Por Damián Bil y Fabián Villar
En 2017, Sancor pasó a primera plana debido a su inocultable quiebra. El balance cerrado en junio del año previo ya mostraba una pérdida de, a valores actuales, casi 13.400 millones de pesos y una crítica situación de patrimonio neto negativo de 639 millones. Es decir, se encontraba con deudas superiores a sus activos. Su deuda financiera alcanzaba lo que hoy serían 20.440 millones de pesos. El estado de insolvencia obligó a la firma no solo a ajustar a sus trabajadores y a desprenderse de marcas o bienes, sino a otorgar garantías sobre los activos que conservaba y sobre futuros cobros de exportaciones. Estas cesiones se instrumentaron, en su mayoría, a través de fideicomisos, que administraban los flujos de fondos provenientes de la cobranza de los créditos cedidos. Sancor, debido a su situación, recurrió a este tipo de financiaciones, transfiriendo los derechos de cobro por la comercialización de sus productos en el mercado externo e interno (incluyendo ventas en supermercados).
En agosto de 2016 la firma transfirió el negocio de frescos (yogurt, flan, gelatina y postres), consistente en marcas, propiedad intelectual, dos plantas industriales y cerca de 500 empleados por lo que en ese entonces eran 105 millones de dólares. Esto no logró revertir el quebranto: el monto de sus cheques rechazados aumentaba, dejaba de pagar cargas sociales y generaba una demanda de ejecución fiscal de la AFIP por aportes de seguridad social impagos. En ese contexto, el crédito del gobierno vía FONDEAR de 450 millones de pesos (2.000 millones de pesos al día de hoy), no sirvió para nada.
4 años de “racionalización” sobre los trabajadores
La anunciada “reestructuración” o “saneamiento”, eufemismos que comenzaron a utilizarse para dar cuenta del achicamiento de la operatoria, no dió resultado. Cuando comenzó el proceso de reestructuración en 2017, la Cooperativa contaba con un plantel de alrededor de 5.100 trabajadores directos (bajo y fuera del CCT de ATILRA). Procesaba cerca de 5 millones de litros de leche por día y contaba con doce plantas industriales, ocho Centros de Distribución, oficinas comerciales en las principales ciudades del país y un 50% de participación en Arla Foods (procesadora de suero para quesos). En la actualidad, el plantel según el sindicato es de 1.450 trabajadores dentro del CCT y otros 300 fuera del mismo. Una reducción de casi el 66%. El procesamiento actual es casi diez veces menor al de 2017: 600 mil litros diarios. Se desprendió de la mitad de sus plantas, conservando solo las de Sunchales, Gálvez y San Guillermo en Santa Fe; Balnearia, Devoto y La Carlota en Córdoba; y solo mantuvo el Centro de Distribución de Buenos Aires. La suerte del resto de las usinas fue diversa: Charlone y Pozo del Molle (Córdoba) más Centeno (Santa Fe) fueron cerradas, reconvirtiéndose en cooperativas. La Planta Industrial Córdoba y la de Arenaza en provincia de Buenos Aires fueron vendidas al Grupo Vicentín, mientras que la de Chivilcoy (Buenos Aires) y la de Morteros (Córdoba) pasaron a Adecoagro en 2019. En medio de estas operaciones, en 2018, debió firmar acuerdos preventivos extrajudiciales con acreedores para poder desprenderse de algunas de las plantas señaladas. Aun así, mantuvo deudas con privados por aproximadamente 2.100 millones de pesos y con AFIP por más de 11.200 millones de pesos (nominados a valores actuales).
Así, la empresa se desprendió de sus plantas elaboradoras y de sus marcas de frescos. Además, hizo lo propio con la usina de capacidad tecnológica más avanzada (la de Morteros, para leche en polvo y quesos) y de la especializada en leche refrigerada (Chivilcoy), cedida con las marcas Las Tres Niñas y Angelita a Adecoagro. En 2019, vendió el 10% del negocio de yogures que mantenía a Vicentin Family Group; y durante los últimos meses transfirió el 10% que le restaba de la marca SanCor Bebé de leches maternizadas a Roemmers, por 200 millones de pesos.
Este proceso se complementó con un fuerte ajuste sobre su plantel. Los que quedaron bajo la órbita de la empresa fueron obligados al retiro voluntario anticipado, forzados a renunciar aceptando indemnizaciones al 50% de lo que les correspondía y pagadas en hasta 18 cuotas o, en una menor proporción, directamente despedidos. A finales de 2019, se centralizaron tareas administrativas en la casa matriz de Sunchales y se aplicó el régimen de Jornada Liberada definitiva, o suspensiones, sobre 500 trabajadores de la firma. El origen de esta medida se remonta al acuerdo firmado entre el gremio ATILRA y la Secretaría de Trabajo y Empleo de Jorge Triaca durante 2018. En principio, consistía en una suspensión por el término de 15 a 30 días, dependiendo de las características de la tarea realizada por el empleado, de los cuales solo se cobraría el 75% del salario sin aportes ni contribuciones a la Obra Social. Desde la empresa y el sindicato se afirmó que era para poder preservar los puestos de trabajo, y que todo el personal se vería afectado por igual. Pero al poco tiempo, la práctica comenzó a ser usada de forma discrecional por la empresa, con la anuencia de la burocracia del sindicato, para otorgar premios y castigos a los trabajadores.
