Sobre el incendio del taller de Páez y la organización de los costureros
Tras el incendio y las muertes en un taller de Flores, el kirchnerismo formuló un proyecto de ley, la asamblea textil de La Cazona de Flores, propuso proteger a los talleristas y el FIT y La Alameda, convocaron a una audiencia al macrismo. Frente a estas posiciones, la organización de los costureros de los talleres, legales e ilegales, es una necesidad urgente.
Julia Egan
GIHCOA-CEICS
La noche del 26 de abril, un taller ilegal del barrio de Flores se incendió como consecuencia de un escape de gas, mientras los trabajadores que vivían allí se encontraban durmiendo. Dos niños, Rodrigo y Rolando, de 10 y 6 años, murieron. A casi diez años del crimen de la calle Viale, donde también falleció una familia de costureros y niños bolivianos, la estructura de la producción de indumentaria sigue siendo la misma: el 80% de la ropa que usamos se produce con el trabajo de obreros en negro y mal pagos (en relación con el ya achatado salario de los trabajadores argentinos), con jornadas que alcanzan el límite físico y que viven en condiciones de extrema insalubridad.
Macri y Cristina, la tienen que pagar
En general, los casos de trabajo ilegal en la confección suelen encontrarse en la Capital Federal, lo cual no es extraño si consideramos que es el centro económico del país. Para 2011, la Defensoría del Pueblo de la ciudad consideraba la existencia de al menos 3.500 talleres ilegales, mientras que La Alameda los estimaba en 5 mil. Desde el 2007, el Registro de Trabajo a Domicilio, dependiente de la Secretaría de Empleo, registró tan solo 54 obreros a domicilio que trabajaban para 176 talleristas, de todas las actividades que presentan este tipo de organización (no solo confección). Las cifras resultan ridículas frente a las estimaciones de organismos públicos y sociales. Por esta razón, y de forma justa, la condena política recae de forma directa sobre Mauricio Macri, cuya esposa es la propietaria de la marca Cheeky, denunciada serialmente por utilizar el trabajo súper explotado de los talleres.
Aunque la supuesta exclusividad porteña es algo que el kirchnerismo gusta recalcar, el problema de los talleres ilegales no se reduce a la Ciudad de Buenos Aires. En abril, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) difundió un estudio según el cual existen al menos 74 mil puestos de venta ilegal en el país, que incluyen ferias y vendedores ambulantes, lo que representa un crecimiento del 43% respecto de 2014. De esos, 47 mil pertenecían a Buenos Aires (12 mil a Lomas de Zamora, 4.300 a La Matanza y 3.500 a Florencio Varela), 12.200 a Capital Federal, 1.700 a la ciudad de Formosa, 1.300 a la ciudad de Jujuy y lo mismo a la de Tucumán.1 Según este informe, en Buenos Aires el 80% de las ventas de esos puestos pertenece al rubro indumentaria. A su vez, la Defensoría del Pueblo señaló que para 2011 el 80% de la producción de ropa se realizaba con trabajo ilegal (51 mil trabajadores registrados sobre 120 mil no registrados) con un total aproximado, muy conservador, de 12 mil talleres ilegales a nivel nacional. Actualmente, La Alameda afirma que 30.000 talleres proveen solamente a La Salada, en los que trabajan entre 250.000 y 300.000 costureros.2
Con estos datos, resulta imposible afirmar que el problema del trabajo ilegal y súper explotado en la industria de la indumentaria se reduce a la Capital Federal. Por el contrario, con la expansión de la actividad a partir del 2002, tanto el Estado Nacional como los provinciales y municipales fueron garantes de las condiciones laborales en extremo precarias que aún persisten. En primer lugar, la actividad de las oficinas de inspección del trabajo se encuentra paralizada. Esto queda a la vista con los números insignificantes que ofrece el Registro de Trabajo a Domicilio de Capital, pero también en el hecho de que los intentos de regularización de Saladas y saladitas nunca implicaron la exigencia de mostrar el origen de las prendas que comercializan. Una oda al trabajo en negro.
