¿La huelga general del 10 de abril se hizo efectiva solo por el paro del transporte y los piquetes? ¿Es cierto, como dice el Gobierno, que el resto de los trabajadores hubieran deseado trabajar? ¿Cree realmente que el proyecto anunciado por Cristina, luego del paro, reducirá el trabajo en negro? En esta nota encontrará las respuestas.
Por Ianina Harari (GICOA-TES)
El 2014 comenzó a perfilarse como uno de los años de mayor enfrentamiento entre el Gobierno y el movimiento obrero. Si bien la ruptura con el kirchnerismo por parte de un sector de la clase obrera venía perfilándose, este año cobró mayor fuerza. Frente a esto, Cristina lanzó una serie de proyectos para combatir el trabajo en negro, que aseguran muchas mejoras para la burguesía, pero ninguna para los obreros.
Escalera al infierno
Hacia fines del año pasado quedó en evidencia que los aumentos logrados en las paritarias habían sido superados por la inflación. El año comenzó caldeado. El propio líder de la CGT oficial, Antonio Caló, declaró: “A la gente no le está alcanzando para comer”. Su gremio se encontraba particularmente jaqueado por las suspensiones y despidos que causó la devaluación, especialmente en la industria electrónica montada en Tierra del Fuego, donde se suspendieron a 3 mil trabajadores. También en la industria automotriz hubo suspensiones, retiros voluntarios y despidos.
A fines de enero, el Gobierno debió interceder para evitar un paro de choferes de larga distancia. Pero no todas las huelgas pudieron impedirse. Los docentes bonaerenses llevaron adelante un paro de 17 días. El 5 de marzo también pararon los estatales nacionales afiliados a ATE. Por su parte, los médicos estatales de 13 provincias realizaron una huelga de 72 horas a fines de marzo. En este contexto comenzaron a cerrarse las primeras negociaciones paritarias. Tomando como referencia el 30% de incrementos de precios, todos los gremios solicitaron aumentos superiores a ese porcentaje. Sin embargo, entre los primeros acuerdos firmados los aumentos fueron inferiores: 29,6% en construcción, 27,25% en metalurgia y 27% en comercio, 29% en bancarios. Si bien no se obtuvo lo que se esperaba, tampoco el Gobierno logró imponer un techo del 25% como pretendía inicialmente.
Al rojo vivo
El escenrio laboral se caldeó más con la convocatoria a la huelga general nacional del 10 de abril. La contundencia del paro fue evidente, en especial en los principales centros urbanos del país. El kirchnerismo quiso atribuir a los piquetes y a la falta de transporte el éxito de la medida. Efectivamente, los transportes y ferrocarriles estuvieron paralizados por la adhesión de gremios otrora oficialistas como la UTA y La Fraternidad. A ello se le sumó que las tradicionales combis, que acercan desde distintas partes del Gran Buenos Aires hasta Capital a miles de trabajadores diariamente, tampoco funcionaron, probablemente porque las estaciones de combustible estuvieron cerradas. Asimismo, muchas remiserías cerraron sus puertas o bien no podían garantizar los viajes por no poder cargar combustible. Por otro lado, la izquierda organizó piquetes en los principales accesos a Capital Federal, así como en puntos neurálgicos del Conurbano bonaerense.
