Condiciones de trabajo y lucha sindical en la industria celulosa del Alto Paraná misionero
Como sucede a nivel mundial, gran parte de los trabajadores misioneros que emplea la firma se encuentran tercerizados. Ante esta situación, la unidad corporativa de los trabajadores pone freno a la precarización laboral fomentada por la empresa, pero encuentra un límite en su accionar sindical.
Ezequiel Flores (TES – CEICS)
La industria forestal es una de las principales actividades en la provincia de Misiones. En un artículo anterior, vimos cómo los cambios técnicos en la rama implicaron la destrucción masiva de puestos de trabajadores en las últimas décadas[1]. Hoy, una parte de estos obreros se emplea temporalmente en la cosecha de árboles en Entre Ríos y Corrientes. Otra parte, ensaya salidas campesinistas, reclamando tierras para tareas de autosubsistencia. En próximas entregas nos ocuparemos de estas últimas. Aquí nos centraremos en el sector industrial, analizando las condiciones de trabajo en la planta de celulosa de mayor volumen de producción de la provincia: Arauco.[2]
Como sucede a nivel mundial, gran parte de los trabajadores misioneros que emplea la firma se encuentran tercerizados. Ante esta situación, la unidad corporativa de los trabajadores pone freno a la precarización laboral fomentada por la empresa pero encuentra un límite en su accionar sindical.
Un mundo tercerizado
Arauco Forestal, cuenta con 53 forestoindustrias –viveros e industrializadoras de rollizos- repartidas en 6 países: Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Estados Unidos y Canadá. Con sus 7 fábricas de celulosa (5 en Chile, 1 en Argentina y 1 en Uruguay), se ubica como la segunda productora de pasta celulosa en el mundo.
En total, emplea 40.510 trabajadores. La mayor parte de ellos se hallan tercerizados -66,48%-. En Argentina, ocupa a 1.595 trabajadores (837 profesionales/técnicos y 758 obreros de planta). Misiones concentra la mayor cantidad de propiedades de la firma en el país: dos viveros forestales, un aserradero, una planta de remanufacturas[3], dos fábricas de paneles MDF (Fibra de Mediana Densidad) y una planta de celulosa[4]. Esta última, ubicada en Puerto Esperanza (Departamento de Puerto Iguazú), pasó a manos de Arauco en 1997 al adquirir las acciones de Alto Paraná en el marco general de concentración y centralización de capital. Hoy, la planta de Puerto Esperanza emplea cerca de 600 trabajadores, gran parte de los cuales se encuentran tercerizados.
Sindicalización en baja
El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria de Celulosa, Papel y Cartón de Alto Paraná (SOEP) se constituyó oficialmente a fines de 1983. Cuenta con personería gremial y forma parte de la Federación de Trabajadores de Energía, Industria, Servicios y Afines (FeTIA) y de la CTA oficialista.[5]
A principios de la década de 1990, el SOEP contaba con 600 afiliados. A partir de 1997, Arauco reemplazó gran parte del personal iniciando un proceso de tercerización en distintos sectores de la planta. Esto repercutió en las afiliaciones del sindicato que se redujeron a 70 al año 2000. Hoy el gremio se ha recuperado relativamente, contando con 300 afiliados (200 permanentes y 100 tercerizados). No obstante, este número representa la mitad de las afiliaciones que tuvo 25 años atrás.
Por fuera de la industria papelera, el sindicato supo afiliar a 42 trabajadores del aserradero Bossetti y a alrededor de 600 motosierristas, obreros rurales empleados en la cosecha del pino. Sin embargo, los cambios en la estructura de la firma y la inversión de capital en la cosecha disminuyeron estas afiliaciones.
En el primer caso, la empresa desmanteló el aserradero convirtiéndolo en centro logístico. Esto obligó a los trabajadores madereros, a emplearse en el aserradero de MDF (también de Arauco) ubicado en el municipio de Puerto Piray o cambiar de actividad. Así, sólo 30 trabajadores continuaron empleándose en la misma rama y se mantuvieron afiliados al SOEP.
