Osvaldo Regina
Colaborador
Poco después de asumir, el gobierno que surja de las elecciones del año que viene va a destrozar cualquier ilusión de mejoría en la situación de los trabajadores/votantes. En efecto, ya se están dando a conocer los planes económicos de los principales economistas del establishment político que tienen chance para llegar al Ministerio de Economía, con la tendencia del peronismo o del radicalismo que sea. O sea, aquel que se alce con las prerrogativas y el presupuesto del Poder Ejecutivo de “nuestro” Estado bicentenario, constituido por una burocracia político-sindical corrupta y asesina. Para conocer esta importante faceta del futuro podemos leer, no las cartas ni la borra del té, sino las recientes declaraciones de los “técnicos” del poder. Por ejemplo, Javier González Fraga, un ex presidente del BCRA con Menem; Jorge Todesca, ex viceministro de economía de Duhalde; Dante Sica, ex secretario de industria también con Duhalde, y Miguel Bein, ex viceministro de economía de De La Rúa). Estos economistas fueron convocados por la periodista Annabella Quiroga para que dijeran qué medidas tomarían para frenar la inflación si llegaran a ministros de economía.
En esa nota, que salió publicada por Clarín el 17 de octubre pasado, estos estrategas económicos del régimen político fundado en 1983 planean, desde similar ubicación social y casi con las mismas palabras, imponer un nuevo “ajuste” de la economía a ser pagado por los asalariados. En síntesis, se detecta consenso en ese grupete para los cuatro frentes de ataque contra el bolsillo de los trabajadores que enumero a continuación: primero, aumentar las tarifas de los servicios públicos, segundo, dejar que las altas tasas de inflación sigan devorando el poder de compra de los salarios durante varios años más, tercero, terminar con las políticas económicas, monetarias y fiscales, expansivas del consumo, que se vienen aplicando desde 2002 y, cuarto, para que todo esto sea viable, dar más poder y protagonismo estatal a la burocracia sindical que garantice congelar los reclamos obreros mediante un “pacto social” para frenar los precios y, fundamentalmente, los salarios.
1. Encarecer los servicios públicos: Sica pretende “acomodar el sistema de subsidios” como parte de las modificaciones a “la política de gastos”. ¿Qué significa esto? Todesca lo aclara, cuando dice que “la clave pasa por desacelerar el crecimiento del gasto público” y que “para esto hará falta ir sacando los subsidios, generando un sinceramiento progresivo de las tarifas”. Ambos pretenden tomar recaudos en beneficio de la población de menores recursos. ¿Quiénes serían los de mayores recursos? González Fraga se toma el trabajo de detallar que “las familias más ricas” a las que se quitarían los beneficios del subsidio serían “especialmente del área metropolitana de Buenos Aires”. ¿Por qué no harán referencias más específicas al rango de ingresos o patrimonio de esas familias? ¿Será que piensan, a secas, en casi todos los vecinos de Capital Federal?
2. Alta inflación por 4 o 5 años más: la inflación es el recurso moderno para bajar los salarios de forma masiva, contundente y, a pesar de todo, con cierta discreción y disimulo. Quizás por eso ninguno de los economistas propone bajar la inflación a cero, ni pronto, sino apenas reducirla a niveles de un dígito, entre 1% y 9%, y eso al cabo de varios años con tasas más altas. Miguel Bein, por ejemplo, ni piensa en cortarla de inmediato y afirma con desparpajo que “cualquier plan de estabilización políticamente viable de la tasa de inflación requiere un programa de 3 ó 4 años”. Para González Fraga, también serán precisos 4 años de su gestión mientras que Sica y Todesca son más optimistas y piensan seguir sacando poder de compra al salario durante sólo 2 o 3 años más, contando, claro está, desde que lleguen ellos al gobierno. Pero, entonces, ¿piensan exponer el salario obrero a -contando desde hoy- 4 o 5 años más de subas de precios como las actuales, que se estiman en 20% a 25% anual? No es la primera vez que una buena tormenta inflacionaria es promovida desde el poder para devolver rentabilidad al capital nacional, moribundo y chupasangre, por la vía de reducir el salario real sin que baje o incluso suba el nominal. Y, como dice González Fraga, sólo se trata de alcanzar una “tasa objetivo del 8% anual”. Con esa tasa es más fácil (menos conflictivo) para el establishment de políticos, burócratas y empresarios manipular los ingresos asalariados.
