Respuesta a “Ni socialistas ni científicos: las falacias lógico formales de Razón y Revolución”, de Tribuna Docente.(1)
Romina De Luca
Grupo de investigación de educación argentina – CEICS
Como diría mi maestra de primer grado, “no hay peor burro que el que no quiere aprender”. Resulta extraño que Tribuna Docente se empeñe en dar una batalla para la que carece de argumentos y cuyas conclusiones contradicen sus propias acciones. Acciones, por otra parte, que hemos reivindicado desde estas mismas páginas, entre otras cosas, porque como docentes hemos participado de ellas. Sin embargo, ha decidido hacerlo y estructurar su respuesta sobre la base de chicanas de baja estofa. Pues bien, veamos los argumentos que Tribuna aduce para concluir el debate y cuánto hay de cierto en ellos, recordando que el problema profundo que se esconde detrás de tanta “dialéctica”, es si la ciencia constituye o no una herramienta necesaria para la intervención revolucionaria. Claramente, Tribuna cree que no y que ella puede ser reemplazada por didácticas caminatas por la provincia de Buenos Aires. Parece ignorar que la mitad de los miembros de RyR es docente de secundaria en lugares como La Matanza, San Martín, la Villa 31 de Retiro y lugares por el estilo. Parece ignorar también que muchos de los que escriben en Prensa Obrera o incluso dirigen el partido, son hijos de la burguesía (incluso de la grande) o becarios del CONICET o profesores universitarios y no “patearon” nunca el Conurbano. Parece incluso ignorar que con ese razonamiento sólo las amebas, que no tienen cerebro, podrían investigar la biología de las amebas. Tal como advirtió Marx hace tiempo, toda ciencia sería superflua si la forma de manifestación y la esencia de las cosas coincidiesen directamente. Evidentemente, Tribuna supone que los determinantes últimos de la sociedad son transparentes y pueden ser percibidos a simple vista.
A los gritos, por el foro
Tribuna, de la mano de Roberto Gellert, en lo que intenta ser su prueba más contundente, arroja algunas cifras y nos llama a rendirnos frente a “datos tan lapidarios”. Así, anuncia al lector que en la provincia de Buenos Aires existen, hacia el año 2008, 7.388 establecimientos educativos privados (un 43% sobre el total de escuelas) al mismo tiempo que 1.475.000 alumnos concurren a establecimientos educativos de gestión privada. Digamos de paso, porque no queremos evadir el problema, que citando cifras de 2008 y de la provincia de Buenos Aires, los compañeros pretenden discutir con un libro cuyo análisis llega hasta el 2001 y abarca todo el país. ¿Será demasiado formal exigir pruebas que correspondan a lo que se discute? Como los compañeros son “dialécticos” y no se preocupan por esas minucias, no vamos a insistir demasiado. Sin embargo, persiste la pregunta obvia en relación a las cifras de Tribuna: ¿se trata de mucho o de poco? De eso trata el asunto, no de una cifra sino de un proceso, una tendencia: ¿se está privatizando la educación o no? Tribuna prefiere eludir el problema y reemplazar la pregunta por frases grandilocuentes o descalificadoras intentando encandilar al lector. Nuestros críticos no se toman el trabajo sencillo de contraponer, dialécticamente, sus valores con los del conjunto del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Sólo esa comparación, tal como describíamos en Brutos, es lo que permite responder a la pregunta planteada: mucho o poco, todo depende en relación a qué.
Hagamos nosotros el trabajo que Tribuna rehúye. Si tomamos por buenos sus datos(2) y los comparamos con los del sector estatal, encontramos que este último cuenta con 14.434 establecimientos y 3.190.705 alumnos. Es decir, si colocamos a los pretendidos datos lapidarios en su debido contexto hallamos que el sector privado representa menos del 34% del total de establecimientos educativos y menos del 32% de la matrícula bonaerense total. Comparando con el 2001, los establecimientos privados apenas aumentaron un punto (de 33 a 34%) y la matrícula cuatro (de 28 a 32%). Si tenemos en cuenta que los establecimientos no se movieron, habrá que entender que los compañeros creen que un aumento de la participación privada del 4% en la matrícula es prueba suficiente del avance privatista. Bastaría para demostrar la falsedad del argumento con recordar que, a ese paso, para que el sistema privado alcance al estatal se necesitarían por lo menos entre dos y tres décadas.
