieron las más variopintas posturas frente al conflicto. ¿Debe la izquierda intentar dirigir un conflicto que tiene como protagonistas a policías y gendarmes? Si opina en sentido negativo, le proponemos un debate.
 
Eduardo Sartelli [1]
Razón y Revolución
 
El martes 2 de octubre se asistió a un estado de rebelión en algunas fuerzas de seguridad. La fuerza más movilizada, y la que primero reaccionó, fue la Prefectura, con una concentración frente a su sede central (el Edificio Guardacostas). A ellos se sumó la Gendarmería, con otra de unos 2.000 gendarmes frente a la suya (Edificio Centinela), y otras más de menor importancia en cuarteles provinciales (Córdoba, Mendoza, Chaco, Misiones y Rosario). Hubo a su vez una movilización incipiente en la Armada, mientras que las concentraciones en Prefectura y Gendarmería recibieron la solidaridad de delegaciones de la Policía Federal, Policía Bonaerense y Fuerza Aérea. El descontento afectó, a su vez, al Ejército. El conflicto fue la liquidación salarial que, tras la aplicación de dos decretos que apuntaban a “readecuar” las escalas remunerativas, derivaron (en el caso de Prefectura) en recortes del salario nominal de entre un 30 y un 60%.
 
Los posicionamientos de la izquierda
 
El MST e IS (como toda la izquierda) enmarcaron la crisis con los gendarmes dentro de la política de ajuste del gobierno nacional. Sin embargo, a diferencia de otros sectores, señalaron que los prefectos y gendarmes son trabajadores, que sufren el ajuste salarial como el resto, y a su vez, que tienen derecho a sindicalizarse. Piensan (ingenuamente) que la sindicalización de las “capas bajas” de las fuerzas armadas y de seguridad “habilitaría a los subalternos […] a negarse a reprimir las luchas de los trabajadores y del pueblo” (MST). IS sostiene que debería permitirse su sindicalización, otra vez, con una gran ingenuidad, a cambio del compromiso de no reprimir. La estructura actual permite, según el MST, la “obediencia debida”. Su propuesta, además de apoyar el aumento de salarios e impulsar la sindicalización, es “democratizar” las FFAA y promover el control popular y de organismos de DDHH. Vilma Ripoll se acercó a la protesta y fue corrida al grito de  “andate zurda”. Más allá de este incidente, con sus límites, estos compañeros han actuado en forma relativamente correcta.
La posición del PO es ambigua. Señala que el conflicto es producto de un “enfrentamiento de camarillas” dentro del gobierno, entre Garré y Berni. La primera representa una política de “seguridad democrática”, que se expresó en la “infiltración y espionaje al movimiento popular (Proyecto X)”. Berni, en cambio, sería la cara visible de la política de represión abierta, la misma que demanda la oposición de derecha (PRO, UCR). Insinúan que Berni está generando un movimiento desestabilizador, “ya que los golpistas se encuentran al interior del gobierno”. Aunque en otros casos reconoció la validez de los reclamos salariales y de la sindicalización del sector, esta vez solo apunta a delimitarse de los bandos en conflicto, pronunciándose tanto en contra de la represión abierta como del espionaje. Cierra su análisis pronunciándose por “una salida de izquierda”, pero no queda claro cuál es esa salida ni qué actitud se debe tomar en lo inmediato. En la práctica, tiende a coincidir con la izquierda “foucaultiana”, es decir, de aquella que entiende la sociedad a partir de la “teorización” burguesa de Michel Foucault antes que de Marx. 
En efecto, el PTS, al igual que CORREPI y el MAS, señala que los gendarmes no son trabajadores, sino “represores” (PTS) o “desclasados” (CORREPI). Su posición como miembros del aparato represivo, a pesar de su origen obrero, los convierte en “política e ideológicamente anti-obreros y anti populares” (PTS). Como prueba de ello apuntan cómo corrieron a Ripoll y a un sindicalista de ATE, y sus dichos: “no somos piqueteros”. Señalan también la responsabilidad de las fuerzas en la represión del conflicto social (Proyecto X, Las Heras, Cerro Dragón, etc.). Además, el apoyo al reclamo salarial de los gendarmes reforzaría el aparato represivo. Se manifiestan también en contra de la sindicalización, ya que esto no cambia “la naturaleza de su razón de ser”, la represión interior. A su vez, sería otra forma de reforzar su capacidad de fuego.