También con el aval sindical, Sancor descontó durante el término de 12 meses (entre abril de 2018 y de 2019), el equivalente al 15% del sueldo de cada trabajador, asestando otro golpe a los ingresos del personal que ya incluían el incumplimiento del pago de los aumentos conseguidos en paritarias (la cooperativa renunció en 2017 al Centro de la Industria Lechera, cámara que representa en las negociaciones salariales a las grandes patronales). Ese descuento por el que la empresa y ATILRA habían firmado un compromiso, se devolvería actualizado al término de un año. No obstante, nunca fue reintegrado en dichos plazos, realizándose recién en 2020 el ofrecimiento de cancelarlo mediante la entrega de productos mes a mes.
A costa de los laburantes
Sancor expresa lo más agudo de un sector con problemas: la producción lechera nacional se encuentra prácticamente estancada desde 2008, con una media de entre 10 y 12 mil millones de litros equivalentes al año (un 44% de la capacidad de recibo industrial instalada en la actividad); mientras que, a nivel mundial, la fabricación experimentó un crecimiento del 2% anual. Además, nos encontramos con un mercado interno saturado, y la dificultad para mantener el valor de las exportaciones luego de la caída del mercado venezolano, que nunca retornaron al techo de 2011-13 (1.777 millones de dólares promedio). Si bien en 2020 las ventas externas registraron una recuperación, aún se encuentran un 32% por debajo del valor de 2011. Buena parte de las empresas presenta desde hace años problemas económicos, pero sin dudas fue SanCor la que sufrió con mayor crudeza esta cuestión. Su brutal achicamiento por desprendimiento de activos y la presión sobre los trabajadores por la vía de suspensiones, reducción de haberes, retiros o despidos, con la complicidad del sindicato, no fueron suficiente. Por eso, no puede levantar cabeza y debe seguir ajustando. Ahora, la firma vuelve a ser noticia por un nuevo plan de “rescate”. Se señaló el interés de un consorcio formado por José Urtubey (Celulosa Argentina), Marcelo Figueiras (del Laboratorio Richmond), y un grupo empresario vinculado al sector. Se planteó en ese sentido la constitución de un fideicomiso controlado por funcionarios de este consorcio y miembros del sindicato, con financiamiento de la banca estatal. Es decir, otros capitalistas olfatean una posibilidad y, detrás del supuesto relanzamiento, buscan quedarse con los activos que restan, dejando las deudas (con trabajadores y acreedores) en el limbo. Si bien en esta propuesta las partes se habrían comprometido a no realizar despidos, ya observamos que esta “promesa” fue realizada con anterioridad y no se cumplió. Al contrario, como observamos en esta crónica, la firma sigue ajustando a su menguante personal manteniendo las suspensiones, con salarios deprimidos incluso por debajo de los valores del sector y pagando el aguinaldo en cuotas, para señalar algunas de los múltiples ataques que soportan los trabajadores. Bajo estas condiciones, y en la situación actual de Sancor, esta propuesta de “salvataje” solo augura nuevos padecimientos para sus operarios.
En 2017, señalamos que Sancor marchaba hacia una feroz reestructuración,1 lo cual no solo ocurrió, sino que sigue en marcha. La firma tiene una alternativa. Su situación se debe a que, como toda empresa capitalista, está al servicio de generar ganancia. Pero si es estatizada y puesta bajo control de sus trabajadores, podría responder a las necesidades de la población argentina y no de la rentabilidad. Por ejemplo, como parte de su política de marketing, en 2012-13 SanCor entregó 145.400 litros de leche a familias en situación de pobreza. Pero si el Estado tomara en sus manos esta política, eso podría ampliarse: según la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, lastimosamente hay casi 6 millones de niños en la pobreza en la Argentina. Si se garantizara apenas un vaso de leche diario a cada uno, serían 547,5 millones de litros al año. Sancor debería haber procesado, en 2020, 219 millones (si consideramos 600 mil litros diarios, poco más de un tercio de su capacidad). La propuesta implicaría poner a producir a tope las plantas de la compañía, con el consiguiente aumento de la productividad, la mejora de los costos, y la capacidad de recuperar lugares en mercados de exportación. Así, los recursos podrían solventar un plan que dé respuesta a una necesidad social si la producción está controlada por los trabajadores y no por viejos/nuevos gerentes que lleven a lo mismo de siempre. En el mediano plazo, esto solo sería viable si se constituye en el punto de partida para la reestructuración concentrada de toda la rama y de la economía en su conjunto.
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