Vientos del sur. El conflicto docente en la provincia de Santa Cruz

El corazón de la actividad económica de Santa Cruz, al igual que el de otras provincias patagónicas como Neuquén, se ubica en la explotación petrolera. Paralizar esta producción es paralizar la vida de la provincia. Junto al oro negro, el empleo público suele ser el otro gran bolsón de trabajo en esas provincias. No ha de extrañar, entonces, encontrar articulación en la lucha entre obreros desocupados de la rama petrolera y estatales. Ya desde fines de los ’90, los docentes aprendieron la lección: el piquete y el corte de ruta son elementos desequilibrantes.

Los conflictos docentes son una constante en Santa Cruz y Neuquén. En febrero, la provincia “pingüina” obtuvo una proyección nacional. Durante más de 60 días de huelga, la estrategia del gobierno y de la CTERA fue la de aislar el conflicto. El gobernador Peralta procuraba que su destino no fuese el su antecesor Sancho que, en 2007, se vio obligado a renunciar. ADOSAC, el gremio docente, permanece en pie de lucha sosteniendo las alianzas que ha logrado hasta el momento con otras fracciones de la clase obrera. El juego está delimitado. Intentaremos ver aquí la naturaleza del conflicto iniciado hacia fines de febrero de 2008 y los posibles movimientos en los distintos bandos enfrentados.

Mal de muchos…

El conflicto docente que se viene desarrollando en la provincia de Santa Cruz trascendió por su extensión e intensidad pero, en forma previa a su movilización, se hallaban en plan de lucha los obreros petroleros, los empleados estatales y los trabajadores de la salud. El punto común que los articulaba era, en una primera medida, el reclamo salarial. En el caso de que las paritarias ya se hubieran cerrado, quedaba el rechazo a los porcentajes acordados por las dirigencias sindicales afines al gobierno, tal como sucedió con los petroleros. Los docentes, por su parte, perciben un salario de 3.500 pesos, mientras el costo de vida en las provincias más económicas del sur patagónico asciende a 9 mil pesos.¹ He allí el origen del reclamo.

El largo conflicto docente registra dos claros momentos divididos por un punto de inflexión: la jornada del 12 de abril. Ya desde el 28 de febrero -previo al inicio del ciclo lectivo- los docentes santacruceños lanzaron un plan de lucha por la recomposición salarial. El último acuerdo databa de 2009, motivo por el cual, hacia fines de 2010, el gremio docente demandó un incremento de un 50%. Desde febrero, el gobernador Peralta y su Ministro de Educación, Borselli, ofrecieron en paritarias un 25%, escalonado, como tope máximo a negociar. El rechazo de los docentes a la insuficiente oferta fue validado en distintos congresos provinciales de ADOSAC, lanzándose un plan de lucha con la modalidad de “paros escalonados”. El primero de ellos, se realizó al inicio del ciclo escolar y tuvo un acatamiento mayor al 90% en toda la provincia. El 17 de marzo se efectuó el segundo.²

El punto de inflexión coincide con el lanzamiento de un nuevo paro, por 72 horas, por parte del gremio docente. Yuxtapuesto con el paro, los docentes, junto a estatales nucleados en ATE, habían decidió cortar parcialmente la ruta 40 en la localidad de 28 de Noviembre. El 12 de abril, mientras repartirían volantes y panfletos a la espera del pase de una caravana del gobernador Peralta, estaba por realizar un acto en dicha localidad. No obstante, mientras los docentes junto a otros trabajadores estatales se encontraban a la vera de la ruta, un grupo de militantes de la UOCRA atacó a palazos a los maestros para “despejar” el camino, ya que el gobernador iba a pasar por ahí y “no quería verlos”. Previo al ataque físico, los muchachos de la construcción se encargaron de destrozar los autos de los docentes. El resultado: más de 17 docentes y estatales hospitalizados incluyendo uno de gravedad con fractura de mandíbula. Resulta de una desfachatez considerable que tanto la UOCRA como el Ministro de Gobierno santacruceño, José Manuel Córdoba, sostuvieran que el ataque fue provocado por los manifestantes, cuando desde la patota no se reportaron heridos. Además, antes de la golpiza, los docentes ya habían sido intimidados a abandonar la ruta, situación que rechazaron puesto que no obstruían la totalidad de la circulación. Esa primera reacción no pasó de una intimidación gracias a la intervención de un grupo de trabajadores mineros. Dos horas más tarde, la patota llegó con sus refuerzos y procedió al escarmiento. Las palabras del propio delegado de UOCRA santacruceña, Carlos García, no dejan lugar a dudas: “se lo mandamos a avisar dos veces, no nos corten el paso porque vamos a tener inconvenientes”.³