En el segundo caso, el avance de la mecanización en la fase primaria de producción, proceso que se profundiza a partir del 2007, redundó en la destrucción masiva de estos puestos de trabajo. Hoy, el 95% de la cosecha se realiza mediante una máquina conocida como harvester. En consecuencia, los 600 motosierristas afiliados al SOEP en 2007, pasaron a ser 40 en 2012 y ninguno en 2015.
Arauco vs SOEP
Una de las principales luchas del SOEP es la incorporación de los trabajadores tercerizados al sindicato. Su principal traba es la forma de contratación de estos compañeros. Al momento de ser contratado, el obrero tiene que firmar simultáneamente su alta y baja en AFIP, y también un telegrama de renuncia sin fecha. De esta manera, si el contratado decide afiliarse al sindicato, la empresa puede despedirlo inmediatamente, haciéndolo pasar como una renuncia.
Tras varias medidas de fuerza promovidas por el sindicato, en 2011, ARAUCO firmó un acta de acuerdo en la cual se comprometió a que todo el personal tercerizado pase a formar parte del convenio del SOEP. Sin embargo, tras un cambio de gerencia, el acuerdo se cumplió sólo en un 30% y no en aquellos lugares que concentran una mayor cantidad de trabajadores tercerizados (limpieza industrial, por ejemplo).
Los obreros de ARAUCO perciben uno de los básicos más bajos de la provincia, cobrando $41 la hora el trabajador de mayor antigüedad y $31,60 el de menor antigüedad. Los salarios se ubican entre $6.000 y $8.000, apenas por encima del miserable salario mínimo fijado oficialmente. A su vez, dentro de este marco general, se observan claras diferencias en las condiciones de trabajo entre tercerizados y obreros efectivos. Para empezar, los tercerizados no cobran la bonificación que perciben los efectivos cada trimestre si se alcanza la cuota de productividad fijada. Por otra parte, a los conveniados se les brinda lentes de seguridad, dos mudas de ropa y dos pares de borcegos por año. A los contratados, en cambio, no les proveen lentes de seguridad, les dan un par de guantes cada 15 días, una muda de ropa y un par de borceguíes por año. En caso de precisar más de un par, se les descuenta del sueldo.
Por otro lado, tienen que realizar las tareas que un trabajador bajo convenio no realiza por no contar con las condiciones de seguridad necesarias. Si ocurre algún accidente y se lastiman, tienen que callarse la boca. Caso contrario, deben atravesar un largo proceso en el cual deben justificar ante la patronal por qué realizaron dicha tarea si las condiciones no eran las adecuadas para garantizar su seguridad. En otras palabras, los patrones culpan al obrero por el accidente, lo “renuncian” y no consigue empleo en las otras fábricas pasteras de la provincia. Además, a diferencia de un trabajador bajo convenio, tampoco perciben viáticos cuando, por accidente o enfermedad, tienen que recurrir al médico. Para la empresa, estas jornadas en las que los contratados no están en la fábrica se cuentan como días caídos. Es común entonces, ver obreros lesionados trabajando en la planta.
Además, estos compañeros deben acudir al llamado de la empresa, en los días libres, sin cobrar horas extras ni obtener el franco compensatorio que le correspondería por convenio. Asímismo, los domingos cobran al mismo precio la hora que en días hábiles, a diferencia de los conveniados que cobran el doble.[6]
Un segundo elemento, que involucra al conjunto de los obreros de la planta, es el de las condiciones de salubridad e higiene. En 2013, en el marco de la “ley de insalubridad” sancionada en 2008, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Misiones dictaminó la “insalubridad laboral” en la planta de celulosa. El cumplimiento de la ley reduciría la edad jubilatoria de los obreros a 55 años, con 25 años de aportes, y la jornada laboral a 6 horas. Hasta el día de la fecha, el dictamen no es acatado por ARAUCO. La empresa intenta llevar sus apelaciones a la Suprema Corte de Justicia, luego de ser rechazadas por la justicia misionera.
