Alianza para la represión – Fabián Harari

158900-156234-jimbo-jonesEl uso de patotas en el gobierno de De la Rúa (2000-2001)

Por Fabián Harari (Laboratorio de Análisis Político-CEICS)

En general, cuando se piensa en la represión durante el gobierno de la Alianza, se hace énfasis en el persistente y constante uso de las fuerzas oficiales contra los reclamos del proletariado. Es lógico, ya que asistimos a importantes picos del accionar estatal, comenzando con los tres asesinatos en Corrientes y culminando con los treinta en un solo día, aquel 20 de diciembre de 2001. Sin embargo, poco se ha indagado acerca de la represión irregular o paraestatal. La reconstrucción de este tipo de acciones contribuye a dilucidar una serie de problemas. En primer término, el lugar de la acción de grupos irregulares de la clase dominante durante la crisis hegemónica. En segundo, la continuidad o ruptura entre la acción de la Alianza y el PJ. En tercero, permite apreciar los antecedentes históricos del uso de patotas bajo el kirchnerismo.
En esta nota reconstruimos las acciones de represión irregular que se llevaron a cabo en el gobierno de De la Rúa.1 Nuestro criterio para contabilizarlas es que el grupo de choque en cuestión actúe en defensa del orden social vigente, ya sea protegiendo a las autoridades políticas y sindicales concretas, ya sea evitando un cuestionamiento más general. Por lo tanto, hemos tomado no solo las acciones que implican al aparato radical y sus aliados, sino también aquellas organizadas por partidos opositores, como el PJ.

Las patotas sindicales

El primer grupo de acciones son aquellas organizadas por las direcciones sindicales contra opositores. Estas pueden tomar el lugar de la represión policial, en defensa de la empresa ante un reclamo, o pueden ser una intervención para asegurar la continuidad de la dirección sindical, evidentemente más favorable a la burguesía.

Negociar bajo presión

El 12 de enero del 2000, Alpargatas anunció el despido de 300 operarios de su planta en Florencio Varela, casi la mitad del plantel. Su plan, sin embargo, contemplaba el despido de la mitad de sus 6.000 empleados en el conjunto de sus establecimientos en el país. Todo esto, acordado con Débora Giorgi, secretaria de Industria. La empresa, además, adeudaba salarios a los obreros en planta.
El 27 de enero, los trabajadores de Florencio Varela decidieron resistir la medida cortando la ruta 2, muy transitada en ese mes de vacaciones. Para liberarla, una patota que respondía a la dirección de la Asociación Obrera Textil se hizo presente, amenazó al personal y obligó a una “negociación” de 15 minutos, en la que se tuvieron que aceptar tres puntos: efectivización de los despidos, indemnizaciones a pagar en cuotas a cuatro años y postergación del pago de salarios adeudados hasta marzo. Así, la dirección del sindicato operó en reemplazo de las fuerzas represivas y del Estado, asegurando las mejores condiciones para la empresa.

Dirigentes resentidos

En Mar del Plata, a fines de los ’90, las condiciones obreras en la industria del pescado comenzaron a tornarse insoportables. Al aumento de la jornada laboral, se sumaban suspensiones y despidos. La dirección del Sindicato de Obreros de la Industria del Pescado (SOIP) avaló todas las medidas patronales. En consecuencia, no tardó en surgir una oposición sindical, en ocasiones, ligada a la izquierda.
El 29 de junio del 2000, un grupo de obreros cooperativistas se movilizaron a la sede del SOIP para exigirle a su dirección que adhiriera al paro que mantenían. Ante la negativa, los trabajadores forzaron la puerta, ingresaron a la sede y expulsaron a los dirigentes. De allí surgió una Comisión Provisoria.
Casi un mes después, esta comisión llamó a una asamblea para definir un plan de lucha. Antes de que empezara, se hizo presente un grupo armado que respondía a la dirección desplazada, para romperla. La patota fue rechazada, pero volvió, disparó e hirió a un estudiante que estaba allí en solidaridad. La asamblea y el plan de lucha se desarrollaron, pero el hecho quedó impune.

