El régimen chavista ha dado todo de sí. Los números publicados de manera oficial confirman que la clase obrera va de mal en peor en un gobierno que ha beneficiado al capital nacional y extranjero. Si la clase obrera no quiere seguir perdiendo, debe hacer caer a Maduro.
Nicolás Grimaldi (Grupo de Análisis Internacional-CEICS)
Cada vez que un gobierno bonapartista pierde una elección, surge la idea de que una derecha, apoyada por EE.UU. y los malos burgueses apátridas, logró engañar a la clase obrera. Debe señalarse que este análisis presenta la misma matriz ideológica usada por la derecha más rancia, para la cual la clase obrera es un sujeto que roza la ignorancia y es sumamente manipulable por cualquier dirigente político. Sin embargo, como veremos, la derrota del chavismo es producto de un rechazo obrero al propio régimen. Es, más bien, la ausencia de una alternativa revolucionaria lo que llevó a los trabajadores a las manos de la oposición.
Los antecedentes
En las elecciones del 2010, con una abstención 33,55%, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) obtuvo 5.320.364 votos, mientras que el oficialismo alcanzó los 5.423.324. En estas elecciones, encontramos que el chavismo pasó a 6.082.000 -658.676 más- mientras que la oposición creció en 2.179.636. Si observamos lo mismo para el caso de las elecciones presidenciales encontramos que en 2012 Chávez sacó 8.191.132 y Capriles 6.591.304, con una participación muy alta de casi 19 millones de personas, más del 80%. En el 2013, Maduro obtuvo 7.587.579 y Capriles 7.363.980, mientras que en las municipales de ese año, el chavismo obtuvo 3.792.763, con un 20% menos de participación que en las elecciones anteriores.
En fin, en las elecciones legislativas, la oposición logró crecer más de 2 millones de votos en cinco años, mientras que el oficialismo solo lo hizo en 600 mil votos. Si se compara con las presidenciales, el chavismo perdió un millón y medio. Si a todo esto le sumamos las elecciones municipales, todo parece indicar que no hay demasiadas intenciones de defender al chavismo frente al crecimiento de la oposición, que ha logrado capturar el aumento en la participación electoral, así como también parte del electorado chavista. Además, ha crecido en regiones obreras como Antímano, 23 de enero y Petare.
Con esos resultados, los escaños de la Asamblea Nacional se distribuyeron en 112 para la MUD y 55 para el oficialismo, aunque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), impugnó un diputado del oficialismo y tres de la MUD. Se inicia aquí una disputa sobre si los 2/3 de escaños de la Asamblea son respecto al total de bancas o al total de bancas otorgadas, es decir sobre 167 o 164, algo que no está previsto en la Constitución. Este punto es sumamente importante ya que, si obtiene la mayoría calificada de 2/3, la oposición puede revisar tratados internacionales, intervenir leyes orgánicas, promover una reforma constitucional o asamblea constituyente, remover las cúpulas del TSJ y los poderes públicos. También, a mitad del mandato de Maduro, puede solicitar un referéndum revocatorio del presidente. Con 3/5 podrá promover enmiendas para ser votadas en referendo, votos de censura al vicepresidente o ministros, autorizar enjuiciamiento o incapacidad del presidente y diputados, aceptar o negar el presupuesto, impulsar cambios de poderes ciudadanos, aprobar un estado de excepción o una reforma constitucional, sancionar leyes habilitantes, promover la remoción de miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TSJ y vetar a ministros y vicepresidente.