Pero más importante es que la principal herramienta legal con la que cuentan los trabajadores de talleres, la ley 12.713 de Trabajo a Domicilio, no se aplica. Esta ley establece condiciones para el pago de salario, condiciones de trabajo y la responsabilidad solidaria del dador de trabajo ante el incumplimiento del tallerista. Pero también otorga al Poder Ejecutivo la potestad de crear cajas oficiales de pago para garantizar el cobro de los salarios (art. 12) y de suprimir el trabajo a domicilio en aquellas actividades que por su naturaleza pongan en peligro la vida, la salud o la moral de los obreros que allí se ocupan (art. 13). Es decir, el Estado se ha negado sistemáticamente a implementar todas las herramientas con las que cuenta –por más limitadas que sean, ya que no prevé alternativa laboral a quienes perderían su trabajo- para avanzar en una posible solución a los problemas que afectan a los obreros de la actividad. Y además, ha sabido sacar ventaja de su propia actitud: está probado que la policía bonaerense utiliza uniformes confeccionados en talleres ilegales3, al igual que la gendarmería.4
Frente al panorama que ofrece la actividad, el kirchnerismo reaccionó presionado por el impacto mediático de la muerte de los niños y formuló un proyecto de ley para proteger a los trabajadores de la actividad en condiciones de vulnerabilidad. Otros sectores, nucleados en la asamblea textil de La Cazona de Flores, aunque con buenas intenciones, no logran superar el macartismo y las posiciones pequeñoburguesas, que ya huelen a viejo. El FIT yLa Alameda, con más larga experiencia de intervención en el sector, no aprovecharon el panorama que se abrió con este triste suceso. Repasemos las diferentes posiciones.
Tudo mal, tudo ilegal
El bloque de diputados kirchneristas, junto con la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), presentó un proyecto de ley titulado “Protección integral de los trabajadores, trabajadoras y talleres de la industria textil en la producción de indumentaria”. Antes de leer la primera oración del proyecto, su título ya nos indica que la propuesta apunta a integrar a los talleristas (quienes también se benefician de la explotación de los costureros) a una serie de normas de protección, colocándolos en el mismo nivel de vulnerabilidad que un costurero. También se incorpora a los comercializadores de indumentaria que se desempeñen en mercados, ferias y la vía pública, sin distinguir si se trata de las personas contratadas para atender los puestos o del intermediario. Así, se dicta la necesidad de acordar un cronograma de acciones con el tallerista, al menos en una primera instancia, que les permitan concretar la regularización de los trabajadores y la adecuación de las instalaciones edilicias. Ahora bien, bajo el kirchnerismo, se sancionaron por lo menos tres leyes que apuntan a facilitar el blanqueo de los trabajadores. Todas ellas comprenden a las llamadas PyMES e incorporan a empresas que tengan hasta 80 trabajadores. Las reducciones en el gravado de contribuciones patronales van del 33% durante doce meses en 2004 (50% si se empleaba a beneficiarios del programa Jefes y Jefas de hogar), 50% durante los primeros doce meses y 25% durante los siguientes doce (dos años de exención en total, para 2008). En 2014, una nueva ley –que el proyecto toma como referencia– impuso un 50% de reducción por los contratados por tiempo indeterminado y 25% para los contratados a tiempo parcial, para las empresas de hasta siete trabajadores (sin límite de tiempo establecido); entre 8 y 15 trabajadores, no se pagarán contribuciones durante los primeros doce meses y se pagará solo el 25% durante los restantes doce; entre 16 y 80 trabajadores, se pagará el 50% de las contribuciones durante 24 meses.5 Toda una fiesta impositiva, que nos lleva a preguntarnos: si con estos beneficios la rama de producción de ropa funciona con el 80% de trabajo en negro… ¿por qué blanquearían ahora, con una iniciativa que propone la misma mecánica?