Kraft y Daer, por duplicado

En 1993, Daer había perdido la planta de Terrabusi a manos de una alianza entre el PCR y peronistas disidentes. Dos años después, el entonces secretario de la CGT comenzó una avanzada contra la Comisión Interna (CI). A fines del 2000, la CI y su Cuerpo de Delegados (CD) llamó a un plan de lucha. La empresa, con anuencia de la dirección sindical, respondió con el despido de 79 obreros, por impulsar una asamblea.
El 4 de enero del 2001, los trabajadores de Terrabusi-Kraft decidieron cortar la Panamericana en una manifestación de 500 personas, con la solidaridad de las organizaciones piqueteras (Polo Obrero, Coordinadora de Trabajadores Desocupados, Teresa Vive, MIJP) y el PTS. Una parte de la CI propuso marchar a la sede del sindicato, en repudio a su inacción.
En medio del acto, se hizo presente una patota de 60 personas, en representación de la dirección del sindicato, con palos y caños, que empezó a agredir físicamente a los manifestantes. Daer apareció e incitó a “quemar” la sede sindical.
El 8 de enero, los despedidos fueron citados a la sede del sindicato para aclarar su situación. Allí les entregaron un diario que titulaba que el gremio no iba a impulsar un plan de lucha. Al salir, los trabajadores fueron increpados por patoteros que los golpearon e intentaron sacarles la documentación que llevaban. Aunque huyeron, fueron alcanzados en el colectivo que intentaban tomarse. Delante de los pasajeros, fueron nuevamente golpeados y les destruyeron los documentos. Luego de esa acción, la CI y el CD se debilitaron notablemente, hasta el año 2004, en que la izquierda comenzó a hacerse fuerte.

Crónica violenta

Aduciendo problemas presupuestarios, el medio Crónica comenzó un ajuste importante. Desde septiembre de 1999, pretextando evitar despidos, descontaba un día por mes. Al año, empezaron los despidos “hormiga”, alcanzando a 20 trabajadores, y el retraso en el pago de salarios.
El 8 de junio de 2001, los trabajadores realizaron un paro, que incluyó a los contratados y, días después se extendió a los gráficos, a los trabajadores de prensa y a Mexigraf, un taller auxiliar. La medida bloqueó la salida de seis ediciones, evitó el trabajo del personal jerárquico y comprometió una antena satelital. Para enfrentar la huelga de los gráficos (el sector más fuerte), la empresa realizó una serie de agresiones físicas, a cargo de personal no identificado, aunque se sospecha de su origen sindical (Crónica pertenece al Grupo Olmos, ligado a Hugo Moyano). Así se logró realizar una asamblea minoritaria y no convocada, que levantó la huelga. No obstante, los trabajadores de prensa y de Mexigraf mantuvieron la medida por 12 horas más.

Las patotas del poder político

Un segundo grupo de acciones represivas se constituye por aquellas que fueron organizadas directamente por el poder político, ya sean intendentes, gobernadores, diputados y hasta el propio aparato del partido dominante. En estos casos, la acción suele aparecer como respuesta a un cuestionamiento de la autoridad política, ya sea por motivos de tipo sindical (empleados públicos) o por motivos más generales. Se trata de fenómenos de mayor envergadura que los primeros, ya que abarcan un mayor nivel de enfrentamiento, en términos cualitativos.