Correpi cree, por su parte, que de esta manera no se podrá quebrar el aparato represivo, ya que por su naturaleza el personal de las FFAA es inquebrantable: son naturalmente represores. Al contrario, PTS y MAS aceptan la posibilidad de quebrar a las FFAA, pero no en este contexto, en el que el apoyo al reclamo refuerza al aparato represor. Quebrar a las FFAA solo es posible en una situación revolucionaria. El MAS a su vez plantea, comprando el verso democratista, que si los rebeldes no abandonan el reclamo salarial ante el anuncio del pago de sueldos completos, eso demuestra que atrás hay un intento desestabilizador. A tal punto la posición de este sector de la izquierda sirve al gobierno, que Página/12 reprodujo el comunicado del PTS.
 
La “naturaleza” de los aparatos represivos y la pertenencia social de los “represores”
Decir, como la CORREPI, Rolando Astarita, el PTS o el MAS, que la función hace a la “naturaleza” de clase es hacer retroceder el análisis social a una etapa pre-marxista. La pertenencia de clase se establece en vista de las relaciones sociales, no a partir de la directiva que la burguesía imprime a cada rama de actividad. Decir que el “mandato” de la burguesía tiene cualidades ontológicamente fundantes, “performativas”, es lo mismo que decir que la “voluntad” de la clase dominante crea el mundo. 
Este mundo sin contradicciones, donde Dios crea la realidad para no aburrirse, no existe más que en la cabeza de los sectarios, es decir, de aquellos religiosos que defienden la omnipotencia divina contra toda evidencia. En la vida real encontramos innumerables ejemplos cotidianos de solidaridad de clase entre miembros de las fuerzas represivas del Estado y la población civil con la cual están imbricadas en los avatares de la vida diaria y unidas por mil lazos sociales, políticos y culturales.
¿De dónde proviene esta claudicación de marxistas revolucionarios ante la “voluntad” ideológica burguesa? De varios presupuestos prejuiciosos que nacen todos del anarquismo espontáneo del medio pequeño burgués del cual se nutren, en general, los partidos y grupos de la izquierda argentina. Enumeremos esos pre-juicios: 1. Fetichismo del poder; 2. Pureza ideológica del proletariado; 3. Seguridad como privilegio burgués; 4. La represión del Estado como inherentemente negativa.
El fetichismo del poder: quienes se ensañan con la “esencia asesina” de los miembros del aparato represivo del Estado creen que es el policía, el gendarme o el soldado el que “reprime” y no la clase que gobierna. Se confunde el brazo ejecutor con el cerebro que ordena. Y en esa misma metáfora organicista se cuela un razonamiento funcional: brazo y cerebro son “funcionales” al mismo cuerpo; luego, son lo mismo. Y no: como veremos más adelante, la metáfora biológica no es buena para representar lo que sucede en la vida social, donde el “cerebro” está en un cuerpo y el “brazo” en otro, con intereses antagónicos. Así, el “malo” es el policía, el gendarme. En un alarde de abstracción anarquista, el Estado, no la clase dominante, porque en esta perspectiva foucaultiana, no hay clases, hay sólo individuos.
En línea con esta perspectiva se encuentra la opuesta, la de la pureza ideológica del proletariado. “Cuando un obrero se hace policía, deja de ser obrero”, dice San León y repiten los discípulos trotskistas. Como si no existieran obreros reaccionarios que no necesitan ponerse uniforme para reprimir a sus compañeros de clase. Probablemente, quienes mataron a Mariano Ferreyra formen parte de aquello que Marx denominó “lumpenproletariado”, pero quienes se quedaron en su casa en lugar de marchar en defensa del compañero muerto en lucha, no dieron muestra de una conciencia muy elevada. Es más: volvieron a votar por Pedraza en la Unión Ferroviaria. “A Vilma Ripoll le gritaron ‘andate, zurda’”, dice el trosko-sacerdote, como si eso probara que los obreros gendarmes fueran más reaccionarios que los que marchan en las columnas de la UOM o de la UOCRA, que siempre nos han contestado eso ante nuestras interpelaciones y volanteadas. Digamos de paso que los obreros de la construcción han elegido y reelegido a un agente de la SIDE como secretario general. Siempre se puede, para evitar esta evidencia desagradable, apelar a la sempiterna cantinela de la “burocracia traidora”, pero no se puede tapar el sol con las manos. Sin una parte de la base, por lo menos, acomodaticia y oportunista entre los obreros automotrices, no se podría explicar el dominio sobre el SMATA de un colaboracionista con la dictadura militar como José Rodríguez. Peor aún: la más tremenda de las burocracias sindicales no puede explicar por qué, en un cuarto oscuro, fuera de toda coacción física, la clase obrera eligió y reeligió a Menem en su momento, o a Macri hoy. Es probable que la conciencia de los gendarmes y prefectos sea perfectamente burguesa, incluso ni siquiera liberalmente burguesa sino reaccionariamente burguesa. Pero habría que recordar que, en ese punto, no se distinguen demasiado del 97,5% de la población que hizo oídos sordos a la campaña “un milagro para Altamira”.