Otro elemento que aportaría para la regularización de los talleres es el impulso del monotributo social, destinado principalmente a “pequeños” contribuyentes (ingresos brutos anuales menores a 72 mil pesos). Éstos pagarían un impuesto integrado supletorio del impuesto a las ganancias y el IVA, que va desde los $33 a los $210 según la categoría. Este punto va en sintonía con aquel que promueve la creación de “talleres sociales de indumentaria” y “mercados populares de indumentaria” así como de consorcios y cooperativas. Aquí todavía cabe la misma crítica para el caso de los talleristas, que hasta ahora no corrieron masivamente a adoptar el monotributo social para poder blanquear su negocio. Pero peor todavía es la miseria que ofrece el Estado como alternativa laboral. Ya hemos criticado la figura de la cooperativa, puesto que deja a los obreros a la merced de los vaivenes del mercado y les quita todo derecho laboral.6 Pero las experiencias de gestiones “sociales” también ofrecen peores condiciones de trabajo y salarios de subsistencia y condenan a los trabajadores al clientelismo político.7 El Estado, que hoy reparte miles de pesos en subsidios para capitales ineficientes y en muchos casos consume los productos de los talleres, debe hacerse cargo y erigirse como empleador directo de estos trabajadores y que ellos mismos gestionen la producción.
Por otra parte, se propone la creación de un “Consejo Coordinador de Trabajadores y Talleres de la industria textil de confección de indumentaria, en situación de riesgo y vulnerabilidad socio laboral”, ya que muestra los mismos límites: estaría conformado por representantes (cuántos y cómo serán elegidos, no lo sabemos) del Estado Nacional (Ministerio de trabajo, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación), representantes de Federaciones, Asociaciones y/o Cámaras de la Industria Textil, representación Sindical de la actividad (SOIVA, AOT), trabajadores independientes, Cooperativas textiles, y otras formas de agrupamiento de la economía de “mercado popular”. Es decir, una mayoría abrumadora de representantes de la burguesía sobre un porcentaje minoritario de “representantes” de los trabajadores, ya que estos sindicatos han demostrado no mover un pelo por sus agremiados, mucho menos por aquellos que se encuentran en negro, en condiciones de explotación extrema o desocupados. Porque además, este Consejo estaría orientado a defender los derechos humanos elementales del segmento “más vulnerable”, que para el kirchnerismo representa solo a un sector de todos los trabajadores de la rama. Por eso, se pretende la superación de las situaciones más graves y no resolver la totalidad de la problemática laboral. Para colmo, también hay lugar para los explotadores extranjeros, porque se invita a los representantes de los “ciudadanos” (en abstracto) que estén en situación de vulnerabilidad.
Junto a esto se dicta el desarrollo de mecanismos de trazabilidad de las prendas, que garanticen que fueron producidas en condiciones legales, aunque esta iniciativa ya fue realizada por el INTI, sin mayor impacto. Por último, proponen la creación de un registro de trabajadores y talleres de confección de ropa. Quizás la noticia les llegue tarde: ya existe. Y el propio Ministerio de Trabajo se encargó, en 2007, de sacárselo de encima y dejarlo a cargo del gobierno de Macri y de las delegaciones municipales del resto de las provincias. Gracias a Tomada, amigo de un ferviente custodio de la tercerización: Pedraza.
La presentación de este proyecto por parte de diputados oficialistas (y que se pretenden especialistas en materia de trabajo) es vergonzoso. Desconocen la información más elemental (¿quién no se ha burlado del miserable de Don Carlos y su “tudo bem, tudo legal”?) y ni siquiera se han preocupado por interiorizarse en el tema. Toda una muestra del interés del gobierno por el más del 30% del trabajo en negro y precario que existe.