Sin embargo, esto no resulta suficiente para explicar el ausentismo en los lugares de trabajo. Los piquetes podrían haber sido sorteados por vías alternativas. El corte del Puente Pueyrredón podría haberse evitado utilizando el puente viejo, como lo han hecho cientos de automovilistas. Pero, al conocerse la organización de los piquetes, los obreros pudieron aducir una excusa razonable para justificar su falta. Un ejemplo de ello fue el de los obreros de Mercedes Benz, en donde hubo un elevado ausentismo a pesar de que el sindicato automotriz no adhirió a la medida. La empresa intentó garantizar el transporte con remises y gran parte de los trabajadores cuentan con transporte propio. Sin embargo, los obreros argumentaron que les era imposible llegar por el corte en la ruta 3 a la altura de Isidro Casanova. La fábrica se ubica lejos de esa localidad, en Virrey del Pino, y es posible arribar a ella sorteando el tramo cortado. Otro ejemplo similar sucedió en Posadas. El principal hospital de la provincia, el Madariaga, puso a disposición de su personal las ambulancias para trasladarse y aun así se sintió un fuerte ausentismo, incluso entre los afiliados a UPCN, gremio que no adhirió a la medida. Los únicos que se presentaron a trabajar allí fueron quienes están registrados como monotributistas, que son quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Es decir, si bien colaboraron a garantizar la masividad, no puede atribuirse a los cortes y a la falta de transporte toda la explicación de la adhesión de las bases. El oficialismo insistió en que los piquetes son una forma de coacción, pero calla sobre la presión de las patronales a los obreros que querían parar, ejerciendo su legítimo derecho. La función de los piquetes fue otorgar a los trabajadores que tenían la voluntad de adherirse una herramienta contra esa coerción patronal, al permitirles presentar una excusa válida.
Por otro lado, la voluntad de parar, incluso en desacato a la decisión de las direcciones gremiales se evidenció en otros casos. Por ejemplo, en la autopartista Lear, se organizó una asamblea a espaldas del sindicato automotriz que decidió adherir. En Renault y FIAT, en la provincia de Córdoba, las empresas directamente decidieron suspender la producción al prever un fuerte ausentismo. Lo mismo sucedió en el polo industrial de Tierra del Fuego, donde los trabajadores se encuentran agremiados a la UOM.
En comercio, mientras la dirigencia nacional en manos de Cavalieri no adhirió a la medida, seccionales como la mendocina dieron libertad de acción a sus afiliados, lo cual implica un desacato parcial. Este caso evidencia cierta fragmentación regional que se verificó en otros gremios como estatales o docentes, donde la adhesión al paro fue despareja en distintas zonas. En parte, esta fractura está relacionada con la división existente en el seno de la CTA entre el sector oficialista de Yasky y el opositor de Micheli, así como el avance de la izquierda en algunas regiones del país. Pero también tiene relación al desarrollo de las luchas por las paritarias docentes en cada provincia. Por ejemplo, en Neuquén, Chaco y Salta la huelga coincidió con el paro docente. En la provincia de Buenos Aires, sólo la FEB adhirió. Aunque SUTEBA no adhirió, algunas seccionales opositoras como Bahía Blanca, Quilmes y Matanza sí lo hicieron.
Miseria y palos
Frente a una situación que no logra controlar, el Gobierno salió pocos días después de la huelga a presentar un proyecto contra el trabajo en negro. Su intención fue apoyarse en las capas más postergadas de la clase obrera ocupada, como son los trabajadores en negro, e intentar contraponerlos a los “privilegiados” que pararon el 10. El proyecto plantea eliminar las cargas patronales relativas a las jubilaciones y las asignaciones familiares para quienes incorporen personal, lo cual habilitaría el blanqueo de los trabajadores no registrados. Según el tamaño del establecimiento, el empleador obtendrá durante dos años un descuento para los nuevos trabajadores que contrate por tiempo indeterminado. Las empresas con menos de 15 empleados no abonarán esas cargas durante el primer año y durante el segundo pagarán sólo el 25%. Los establecimientos que tengan entre 16 y 80 trabajadores abonarán el 50% de las cargas por dos años y los de más de 80 empleados pagarán el 75% también por dos años. Un capítulo especial merecieron las pymes de hasta cinco empleados, a quienes se les rebajará un 50% las cargas por todos sus empleados, aunque se contempla la posibilidad de que la empresa contrate dos trabajadores más, extendiendo así este grupo al tope a siete. Además, se prevé establecer montos máximos para el pago de ART en estas microempresas. Depende cómo esto se reglamente, puede llegar a implicar topes a las indemnizaciones por accidentes, enfermedades, etc. Por otro lado, los beneficios relativos a la rebaja de los costos laborales que se le otorgan a las empresas más chicas, generan un fuerte incentivo a la tercerización. Otro punto que se destaca del proyecto es la intención de extender los convenios de corresponsabilidad gremial (CCG), que permiten otra vía para reducir los aportes patronales y que hoy existen en las en actividades rurales, hacia otras ramas (ver nota aparte).
