Desde fines de los ´80 se observa un proceso de ocupación de tierras privadas en el nordeste misionero protagonizado por familias obreras desocupadas. La reciente reactivación de la actividad forestal, abrió un período de conflictos entre los antiguos dueños y los nuevos ocupantes. En esta nota mostramos el contenido de clase de ese enfrentamiento.
Por Sebastián Ramírez (TES-CEICS)
A partir de la década de 1930, el Estado Nacional entregó grandes extensiones de tierras a compañías dedicadas a la explotación de madera nativa en el nordeste misionero. Así, en 1936 comenzó a operar la “Intercontinental Compañía Maderera S.A.”, en el Departamento de General Belgrano y, en 1948, la empresa “Colonizadora Misionera S.A. Inmobiliaria, Agrícola e Industrial”, en el Departamento de San Pedro. Entre ambas sumaban alrededor de 65 mil hectáreas, que fueron dedicadas principalmente a la explotación de monte nativo. Esta actividad estimuló el movimiento de población proveniente del sur y centro de la provincia hacia esta zona, para garantizar la fuerza de trabajo necesaria, dando comienzo a la segunda etapa del proceso de colonización del territorio misionero, conocida como “colonización privada de tierras particulares”. Sin embargo, en la década del ‘70 la rama entra en crisis y años después, ya en los ‘80, las dos empresas quiebran, lo que implica el abandono de las tierras. Esto puso fin al proceso de colonización clásico, impulsado desde el Estado, y dio lugar a un proceso de ocupación que se desarrolla sin planificación previa, de manera espontánea, protagonizado por familias que buscan en la producción tabacalera y las actividades de subsistencia la posibilidad de garantizar su reproducción.
Durante la década del noventa, mientras se extiende este proceso de ocupación, se observa la reactivación de la actividad forestal debido a la inversión de capital extranjero1 impulsada por diferentes leyes promulgadas por el Estado provincial. Esta nueva situación va a abrir un largo período de conflictos entre los propietarios de las tierras y los nuevos ocupantes, que se prolonga hasta la actualidad. Aquí nos detendremos en describir, por un lado, el proceso de ocupación -quiénes lo protagonizan- y, por otro, las características que adopta ese enfrentamiento.
De ocupantes y ocupaciones…
El proceso de ocupación de terrenos privados en el nordeste de Misiones presenta elementos heterogéneos. En algunos casos, los ocupantes son empleados de las empresas forestales que con permiso de sus propietarios se asentaron en los terrenos. En otros, se trata de trabajadores que al haber sido despedidos sin indemnización cuando quiebran las empresas, tomaron las tierras en posesión. Por otra parte, procesos más recientes nos muestran una forma de ocupación vinculada fundamentalmente a la producción tabacalera, donde familias provenientes del sur de la provincia, en búsqueda de tierras para el cultivo ocuparon terrenos cuyos propietarios no se encontraban asentados en la zona.
Finalmente, también existen formas de ocupación que están directamente relacionadas con un mercado informal de tierras. El llamado “brique” es una modalidad de trueque que se traduce en arreglos equivalentes según las necesidad de cada quien, en donde el dinero no interviene. Por ejemplo, si un productor A necesita una yunta de bueyes y tiene para ofrecer una vaca lechera, que necesita o le interesa a un productor B, el cambio se realiza directamente. Por su parte la “compra de mejoras”, consiste en adquirir un terreno mediante el pago de las instalaciones (galpones, etc.) o herramientas que poseía el ocupante anterior. Por medio de este mecanismo empresarios forestales u ocupantes ofertan tierras fiscales o terrenos privados abandonados por sus dueños y con deudas con el fisco. Mediante algunas de estas formas de ocupación, distintas familias adquieren tierras para ampliar sus propiedades o dejárselas a sus hijos.
En síntesis, la población ocupante se compone mayoritariamente de obreros rurales que al quedar desocupados y no encontrar otras alternativas se asientan en estas tierras para llevar adelante tareas de autoconsumo y, por lo menos una tercera parte de ellos –sobre un total de 1.500 familias aproximadamente2-, logran insertarse como obreros a destajo en la producción tabacalera. En este contexto, se trata de una población que presenta altos índices de pobreza, analfabetismo y condiciones de vida precarias en lo que se refiere a su situación habitacional y sanitaria3.
Los conflictos…
Como dijimos, la revalorización de las tierras, producto de la expansión de la industria forestal durante la última década del siglo XX, intensificó la conflictividad entre ocupantes y propietarios. Los primeros vienen resistiendo violentos intentos de desalojos por parte de las empresas y el Estado provincial desde 1995. A su vez, el desarrollo de los conflictos trajo consigo un número importante de instituciones que pretenden oficiar de “intermediarias” entre los ocupantes, los propietarios y el Estado. Entre ellas, se destaca la intervención de la Iglesia Católica que, a través de la “Pastoral Social” de la Diócesis de Iguazú, encabezada por el Obispo Joaquín Piña, impulsó y acompañó la toma de terrenos para su puesta en producción. Desde ese momento no hubo año en que el conflicto no presente un nuevo capítulo con final repetido, obreros rurales procesados por no respetar la propiedad privada y cortar rutas.