El problema no acaba en el incumplimiento de la ley. El personal de bomberos de la planta, capacitado para emergencias e incendios industriales, fue reemplazado por técnicos en seguridad e higiene que ingresan como personal de prevención para las tareas operacionales. Según el testimonio de trabajadores, la función de los mismos es controlar que los obreros utilicen los EPP (Elementos de Protección Personal). En caso de que no sea así, toman una foto al trabajador y lo exponen frente al patrón. En suma, desinteresada por la seguridad de los obreros de la planta, la patronal contrata a trabajadores para que estos persigan a sus compañeros.
El tercer ítem en el conflicto con la empresa, es la reincorporación de 23 compañeros despedidos sin causa, en medio de la conciliación obligatoria declarada en mayo del corriente año por el Ministerio de Trabajo. A principios de agosto, el SOEP llevó adelante un piquete en la puerta del aserradero de Puerto Piray y en el centro logístico de Puerto Bossetti en el que fueron reprimidos por el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía, con un saldo de 11 detenidos que fueron liberados al día siguiente. Acatando la conciliación obligatoria, el SOEP llegó al extremo de plantear a la patronal postergar la discusión de paritarias por un año con la condición de que se reincorporen a los trabajadores despedidos. La empresa no dio el brazo a torcer y, al día de hoy, estos compañeros siguen sin retornar a sus puestos de trabajo.
Dar el salto
El empleo mayoritario de fuerza de trabajo tercerizada es una estrategia que Arauco despliega mundialmente. Mediante la misma, no sólo reduce los costos de producción sino que fragmenta a esta fracción de clase obrera, restándole capacidad de intervención sindical. En el caso que analizamos, la patronal expone a los tercerizados a las peores condiciones laborales sobre la base general de la insalubridad laboral de la planta. El Estado, tanto nacional como provincial, se muestra como garante de los intereses de la burguesía forestal permitiéndole operar en estas condiciones.
Por otra parte, el SOEP dio varios pasos adelante en la unidad corporativa de efectivos y tercerizados. Además, logró organizar no solo a trabajadores precarizados, sino también a motosierristas. No obstante, como sucedió con estos últimos, el desarrollo del capital se llevó puesto parte de la construcción sindical. Aquí se encuentra el límite de esta experiencia.
Para superarlo, es necesario forjar una unidad superior, es decir política, que recomponga los vínculos entre trabajadores ocupados y desocupados. Este salto de calidad, permitiría evitar la atomización y fragmentación que promueven, entre otras, las organizaciones campesinistas.
[1]Véase Flores, Ezequiel: “Los que quedaron en el camino. Cambio técnico y condiciones de trabajo en la producción forestal en Misiones.” en El Aromo, nº 82, enero-febrero 2015.
[2]En Misiones, la producción de pasta celulosa es la principal fuente de divisas por exportación. Representa el 29% del total de exportaciones y el 94% del renglón Manufacturas de Origen Industrial (MOI). Si bien, es distribuida a siete países, el 99% de los envíos tienen por destino a Bolivia. Funcionan tres fábricas productoras de pasta celulosa que emplean cerca de 1.300 obreros: Samtay (ex Celulosa Argentina, opera desde 1956), Papel Misionero (1975) y Arauco (ex Alto Paraná).
[3]Luego del aserrado, la remanufactura es un segundo momento de industrialización de la madera en el que se obtienen distintos productos cómo tablas y chapas.
[4]Arauco, Reporte de sustentabilidad, 2014.
[5]Filadoro, Ariel y Méndez Ana. El sector celulósico – papelero en Argentina, Laboratorio de Análisis Sindical (LASOS) 2009
[6]Datos obtenidos mediante una entrevistas a trabajadores de Arauco.