Cabe destacar que no es la primera vez que la UOCRA actúa como fuerza de choque en la provincia patagónica⁴: durante la década de 1990 aportaron numerosos militantes para los actos de Néstor Kirchner y lo cercaban ante una provincia encendida por la falta de pago de aguinaldos; en 2001 abortaron un cacerolazo; en 2009 también intimidaron a los docentes; estos son sólo algunos de los registros en su haber provincial. De hecho, tal como ocurrió el año pasado durante el asesinato a Mariano Ferreyra, se denunció que la zona fue liberada por la policía para la actuación de la UOCRA.⁵
El tiro por la culata

Si el ataque buscaba aleccionar y quebrar a los docentes, el efecto fue el contrario. A partir de ese momento, se declaró el paro docente por tiempo indeterminado, se instaló frente al Ejecutivo una carpa y se realizó en el corazón político provincial (Río Gallegos) una macha que nucleó a más de 2 mil personas. Al mismo tiempo, se inició una serie de piquetes y bloqueos en las empresas petroleras que se extienden por todo el norte de la provincia y se rechazó la conciliación obligatoria dictaminada por el gobierno provincial. 28 de Noviembre y Río Turbio se convirtieron, a partir de ese momento, en ciudades completamente paralizadas. La actividad petrolera en el norte de la provincia se encuentra detenida a partir de los bloqueos a las plantas de bombeo de YPF en Pico Truncado, al yacimiento Los Perales; los cortes y bloqueos también se extienden por Caleta Olivia y Las Heras. La articulación entre distintas fracciones de la clase obrera ocupada y desocupada, de docentes junto a alumnos y padres se ha profundizado a lo largo de todo el proceso. Por ello, el gobierno provincial apuesta a la división. Primero apuesta a los carneros y mandata a cubrir, inmediatamente, los cargos docentes jerárquicos y no jerárquicos de los maestros en huelga. Asimismo, anuncia que no podrá pagar los aguinaldos debido al cese en el cobro de regalías por la paralización de la producción petrolera. Hasta ahora, no ha logrado su cometido.

A pesar de la gran visibilidad que cobró el conflicto, la estrategia del gobierno nacional y de la CTERA, como dijimos, es la del aislar y amedrentar. El gobernador Peralta pidió por la gendarmería. Por ahora, en Santa Cruz debió arreglarse con las fuerzas que tenía a mano. El aparato judicial provincial se puso a disposición para comenzar una persecución. En primer lugar, se ha ordenado la represión lisa y llana: el magistrado Quelin fue quien ordenó la inmediata finalización de los piquetes y encomendó a las fuerzas públicas que procedieran, medida que nadie hasta ahora ha hecho efectiva. En segundo, los docentes son demandados por cifras que nunca podrían pagar en su vida.