La seguridad como privilegio burgués. Para esta posición, cada miembro de los aparatos represivos es un enemigo declarado de todos y cada uno de los proletarios del mundo. No se les ocurre, a los más conspicuos defensores del idealismo absoluto que pretende hacerse pasar por marxismo, que los obreros también son “propietarios” y que necesitan de la defensa de esa propiedad mucho más que los propios burgueses. Un obrero al que asaltan en la calle y le roban el sueldo sufre infinitamente más que el burgués al que le desvalijan la casa. Mientras éste último tendrá la excusa perfecta para renovar enseres y ajuares, probablemente financiados por el seguro del que gozan, el primero no come por un mes, ni su familia tampoco. El “peaje” que las banditas de barrio “cobran” a los obreros para dejarlos salir de o entrar a las villas, es más oneroso para esos magros salarios que cualquier aumento de los servicios de transporte. La delincuencia afecta a la clase obrera de miles de maneras distintas. Por dar un ejemplo, pensemos en la salud. Hay barrios pobres en los que las ambulancias no entran de noche porque los médicos se cansaron de que los roben y baleen. Ni hablar de las otras formas de violencia a las que los hijos de la clase obrera están expuestos permanentemente desde la más temprana infancia. La idea de que la clase obrera odia a la  policía es falsa; al contrario, reclama permanentemente por su presencia. Que destruya comisarías cada tanto no es prueba de lo contrario: eso sucede cuando la policía se lumpeniza y toma a la población como su rehén. Curiosamente, la izquierda “foucaultiana” se solidariza con el obrero más atrasado, el ladrón que revierte la violencia social contra los miembros de su propia clase, en lugar de atender a los reclamos de aquellos que no quieren ser víctimas de asesinato por un par de zapatillas, un celular o un scooter.
La represión del Estado como inherentemente negativa. Extrañamente, la izquierda “foucaultiana” no tomó nota del re-descubrimiento más interesante del filósofo francés: el poder no “reprime”, construye. En la sociedad de la propiedad privada, la lucha contra el “delito” construye la “ciudadanía”. El ciudadano es tanto obrero como burgués. Como tal, no sólo encuentra reprimidas ciertas acciones e intereses, sino también estimulados y defendidos otros. Esa represión es base de esa libertad. En términos gramscianos, no hay hegemonía de clase si no hay defensa de intereses comunes. Que tales intereses resulten secundarios en relación al problema de la explotación, no significa que el orden creado por ese poder no permita la reproducción exitosa de la vida y que encuentren cabida en él las necesidades de las clases explotadas. De modo tal que buena parte de la “represión” estatal tiene por función la defensa de los intereses obreros. Esa es la razón por la cual equiparar al policía de la esquina, cuyo mayor crimen puede ser manguear pizza, con un jefe nazi de campo de concentración es absurdo. Tan absurdo como la postura de buena parte de la izquierda foucaultiana que no percibe contradicción alguna en exigir (correctamente) cárcel para violadores y responsables de violencia de género, mientras pretende que quien realice esas tareas viva con un sueldo de hambre. 
Estos prejuicios impiden ver las posibilidades que se abren para las fuerzas revolucionarias por esta peculiar situación que debe enfrentar una burguesía a la que se le rebelan las bases de su aparato represivo, justo en momentos en que debe dar inicio a un ajuste feroz contra la masa del proletariado. Esta ceguera tiene su origen, en cierta medida, en la incomprensión por buena parte de la izquierda de la “naturaleza” de aquello que Gramsci llamó “clases auxiliares”. No viene mal un repaso elemental.