Pero sucede que el argumento es falso. Si observamos las cifras de 1994, en los inicios del Plan de convertibilidad, el porcentaje de establecimientos privados en relación al estatal era todavía mayor que ahora (33 contra 32%) y la matrícula privada era apenas un punto inferior (31 contra 32%). Si los compañeros, en lugar de hablar de la dialéctica, la usaran, encontrarían en la realidad un movimiento de ese tipo: como la tendencia de la educación es hacia la degradación, todo aquel que puede, trata de escapar al ámbito en el que ella se manifiesta con más fuerza, el público. Pero lo que produce esa degradación es la propia economía, razón por la cual, cuando el sistema capitalista entra en una de sus fases de aparente recuperación, como en los ’90 o entre el 2002 y el 2008, se expande la educación privada hasta su techo histórico; cuando la crisis se hace nuevamente presente, el mismo sistema desarma lo andado. Ya explicamos eso en Brutos… y las cifras posteriores al estudio no hacen más que confirmarlo. Estas “nuevas” cifras son iguales a las que ya criticamos en la anterior respuesta. En lugar de defender los datos que ofrece, Tribuna sale a los gritos de la escena, para que nadie note que se equivocó. No obstante, vayamos a lo que pareciera ser su eje argumental, esto es, el rol de la lucha docente y su interpretación “dialéctica” contraria a nuestra “lógica formal y hemipléjica”.
Una conexión voluntarista
Como ignoraríamos que la vida y la lucha son principios educativos supremos, no comprenderíamos la “dialéctica” de la lucha de clases: la lucha triunfó y fracasó. Habría triunfado, en tanto, colocó un límite al alcance de la privatización; al mismo tiempo naufragó, puesto que habilitó la privatización del sistema. Otra vez, en qué quedamos: ¿se privatizó o no el sistema? Escapándole al bulto, Tribuna carga las tintas sobre la burocracia sindical, que habría logrado estrangular la lucha docente y, por ello, la privatización habría avanzado. Por otro lado, la intervención del Estado en la economía vía subsidios hablaría de la pujanza de la educación privada. En la fase de descomposición del capital, momento en el cual se interviene con mayor decisión sobre la economía para garantizar la tasa de beneficio de los capitalistas. El Estado buscaría destruir a la educación pública fomentando la privatización, habilitando, en la fase de descomposición del capital, un nuevo negocio burgués garantizado vía subsidios. Sólo la lucha docente le habría puesto un coto a tal situación.
Pero el problema es, como ya vimos, que no hubo privatización del sistema, con lo cual todo el asunto “lucha de clases” no tiene, en relación a esta cuestión, ninguna relación o si la tiene Tribuna desconoce cuál. En realidad, las grandes huelgas de los ’70 fueron contra la calificación del magisterio, es decir, contra su transformación en carrera de nivel terciario. En los ’80 y ’90 fueron contra la degradación de las condiciones laborales, la desocupación y los salarios. No hay ninguna huelga contra la “privatización”, sino contra la degradación. Los compañeros de Tribuna pueden creer que la degradación es la precondición de la privatización, pero ese pasaje no se ha verificado todavía, habida cuenta que la degradación ya se produjo a un nivel catastrófico y la privatización todavía no avanzó nada. Parece que debiéramos creer la tesis de Tribuna con una especie de fervor metafísico, según el cual algún día sucederá. Los compañeros reducen la “dialéctica” al nivel de Nostradamus.
Si tal como ellos suponen, la educación fuera un negocio (con o sin subsidios) no se comprende cómo no existe una afluencia masiva de capital al sistema. Mal que le pese a los obstinados compañeros, los números son los números: la educación pública casi duplica la presencia de la educación privada. Si el capital no crece más allí simplemente es porque no le interesa. Recordemos, de nuevo que la Constitución, en su artículo 14º, fija la libertad para “enseñar y aprender” a todos los habitantes del territorio nacional, habilitando a la creación de escuelas por parte de particulares. La Ley 1.420 misma regulaba el funcionamiento de las escuelas particulares o privadas, consideradas tan válidas como las públicas para cumplimentar la obligatoriedad escolar fijada por la Ley. No hay ninguna restricción a la creación de nuevas escuelas ni al incremento de la matrícula privada. Si no hay más, es porque no es negocio. Es así de sencillo. Para decirlo más claramente: la educación no necesita ser privatizada, como lo fue YPF. No hay nada que vender ni un espacio que “abrir” al capital. Si éste quiere, puede incorporarse a ella cuando quiera, hasta gozará de subsidios automáticamente. Ni siquiera habrá despidos en forma automática porque se “privatice”, es decir, porque se abran escuelas privadas nuevas. Todo lo contrario, aumentarán las posibilidades de empleo, una de las razones por las cuales nunca vimos una huelga contra la apertura de nuevos colegios mientras, por el contrario, hemos visto numerosas movilizaciones de docentes contra el cierre de colegios privados.