El viejo virus
Otro ámbito de debate que se abrió frente al incendio del taller fue la Asamblea Textil de Flores, cuyo funcionamiento se concentró en La Cazona de Flores. Inmediatamente después del incendio, se convocó a una asamblea donde participaron vecinos, docentes, organizaciones sociales, políticas y de la colectividad boliviana. La consigna que surgió de ese encuentro fue “sacar del gheto a la economía popular y migrante”. Allí, se reivindicaba la “organización popular y barrial” para salir de la lógica de la mera denuncia y avanzar sobre espacios de mayor organización y discusión colectiva.
De allí surgió un comunicado que marcó la posición de la asamblea. El punto de partida, con el que coincidimos, es que el problema de la super explotación de la fuerza de trabajo en la confección no es un caso de “trabajo esclavo”, trata de personas o costumbres culturales.8 Efectivamente, los trabajadores siguen una racionalidad económica que expresan concretamente: “en Bolivia la situación es mucho peor, ¿qué voy a hacer?”. El costurero no es una víctima llevada de las narices por su patrón, sino un sujeto que ejerce su “libertad”. Una libertad que, obviamente, le impone los límites de la clase a la que pertenece: el proletariado, que por su desposesión de medios de producción y de vida, debe acceder a las pocas opciones que la burguesía le ofrece.
En segundo lugar, el comunicado señala que el problema de los talleres no implica una cuestión nacional que involucre a los ciudadanos bolivianos en abstracto, puesto que la colectividad es un conjunto heterogéneo donde hay grandes marcas, talleres tercerizados, empresariado informal y trabajadores. Si bien parece delinearse una distinción de clase, con el desarrollo de los sucesivos encuentros, esta posición se fue clarificando. Para los convocantes de la asamblea, nucleados en la agrupación Simbiosis Cultural, la figura del tallerista es “complicada” porque la fuerza de trabajo migrante del sector se compone por experiencias que van de la microempresa y el auto-empleo hasta el trabajo de pequeña escala y las relaciones salariales sustentadas en lazos de parentesco.9 Estos talleres se distinguen del “empresariado informal” y son los que se relacionan con aquellos y las grandes marcas, que se encargan de la comercialización. Tanto los talleristas como los trabajadores, se verían impulsados por una fuerte voluntad de progreso que los lleva a poner en juego un “capital comunitario” y un fuerte sacrificio individual. Para el costurero, el progreso implicaría el deseo de ascenso social, es decir, convertirse en un pequeño burgués con su propia maquinaria y, en el mejor de los casos, tener un taller propio. Para Simbiosis, el horizonte del obrero de buscar convertirse en un pequeño burgués no representa un problema de conciencia, sino que es algo positivo, lo que va en consonancia con su defensa de los talleristas. El único problema que encuentran es que, de suceder esta posibilidad, el otrora obrero ahora convertido en tallerista va a reproducir la misma lógica de ilegalidad y trabajo súper explotado. Esta reflexión, sin embargo, no les permite pensar cuáles son límites económicos que se están imponiendo para que la industria de la confección pueda funcionar solo bajo esa modalidad. Tampoco les parece pertinente entablar una lucha ideológica que inculque a los compañeros la necesidad de desarrollar una política organizativa de su propia clase.
En tercer lugar, se señala que estas formas de explotación de la fuerza de trabajo permiten abaratar el costo de vida de la clase obrera, en un contexto de creciente inflación. En realidad, lo que se logra es el abaratamiento del valor de la fuerza de trabajo del trabajador que consume la ropa del costurero súper explotado, es decir, plusvalía relativa para el burgués. Aún así, lo que se reclama es la no represión de la informalidad. Como, según sus palabras, se trata de una “ilegalidad popular”, la sanción de la ilegalidad lleva a una persecución racista. Por esto mismo, afirman que tampoco hay que denunciar a los talleres, puesto que los trabajadores, talleristas y feriantes (sí, son todos lo mismo) permiten el acceso a una ciudad más justa. Es decir, se celebran las condiciones de vida humillantes de cientos de miles de costureros explotados, para que otros cientos de miles de trabajadores consuman ropa barata y de mala calidad, que es a lo que le permite acceder sus magros salarios. Aclaremos que un argumento muy sencillo para rebatir ese delirio es que un jean de Kosiuko que se vende a $1.000 en un shopping tiene una costura tan ilegal como el de La Salada. En lugar de reclamar un mejor salario para los costureros y para el resto de la clase, aceptan el estado actual de vida de la clase obrera. Además, caen en la trampa burguesa de culpar de la inflación a los aumentos salariales. Si Simbiosis está preocupado por el “consumo popular”, tendría que sumarse al reclamo de aumentos salariales al gobierno, que anuncia felizmente que un 50% de los obreros ganan por debajo de los $5.500, para que se pueda consumir ropa de buena calidad confeccionada en talleres en condiciones laborales, edilicias y de seguridad e higiene correspondientes, en lugar de justificar la miseria reinante.