Los muchachos radicales

“El último progresista”, se hacía llamar Federico Storani. Había sido un puntal del alfonsinismo y precursor del Frepaso. A poco de asumir el Ministerio del Interior, desalojó por la fuerza el puente Corrientes-Resistencia, tomado por estatales autoconvocados que habían rebalsado la conducción de ATE. El resultado fue de dos muertos y varios heridos. Francisco Escobar, de 25 años, y Mauro César Ojeda, de 19. Acto seguido, De la Rúa intervino la provincia, designando a Ramón Mestre, quien se encargó de controlar la Justicia para que nada se investigase.
A seis meses del hecho HIJOS, junto a otras organizaciones de izquierda, planificó un escrache a la casa del ministro, en Gonnet. Una semana antes, aparecieron pintadas amenazantes firmadas por Franja Morada y la Juventud Radical. La movilización se llevó a cabo, aunque la columna no pudo llegar a destino. Fue interceptada por un cordón armado con cadenas y palos de militantes radicales, escoltados por la policía provincial, a cargo de Ruckauf. Ante las provocaciones, la columna decidió permanecer en el lugar y no dar lugar al enfrentamiento.
Si bien no hubo agresiones físicas, en este caso, la patota operó como elemento de defensa de un personal dirigente, responsable de la muerte de manifestantes. Esa defensa se realizó en colaboración con las fuerzas del orden, dirigidas por el PJ. Es decir, hubo aquí una colaboración entre ambos partidos.

Una encerrona en el Sur

Carlos Infanzón era intendente de Berazategui desde 1994, gracias su mentor dentro del PJ, Juan José Mussi. A mediados del 2000, decidió privatizar el cobro de las deudas impositivas municipales. La crisis había dejado miles de vecinos morosos e Infanzón pensó que era la hora de recaudar.
La iniciativa despertó la reacción de la población. Luego de una serie de reuniones, una comisión vecinal decidió una marcha a la Municipalidad. El 21 de julio, más de 200 manifestantes llegaron a la intendencia y entregaron un petitorio. Allí explicaban que la ejecución de deudas iba a poner a las familias más pobres frente a la necesidad de contratar abogados que no podrían pagar. Se trataba de una medida de recaudación fiscal cuya consecuencia sería la pauperización de la población obrera. Esa primera marcha se realizó sin incidentes, pero también sin consecuencias. Por lo tanto, la comisión vecinal decidió convocar a otra movilización el 18 de agosto. La mayor asistencia ese día incrementó la presión política. Infanzón invitó a los manifestantes a una reunión permitiendo el ingreso de 30 representantes. Cuando el último de los mandatados traspasó el portón de entrada, este se cerró y aparecieron 100 matones, con palos de béisbol, que se dedicaron a golpearlos, sin que pudieran escapar. Los gritos despertaron los intentos de los manifestantes de violentar la puerta. La presión de la movilización y la mediática obligaron a la policía provincial a intervenir y evitar lo que hubiese sido una masacre.

Barras tucumanos

El gobierno de Tucumán había decidido eliminar el tercer ciclo del EGB y desvincularse de los planes nacionales de reforma educativa, para crear un sistema provincial. El motivo no era pedagógico, sino presupuestario: la provincia argumentaba que no tenía fondos para pagar la extensión de la educación obligatoria dos años más. La consecuencia, además de la degradación educativa, era la expulsión de miles de docentes. Todo esto, decidido 15 días antes de comenzar el ciclo lectivo. Unos 800 docentes presentaron acciones de amparo para no quedar cesantes. Como la medida también afectaba los fondos de escuelas privadas y confesionales, se constituyó una alianza entre directivos, docentes y padres de escuelas públicas y privadas.
El 1 de abril una manifestación, encabezada por la Iglesia, se convocó frente a la Legislatura provincial. Julio Miranda, además de gobernador, era el presidente de Atlético Tucumán, el club más importante de la provincia. Obviamente, esto implicaba el control de la barrabrava, ligada al PJ.
Los muchachos de Miranda comenzaron a bloquear las calles del microcentro. Luego, se abalanzaron sobre la manifestación con palos, golpeando a los convocados. La movilización se desplazó a la Plaza Independencia, donde fueron otra vez emboscados por los barras peronistas, con cintas celestes y blancas en los brazos y al grito de “Viva Perón, mueran los curas”. La policía de la provincia fue un testigo privilegiado: no movió un efectivo.

