Natalia Alvarez Prieto
Grupo de investigación de educación argentina-CEICS
En el marco del conflicto por la reforma del plan de estudios de la carrera de Historia del Instituto de Formación Docente “Dr. Joaquín V. González” (JVG), El Aromo entrevistó a dos dirigentes estudiantiles y a un docente imputados por “obstrucción de la vía pública y obstaculización de ingreso o salida de lugares públicos o privados”: Cristian Jurado (Presidente del Centro de Estudiantes y militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores), Patricio Finoli (Consejero Estudiantil y militante del Partido Obrero) y Mariano Rodríguez Otero (docente del Instituto y Director de la carrera de Historia de la UBA).
La caracterización del conflicto
CJ: La Resolución 1.230 planteaba sacar materias de contenido y agregar más materias pedagógicas de modo que, cuando salgas a dar clases, solamente estés preparado para contener al pibe que viene con los problemas sociales de afuera. No importa si sabés o no sino que tengas herramientas para contenerlo. Es decir, que te adecues al funcionamiento de las escuelas, que es más de contención y de comedor. (…)
De fondo, lo que se está discutiendo acá son los contenidos y sobre quién los decide. Es decir, qué tipo de democracia hay dentro de las instituciones. Nosotros queremos ir a esa discusión. Hay un discurso, que en historia se da en varios docentes pero que en otras carreras es al máximo, a partir del cual el estudiante no puede opinar sobre cuestiones de grado. El docente tiene una visión iluminadora sobre el estudiante. Sin embargo, el estudiante tiene que poder también opinar sobre un proyecto educativo y sobre cómo va a estar formado cuando salga. Acá se coloca el tema de cómo se tienen que elegir las cosas. Nosotros vamos a pedir que todo se realice mediante elección directa, es decir, un hombre un voto. Es una discusión que en un momento hubo también en la UBA. (…) Nosotros demostramos que, de modo democrático, podemos presentar un plan de estudios y una opinión distinta de cómo tiene que ser la formación docente para Historia. El próximo paso es cómo se elige eso. Pudo haber sido cualquier otra cosa. La experiencia nos demuestra que si no cambiamos la manera de elegir va a seguir la pelea por mucho tiempo.
PF: El plan que quieren imponer fue hecho entre cinco docentes. El de los estudiantes es fruto de plenarios y de discusiones abiertas. El de los docentes sostiene la concepción historiográfica eurocentrista que divide la historia en Antigua, Moderna y Contemporánea. Nosotros intentamos dar una ruptura a eso planteando, por ejemplo, Historia del Mediterráneo, Historia de la conformación del sistema capitalista, etc. Planteamos, como primera cuestión, traer la historia hacia la actualidad. Le dimos una mayor carga a la historia de las modernas y contemporáneas y agregamos materias de Argentina, intentando llegar hasta la actualidad. Hoy, la carrera llega hasta la década del ’30, con suerte. Buscamos también reestructurar la carrera de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y de los docentes y graduados. Sabemos que no es un plan perfecto ni ideal pero es un plan progresivo dentro de todo lo que se está planteando en el resto de los terciarios. (…) Lo que se busca es el vaciamiento de los terciarios de Capital para derivar a los terciarios de provincia. Y allá ya se han encargado de desmantelarlos completamente a nivel presupuestario y a nivel disciplinar. También se busca preparar docentes contenedores y no docentes formadores. (…) Se está luchando contra los ajustes educativos del gobierno de Kirchner. Es lo que se ve en otros profesorados y en la universidad. Se quieren imponer planes de estudios no adaptados a las necesidades de los estudiantes, desde la concepción de que el problema de la educación no es el Estado sino que son los docentes. Por eso se agregan horas y materias pedagógicas, o sea, para que el docente pueda contener los conflictos sociales que se expresan en las escuelas. El Estado no se hace cargo de que los conflictos sociales son su responsabilidad y que son el resultado de la desocupación, de la falta de presupuesto en salud, educación, etc. Lo que está ocultando el Estado con estas reformas es su responsabilidad en torno a su rol en la educación. Argentina, Francia y Uruguay son los únicos países del mundo que tienen terciarios. En términos concretos, el Banco Mundial, en pos de recortes presupuestarios en el plano de lo público, le ha planteado a la Argentina que recorte en educación. Hoy los terciarios son un gasto para el Estado que no puede sostener.