Dialéctica, lógica formal y chamuyo
El problema que Tribuna no comprende es la función de la educación en la sociedad capitalista actual. La educación se adapta tardíamente a un proceso que le es ajeno: la descalificación de la fuerza de trabajo a nivel de masas y, funcional a ello, la híper cualificación de una minoría. Este aspecto permite arrojar luz sobre los dos movimientos que están afectando a la educación argentina, tanto de gestión privada como pública: su degradación y su descomposición. Sobre el primero Tribuna identifica intuitivamente una de sus aristas: la degradación material. Se equivoca cuando aduce lo que pareciera ser un complot por parte del Estado: destruir a la educación pública para ocasionar la migración de la matrícula hacia el sector privado llenando los bolsillos de unos cuantos burgueses. El eje de la intervención estatal consiste en reducir el gasto educativo, no sólo por las necesidades que le impone la crisis, sino por los nuevos atributos que requiere hoy la fuerza de trabajo en función del desarrollo de las fuerzas productivas. Dicho de otra manera: brutos y baratos, eso es lo que necesita el capital. No es más que la aplicación del principio de Babbage a la educación.
Las formas de adaptación de la escuela a la degradación no se limitan al plano material. El currículum -vía regionalización de los contenidos- y los cambios en la organización curricular también han sido formas que ha asumido la degradación educativa. A partir de los años ‘70, se observa una reducción en la prescripción curricular en materia escolar. A la par que los contenidos enseñados son devaluados, el régimen de evaluación y disciplina se fue relajando, mecanismos que dan cuenta de la segunda tendencia: la descomposición. La escuela ha dejado de ser un espacio donde la centralidad de las actividades se halla en lo educativo para colocarse en el plano de la contención. Ilustrativo de ello son las palabras de la Ministra de Educación de Tucumán: mejor en la escuela que en los institutos de menores.
Como explica con toda claridad el propio Hegel, la lógica dialéctica no elimina la lógica formal. La lógica dialéctica supera, en sentido hegeliano, la lógica formal, es decir, retiene su contenidos sustantivos. El principio de identidad no se elimina porque introduzcamos la contradicción. Dicho de otra manera: pensar dialécticamente no es decir pavadas que no tienen ningún asidero real. Los datos de la realidad son el material con el que trabajamos. Si lo que decimos no se encuentra en la realidad, ninguna maniobra “dialéctica” los va a crear. Así lo único que conseguimos es desprestigiar un instrumento clave de la revolución socialista. Si la educación se privatizó, el problema es uno; si no se privatizó, es otro. Si los docentes lucharon, hay que probar que lo hicieron contra la “privatización”. Si la burguesía tiene una estrategia privatista en la educación (que, curiosamente, ha resultado exitosa casi en todos lados, a pesar de enormes resistencias, y en lugares económicamente mucho más importantes, como FFCC, telecomunicaciones, construcciones viales, energía, etc.) hay que explicar por qué mágica razón no resultó en un sector en el que el acceso del capital es más fácil y más sencillo que en cualquier otro lado. Mientras no se respete la realidad, la realidad no nos respetará a nosotros. Es un principio elemental de la ontología revolucionaria del marxismo.
NOTAS:
(1) Tribuna Docente, nº 90, abril 2010.
(2) Si tomamos los datos publicados por la provincia de Buenos Aires para el 2009, los valores resultan algo menores: 6.815 establecimientos de educación privada y 1.430.162 alumnos bajo esa modalidad. Sin embargo, tomaremos los de Tribuna, que sigue confiando en fuentes privadas, para no enturbiar la discusión. Véase Dirección provincial de planeamiento-Dirección de Información y Estadística: Relevamiento anual 2009, Buenos Aires, 2010.