A su vez, en 2004 se realizó el Censo de Ocupantes de Terrenos Privados con el fin de conocer la cantidad de familias que se encontraban en esta situación. Ese mismo año, el Estado provincial sancionó la Ley Nº 4.093, de “Arraigo y Colonización” que otorga a los ocupantes derechos de posesión. A partir de entonces se declararon de utilidad pública y sujeta a expropiación con indemnización unas 75.000 hectáreas localizadas en los Departamentos de General Manuel Belgrano, Guaraní y San Pedro.
El último hecho de violencia se desarrolló el 8 de abril de 2013 cuando familias de ocupantes fueron brutalmente golpeadas y desalojadas por un operativo policial. Luego de este enfrentamiento, el gobierno comenzó un incipiente proceso de titularización de terrenos, implementando diez años más tarde lo sancionado en la Ley Nº 4.093. En ese sentido, en octubre de 2014, el gobernador de la provincia anunciaba la entrega de 18 títulos de propiedad en zonas rurales de la localidad de Pozo Azul, por un total de 593 hectáreas. En el mismo momento se entregaron 35 constancias de ocupaciones de 107 hectáreas, 72 planos de mensura de 380 hectáreas a familias del Paraje Puerto Argentino y 404 boletos de compraventa, por un total de 38.000 hectáreas. Por estas tierras, el Estado efectúo un pago de $23.000.000 a las empresas. De esta manera, de las 75 mil hectáreas que según la Ley provincial 4.093/04 se declararon de utilidad pública, diez años después de sancionada, solo se habían entregado poco menos de la mitad. Además, la cantidad de beneficiarios ha sido apenas un tercio del total de ocupantes que registraba el COT hace 10 años.
Un negocio redondo…
Como vimos, la población ocupante encontró en la toma de tierras una forma de procurar su subsistencia. Por su parte, desde el gobierno se busca poner paños fríos a los conflictos por medio de un incipiente proceso de titularización de terrenos, presentado como un “proceso de expropiación”. Lejos de esto, el Estado provincial acordó con las empresas forestales un precio por la compra sus terrenos que resulta mucho más conveniente para éstas, antes que tenerlos sin producir valor. Por otra parte, la obtención de dichos terrenos y su posterior entrega a las familias, bajo el compromiso de pago en forma de renta mensual, les genera una deuda a los ocupantes que difícilmente puedan afrontar.
A su vez, en un mismo movimiento, esta política estatal favorable a la burguesía forestal, beneficia también a otra fracción del capital agrario, la burguesía tabacalera. En principio, podemos decir que los ocupantes dedicados a este cultivo cuentan, más allá de su condición legal, con un medio de producción: la tierra. Ello ha provocado abundante bibliografía que categoriza a estos sujetos como campesinos. Sin embargo, como ya hemos explicado en otros artículos, la posesión de ese solo elemento no permite cumplir con todo el ciclo productivo. Al igual de lo que sucede en el trabajo a domicilio –el caso típico de las costureras que tienen su propia máquina- los ocupantes carecen del resto de los medios de producción (plantines, semillas, herbicidas, etc.), por tanto, no pueden reproducirse como pequeños burgueses o “productores independientes”. Es el capitalista tabacalero quien aporta esos medios y de esa forma emplea la fuerza de trabajo de los ocupantes. En ese sentido, son las mismas empresas tabacaleras las que usufructúan esas tierras, al no tener que pagar por el uso de las mismas. Además, este proceso redunda en el abaratamiento de los costos de la fuerza de trabajo requerida para obtener la materia prima porque bajo estas condiciones, las empresas industrializadoras no necesitan de trabajadores permanentes, pudiendo recurrir a los ocupantes de forma intermitente, acorde a la tradicional estacionalidad del empleo en el agro, sin reconocerles los derechos que le corresponden como trabajadores.
Notas
1Entre los años 1993 y 1997, en Misiones, las inversiones en agro-negocios alcanzaron los 1000 millones de dólares, mientras que entre 1997 y 2002 la empresa Alto Paraná, invirtió alrededor de 288 millones de dólares.
2Censo de Ocupantes de Tierras Privadas, 2004
3Véase Ramírez, Sebastián: “Cortina de humo. Sobre la condición social de los ocupantes tabacaleros en el nordeste de Misiones”, en El Aromo n°83, marzo-abril 2015.
