Rodriguezsaaísmo, ajuste y después… San Luis, después de las elecciones de 2011

El lápiz rojo

En enero de 2012, el gobierno decidió aumentar la tarifa de los peajes con incrementos que van desde el 15% al 66%, según las distintas categorías de rodados. Por otra parte, también hubo subas en la luz y el transporte interurbano. El Gobierno de San Luis autorizó a la empresa que distribuye la energía eléctrica en la provincia (Edesal) la aplicación de un aumento del 9% en las tarifas de luz. Además, en enero de este año, el Estado provincial dio luz verde para que las empresas prestadoras del servicio de transporte entre la ciudad de San Luis y la zona serrana elevaran su precio en un 25%.

En este marco, merece especial atención lo que el Estado provincial pautó para el Presupuesto 2012, particularmente en educación y vivienda. Lo estipulado dentro del rubro “Educación, Cultura, Ciencia y Técnica” es equivalente al 24,39% del total de las erogaciones, por lo que se registra un incremento de tan sólo el 0,65%, en comparación con lo asignado para este mismo rubro en el Presupuesto del año anterior¹. Es decir, no hay ninguna voluntad de mejorar las condiciones en la que está la educación, la ciencia y la cultura provincial.

Esta proyección presupuestaria obliga a pensar cómo afrontará el gobierno puntano el aumento salarial del 35% que ya están reclamando los gremios del sector docente. Como fue una característica durante las gobernaciones de Adolfo y Alberto Rodríguez Saá, los docentes de San Luis perciben uno de los salarios básicos más bajos del país: 1250 pesos es el sueldo “en blanco” (es decir, el remunerativo y bonificable) de un maestro de esta provincia. Sin embargo, y en función de las discusiones salariales de los últimos años, todo parece indicar que la política del gobierno será no avanzar en el blanqueo de los numerosos “complementos en negro” que componen el salario de los docentes.

En cuanto a lo que sucede con el gasto en vivienda, y de acuerdo a lo previsto por el Presupuesto 2012, el panorama de ajuste resulta más crítico aún. El actual gobernador, al igual que su jefe político Alberto Rodríguez Saá, edificó su campaña electoral en base a la promesa de construcción de miles de viviendas. Sin embargo, y a la luz del análisis comparativo de los Presupuestos 2011 y 2012, la realidad promete ser amargamente distinta. El Presupuesto 2011 preveía que el 12,31% de las erogaciones iban a estar destinadas al rubro “Vivienda, Urbanismo y otros Servicios”. Para el presente año, el gasto en este concepto, lejos de incrementarse, disminuye: sólo un 9,61% de las erogaciones serán destinadas a vivienda². Teniendo en cuenta que durante 2011 la realización de viviendas fue insignificante, y que para 2012 se prevé una inversión todavía menor en esta materia, la promesa de mil casas al finalizar este año y de 13 mil al culminar la gestión de Poggi parece un verdadero relato ficcional, salvo que el kirchnerismo pueda venir en su auxilio con fondos nacionales.

Ante este panorama de ajuste, integrado a un proceso inflacionario, diversos sindicatos ya realizaron sus pedidos de aumento salarial. En primer lugar, tanto los que nuclean a docentes públicos (ASDE, UTEP y UDA), como lo que agrupan a los privados (SADOP) reclamaron incrementos en los sueldos que, en algunos casos, hacen referencia a una mejora del 35%. Además, otro punto de discusión es la suba del salario básico docente. Es necesario recordar que en San Luis el “básico” de los maestros y profesores es el cuarto más bajo del país³. Los sindicatos, momentáneamente, están planteando distintas medidas que van desde el estado de asamblea permanente (en el caso de UDA, enrolado en la CGT) hasta la realización de asambleas en cada ciudad y región de la provincia, para que decidan la modalidad de un plan de lucha (como plantea el gremio ASDE, nucleado en la CTA).

Por su lado, el Sindicato de Judiciales Puntanos ha pedido al Superior Tribunal de Justicia Provincial un aumento del 30% en los haberes, que a su vez debe ser autorizado por el Poder Ejecutivo, previo paso por la legislatura local.
A su vez, la CTA San Luis (que aglutina al gremio de los vigiladores privados, al gremio docente ASDE, a ATE, y al de docentes universitarios) también realizó un pedido de audiencia con el gobernador Poggi. En este petitorio solicitan que el salario mínimo sea igual al valor de la canasta familiar real (que desde la Central estiman en 6.500 pesos) y además suman el reclamo por estabilidad laboral y cumplimiento de los convenios colectivos vigentes. El escenario parece también indicar que a esta serie de reclamos salariales se sumarán otros gremios, como los empleados públicos y los trabajadores de la salud.