En algo acierta Simbiosis: centrar la denuncia en los talleres oculta la complicidad policial y política. Sin embargo, esto no implica rechazar la denuncia. Por el contrario, ante el eventual cierre de un taller ilegal, el Estado debe garantizar el trabajo en la actividad, bajo convenio colectivo. Como la lucha política no es bienvenida, paraSimbiosis esta es una alternativa irreal (producto de delirios “trotskos”) y prefieren ser cómplices y defensores de talleristas. Su defensa fue aún más lejos. La asamblea conforma una comisión de auto organización contra los allanamientos, para interceptarlos o intervenir en ellos, con el objetivo de evitar el maltrato psicológico contra los trabajadores (que para ellos incluye a los “talleristas microemprendedores”) y la incautación de la maquinaria. Para ellos, la intervención del Estado (cuando la hay) representa la “criminalización del consumo popular”, como si no hubiera otra posibilidad que reproducir la miseria existente.
La alternativa presentada por esta gente fue la creación de una oblea que certifique las condiciones de trabajo en que se realizan las prendas. Una iniciativa que, como les señalamos, ya había impulsado el INTI sin éxito alguno. Cuando les preguntamos cómo se implementaría, respondieron que por acuerdo con el tallerista. En el colmo de la ingenuidad, este grupo cree que el tallerista, en su afán de regularizar su situación, accederá a incorporar la oblea en sus productos. La pregunta es ¿por qué no lo hizo antes, cuando se le ofrecieron deducciones impositivas y la oblea del INTI? No solo se defiende al tallerista, sino que se pone al costurero en la situación de tener que enfrentarse a su patrón, en una situación de total desprotección sindical y legal. Se llega a esta ridícula pretensión cuando el costurero ni siquiera considera la posibilidad de denunciar a su empleador (no solo por el miedo a las represalias sino por el simple hecho de no perder su fuente de trabajo). Además, como reza el manual del buen autonomista, todo esto se haría por fuera de la órbita del Estado, no sea cosa de que se interpele al verdadero responsable de forma directa.
Toda esta maraña (difícil de desenredar por la abundancia de lenguaje posmoderno), los habilita a correr por izquierda a organizaciones como La Alameda, a la que, a pesar de partir de una caracterización equivocada y defender a la Iglesia, hay que reconocerle su trayectoria en la organización de los costureros y su inclaudicable rechazo a una alianza con los talleristas. Como buenos pequeño burgueses posmodernos, también reparten palos para la izquierda a la que, con los aciertos y errores que siempre hemos señalado públicamente, no se le puede reclamar precisamente falta de protagonismo en la lucha sindical (aunque para los costureros no se haga con un programa adecuado). Y más precisamente, contra el marxismo, como cuando en la comisión de “trabajo sumergido” se nos acusó, junto a compañeros del POR, de usar categorías “viejas”… Todo esto para terminar diciendo lo mismo que con más pragmatismo político terminaron proponiendo los K. Toda una muestra de cómo los amanecidos autonomistas se van a dormir cantando las canciones de la burguesía.
