Pingüinos, segunda parte. Acerca de la protesta de estudiantes universitarios y secundarios en Chile (abril-junio de 2011)

La rebelión estudiantil y docente en el país trasandino reactualiza lo que, a esta altura, es ya una vieja discusión: el gigantesco desfinanciamiento de la educación chilena como producto de la híperdescentralización de su sistema educativo. Como fenómeno no es nuevo, en tanto los orígenes de la municipalización educativa pueden remontarse a 1973, cuando la dictadura militar dispuso dar inicio a la “desburocratización” de la administración pública y colocó en la agenda educativa la descentralización escolar. El resultado de ese proceso fue la completa municipalización, proceso que afecta a la gestión, al financiamiento y a los diseños curriculares. El conflicto actual, al igual que el de 2008, salta por su lado más sensible: el (des)financiamiento de la educación pública. En esta oportunidad, el detonante podría ser, a decir del gobierno, una catástrofe natural: el terremoto que afectó a la región de Valparaíso -allí donde reside el 75% de la población- en febrero del año pasado, cuyo saldo fue la destrucción de 3.059 escuelas lo que afectó a más de 1.250.000 alumnos.¹ Desde el mismo Ministerio de Educación, la cifra reportada es mayor: 2.574 escuelas completamente destruidas y 1.212 que pueden operar pero con restricciones. Es decir, una de cada tres escuelas trasandinas se vio derrumbada. El cálculo oficial para reacondicionarlas es de, por lo menos, 1.600 millones de dólares.² A inicios de 2011, Piñera sostenía por cadena nacional que se habría enmendado el 50% del total afectado.³ Esa base material es la que actualiza este levantamiento estudiantil. Tal como intentaremos ver aquí, el conflicto universitario proporcionó el primer envión dentro de un estado de malestar generalizado. A pesar de las promesas, la solución carabinera y la denuncia a estudiantes parecen constituir la vía de respuesta oficial.

Sobre un polvorín…

La chispa inicial se originó en el ámbito universitario en abril de 2011 cuando los estudiantes de la Universidad Central de Chile -una de las universidades privadas más antiguas- decidieron tomarla en repudio a la reforma de sus estatutos y a la venta del 45% de los inmuebles de la Universidad al grupo empresario Norte-Sur. En la práctica, la reforma modifica el carácter de “entidad sin fin de lucro” de la Universidad fundada en 1982 ya que permite la constitución de sociedades anónimas que operen con fondos de inversión en la alta casa de estudios. El sistema universitario en Chile es el más claro ejemplo de una realidad que afecta al conjunto de la educación trasandina: los altos niveles de participación de la gestión privada en materia educativa o de sistemas de financiamiento mixto lo que allí se denomina “sostenedores”: proyecto privado con financiamiento estatal. En el caso de la Universidad Central lo que desde ámbitos oficiales se presenta como la base para el saneamiento universitario habilita a un gran negociado en donde el grupo accionario mayoritario tomará las decisiones. El proceso fue denunciado como plagado de vicios legales por parte de ex docentes y de estudiantes. Durante todo el mes de abril los estudiantes sostuvieron la toma pero el conflicto comenzó a dar un salto hacia mediados de mayo. Fue precisamente para el 12 de mayo cuando se convocó la primera marcha nacional en Santiago de Chile. La misma reunió a más de 15 mil estudiantes. Una nueva marcha nacional se convocó para el 26 de mayo, luego de la disconformidad que generara el mensaje del presidente Sebastián Piñera en la “cuenta pública anual”.⁴ En esa oportunidad, marcharon más de 8 mil estudiantes universitarios ya unidos con secundarios. Menos de una semana después, el 1º de junio, se convocó a un paro general con marcha en Santiago. La cantidad de concurrentes fue in crescendo y, en esta oportunidad, la cifra ascendió a 20 mil manifestantes.

Fue esa marcha la que dio lugar a un ciclo ascendente en el conflicto. A partir del 3º de junio se sucedieron una escalada de tomas de distintas universidades: Playa Ancha, La Serena, Arturo Prat, Católica de Valparaíso y de Magallanes; Bío Bío, de Concepción; de Santiago, de Atacama, Metropolitana de Ciencias de la Educación; Tecnológica, de Valparaíso son algunas de las tantas que iniciaron sus tomas. En paralelo, se plegaron los estudiantes secundarios y el “efecto dominó” de las tomas llegó a los liceos chilenos incorporando en la seguidilla al tradicional Instituto Nacional. Allí una asamblea estudiantil decidió la toma por un mayoritario 73%.