El sueño de la MUD
El objetivo de la MUD es conseguir la salida del gobierno. Sin embargo, existen internas respecto a la estrategia a seguir. Las mismas se vieron en la elección del presidente de la Asamblea Nacional, que terminó definiéndose por una votación que le dio el triunfo a Henry Ramos Allup, dirigente del histórico partido Acción Democrática, por sobre Julio Borges del partido Primero Justicia, de Capriles. Ramos Allup expresa una alianza del sector más duro de la oposición entre Voluntad Popular, de Leopoldo López, Alianza Bravo Pueblo, de Antonio Ledezma, y Vente Venezuela, de Corina Machado, que busca expulsar lo más rápido posible a Maduro. Enfrente está el sector de Capriles, que posee una posición más moderada. En concreto, Ramos Allup y Chuo Torrealba, secretario general de la MUD, consideran que la forma de sacar a Maduro es mediante la enmienda constitucional, recortando el mandato de Maduro a cuatro años, finalizando en el 2017, mientras que Capriles propone activar en paralelo un referendo revocatorio. Los primeros, sostienen que el referendo demora más tiempo, porque se requiere recolectar 3.9 millones de firmas y enviarlas al CNE, que puede llegar a demorar la convocatoria del referendo, y que tiene que ser votado por una mayor cantidad de votos que la que obtuvo el presidente en la elección original, o sea más de 7,5 millones de votos. Por su parte, la enmienda solo necesita del apoyo de un tercio de los diputados para enviarla al CNE, que tiene un plazo de un mes para someterla a referendo, donde solo se necesita la aprobación popular, sin importar el número. Por el otro lado, Capriles plantea que esta alternativa será obstruida por el Tribunal Supremo de Justicia, mientras que un referendo sacará a Maduro por “inmensa mayoría”. Ya en diciembre, Capriles había señalado que el primer objetivo de la oposición no debía ser sacar a Maduro, sino trabajar sobre la crisis económica. Es decir, Capriles apuesta al desgaste del gobierno y conseguir captar el voto chavista para la oposición.
Ahora bien, ¿cuál es la estrategia de gobierno de la oposición? Respecto a las misiones, la MUD anunció que propondrá una “Ley de misiones para todos”, para poder regularlas y evitar el uso clientelar por parte del PSUV. En relación a esto, propuso la entrega de los títulos de propiedad de las viviendas construidas por las misiones, y establecer “viviendas semillas”, donde los habitantes puedan acceder a la banca privada para ampliar sus casas sin tener que depender del Estado. También, propuso crear una “Ley de Pensiones Universales No Contributivas” para extender este beneficio a personas que no hayan contribuido. A esto, debe sumársele la ley de “protección salarial y anticipo de las prestaciones sociales”, que plantea que los trabajadores reciban con anticipación ciertos beneficios salariales. Irónicamente, el oficialismo los tildó de “demagogos” por impulsar estas medidas. Pero lo que podemos ver es que la oposición busca romper el vínculo del chavismo con las masas obreras por la vía de prometer reivindicaciones sentidas.
En relación a los empresarios, la oposición propone aplicar una batería de leyes que buscan dar marcha atrás con las expropiaciones y agilizar, de manera temporal, la importación de bienes básicos para el abastecimiento. Además, promete una ley de obras públicas entre el Estado y las empresas privadas. También buscará modificar la Ley de Precios Justos, para volver más atractiva la inversión privada. Por otro lado, el diputado Julio Borges presentó un proyecto de “emergencia alimentaria”, que se suma a la “Ley de Producción Nacional”, para agilizar el crédito y la inversión en la industria alimenticia y petrolera. Es decir, en principio, la oposición buscará apoyarse en la burguesía industrial en detrimento de la burguesía comercial importadora.
Sin embargo, nada en Venezuela se puede hacer sin ingresos del petróleo. Respecto a este punto, la oposición apoyó la decisión de Maduro de subir el precio interno del combustible, aunque también propone revisar los acuerdos petroleros, principalmente Petrocaribe y con Cuba. Mediante este acuerdo, Venezuela vende petróleo a 18 países otorgando facilidades de pago y créditos blandos, lo que significa una merma en el ingreso de divisas. La oposición, propone recuperar ese petróleo para comercializarlo libremente a los precios y formas de pago del mercado. Sin embargo, esto puede ser un punto de conflicto con EE.UU., ya que el propio John Kerry sostuvo en abril del año pasado que si Petrocaribe se caía podía generar una crisis humanitaria en la zona, ya que EE.UU. no puede suministrar la misma cantidad de petróleo o, más bien, no está interesado. O sea, para el imperialismo, el “bolivarianismo” es una forma de control social. Este país ya había dejado en claro el año pasado, con la visita del diplomático Thomas Shannon, que se reunió con Maduro y con la canciller Delcy Rodríguez, y luego con los altos mandos de la MUD, que iba a tener una mayor participación diplomática con los cancilleres de la UNASUR y garantizar la salida electoral de la crisis venezolana. EE.UU. parece mantenerse en la misma estrategia, ya que el partido republicano le pidió a Obama que impulsara sanciones mediante la OEA luego de la impugnación de cuatro miembros de la AN. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido ningún avance en esa sanción, a pesar de los esfuerzos del MUD.