Ponga un pie en su destino
El programa del grupo Simbiosis Cultural expresa los principios del viejo virus del autonomismo. Reivindica no solo la ausencia de organización sino el rechazo a los partidos políticos, precisamente a los partidos de izquierda. Y desde luego, todo ello les deja la vía libre para proponer una alianza con los explotadores. El supuesto consenso lleva a que cualquier iniciativa propuesta puede ser llevada adelante, aun cuando entre ellas existan diferencias programáticas irreconciliables, como es la caracterización de clase de los sujetos involucrados. No se puede conciliar con aquellos que entienden que el tallerista, que obtiene su ganancia explotando a los trabajadores, es tan oprimido como el costurero. Además, pretenden presentar como novedad posiciones que la historia ya se ha encargado de demostrar su fracaso. Si tuviesen un mínimo de humildad, intentarían aprender de la experiencia de la lucha obrera en general, cuyas mayores conquistas se dieron a partir de la organización sindical y partidaria y de la acción huelguística. Y de la historia de los costureros en particular, que pasaron las primeras décadas del siglo XX luchando contra los talleristas, la tercerización (reclamando la centralización del trabajo) y el respeto a rajatabla de la ley de trabajo a domicilio, como forma de mejorar las condiciones de trabajo.
Para eso, deberían asumir que la lucha no empezó con su mesiánica llegada. Paradójico, cuando tanto se insiste en “recuperar la voz” de los trabajadores. Sin embargo, sus propuestas terminan siendo reaccionarias y perfectamente absorbibles por la burguesía, porque en última instancia, la voz de los talleristas es la de la burguesía. Por eso, se oponen a luchar contra ella.
El desarrollo de este tipo de experiencias autonomistas, aunque de corto alcance, no se daría si la izquierda revolucionaria hiciese pie de una vez en la organización de los costureros. Aunque el Partido Obrero, apoyado por Gustavo Vera y otros legisladores, llamó de inmediato a una interpelación de Rodríguez Larreta y todos los funcionarios implicados, acompañada por una movilización en la puerta de la legislatura, no se avanzó más que eso. Así como la izquierda lucha contra la tercerización en numerosas actividades, debe proceder de la misma manera en la industria del vestido. La organización de los costureros de los talleres, legales e ilegales, es una necesidad urgente. Será un trabajo duro y extendido en el tiempo debido a la fuerte atomización del sector, pero no podemos dejar a cientos de miles de trabajadores a la deriva de programas que no tienen nada para ofrecerles (el horizonte cooperativista de La Alameda y la alianza de clases del autonomismo). Se debe corregir la caracterización para este sector de los trabajadores. Los costureros de los talleres ilegales no son esclavos, son obreros en condiciones de explotación extremas. Para superar este panorama, debemos luchar por poner en pie la organización de los costureros, por la centralización del trabajo y el fin de la tercerización, por el mejoramiento del convenio colectivo, en especial de las escalas salariales, y el cumplimiento de las leyes laborales.
Notas
1 CAME, “Argentina ilegal: no hay solo una Salada”. Abril de 2015, disponible en http://goo.gl/Enasy2.
2 La Nación, 12/4/15, http://goo.gl/FsfBOJ.
3 “Uniformes de la Policía Bonaerense se confeccionan en talleres esclavos”, La Alameda, 4/6/15, disponible en https://goo.gl/IcjjBS.
4 “El Estado también compra ropa ilegal”, Clarín, 6/10/11, disponible en http://goo.gl/Jvsu3E.
5 Leyes 25.877/04, 26.476/08 y 26.940/14, respectivamente.
6 Egan, Julia: “La decadencia de un emblema”, en El Aromo n° 84, disponible en http://goo.gl/H9W7PZ.
7 Villanova, Nicolás: “Lucha en el basural”, en El Aromo n° 68, disponible en http://goo.gl/9YqSr2.
8 Para una crítica de la caracterización de trabajo esclavo, véase “¿Lenin o Espartaco?” en El Aromo n° 67. Disponible en http://goo.gl/Vwf6On.
9 Revista Anfibia, disponible en http://goo.gl/9ds8O3
