Este año ya se contabiliza un total de 10.614 enfermos con dengue confirmados en nuestro país. Misiones concentra casi la mitad de los casos, con un registro de 200 infectados por día. El gobierno,antes de erradicar a su vector, quiere que nos acostumbremos a la enfermedad. La epidemia muestra en Misiones las consecuencias de esta política.
En el 2009, ante un “nuevo” brote de dengue, expusimos en El Aromo las causas de -hasta ese momento- la peor epidemia de esta enfermedad en la historia Argentina.1 A pesar de este antecedente, no se cuenta con algún grado de planificación seria frente a la enfermedad ni a su vector, el mosquito Aedes Aegyptis. Es así que su propagación no se ha detenido. En el período 2010-2013 se registraron 4.092 infectados a nivel nacional y este año ya se contabiliza un total general de 10.614 enfermos con dengue confirmados en nuestro país. Misiones concentra más de la mitad de los casos, con un registro oficial de 167 infectados por día desde enero hasta marzo. Desde el Ministerio Nacional de Salud Pública, se señala que el retorno de la enfermedad en Argentina se debe a su reaparición en Bolivia, Brasil y Paraguay. Misiones comparte el 90% de su frontera con los dos últimos países por lo que es zona de riesgo. Esta argumentación, sin embargo, resulta insuficiente para explicar la expansión de la epidemia. En la provincia más afectada, se ven las limitaciones del Estado para enfrentarla: medidas preventivas desplegadas de manera parcial y tardía, pesticidas vencidos, hospitales colapsados y subregistro de infectados.
Esperando la tormenta
A nivel provincial, las condiciones de vida de la población aportan elementos que facilitan la propagación del mosquito. Según el CNP 2010, el déficit habitacional en la provincia alcanza al 44% de los hogares. El 28% de los mismos no tiene acceso a agua de red pública. A su vez, solo el 19% cuenta con acceso a red cloacal. Esto facilita la acumulación de agua en baldes o recipientes abiertos que resultan criaderos óptimos para el mosquito. Dadas estas precarias condiciones de vivienda de la población, resulta muy difícil combatir la propagación de criaderos.
En enero de 2015, el entonces Ministro de Salud de la provincia y actual vicegobernador, Oscar Herrera Ahuad, señaló que en 16 municipios se registraron índices larvarios superiores al 5% – porcentaje mínimo para el inicio de un brote-. Posadas, uno de los focos de la epidemia, registró índices alarmantes: en 2015, en promedio, 14 de cada 100 viviendas tenían criaderos de mosquitos. Especialistas en la materia señalan que era previsible que un brote de esta magnitud estallara a partir de noviembre–diciembre.2
Índices tan altos requerirían tareas de limpieza y fumigación en los hogares de manera preventiva, continua y a gran escala. Sin embargo, en 2015, el control de focos de dengue se realizó en 1,94% del total de viviendas, priorizando las áreas de mayor riesgo. Las mismas se intensificaron en enero de este año, de manera tardía, ya que en diciembre se detectaron los primeros casos sospechosos.
En la capital misionera, rige la ordenanza municipal VI-17, sancionada en 2001 que prevé la limpieza de terrenos baldíos para combatir la proliferación del mosquito. Ante el brote, se sancionó un decreto municipal por el cual se multaría a los propietarios de los mismos que incumplieran con la intimación del Estado. Para el relevamiento de los terrenos se dispusieron apenas 120 personas en 30 vehículos que deben observar cerca de 11.400 baldíos. En los últimos días se labraron actas no solo a privados, sino también a una propiedad de la municipalidad ubicada en el barrio Villa Bonita, reservada para la construcción de un Centro de Atención Primaria de la Salud –CAPS- desde hace más de 5 años. A su vez, se registraron denuncias de fumigaciones con pesticidas vencidos.
Salud pública colapsada
Desde el gobierno provincial se sostiene que el “sistema sanitario provincial cuenta con los recursos necesarios para la atención de las personas que requieran asistencia así como las complejidades necesarias”3. Sin embargo, ciertos indicadores señalan que la inversión realizada corre detrás de las necesidades sanitarias. En 2015 se contabilizaron 2,28 médicos cada mil habitantes cuando la media nacional es de 3,88. Además, el sector público aportó apenas el 40% de la capacidad hospitalaria, lo que implica 1,64 camas cada mil habitantes. No sorprende entonces que los nosocomios de los principales focos de la epidemia -Puerto Iguazú y Posadas- se encuentren colapsados. Tal es así que el 20 de enero, horas antes de una movilización organizada en Puerto Iguazú por los vecinos de dicha localidad, el Gobernador Passalacqua declaró la emergencia sanitaria y epidemiológica en toda la provincia por un plazo de 120 días. El delegado de ATE y enfermero, Jorge Duarte, señaló que ante la escasez de recursos humanos, la declaración de emergencia contribuiría a la llegada de más médicos. Estos aún no han llegado y se denuncia que en los llamados “consultorios febriles” del hospital Madariaga (espacios que se improvisaron para la “atención express” de pacientes con síntomas) las autoridades sanitarias dispusieron que el personal de enfermería realice diagnósticos y medicaciones para los cuales no están habilitados.
