El proyecto de ley antidespidos, Primer Empleo y la precariedad laboral de la clase obrera
El macrismo vetó la ley antidespidos por considerar que en la Argentina actual no hay crisis de empleo. En paralelo, impulsa el Plan Primer Empleo. Ninguna de las dos medidas resuelve la precariedad laboral que lleva décadas y tiende a agravarse.
Pablo Estere
OES-CEICS
Después de más de 100 mil despidos, la oposición propuso un proyecto de ley antidespidos la cual fue vetada por el macrismo. Allí se declaraba la emergencia en materia ocupacional por el término de 180 días y se prohibían los despidos sin justa causa de los trabajadores en relación de dependencia tanto del ámbito público como privado. En caso de echar a un obrero la empresa debía abonar una doble indemnización. En sus fundamentos, el proyecto consideraba la urgencia de proteger a los trabajadores cuya fuente de trabajo se encuentra en peligro por la creciente ola de despidos. Sin embargo, la iniciativa nada decía del empleo no registrado, el más afectado por los despidos, y tampoco de las precarias condiciones laborales en las cuales se hallan los trabajadores. En paralelo, Macri impulsó el Plan Primer Empleo, una medida que consiste en contratar a jóvenes de 18 a 24 años para aumentar el empleo en ese sector de la población y evitar el incremento del trabajo “en negro”. Como veremos, ninguna de las dos medidas asegura una mejora real en las condiciones de trabajo de la clase obrera argentina.
Una emergencia que lleva décadas
El proyecto de ley antidespidos tuvo antecedentes muy cercanos. En enero de 2002, el gobierno de Duhalde impulsó la emergencia ocupacional nacional y creó el Programa Jefes y Jefas de Hogar para asistir a los desocupados. Ese mismo año el Ministerio de Trabajo creó el Programa de Recuperación Productiva -REPRO- que consiste en una suma fija mensual remunerativa para los trabajadores ocupados de empresas que acrediten situación de quiebra. Las empresas, por su parte, se comprometen a no despedir trabajadores. En años sucesivos la emergencia ocupacional fue aplazada continuamente. La última prórroga se sancionó el 28 de octubre de 2015 y rige hasta el 31 de diciembre de 2017. Es decir, ya hay una emergencia vigente. Misma situación para el REPRO, ya que tiene una prórroga hasta fin de año.
Por otra parte, bajo el kirchnerismo hubo dos intentos de prohibición de despidos por ley: uno en 2010 y otro en 2014. En el primero Cristina manifestó que no sacaría ninguna norma que “lo único que va a hacer es asustar al capital”. En el segundo, Héctor Recalde advirtió que las prohibiciones de despidos obstaculizarían nuevas contrataciones. En ambas situaciones el oficialismo se opuso argumentando que el contexto era diferente al de la salida de la convertibilidad y que no había una crisis de empleo, sino que se la quería generar artificialmente con estas iniciativas de la oposición.
El veto de Macri de la ley antidespidos coincide con el diagnóstico del gobierno anterior. Para el ingeniero no hay crisis de empleo, la quieren fabricar. Con los mismos argumentos usados por el kirchnerismo, Macri veta un proyecto que en lo inmediato lograba contener una situación de mayores despidos pero que en el largo plazo no representaba una solución real a la precariedad laboral de los trabajadores. Por su parte, los políticos kirchneristas que hoy repudian el veto macrista son los mismos que ayer negaban la emergencia ocupacional.
¿No hay crisis de empleo?
Como dijimos, uno de los argumentos por el cual, tanto el kirchnerismo antes como el macrismo ahora, se negaron a impulsar una ley antidespidos, fue la idea de que en la Argentina actual no habría crisis de empleo. Al parecer, ambos gobiernos se olvidaron de que hay más de 4,5 millones de empleados “en negro” y de que la mayoría de los desocupados, antes de quedar desempleados, no se hallaban registrados. En el año 2004, el 79% de los desocupados se habían empleado en empresas que no los tenían registrados, cifra que se redujo sólo a un 72% durante el año 2014.
Tampoco se tiene en cuenta que en los últimos diez años, si bien mermó, aún se mantiene una enorme masa de obreros precarizados: mientras que en el año 2004 el 47% de los asalariados carecía de obra social, en 2014 esa cifra apenas descendió al 31%. La misma evolución se observa en relación a la ausencia de vacaciones pagas, aguinaldo y días pagos por enfermedad (45% en 2004, 31% en 2014).