La judicialización de la protesta
PF: La denuncia está presentada con todo un material con un carácter de inteligencia policial. Existen fotos con los nombres de quienes están en las fotos y filmaciones hechas desde un edificio en construcción. Todo un laburo que, claramente, no es fruto del hobbie cineasta que pueda tener el rector sino algo mucho más serio. Eso expresa la concordancia entre el Rectorado, el Consejo, la Junta y los ministerios de Ciudad y de Nación en hacer pasar una reforma que ha desmantelado al resto de las carreras. (…) Acá se expresa más claramente la complicidad de la Ciudad con la Nación. Hay una responsabilidad absoluta del Gobierno nacional en la quita de la validez nacional y en la obstinación por aplicar un plan que se adapte a sus marcos legales. Hasta el año pasado, la Ciudad de Buenos Aires nos garantizaba la validez jurisdiccional de nuestro título. Fruto de las presiones del ministerio nacional, la jurisdicción nos dijo que si nosotros no reformábamos no iba a permitir la apertura de las inscripciones del año 2011. O sea, el que ejerce la presión y el que tiene la sartén por el mango es el Gobierno nacional.
CJ: El Joaquín ya es parte de los sectores criminalizados por la protesta social como Terrabusi, subte, delegados de Ademys, etc. Lo que sucede en el JVG tiene que ver con una política más general. Tiene que ver con el hecho de que ante la resistencia a una política que no pueden implementar la imponen en forma antidemocrática y llevando a la justicia al que opina distinto. (…) Del otro lado hay una fuerte resistencia porque hay muchos negociados. Por ejemplo, todos los docentes que son parte de la Comisión están en algún cargo en la Ciudad de Buenos Aires. La Directora de Junta de Historia es la Directora de la Biblioteca Historiográfica de la Ciudad de Buenos Aires. Para ellos, aprobar el plan de estudios que baja directamente Ciudad era tan importante como mantener sus cargos en la estructura del Gobierno. (…) Esa gente que tiene una política distinta a la nuestra te manda a la policía y ahora a la justicia. Es esa misma gente que quiere mantenerse en sus cargos, que trata de imponerte un plan de estudios a como dé lugar y que, si no lo puede hacer, lo hace en forma antidemocrática.
MRO: Todo lo que pasó está destinado a dos cuestiones. No tanto a la cuestión judicial en concreto. “Hay que hacer justicia porque se cortó la calle”. No está pensado para eso. Todo este escándalo está hecho como cortina de humo para que hablemos de eso y no del plan. La segunda cuestión es intentar convertir esto en un problema judicial de tal manera que yo pierdo mi trabajo en el JVG. Es muy interesante, porque cuando elevaron el plan lo hicieron diciendo que era para preservar fuentes de trabajo de los compañeros. Esta barbaridad está hecha para subir el plan como sea y está hecha para sacarse de encima a Rodríguez. Como por los concursos no me pueden sacar, pretenden empapelarme judicialmente. Con tal de subir un plan no les importa meterle un pleito a un docente y a dos estudiantes. (…) Están las fotos de los estudiantes y mías. Esto también está hecho para que quienes vienen del polimodal digan: “mejor me porto bien, a ver si me sacan alguna foto o me meto en un lío”. Eso me molesta aún más.
¿Qué hacer?
CJ: Lo de fondo que nosotros queremos implementar ahora, o por lo menos entablar en el profesorado como discusión, es el tema de la democracia. Y no solamente por el tema de cómo se eligen los planes de estudio o las autoridades. (…) Hay docentes formadores de docentes que tienen una postura retrógrada completamente. Hacen lo que sea por mantenerse en sus cargos. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para seguir luchando. Llevaremos adelante todas las medidas que sean necesarias para que no nos impongan un plan de estudios que no es acorde a lo que los estudiantes venimos reclamando. Para nosotros es importante tener una posición de que si tocan a uno, tocan a todos. Si a un docente o a un estudiante lo envían a la justicia, el Centro de Estudiantes va a defenderlo, sea quien sea. No puede ser criminalizada la protesta.
PF: Desde el Partido buscamos no caer en la discusión académica. Nosotros queremos dar una discusión política en torno a la validez nacional del título, a denunciar al gobierno nacional y de la ciudad y la complicidad del Rectorado. O sea, plantear que el eje de la discusión está afuera del Joaquín, que está en la puerta de los ministerios y no en la Junta o en el Rector. Eso también dio lugar a un debate hacia adentro de las agrupaciones y en las asambleas entre quienes preferían poner expectativas en la Junta, e ir por las vías institucionales, y quienes entendíamos que la responsabilidad está en los ministerios.