3. Reducir el estímulo gubernamental al consumo: dos caminos habituales para expandir la demanda agregada en pos de combatir el desempleo son (a) el uso del presupuesto público para agregar poder adquisitivo adicional (política fiscal) y (b) la baja de tasas para estimular el consumo y la inversión, ampliando para eso el crédito a través del banco central (política monetaria). Pero los políticos burgueses y sus economistas están buscando un escenario de crecimiento más lento que el registrado desde 2003 con sus “tasas chinas” del 8% y 9%. Esas tasas, sin embargo, no alcanzaron para reducir el desempleo a niveles más bajos y menos dañinos de, por ejemplo, el 3% o el 3,5% sino a más del doble de esas cifras. ¿A cuánto debería elevarse la “tasa objetivo” de desempleo según estos señores economistas para que resulte “compatible” con una inflación del 8% (entre la mitad y un tercio de los niveles actuales)? Es en esta línea que propuso Todesca “desacelerar el crecimiento del gasto público” y agregó que “también es importante limitar la expansión monetaria”. Por su lado, Bein dice que “la política fiscal debería apuntar a recuperar el superávit”. González Fraga espera que “haya un mayor equilibrio fiscal” (gastar menos) y sugiere “una política de metas de inflación” que, en la literatura económica, significa frenar precios y salarios encareciendo el crédito para desalentar el crecimiento del empleo. Los economistas burgueses quieren acotar la intervención del Estado que vino fomentando el consumo privado y un nivel de empleo mayor al que daría el mercado sin tanto gasto público.
4. Disciplinar a las organizaciones obreras: todos quieren un pacto social para que los precios se frenen con… ¡un acuerdo salarial! (es decir, pagan los pobres). Por ejemplo, González Fraga aconseja “impulsar, en el sector privado, acuerdos voluntarios de precios y salarios consistentes con las metas anunciadas” de inflación (es decir, el 8% anual). Todesca quiere “un acuerdo económico y social entre empresarios y trabajadores para bajar la inflación inercial”. Sica también se suma al unísono por “un acuerdo entre empresarios y trabajadores con una meta de evolución de ingresos”. Finalmente, Bein coincide pero agregando una amenaza: que “sin la ‘política’ contribuyendo en forma activa, no hay ningún plan inflacionario que funcione sin que esto implique generar un freno en el nivel de actividad”. Es decir que, si los aparatos (político y sindical) no logran poner un límite a la espiral de precios y salarios, entonces sólo quedará al gobierno frenar la inflación bajando el nivel de actividad: menos consumo, menos producción y… ¡menos empleo! He ahí la quintaesencia de nuestros demócratas de republiqueta: si el proletariado no se somete al palo y al rebenque para ceder poder de compra a “nuestros” empresarios y a sus capitales obsoletos, el gobierno mismo agravará el desempleo actual para “ajustar” los salarios, sacrificando para ello el crecimiento de la economía y de los ingresos reales de la población.
En síntesis, el “éxito” del futuro plan económico peronista o radical consistiría en sostener “una tasa de inflación de un dígito que sea compatible con un nivel de crecimiento del PBI del 5 o 6% anual” (Sica) logrando para ello poner a su servicio a “la política” de los enroscadores de víbora partidarios (con su policía) y de burócratas sindicales (incluida su inseparable patota de asesinos y rompehuelgas) para contener los reclamos salariales. El “fracaso” del futuro plan, en cambio, llevaría a inducir un mayor desempleo con la misma finalidad de contención salarial. Como va de suyo, a las alternativas políticas burguesas siempre las pagan los trabajadores.