Muertos, pero con dinero

Corría el año 2001 y Osvaldo Ostoich quería convertir sus tres hectáreas en Villa Tessei en un negocio rentable, por lo que pidió una excepción al Código de Planeamiento Urbano, con la idea de emplazar un cementerio privado. El Consejo Deliberante aceptó sin chistar. El problema era que la prohibición tenía sus razones: las napas se podían contaminar y la zona urbana no permite actividades de crematorio. Además, se estarían cerrando cuatro calles que funcionaban como arterias. Los vecinos argumentaban, con razón, que sus propiedades iban a desvalorizarse.
La población comenzó a organizarse y llegaron las marchas. Los barrios de San Alberto, Virgen de la Esperanza, Los Troncos, Los Palitos y El Destino dieron a luz una comisión de vecinos autoconvocados. El intendente era nada menos que Juan José Álvarez (el mismo de Puente Pueyrredón y Cromañón). El 5 de julio de 2001, ante una manifestación, “Juanjo” se comprometió a evitar el emplazamiento, pero el proyecto siguió adelante.
Una nueva protesta se desplegó el 11 de agosto. Álvarez manifestó que iba a recibir a los vecinos. No lo hizo él finalmente, sino una patota que bloqueó la entrada y obligó la dispersión de los manifestantes. El delfín de Duhalde y Kirchner mostraba su vocación.

Ataques planificados a militantes

El último grupo de acciones corresponde a aquellas dirigidas a militantes en particular. En los casos anteriores, el grupo de tareas se arma para repeler una acción puntual y su represión es genérica y, podríamos decir, “de posición”: se defiende un lugar, independientemente de quién lo dispute, y su acción es defensiva. En cambio, este tipo de acciones buscan modificar la relación de fuerzas existentes en términos menos coyunturales. Tiene un carácter ofensivo: volcar la situación en su favor. La acción no es genérica, busca dejar fuera de combate a militantes sindicales y de los partidos revolucionarios. Es la forma más activa de la defensa teórica de un orden, por la vía de atacar a quienes se dedican a cuestionarlo.

Casas tomadas

Durante julio del 2000, Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe), viejo bastión industrial, fue el escenario de grandes luchas de desocupados. Los reclamos dieron lugar a una comisión vecinal, que organizó asambleas y cortes de ruta, exigiendo puestos de trabajo y seguros al desocupado. El intendente, Pedro Jorge González del PJ (quien hoy mantiene ese cargo con el aval del FPV), intentó clausurar la protesta con la entrega de bolsones. No tuvo éxito: los reclamos recrudecieron.
González buscó “arreglar” con varios delegados, quienes se negaron y fueron amenazados. Uno de ellos era Carla Brunfels, dirigente barrial. En la noche del 1 de agosto, mientras Carla daba de comer a sus cuatro hijos en su precaria casa, unos desconocidos prendieron fuego el lugar. Carla no podía salir, porque la puerta ardía. En medio de la desesperación y los gritos, su hija mayor había comenzado a sufrir los efectos del fuego. Fue un vecino quien las salvó de la muerte. La hija mayor quedó con secuelas, las otras tres, con quemaduras leves. Esa misma noche, la casa de otro delegado fue saqueada y destruida.

El candidato único

Corría noviembre del 2000 y para las próximas elecciones a Junta Vecinal de San Martín, Juan Díaz, empleado municipal y referente del PJ local, ya no estaba solo. Una lista opositora proyectaba presentarse. Sus candidatos pertenecían a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados (CTD), organización que había impulsado la instalación de la carpa por “Pan y Trabajo”, que ya llevaba 50 días en la Plaza Mitre. La CTD reclamaba cincuenta planes de trabajo inmediatos, otros cincuenta a implementar en plazos, asistencia alimentaria para 200 familias y una comisión de seguimiento común que garantizase el acuerdo. El bloque de concejales del PJ ya había emitido una declaración exigiendo el desalojo de la carpa, pero las relaciones de fuerza no toleraban una represión lisa y llana.
Díaz no podía permitir que la movilización diera lugar a una expresión política que disputara su lugar. El 30 de noviembre, una patota irrumpió en la casa de la candidata, amenazó a sus hijos y le dio una semana para que ella y sus compañeros se fueran del barrio. Al día siguiente, otro miembro de la CTD fue agredido con un arma blanca. La hermana de la víctima se interpuso y recibió un golpe en la cabeza. Para la policía, se trató de una “reyerta”.