La guardia del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón de Madariaga atiende alrededor de 300 consultas por síndrome febril cada ocho horas. El tiempo de espera promedio de cada paciente es de 4 horas. Desde el Hospital afirmaron que no “se estaban notificando los casos por una sobrecarga en las consultas por síndrome febril”. El panorama no deja de ser preocupante, según el Ministro de Salud provincial, Walter Villalba, las consultas aumentaron a finales de febrero y se espera que las cifras se incremente todavía durante abril y mayo.
En Puerto Iguazú, ciudad turística y fronteriza con Paraguay y Brasil, se registraron varias denuncias de pacientes que no recibieron atención médica, teniendo que trasladarse al país de Lula para recibirla. Un médico de frontera reconoció que el Hospital de Iguazú “Marta Schwarz” se encuentra sobrepasado: “El hospital colapsó, son cientos de casos por día que llegan con fiebre”.4 A pesar de esto, la Directora del Hospital declaró que el brote se encuentra controlado, al tiempo que reconocía que tuvieron que acondicionar un SUM -Salón de Usos Múltiples- del Hospital para recibir pacientes con síntomas de dengue.
Por último, se registran varias denuncias de falta de reactivos para diagnosticar a pacientes. Según el Ministro Villalba, lo que sucede es que se sigue el protocolo para epidemias, según el cual sólo se le toman muestras a 1 de cada 10 ó 2 de cada 15 pacientes. El mismo protocolo indica que aquellos casos sintomáticos de la enfermedad –fiebre, dolores óseos, nauseas, decaimiento, languidez muscular- deben ser diagnosticados como positivos y seguir el tratamiento pertinente. No obstante, en el parte epidemiológico semanal del Ministerio se insiste en calificar a los casos como “sospechosos” en lugar de “confirmados”. Mientras tanto, al no poder hacer el análisis pertinente para confirmar la enfermedad en los hospitales públicos, los pacientes tienen que recurrir a laboratorios privados donde el mismo cuesta alrededor de $700. Por otro lado, a pesar de que en enero fallecieron dos personas sintomáticas de dengue, las autoridades provinciales reconocieron al primer fallecido por esta causa recién en febrero. Como vemos, el gobierno subregistra la cantidad de afectados con dengue, estrategia que aplica frente a una situación que sobrepasa la capacidad de salud pública y que tenderá a profundizarse, dado que la enfermedad continuaría su expansión hasta abril o mayo.
A fuego lento
El discurso oficial, habla de “concientizar” a la sociedad para combatir al mosquito entre todos. Es decir, no importa si el Estado no toma las medidas que le corresponden, lo hace de manera ineficiente o no le destina recursos adecuados, lo importante es que los “ciudadanos” tomemos conciencia de que debemos limpiar nuestras casas para eliminar los criaderos. Así, según nos dicen, al mosquito se lo combate “en familia” y el Estado se deslinda de toda responsabilidad. La izquierda trotskista –en Misiones, el PO- señala como responsable al gobierno provincial pero argumenta que el problema es la privatización de la salud. Frente a este panorama proponen organizar asambleas barriales con el fin de presionar al Estado –municipal y provincial- para que capacite a desocupados y los destine a realizar las tareas pertinentes a la eliminación de criaderos del vector.5 El PO parece desconocer la causa profunda de la epidemia y las medidas propuestas se atan, al igual que las del gobierno, a la coyuntura. Así, se deja de lado la demanda principal: el Estado Nacional tiene que erradicar el vector del dengue. Para ello debe invertir, en primer lugar, en destinar los recursos necesarios, materiales y humanos, incorporando al Estado en forma permanente a todo el personal necesario. La propuesta del PO lleva simplemente a obligar a trabajar a los desocupados por la miseria de un “plan”. En segundo lugar, debe mejorar las precarias condiciones de vida del conjunto de la población: esto es, el acceso al agua potable y a una vivienda digna. Por último, es su obligación ofrecer servicios sanitarios acordes a las necesidades de la población. El problema en este punto no es que la salud pública sea un negocio privado, sino que el Estado ofrece un servicio precario para una masa de población que se constituye en población sobrante para el capital.6 A la burguesía no le importa la salud de las capas más pauperizadas de la clase obrera, la que utiliza el sistema público de salud. Por lo tanto, no quiere gastar dinero en curarla. Sufrimos las consecuencias de una sociedad en estado terminal, cuya clase dominante solo nos ofrece enfermedad y muerte. Es tiempo de deshacernos de ella para construir una sociedad donde podamos vivir dignamente.
Notas
1Véase Kabat, Marina y Giardina, Glenda: “Aguas que traen ira. Las causas de (nuevo) rebrote de dengue”, en El Aromo Nº 48, mayo – junio 2013.
2Dr. Jorge Derna, epidemiólogo. Vease http://goo.gl/id1VEQ
4http://goo.gl/jr53PW; http://goo.gl/cf5F5e
6Estere Pablo: “Poco Saludable. Los límites de la atención sanitaria durante el kirchnerismo”, en El Aromo Nº 73, julio – agosto 2013.