Sólo cuando la situación se hizo insostenible, desde el gobierno nacional realizaron algunas declaraciones. Sileoni catalogó al paro como “político” en tanto, los docentes del terruño K percibirían el salario más alto del sector y, a su vez, el gobernador Peralta en la mesa de negociaciones les ofreció un 25% de aumento. Por ello, catalogó al conflicto de “inentendible”, “de otra época de país” más propia de los ’90 que del 2011, una puja política que buscaría poner en jaque la productividad de una provincia. Randazzo tampoco ahorró elogios al mandatario y catalogó a los docentes de “verdaderos vándalos”, y de “desabastecedores”. Sin embargo, todos dejaron muy en claro que se trataba de un conflicto de la provincia de Santa Cruz, soltándole la mano al gobernador. Peralta no parece dispuesto a inmolarse y busca la salida heroica: convocó al peronismo provincial a “entrar a una etapa de movilización fuerte”; suspendió la fecha de pago de aguinaldos y amenaza: “acá no se va a salvar nadie”. Desde el gremio docente nacional no han convocado a un solo paro general desde que se inició el conflicto, sólo han elaborado un tibio comunicado rechazando el accionar de la UOCRA pidiendo castigo para los responsables.

El contraataque

Los docentes han ratificado hacia fines de junio el paro por tiempo indeterminado. Como en la década pasada, este se sostiene a fuerza de cortes. A la fecha de cierre de edición de este número, el conflicto ya superaba por más de 20 días de huelga al otro más extenso de la época kirchnerista: aquel que se desarrolló en el 2007 y finalizó con la renuncia del gobernador provincial de ese entonces.

La estrategia de represión del gobierno nacional frente a los docentes fue la de recurrir a sus patotas. En ese sentido, la intervención de la UOCRA ha sido una de las acciones en una misma línea. En la lista encontramos otra serie de medidas abonan tal estrategia: la ocupación del sindicato docente por La Cámpora con el apoyo de Rudy Ulloa y sus matones y de las unidades de base del FVS; la utilización de supuestos grupos de “padres y estudiantes” en los procesos de la toma de ADOSAC o de instalaciones del Consejo Escolar provincial para culpabilizar luego a los docentes también forman parte del listado. Este último aspecto empalma con la estrategia provincial de Peralta quien intenta movilizar a padres y a docentes carneros en contra de los huelguistas. Esas formas de represión serán complementadas luego con la represión abierta a partir de las últimas horas del 23 de junio, momento a partir del cual el gobierno nacional hace uso de la federal para desalojar y reprimir a los docentes santacruceños acampantes frente al Ministerio de Trabajo nacional. Precisamente, lo que hace cambiar la estrategia es la nacionalización del conflicto al superarse el aislamiento en el cual se buscaba sumir el conflicto docente. Si antes era un “problema de Santa Cruz” ahora es un problema en el corazón del poder político. De hecho, el supuesto progresista ex Ministro de Educación nacional y actual candidato a jefe de gobierno K, Daniel Filmus, salió a defender del uso de la fuerza pública contra los docentes argumentando que seguramente se obró como dictaminó la justicia respetando el derecho de los ciudadanos a trasladarse de un lugar a otro. Según declaró Filmus a radio La Red: “se trata de respetar todos los derechos. Creo que somos bastante respetuosos a ultranza de los derechos de expresión y de manifestación de todos los sectores. En este caso en particular se ha dicho que hay dos derechos que se enciman: el derecho de expresión y el derecho de tránsito. Okey, también tienen los habitantes su derecho de trasladarse de un lugar a otro”. Ya pueden intuir entonces los docentes porteños lo que les espera de triunfar el delfín de Cristina.

El conflicto docente en Santa Cruz nos permite reflexionar sobre varios puntos de la vida política en Argentina post-2001. Por un lado, el reclamo docente tiene una base material recurrente: la inflación lenta pero sostenida se come año tras año los salarios de los trabajadores. Por el otro, buena parte de la radicalidad y tenacidad docente se asienta sobre un sindicato donde diferentes vertientes de izquierda tienen fuerte presencia en distintas seccionales (Río Gallegos, Río Turbio, Caleta Olivia entre otras). A su vez, cualquiera que desee hacerse oír en la Argentina recurre indefectiblemente a un medio de lucha que llegó para quedarse: piquete y corte de ruta.