¿Qué país deja?
Según los datos publicados por el INE, hasta el primer semestre del 2015 existía una desocupación de un millón de personas, y una informalidad de más de 5 millones. Es decir, el 44,9% del PEA se encuentra desocupado o trabajando de manera informal. Si observamos los últimos cuatro años del gobierno venezolano, encontramos que solo había 100 mil desocupados menos, y 150 mil trabajadores informales más, es decir, esa desocupación fue saldada con más informalidad. Una forma de contener la crisis, fue mediante el crecimiento del empleo público que pasó de 2.323.954 en 2011, a 2.713.324 en 2015, un 16% más, mientras que el sector privado pasó de 9.382.439 a 10.407.434, o sea un 10,9%. Si observamos la situación actual del empleo por ramas, encontramos que el 64% se divide entre los servicios y comercio, ambos presentan los mayores niveles de informalidad laboral.1 A esto, debe sumársele el encarecimiento de la vida. Según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas – FVM), se necesitan 8,4 salarios mínimos para vivir. A esos ingresos no llegan, por ejemplo, un director de hospital, un profesor titular con dedicación exclusiva o un profesional de alto rango de la administración pública. Lo mismo va para los petroleros, que exigieron a su secretario, Wills Rangel, un mayor aumento salarial, así como también un plan para construir viviendas para los 55 mil trabajadores necesitados de las mismas. En octubre del año pasado, hubo una huelga de los docentes universitarios por temas salariales, y en mayo, los trabajadores de las automotrices pidieron cobrar sus salarios en dólares para lograr compensar la pérdida de valor de los bolívares. Como vemos, la situación de la clase obrera en Venezuela viene empeorando desde hace varios años, a partir de la caída salarial y el crecimiento del empleo informal y precario. Estas son las verdaderas razones para explicar el gran descontento con el chavismo.
¿Cómo llegó Venezuela a esta situación? Para esto es necesario ver hacia dónde han ido a parar los dólares provenientes de la renta petrolera, principal herramienta que ha tenido el chavismo durante estos años. Según los datos proporcionados por PDVSA, 173.547 millones de dólares han sido entregados por la petrolera para misiones y programas sociales entre el 2004 y el 2012.2 Si observamos la cantidad de dólares entregados por CADIVI en el mismo período, vamos a encontrar que 180.567 millones de dólares se han entregado a 10.374 empresas, donde las primeras 100 empresas concentran el 45% del total de las divisas entregadas. Es decir, más de la mitad de la renta se utilizó para subsidiar a la burguesía nacional y extranjera, en lugar de ser utilizada para los trabajadores.
El 30,09% de esas transferencias a empresas fue a parar a manos de 63 empresas extranjeras, el 7,04% a manos de 25 empresas privadas nacionales, el 7,41% a manos de 12 empresas públicas, y el 0,18% a manos de una empresa mixta. Las principales beneficiarias de estas divisas han sido las ensambladoras y farmacéuticas extranjeras y las alimenticias, tanto nacionales como extranjeras.3 Si nos centramos en las ensambladoras, la mayoría de las empresas están agrupadas en la Cámara Automotriz de Venezuela.4 Esta entidad, junto a FAVENPA, que agrupa a productores de autopartes, han participado en las distintas mesas de diálogo impulsadas por el gobierno, consiguiendo cancelar deudas en dólares a un precio preferencial, el salvataje de la empresa Ford Motors y que las fabricantes de autobuses se sumen a la Misión Transporte, como forma de reactivar la industria. Respecto a la industria farmacéutica, la mayor cantidad de las empresas receptoras de dólares se encuentran afiliadas la Cámara Venezolana de Medicamentos (CAVEME), que desde el 2012 formó una alianza junto la Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), Funda Farmacia y el Estado, para impulsar Farmapatria, y vender medicamentos a bajos costos. Más aún, en 2011, el entonces ministro de Comercio, Eduardo Samán, buscaba impulsar una ley para restringir las patentes de medicamentos para poder producirlos localmente, resistido por CAVEME. El proyecto nunca fue aprobado y Samán terminó saliendo del gobierno. Respecto al sector alimenticio, la mayor cantidad de las empresas se encuentran afiliadas a la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos. El gobierno acusa a este sector de generar desabastecimiento y llegó a ocupar los depósitos de Polar y Nestlé el año pasado con la supuesta intención de construir viviendas. Las empresas sostienen que el problema del desabastecimiento está en que no hay una cadena de producción y exigen la utilización de un 10% de las divisas para cancelar deudas, reactivar líneas de crédito, incentivar la producción nacional y revisar los precios fijados para algunos productos. Este plan coincide con el propuesto por Borges en la AN, como parte de la emergencia alimentaria.