Saludos nocturnos

Desde el 2000, el Frente Único de Trabajadores Desocupados (FuTraDe), un frente de masas del PO con fuerte presencia de gráficos, docentes y desocupados, se desarrollaba en La Matanza. Los militantes recibieron aprietes por parte de punteros de Pierri en Laferrere. Durante la noche del 29 de abril del 2001, el local central del PO en San Justo, fue objeto de un atentado con una bomba molotov que rompió las ventanas y generó un principio de incendio. Una advertencia de los dirigentes peronistas.

Una Aurora persistente

Aurora Ríos, enfermera y delegada del Hospital Posadas, se había convertido en una referente del piquete de Gaona y Marconi, en Morón. Junto a enfermeros y médicos denunciaba el ahogo presupuestario que redundaba en bajas salariales y falta de insumos e infraestructura. A ello, se agregaban los problemas de inseguridad: la escuela de enfermería había sido tomada por delincuentes que mantuvieron a 61 trabajadores como rehenes. No faltaba tampoco la represión policial y las amenazas a los manifestantes.
La noche del 9 de septiembre, Aurora manejaba hacia su casa. Allí la esperaba un coche desconocido, que se acercó y le mostró un arma. Aurora intentó huir y los atacantes lograron encerrarla. Ella perdió el control del auto y chocó contra una columna. Los desconocidos se acercaron hasta el auto accidentado y, al verla atontada, se retiraron. El auto se prendió fuego, pero Aurora logró salir.

Conclusiones

Durante el gobierno de la Alianza, contabilizamos doce acciones de grupos paraestatales contra los trabajadores y sus representantes. Puede parecer poco (y, efectivamente, lo es si comparamos con las que se organizan bajo el gobierno que le sucede), pero no deja de ser significativo que durante un gobierno que apela principalmente a las fuerzas regulares, se den este tipo de casos.
Las acciones sindicales son un cuarto del total, predominando las de carácter político y las agresiones a militantes puntuales. Esto podría explicarse por la relativamente baja conflictividad de la clase obrera ocupada y sindicalizada en ese período y, consecuentemente, la escasa disputa por la dirección de esa fracción. En cambio, predominan acciones de represión sobre la sobrepoblación relativa, ligada al movimiento piquetero, ya sea bajo la forma “vecinal”, ya sea bajo la alianza de los empleados públicos con los desocupados, siempre con presencia de la izquierda.
En términos muy estrictos, la UCR sólo conduce una acción. El resto, son organizadas por dirigentes sindicales afines al justicialismo y por el propio aparato del PJ. Esto puede deberse a la pérdida de la capacidad organizativa del radicalismo frente a un peronismo que mantiene la conducción al nivel más bajo y directo (intendencias), que le asegura esos vínculos que luego permiten ganar la elección.
En ese sentido, puede decirse que el peronismo se ocupó del trabajo de represión de las manifestaciones y actuó como uno de los agentes del orden. El hecho de no ostentar la conducción nacional no lo eximía de su labor dirigente. Gobernadores en provincias claves, intendentes en centros económicos y poblacionales y dirigentes de los sindicatos más importantes convierten al peronismo en un aparato al servicio del poder. Por lo tanto, ni los radicales o los herederos del Frente Grande pueden argumentar que los dejaron solos, ni el duhaldismo o el kirchnerismo pueden presentarse como ajenos a la conducción del país durante el gobierno que fue desalojado por la propia población movilizada.

Notas
1Intentamos una reconstrucción rigurosa de los hechos a lo largo del país. Sin embargo, este trabajo tiene dos límites. Uno es cualitativo: no realizamos una reconstrucción definitiva de cada hecho. Algunos están relatados detalladamente, en otros la trama es fragmentaria. Una investigación profunda de cada uno en particular hubiera obligado a concentrarse en pocos casos, perdiendo de vista la reconstrucción general. El segundo límite, es cuantitativo. La cantidad de acciones de lucha en la etapa fue muy numerosa, sin embargo, los grandes medios cubrieron poco y los alternativos solo registraban información aislada y sin chequear.

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