El proyecto evitaba el despido sin justa causa. Pero las empresas se las ingenian para reducir su personal sin echarlo formalmente, por intermedio de los retiros anticipados, o bien, sin renovar un contrato. En este sentido, en el año 2004 un 41% del total de desocupados se hallaba desempleado por no haber renovado su contrato, cifra que se incrementó al 58% en el 2014.1
La crisis del empleo también se manifiesta en las condiciones laborales, de las cuales el proyecto no decía absolutamente nada. El total de los asalariados que percibe un ingreso por debajo del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) es realmente alarmante: un 41% en 2004 y un 33% en 2014. Este límite legal constituye una vara muy baja que históricamente corre por detrás del salario promedio de la economía. El SMVM actual (6.810 pesos) equivale a un tercio de la canasta de pobreza estimada por los sindicatos. Incluso, mientras que en el 2004 el 13% de los asalariados registrados cobraba un salario de bolsillo menor al SMVM, en el 2014 ese porcentaje se incrementó a un 15,3%. Probablemente por esto, un 10% en 2004 y un 8% en 2014 del conjunto de los trabajadores registrados se haya ocupado en más de un empleo (ver gráfico).
Con el Plan Primer Empleo el macrismo se propone incrementar los niveles de ocupación de los jóvenes y subsidiar a las empresas, puesto que el Estado se haría cargo por 36 meses de las contribuciones patronales y pagaría un porcentaje del salario de los trabajadores. Cabe destacar que este plan se lanza en un contexto en el cual los jóvenes de 18 a 24 años tienen serias limitaciones de insertarse laboralmente. Según las mediciones oficiales, un 40% de esta fracción de obreros estaba desempleada durante el año 2004, cifra que habría descendido a un 23% en 2014. Este porcentaje triplicaba el nivel de desempleo promedio.
En los hechos, la propuesta macrista reproduce las ya precarias condiciones de empleo de los jóvenes obreros. En este sentido, la empresa Mc Donalds ya manifestó su interés de plegarse a tal iniciativa y señaló que crearía 5 mil puestos de trabajo destinados a jóvenes de 18 a 23 años, en cuyo proceso de prueba se trabajarían 6 horas diarias, por un sueldo mensual de 4.500 pesos, de los cuales 1.000 aportaría el Estado. De este modo, el salario propuesto se asemejará a los miserables ingresos que obtuvo el conjunto de jóvenes ocupados en la última década. En efecto, en 2004 el 60% percibió ingresos inferiores al SMVM, mientras que en 2014 ese porcentaje apenas disminuyó al 53%.
La precariedad que reproduce el Plan se asemeja a las condiciones generales de la ocupación de los jóvenes. En efecto, esta fracción de la clase obrera presenta una peor situación en todas las dimensiones respecto de las que rigen para el conjunto de los asalariados. Los empleos de los jóvenes son más efímeros que los del conjunto: en el 2004 el 32% se ocupaba en labores con tiempo de finalización, en el 2014, el 22%. Estos contratos no superaron los 6 meses de plazo en el 30% de los casos para 2004, mientras que para el año 2014 se acercaron al 20%. Además, los niveles de registración del empleo de los jóvenes son todavía menores a los que mencionábamos más arriba. En 2004 el 68% de los jóvenes no tenía descuento jubilatorio y en 2014 el 56% carecía de dicho beneficio. A su vez, durante el año 2004 el 64% no tenía vacaciones pagas ni aguinaldo. Diez años después, el 53% de los jóvenes ocupados seguía sin gozar de esos derechos. Como vemos, la crisis en el mercado de trabajo continúa y las propuestas del oficialismo y la oposición no redundan en mejoras reales.
Inviable
Las medidas impulsadas por el oficialismo y la oposición son paliativas y no resuelven el problema de la crisis del empleo para el conjunto de la clase obrera argentina. Con la ley antidespidos se intentaba proteger el puesto de trabajo, pero sin cuestionar las condiciones laborales de los asalariados. Además, era una medida sólo dirigida a un 67% de trabajadores en relación de dependencia. Por su parte, el Plan Primer Empleo reproduce las condiciones precarias en los jóvenes y no altera la tendencia general que rige en esa fracción de la clase obrera: empleos precarios y mal pagos. A su vez, en ese proyecto se esboza la idea según la cual el problema del empleo en Argentina estaría determinado por los elevados costos laborales y las contribuciones patronales. De allí la iniciativa del Estado en ahorrarle esos costos al capital. Sin embargo, el problema del empleo no se debe a los impuestos o costos. Es el capitalismo. Es decir, un sistema social que en Argentina no puede absorber a toda la masa de trabajadores. En primer lugar, porque el sector más dinámico de la economía, el agro, no atrae sino que tiende a expulsar obreros. En segundo, porque el resto de los capitales industriales subsisten del mercado interno y no son competitivos a nivel internacional. No solo se mecanizan y expulsan mano de obra como cualquier capital. Sino que dependen de la asistencia del Estado, de los subsidios y del proteccionismo. Por estas razones, no puede ofrecer más que empleo precario, mal pago, desempleo y pobreza.
NOTAS
1El desempleo absoluto y medido oficialmente descendió entre 2004 y 2014, pero la tasa de desocupación medida con criterios más realistas se ubicaba muy por encima de la oficial. Ver, Villanova, N.: “¿Cuántos desocupados hay?”, en El Aromo, n° 85.