Reconciliaciones

Las elecciones de octubre de 2011 vinieron a confirmar las tendencias políticas que se advertían como dominantes en años anteriores. Por un lado, la fortaleza del rodriguezsaaísmo y de sus candidatos a nivel provincial, capaz de contrarrestar ciertos elementos centrífugos en su interior. Por el otro, lo adverso que significa el electorado de la ciudad de San Luis para los Rodríguez Saá y la capacidad del espacio kirchnerista para constituirse como la principal fuerza opositora al régimen gobernante. Los resultados electorales se expresaron en este sentido.

San Luis fue el único distrito en el que Cristina Fernández no ganó como candidata a presidente. A su vez, el candidato rodríguezsaaísta a la gobernación provincial, Claudio Poggi, obtuvo el 57% de los votos, un porcentaje aún mayor que su jefe político. A pesar de esto, no todas fueron mieles para el PJ oficial puntano: el kirchnerismo, con el candidato Enrique Ponce⁴ a la cabeza, luego de cuatro años volvió a ganar la intendencia de la ciudad de San Luis, que posee el electorado más numeroso de la provincia. En otro orden de cosas, la UCR se ubicó como tercera fuerza y, a pesar de los vaivenes de su candidato a gobernador (el rector de la Universidad Nacional de San Luis), logró ganarle al rodriguezsaaísmo la intendencia de la ciudad de Santa Rosa y de otras dos pequeñas localidades del interior provincial.

Sin embargo, algo parece estar cambiando en la relación entre el rodriguezsaaísmo y la administración kirchnerista. A principios del mes de febrero, el ministro de Planificación, Julio De Vido, recibió al gobernador Poggi para tratar el reclamo de fondos de Coparticipación que, según la provincia, son adeudados por el gobierno nacional. En este encuentro, Poggi pidió que San Luis sea incluido en los planes de obras públicas que el Estado nacional realiza en distintas provincias. Vale resaltar que los Rodríguez Saá casi nunca habían mantenido reuniones con miembros del Ejecutivo Nacional desde el inicio del ciclo kirchnerista, en el año 2003. Sumado a ello, y previamente a la reunión con De Vido, el gobernador había asistido al acto que Cristina realizó en la Casa Rosada para anunciar la “apertura” del Informe Rattenbach (recordemos que ya estaba abierto). Si a todo esto se agregan las declaraciones del flamante gobernador sobre sus deseos de mantener una “cordial relación institucional” con el gobierno nacional, podemos afirmar que son ya evidentes los gestos de acercamiento, en un contexto de crisis y necesidades presupuestarias.

La crisis económica va teniendo su correlato en las finanzas estatales. La experiencia argentina muestra que los primeros gobiernos en sufrir la crisis política son los de las provincias con menos recursos propios y que dependen del Estado nacional. San Luis ya empezó un ajuste que comenzará a recorrer las provincias. En este contexto, no resulta extraño que la provincia intente un acercamiento con el gobierno nacional como forma no sólo de conseguir fondos, sino también de preveer una respuesta más organizada ante los crecientes reclamos. Si esta tendencia se confirma, el kirchnerismo podrá jactarse de tener a todas las provincias bajo su control. Sin embargo, sostener a más “aliados” va a requerir mayores “favores”, en un escenario de retracción del gasto, y le va a vedar la posibilidad de ofrecerse como recambio. En la medida en que el gobierno de San Luis logre implementar el ajuste sin mayores crisis, podrá acercarse al kirchnerismo y a sus obras públicas. En caso contrario, va a ser víctima de un movimiento de pinzas (por arriba y por abajo) que llegaría a poner en jaque el largo dominio de los hermanos.

Notas

¹ Véase www.hacienda.sanluis.gov.ar/HaciendaASP/paginas/pagina.asp?PaginaID=2.
² Ídem.
³ “Alerta y movilización – ASDE dispuesto a dar batalla por mejoras salariales y laborales”, en: http://puntania.blogspot.com.
⁴ Enrique Ponce es abogado e ingeniero electromecánico. Como ingeniero trabajó para el grupo Techint, más particularmente en la empresa Siderar. Como abogado fue patrocinante de los familiares de desaparecidos en San Luis. Es el referente local de la agrupación kirchnerista “Kolina”, relacionada directamente con Alicia Kirchner. Véase http://es-es.facebook.com/pages/Enrique-Ponce-Intendente-2011/193100307401210?sk=info.