Con todas estas medidas, la pretensión del Gobierno es formalizar a 650.000 trabajadores en dos años, bajando el porcentaje de empleo en negro del actual 33,5% -según sus cálculos- al 28%. Sin embargo, éstas son solo especulaciones. La única certeza es que de implementarse este proyecto se rebajarán las cargas patronales de los empleados ya blanqueados. Nada indica que estos “incentivos” generen el registro de nuevo personal. De hecho, Cristina está copiando las medidas que Menem y Cavallo implementaron dentro del paquete de flexibilidad laboral en los ’90 con el mismo objetivo y con escaso resultado.
Ahora bien, de aprobarse la ley, el Estado dejará de percibir el monto que le corresponde cubrir a la patronal de estos trabajadores por jubilaciones y asignaciones familiares. Según las estimaciones del propio gobierno, esa cifra asciende a 4.150 millones de pesos, que representa casi el 1% del presupuesto de la ANSES para el 2014, estimado en 440.997 millones. Si ese monto se destinara a los actuales jubilados y pensionados que cobran la mínima, podría abonárseles 700 pesos más al año. Para cubrir ese monto que las empresas no erogarán, el Gobierno deberá valerse de los aportes y contribuciones del resto de los obreros en blanco. Al desfinanciar a la ANSES, en especial mediante la rebaja de aportes jubilatorios, se genera también un problema a largo plazo, al no garantizar el dinero de las futuras jubilaciones.
Por otra parte, la rebaja de aportes a las nuevas contrataciones, puede beneficiar a una fracción de la clase obrera, que estaba en negro, pero a costa del resto de la clase. Mediante este reparto de la miseria, el kirchnerismo intenta enfrentar a distintos sectores de la misma clase. Esto es similar a lo que sucede con el nuevo régimen de empleo doméstico. El sector históricamente carecía de derechos básicos, como la licencia por maternidad paga, por eso los aportes patronales eran tan bajos comparados con cualquier otra actividad. Con el nuevo régimen, las trabajadoras tienen licencia por maternidad paga pero –como no se ampliaron los aportes patronales en consonancia- los fondos para cubrirla saldrán de los aportes de otros obreros al ANSES. La prensa ha recalcado cómo el régimen de ART encarecerá la contratación de personal doméstico (factor que igualmente está en suspenso hasta su regulación específica). Sin embargo, no ha dicho nada respecto de que la patronal tiene ahora trabajadores con más derechos por los cuales no realiza los aportes patronales que corresponderían en cualquier otro sector y que, además deduce estos salarios del impuesto a las ganancias.
Otro problema que estuvo en discusión, pero para el que no se planteó una solución de fondo, fue el impuesto a las ganancias. El anuncio de Cavalieri sobre la intención del Gobierno de eliminar este gravamen para los trabajadores fue desmentido por Tomada. Lo único que admitió es que tiene pensado elevar el mínimo no imponible, aunque no dio plazos para ello. Mientras que las cargas patronales se recortan, los impuestos sobre los trabajadores siguen vivitos y coleando.
La caldera
El kirchnerismo intentó deslegitimar la huelga atribuyéndole un carácter político partidario: eran Moyano, Barrinuevo y Massa. Sin embargo, el paro demostró que una fracción de la clase comenzó a romper con el kirchnerismo y que tiene reclamos legítimos que el Gobierno ya no puede contener. La aceleración inflacionaria puso al descubierto que las promesas de una recomposición salarial paulatina pero constante no iban a ser cumplidas. Las medidas que propuso tras el paro no apuntan a resolver ninguno de los problemas que aquejan a los trabajadores. El descontento de los trabajadores con el gobierno y con parte de la actual dirigencia gremial es un campo fértil. Más que nunca, la intervención de la izquierda debe fortalecerse para garantizar que el vapor de la caldera no se disipe.