Desde que la sociedad capitalista adquiere cierto volumen y desarrollo se enfrenta a una contradicción que constituye el corazón de la dominación social: el uso de fracciones y capas de la misma clase a la que explota, para mantener la dominación del conjunto de los explotados. Así ocurre con casi todos los personajes que hemos mencionado más arriba: la necesidad de formar las cualidades de la fuerza de trabajo obliga a organizar una educación de masas. Una educación de masas burguesa no puede ser tal, es decir, no puede ser educación impartida por burgueses para burgueses y obreros. Necesariamente entran a cumplir funciones intelectuales burguesas miembros de la clase enemiga. Tarde o temprano, el docente obligado a transmitir una ideología contraria a sus intereses de clase entra en crisis con su “función”. El 2001 nos ha dado abundante y cercana evidencia de ello. Lo mismo ocurre con las fuerzas de seguridad y represión: tarde o temprano su función entra en colisión con su naturaleza social. Las capas más bajas de la jerarquía (soldados o gendarmes, suboficiales, incluso algunos oficiales inferiores) provienen de la clase obrera y se reproducen como obreros. Es más: el grueso corresponde a la capa más pobre de la clase obrera, la población sobrante. En provincias donde no hay economía “privada”, donde el empleo es casi completamente estatal, el Estado se vuelve un enorme reservorio de población sobrante bajo las personificaciones más diversas, incluyendo la policía y otras fuerzas, en particular, la Gendarmería.
Muchos de estos obreros no sólo figuran entre los más pobres de todos, sino que se encuentran sometidos a una disciplina laboral mucho más dictatorial que el conjunto de la clase. De hecho, carecen de los derechos democráticos por los cuales la clase obrera ha combatido durante dos siglos: de reunión y agremiación, de libre expresión, de intervención política, de huelga, etc., etc. Estos obreros son los más atrasados, no necesariamente en su conciencia tanto como en sus condiciones de existencia. Es un campo propicio para la intervención revolucionaria. Más de algún miembro de la izquierda “foucaultiana” reconoce esta posibilidad, pero sostiene la imposibilidad de actuar fuera de una situación revolucionaria, con el argumento según el cual sólo en tal caso se podría quebrar a este sector. Pero eso puede decirse de cualquier fracción de la clase obrera, salvo que uno crea que alguna se va a “quebrar” ideológicamente y se va a convertir al trotskismo antes de una conmoción de escala mayor. Esto es lo mismo que decir que toda acción revolucionaria, aunque más no sea la agitación salarial, es imposible fuera de una situación revolucionaria. Igual que cualquier otra capa o fracción del proletariado, ésta de la que hablamos debe ser interpelada permanentemente por las fuerzas revolucionarias. ¿Cuándo se debe actuar para quebrar a las fuerzas represivas? Siempre. La sindicalización es un buen punto de partida. 
Esto significa que la lucha por el salario de estas capas obreras es parte de las reivindicaciones generales de la clase. La izquierda foucaultiana pretende que lograr aumentos de salarios para los gendarmes y prefectos equivale a reforzar el aparato represivo. Eso es lo mismo que considerar un pedido de aumento de sueldos para maestros una forma de multiplicar la eficiencia ideológica del Estado burgués y que lograr mejores condiciones de trabajo para los obreros de Zanón es reconstruir el poder del capital. Presupone que no importa en qué condiciones y circunstancias se produzca el éxito reivindicativo: obrero que mejora, obrero que se “aburguesa”. Si bien esto puede resultar cierto en el largo plazo y sin mediación de la lucha, sólo puede ser considerado válido por representantes del más crudo y vulgar economicismo. El Estado argentino se reforzó tras la debacle del 2001 no porque los miembros del aparato represivo mejoraran sustantivamente sus ingresos (en realidad, lo que está pasando demuestra lo contrario), sino porque la burguesía logró cooptar al grueso de la clase obrera ocupada (en particular a los “grandes batallones” industriales, que no se movieron ni en los momentos más agudos de la lucha). El poder del Estado no equivale a su poder “de fuego”: equivale a la magnitud de las relaciones que la burguesía a cuyo comando está es capaz de trazar con las masas. Sin estas relaciones (que van desde la apertura de las paritarias hasta el Plan Trabajar o la Asignación universal por hijo, pasando por el Fútbol para todos), el mayor, mejor pago y eficaz de los ejércitos no puede hacer mucho frente a millones de muertos de hambre.
En realidad, la mejor forma de debilitar el poder burgués, en relación a los aparatos represivos, es luchar contra el aislamiento que se impone a estos colectivos de trabajadores. La burguesía busca crear espacios cerrados, donde no entre otra influencia que no sea la suya. De allí la importancia de la sindicalización y de la extensión de los derechos sindicales en estos ámbitos, su apertura a la vida del conjunto del pueblo y, por lo tanto, a sus influencias ideológicas. Que policías, gendarmes o militares reciban formación en universidades nacionales, por ejemplo, es todo un logro contra la ideología burguesa.