Sin embargo, distinta es la relación que tiene con algunas empresas que han recibido dólares, como Alimentos Balanceados ALIBAL, la extranjera PROTINAL, o MOLVENCA del grupo Sindoni entre otras. A la primera, en el 2014, el gobierno le instaló dos líneas de producción para aumentar un 150% su producción, y autorizó 4 mil millones de dólares para pagos en el extranjero, en plena crisis económica.5 En el caso de PROTINAL, más allá de enfrentamientos verbales, durante las inspecciones realizadas en septiembre del 2014, el gobierno sostuvo que la empresa no producía por falta de materias primas, y no por acaparamiento, por lo que le otorgó 8 mil toneladas de soja y 4 mil toneladas de maíz amarillo para reanudar la producción de pollos.6 Ya en el 2014, el gobierno anunciaba un acuerdo con la empresa para elevar de 70% a 100% la capacidad de producción.7 PROTINAL es proveedora de la red MERCAL del gobierno, que distribuye alimentos a precios subsidiados. En una situación similar se encuentra el grupo Sindoni que destina el 70% de la producción de su empresa Pastas Sindoni a las diferentes redes de abastecimiento del gobierno. Es decir, es falso que el chavismo se haya enfrentado terminantemente a la burguesía y, en particular, al capital extranjero. Vemos que, incluso en su decadencia, contó con apoyo de varios empresarios. El problema es que se le acabaron los recursos.
Socialismo en serio
El régimen chavista ha dado todo de sí. Los números publicados de manera oficial confirman que la clase obrera va de mal en peor en un gobierno que ha beneficiado al capital nacional y extranjero. Si la clase obrera no quiere seguir perdiendo, debe hacer caer a Maduro. La oposición busca echar al gobierno, pero solo para heredar el mando de la clase dominante, mientras sueña impulsar una salida industrializadora. Va a tratar de desmantelar el bonapartismo, pero no va a poder dirigir un ataque directo a los trabajadores.
El proletariado venezolano se encuentra más débil que a comienzos del chavismo. Sus organizaciones fueron debilitadas, así como su conciencia. En estos meses, ha llevado adelante diferentes luchas contra el ajuste del gobierno, como los casos de los trabajadores de SIDOR, Corpoelec, docentes, etc. Pero para que los esfuerzos rindan frutos, es necesario que exista una unidad de mando, por lo que la convocatoria a un congreso de todas las organizaciones en lucha es el primer paso en la construcción de un instrumento propio. Los trabajadores deben evitar que la crisis del gobierno sea capitalizada por la derecha, pero también por los restos del PSUV reivindicadores de un supuesto “buen chavismo”. Un llamado a unificar a todas las corrientes revolucionarias, a los colectivos con independencia de clase y a los sindicatos no cooptados se revela como la tarea urgente. Solo la construcción de un horizonte socialista podrá superar la crisis.
Notas
1Rodríguez Cybulski, Viviana: “Las condiciones de compra-venta de la fuerza de trabajo en América Latina bajo gobiernos progresistas”, en Razón y Revolución, n° 27, 2014.
2“Informe de Gestión Anual 2012”, PDVSA
3Datos extraídos de Gavazut Bianco, Luis: “Dólares de maletín, empresas extranjeras y modelo económico socialista: un análisis inédito que le sorprenderá”, 2014, realizado en base a los datos divulgados por CADIVI.
4Conformada por Ford, General Motors, Chrysler, Toyota, Iveco, Mack y MMC Automotriz.
