Ya en la década del sesenta, quienes nos gobiernan encontraron una estrategia para abaratar el sistema educativo: descentralizarlo. Ello implicaba que la Nación ya no administraría escuelas, sino que lo harían las provincias. Y hace décadas el sistema educativo no hace más que degradarse, descomponiéndose el proceso pedagógico y con él sus protagonistas: alumnos y docentes.
Precisamente, la descentralización buscó crear una escuela barata que permitiera adecuarse mejor a las distintas posibilidades locales. La degradación se vehiculizó a partir de la tendencia a la descentralización del sistema educativo, es decir, el traspaso de la responsabilidad del sostenimiento del sistema educativo de la Nación a las provincias.
Primero se traspasaron las escuelas con sus alumnos, luego la carga salarial y previsional docente. Los fondos nacionales serían girados a las provincias para que cada una administrara y gestionara los recursos para solventar sus escuelas.
Esos fondos, no siempre fueron a parar a las escuelas. Además, la ampliación de la obligatoriedad hizo que la carga financiera fuera cada vez mayor. El resultado: la descentralización apareció como una vía nueva para el “ajuste”. Gracias a la descentralización el sistema copia mejor las situaciones locales: provincias pobres, escuelas pobres. Claro está, hay problemas comunes, en tal caso, la descentralización los agrava. A nadie se le escapa que la crisis de infraestructura edilicia es un problema nacional (las escuelas derruidas del sur de CABA tienen su correlato en las escuelas rancho y quincho del norte el país), como lo es la ausencia de recursos, y el vaciamiento pedagógico. Tampoco que el salario docente, de Usuahia a La Quiaca no alcanza para vivir. La descentralización creó una educación degradada para cada distrito fragmentando todo consigo: la formación docente, las condiciones laborales, el salario y, sobre todo, la lucha de los docentes. La división es funcional a la degradación.
«La degradación se vehiculizó a partir de la tendencia a la descentralización del sistema educativo, es decir, el traspaso de la responsabilidad del sostenimiento del sistema educativo de la Nación a las provincias. Primero se traspasaron las escuelas con sus alumnos, luego la carga salarial y previsional docente.»
La degradación del salario docente no es nueva. La consolidación de veinticuatro salarios distintos y la licuación del poder de negociación sindical de los docentes fue una de las consecuencias del proceso descentralizador que, con marcada intensidad, se expresó en la década del ’90. Como estrategia para “humanizar” el ajuste, se sostuvo que la “descentralización” beneficiaría la constitución de “patronatos de cooperación económica” para el financiamiento educativo, se evitaría la duplicidad en los gastos y el fisco movilizaría indirectamente recursos que no lograba recaudar de otro modo. Desde el Consejo Nacional de Desarrollo en los ’60, al Congreso Pedagógico de los ’80 pasando por la “transformación educativa” menemista y la escuela inclusiva K, todos defendieron el “federalismo” descentralizador.
Producto de la crisis social en la que subió, el kirchnerismo tuvo que presentarse como algo distinto de sus antecesores, los que reinventarían la escuela y superarían la crisis en la que la había sumergido el neoliberalismo menemista. Pero la mayor parte de las medidas que tomaron no desandaron esa herencia “federal”, más bien la profundizaron.
«Desde el Consejo Nacional de Desarrollo en los ’60, al Congreso Pedagógico de los ’80 pasando por la “transformación educativa” menemista y la escuela inclusiva K, todos defendieron el “federalismo” descentralizador.»
De La Quiaca a Ushuaia el salario docente cubre menos de lo mínimo que necesitamos para vivir. El “federalismo educativo” redunda en un gigantesco ahorro de recursos para el Estado nacional y provincial, a costa de los docentes. Por eso, la única consigna posible es la nacionalización de nuestro salario y del sistema educativo. Pasemos de la fragmentación a la unificación.