La política seguida hasta ahora por el grueso de la izquierda en relación a esta capa de la clase obrera fue su negación, detrás de la condena general a la que se sometió al conjunto de los aparatos represivos desde la caída del Proceso militar. Este desprestigio social de la “represión”, construido a través de la lucha por los derechos humanos pero no sólo por ella, produjo una enorme debilidad ideológica en el Estado burgués, toda vez que la represión estatal es vista como esencialmente anti-democrática. Que no lo es, lo demuestran las noticias internacionales todos los días, de las cuales las imágenes sobre la represión a los estudiantes en Chile no son más que un ejemplo. La democracia burguesa no es necesariamente menos represiva que cualquier otro régimen burgués, como la Semana Trágica o el Argentinazo demuestran palmariamente. Pero como resultado de la lucha contra la dictadura militar, el aparato represivo del Estado argentino padece de aquello que Gramsci llamó “desmoralización”. Ese fenómeno permitió, no sin contradicciones, que las fuerzas “democráticas”, en particular el kirchnerismo, pudieran no sólo desmovilizar políticamente a las Fuerzas Armadas, sino atacarlas materialmente, tanto en ingresos como en pertrechos. Por otra parte, la creciente lumpenización de la policía, como consecuencia del ajuste creciente a la que es sometida, creó, junto con la decadencia de las FFAA, el espacio para el crecimiento de Gendarmería y Prefectura. Estamos, entonces, en presencia de otro escenario en relación al poder militar burgués. Para esto, la política de derechos humanos se agotó. Nunca resultó suficiente y encubrió la necesidad de una verdadera política revolucionaria en este campo, en el que la izquierda carece de una acción y, sobre todo, un conocimiento importante. Pero ahora se ha vuelto contraproducente.
Una parte de esa política, que es menester examinar con mucho más detalle que lo que aquí podemos esbozar, implica la lucha contra la lumpenización de los aparatos represivos, proceso al cual los ingresos bajos que perciben los miembros de dichos organismos no hacen más que incentivar. Rechazar el aumento de salarios para los soldados, policías, gendarmes y prefectos es la mejor forma de estimular la extensión del Estado oculto, el que conforman siempre y necesariamente las patotas sindicales, los barrabravas, los jefes policiales, los narcotraficantes, tratantes de esclavas sexuales, juego clandestino, etc., etc. El más importante campo de lucha es, sin embargo, la sindicalización de estas capas de la clase obrera. Estamos en un momento importante para tal tarea, algo que no parecen ver incluso aquellos que no se oponen a ello, como el PO, que igual que en el conflicto del campo del 2008, no hace más que saludos a la bandera.
Indudablemente, el conflicto se enmarca dentro de la política de ajuste oficialista. De hecho, tiene conexiones con la movilización de las capas “acomodadas” de la clase obrera (impuesto a las ganancias, asignaciones familiares, cepo al dólar), que desembocaron parcialmente en el cacerolazo del mes pasado y en la rebelión de Moyano. El kirchnerismo está tratando de “ajustar” allí donde supone que encontrará menos resistencias y perderá menos votos. Los empleados del Estado (de los cuales los miembros del aparato represivo no son más que una parte relativamente menor) han resultado hasta ahora una masa sumisa. La evolución de los salarios estatales lo prueba: mientras los asalariados privados bajo convenio han recuperado e incluso incrementado sus ingresos en relación a la etapa menemista, los estatales se han llevado la peor parte. No sólo en relación a sus salarios los empleados del Estado han perdido, sino y sobre todo, en relación a sus condiciones generales de trabajo: contratación, tercerización, salarios en negro, etc., etc. Se calcula en 40.000 los empleados estatales que podrían reivindicar lo mismo que gendarmes y prefectos. Un golpe al ajuste en marcha y una forma de vincular a los “rebeldes” del aparato represivo con el resto de la clase obrera, es generalizar ese reclamo al conjunto de los trabajadores estatales.
En efecto, más que discurrir en las nubes acerca de abstracciones prejuiciosas y fuera de lugar, hay que reclamar a la CGT y la CTA que tomen en sus manos el problema y lo amplíen bajo la forma de huelga general de empleados estatales con el siguiente programa mínimo: blanqueo de todos los adicionales, recomposición salarial con 7.000$ de base, eliminación del impuesto a las ganancias, jubilación equivalente al 82% del salario del obrero en activo, incorporación a planta de todos los contratados y universalización de las asignaciones familiares.
 
NOTAS:
[1] Este artículo es una selección del documento Prefectura, Gendarmería y las tareas de la izquierda, en www.razonyrevolucion.org

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