Lo cierto es que las tomas cobraron tal magnitud, que el Ministro de Educación chileno, Joaquín Lavín, por cadena nacional, interpeló a los estudiantes a terminar con “los candados, las cadenas, los destrozos”⁵ convocándolos así al diálogo. Su pacifismo encubría que el día anterior a su discurso, estudiantes universitarios habían sido reprimidos y desalojados por Carabineros concentrados frente al Ministerio de Educación y numerosas universidades como la Universidad del Bío Bío, la UTEM; en plaza Perú de Concepción entre otros puntos neurálgicos. Lo que seguramente no esperaba era una profundización de la medida: los estudiantes lanzaron un doble paro con movilización para el 15 y 16 de junio. A los estudiantes y profesores se unieron los trabajadores en huelga de la mina El Teniente. A unos y otros los reprimió los Carabineros. Sin embargo, la represión no logró poner fin a las movilizaciones: al día siguiente, en Santiago de Chile, marcharon más de 80 mil personas en repudio a la represión constituyendo así una de las marchas más numerosas desde fines de la dictadura pinochetista. En el mismo momento, otras 15 mil se manifestaron en Valparaíso, 9 mil en Concepción y otras miles en Arica, Iquique, La Serena, Coquimbo, Los Andes, Rancagua, Talca, Linares, Chillán, Temuco y Valdivia.

El 23 de junio una nueva oleada de marchas secundarias recorrió Chile. Los estudiantes secundarios se encuentran nucleados en la Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Entre otros aspectos reclaman por cambios en los incisos 10 y 11 del artículo 19 de la Constitución, por el derecho a la educación y a la enseñanza, por la desmunicipalización de la educación y su inmediata nacionalización y por la tarifa escolar gratuita los 365 días del año (TNE). Esta última escalada hizo que desde el Ministerio Nacional de Educación chileno se comprometiera a estudiar, en un plazo de 45 días, la extensión del boleto escolar; la finalización de la municipalización educativa, examinar una mayor erogación presupuestaria para liceos y escuelas en mal estado y dañadas por el terremoto. No obstante, como de meras promesas se trata, los estudiantes mantienen su plan de lucha y ya convocaron a otra marcha para el 30 de junio próximo. Es más, la Coordinadora de Estudiantes Secundarios enunció la posible solución al desfinanciamiento educativo: la nacionalización del cobre.⁶ Este punto resulta central. La marcha del 15 de junio contó con el apoyo de los trabajadores subcontratados de la división El Teniente de Codelco. El presidente del Sindicato de trabajadores subcontratados del cobre, Jorge Peña, indicó que su principal demanda en la marcha era la renacionalización del cobre bajo control obrero para de esta forma poder financiar los cambios en educación.⁷ La manifestación fue duramente reprimida por los Carabineros señal de que “ciertas cosas” no se está dispuesto a negociar.

Promesas en el viento

El sistema educativo chileno es un botón de muestra de una realidad que afecta al conjunto de la educación latinoamericana: el gigantesco desfinanciamiento de la educación de masas (liceos) -sin importar el tipo de gestión bajo la que se encuentre- y la generación de limitados nichos de ganancia para el capital en una educación dirigida y específica (universidad). La defensa de la educación ha logrado articular las luchas de secundarios y de universitarios. No obstante, las batallas de unos y otros adquieren especificidades. La lucha de los secundarios se actualiza en el gigantesco desfinanciamiento de la educación que el terremoto y maremoto del año 2010 vino a provocar. La estrategia de las reformas educativas implementadas desde el pinochetismo han sido las de volcar el sostenimiento de la educación básica sobre las comunidades locales o municipales reduciendo así el costo del sostenimiento del sistema para el Estado central. En este punto, la catástrofe natural agudiza un cuadro de situación endeble de comunidades cada vez más empobrecidas. Por ello, los estudiantes secundarios han esgrimido una clara consigna: renacionalización de la educación como primer vía para paliar el desfinanciamiento actual. También han identificado el origen de la riqueza de la sociedad: el cobre. Por ello, el lema de estudiantes y obreros es la renacionalización del cobre bajo control obrero para disponer de recursos legítimos para educación. No han hecho más que subir la apuesta. Algo que la burguesía chilena no está dispuesta a realizar ya que implicaría avanzar en una dirección antagónica a sus intereses. Así, al igual que Bachelet unos años antes sólo puede maniobrar en el aire para desactivar el conflicto. “Defendemos la calidad y evaluaremos reformas a la LOCE”, como en su momento sostuvo Bachelet; “estudiamos renacionalizar la educación”, como parece decir Lavin y Piñera hoy día. El problema se halla menos en la forma -central o municipal- que en el contenido: la magnitud de recursos que la burguesía se ve dispuesta a comprometer para educación básica. Por su parte, los estudiantes universitarios han iniciado un proceso de rechazo a la injerencia del capital en sus agendas educativas. Claro está que éste no está dispuesto a resignar el poder digitar qué investigar, cómo investigar o, por dar un solo ejemplo, la generación de patentes en el ámbito universitario. Por ello, ante las demandas de unos y otros, la única estrategia viable es la de la cachiporra. El proceso sigue aún abierto.