Paro de colectivos: un ejemplo de burguesía planera

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Para el viernes 13/11 a las 00:00 el sindicato que representa a los trabajadores choferes de colectivos (UTA) anunció un paro de actividades por 72 horas, con motivo de pedido de paritarias a nivel nacional, y en el caso de Jujuy, por el cobro de salarios adeudados por las empresas correspondientes al mes de octubre y en algunos casos de septiembre. El Ministerio de Trabajo extendió la conciliación obligatoria generando la postergación de la medida de fuerza gremial, como mínimo hasta el jueves de esta semana. Hasta el momento, los representantes del gremio afirman no haber recibido ningún tipo de propuesta por parte de los empresarios, ya que sostienen que Nación les comunicó que van a recibir 4.000 millones de los 6.500 que estaba pactado que recibirían como subsidio. Por lo que se ve, el conflicto está lejos de resolverse.

Los trabajadores del sector han tomado medidas de fuerza a lo largo del año en reiteradas ocasiones ante la misma situación, generando la interrupción de un servicio más que esencial para el traslado de la mayoría de la clase obrera jujeña.

Los empresarios justifican esta situación afirmando que, al no llegar el pago del subsidio por parte de Nación, debido a la caída de la circulación y los protocolos, no pueden afrontar el pago de salarios de los trabajadores de sus empresas. A su vez, la patronal del sector sostiene que, de no haber una actualización de ese subsidio, el boleto debería estar en $100.

Desde principio de año, antes de la pandemia y la cuarentena, el empresariado del transporte urbano de la provincia ya había pactado con el Gobierno Nacional – a través del Gobierno Provincial y los diputados nacionales – un aumento del subsidio en un 187% con relación al 2019, llegando a 58 millones por mes en un plazo de 120 días para el mantenimiento del precio del boleto. Con la aparición de la pandemia, cumplido ese plazo, se estableció el llamado Fondo Covid-19, que para la provincia consiste en una transferencia directa de mas de $250 millones en cuotas mensuales de $62.841.126. Hoy, como sucedió en meses anteriores, la llegada del total de esos montos esta demorada. Podemos ver que la cuarentena solo aceleró un proceso que ya existía, siendo este caso un ejemplo que muestra una situación más general: los empresarios de la provincia y del país viven de los subsidios del Estado, de lo contrario colapsarían.

Los empresarios intentan desviar la discusión, planteando que el problema se debe a una discriminación del interior en favor de las empresas de la Capital Federal. Es decir, la solución es presentada como la necesidad de una distribución regional equitativa de los subsidios otorgados por parte del Estado Nacional, cuando en realidad se trata de un conjunto de empresas parásitas incapaces de mantener sus negocios por sí mismas. El conjunto de la sociedad, a través de la recaudación de impuestos que en su mayoría son extraídos de la clase obrera y junto con el boleto que pagamos todos los días, mantiene la ganancia de estos empresarios planeros que por su propia cuenta no “llegan” ni a pagar el sueldo de los trabajadores a costa de los que se enriquecen, a cambio de la prestación de un pésimo servicio. Como vemos, el esfuerzo de los trabajadores se utiliza para garantizar la ganancia de empresarios que actúan como intermediarios entre los choferes y el gobierno, en vez de asegurar un servicio esencial para el conjunto de la población.

Es por esto por lo que consideramos que no se puede seguir manteniendo la ganancia de estos empresarios mientras los trabajadores son utilizados como variable de ajuste. Si las empresas no pagan los salarios, que el Estado se haga cargo y ponga a funcionar el sistema público de transporte bajo control de los trabajadores. No tenemos por qué financiar a esta burguesía planera.

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